Jerónimo, hijo del presidente colombiano Álvaro Uribe, admitió haber sostenido una relación comercial con una empresa de la comercializadora DMG, intervenida por el gobierno tras haber defraudado a millones de pequeños inversionistas y a la cual la fiscalía acusa de lavar dinero del narcotráfico, informó el semanario Cambio. De forma paralela, la policía local dio […]
Jerónimo, hijo del presidente colombiano Álvaro Uribe, admitió haber sostenido una relación comercial con una empresa de la comercializadora DMG, intervenida por el gobierno tras haber defraudado a millones de pequeños inversionistas y a la cual la fiscalía acusa de lavar dinero del narcotráfico, informó el semanario Cambio.
De forma paralela, la policía local dio a conocer que se ha creado una fuerza multinacional, integrada por autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos, para rastrear los fondos de las firmas captadoras de dinero que, bajo el sistema de las denominadas pirámides, sirvieron para estafar a los colombianos que ahorraban ahí, de modo que se buscará recuperar esos recursos y resarcir en alguna medida el daño causado.
La empresa de artesanías Salvarte, propiedad de Jerónimo y Tomás Uribe, hijos del gobernante, estuvo en diciembre de 2006 en el lanzamiento del canal Body Channel, propiedad de la polémica DMG, según la publicación, cuya última edición comenzó a circular este viernes. «Yo le entregué ropa de Salvarte para que la mostrara en el acto», afirmó el vástago del presidente, quien aseguró que por ello no recibió «pago alguno».
Cuestionados
«Cambio hizo contacto telefónico con Jerónimo Uribe, quien aceptó haber tenido una ‘pequeña relación comercial’ con (Daniel) Ángel -relacionista de DMG- y por intermedio de éste con Body Channel», con motivo del lanzamiento del canal. Tanto Jerónimo como Tomás habían sido cuestionados en un reciente artículo de prensa por su participación en diversos negocios.
Sin embargo, la versión fue desmentida posteriormente por los hijos del gobernante en una carta enviada la noche del viernes a la revista.
«En ningún momento hemos tenido relación comercial con el señor Daniel Ángel ni con la empresa de televisión Body Channel. La cita que la revista publica es falsa. No hemos hecho ninguna transacción, acuerdo, venta, convenio u otro que configure relación comercial con Body Channel», señalaron.
«El señor Daniel Ángel no nos ofreció publicidad ni dinero como contraprestación por la ropa prestada para el desfile de Body Channel. Reiteramos que no le facturamos absolutamente ningún bien o servicio a Body Channel», aseguraron Tomás y Jerónimo Uribe en su declaración.
Hace una semana el presidente Uribe denunció una campaña calumniosa contra su familia para relacionarla con financieras acusadas de estafa y lavado de dinero del narcotráfico. «Ha habido tráfico de calumnias contra el buen nombre de la familia, por lo que me veo obligado a denunciar ante los colombianos», dijo entonces, y que a petición de la oposición entregaba a la justicia todas sus declaraciones de impuestos y las de sus dos hijos.
A mediados de noviembre el empresario colombiano David Murcia, dueño de DMG, fue arrestado en Bogotá tras ser deportado de Panamá, donde vivía con lujos y extravagancias, y en su comparecencia ante un juez rechazó los cargos de lavado de activos que le imputó la fiscalía. Pero el hecho desencadenó protestas en Bogotá y municipios del sur del país, donde miles de clientes de DMG dieron su apoyo a Murcia, cuya firma pagaba rendimientos de hasta 150 por ciento en depósitos a seis meses.
Las autoridades creen que DMG funcionaba con el esquema fraudulento de las pirámides, organismos que ofrecen altísimos rendimientos en pocos meses, usando dinero invertido por sus clientes, hasta que quiebra por fraudes a los ahorristas. Tales firmas actuaban fuera del sistema bancario legal y eran operadas por particulares en más de 20 localidades de Colombia.
El director de la policía colombiana, general Óscar Naranjo, declaró en ese contexto que «hemos agilizado una especie de frente multinacional, de varias agencias estadunidenses y autoridades panameñas, para el rastreo de ese dinero, que hoy es la prioridad». El plan, abundó, es ubicar los bienes de las empresas implicadas, incluida la internacional DMG, con el objetivo de devolver los recursos a quienes fueron defraudados.
En otros hechos, se reportó que ocho policías murieron y uno resultó herido este viernes en un ataque con explosivos de la guerrilla, presumiblemente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una emboscada en una zona rural del municipio de Fortul, departamento de Arauca, región ganadera y petrolera fronteriza con Venezuela.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, calificó el hecho de ataque «terrorista cobarde», al afirmar que «esa no es forma de combatir». En declaraciones a periodistas aseveró, sin embargo, no descartar que la acción hubiera podido ser obra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla en importancia que opera en el país.
El hecho se da dos días después de que las FARC atacaran otra patrulla policial en una región del departamento de Nariño (suroeste) que horas antes fue visitada por Lina Moreno, esposa del presidente Álvaro Uribe, donde resultaron heridos dos policías.
El ministro Santos subrayó que las FARC no quieren negociar con el gobierno, pese a la disposición de éste. «No han dado ninguna señal de querer negociar cuando la mano del gobierno sigue tendida para una negociación de paz», expresó Santos, quien aseguró que los golpes militares recibidos este año por ese grupo los han debilitado, y aseguró que 2008 fue el peor año para ellos y que ahora sobreviven en condiciones precarias.
Según los cálculos del ministerio, las FARC actualmente cuentan con 7 mil combatientes. Organismos no gubernamentales consideran, por su parte, que tienen aproximadamente 10 mil hombres.
No obstante, reportes de prensa aseguran que el año pasado al menos 467 efectivos de las fuerzas armadas murieron en ataques atribuidos a la insurgencia, y en lo que va de 2008 la cifra asciende a más de 330. Asimismo, apuntan que pese a la ofensiva gubernamental y al fuerte apoyo estadunidense a la política de seguridad de Uribe, la guerrilla aún mantiene presencia en regiones estratégicas militarmente y para la producción y tráfico de drogas.