El término de moda entre las esféras legislativas de la política mexicana es el acceso digital. El acceso digital no son convertidores de señal para televisores y eso afortudamente le queda claro a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y a la Comisión de Acceso Digital del Congreso, grupos que han demostrado un […]
El término de moda entre las esféras legislativas de la política mexicana es el acceso digital. El acceso digital no son convertidores de señal para televisores y eso afortudamente le queda claro a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y a la Comisión de Acceso Digital del Congreso, grupos que han demostrado un interés legítimo y se han dado a la tarea de organizar eventos legislativos con actores de comunidades ciudadanas, académicas, empresariales y de la administración pública, para discutir las diferentes visiones de lo que tan abstracto y complicado tema significa.
El tema esta en boga debido a la simple y sencilla razón que ya no es posible ignorar el papel de las telecomunicaciones en la construcción de una sociedad justa, además de los beneficios y costo políticos que representa para una administración pública que ha fallado constantemente a los ciudadanos en el ejercicio de sus responsabilidades.
Hay que detenernos un momento para analizar el discurso en torno al acceso digital. Las tecnologías de la información y la democratización de las telecomunicaciones no tienen que ser consideradas como un requisito para la democracia y mucho menos la única solución para reducir las carencias sociales y económicas de nuestro país. Por otra parte es imposible pensar en una agenda digital sin considerar el derrumbe de un paradigma que esta transformando a la sociedad: la propiedad intelectual.
En vísperas de la 11ava ronda de negociación del ACTA en Japón* que comenzará este jueves, los ciudadanos estamos presenciando la falta de congruencia entre el discurso político y el ejercicio de la función pública, la desconexión total entre las buenas intenciones legislativas y las acciones que se llevan a cabo, la desinformación total del poder legislativo en cuanto a las actividades que realizan institutos federales como el IMPI y una absoluta carencia de mecanismos que garantizen la rendición de cuentas.
No podemos aceptar que los mecanismos de transparencia sean usados para no rendir cuentas. Si nuestros mecanismos de transparencia no son lo suficientemente efectivos como para responsabilizar a funcionarios, algo esta muy mal en nuestra concepción de este proceso fundamental como para poder hablar de acceso y democracia.
Un ejemplo claro: El IMPI envía la misma respuesta envíada al Senado 4 meses a la Presidencia. La Presidencia decide turnar la respuesta a una carta ciudadana, al funcionario el cual los ciudadanos piden su remoción. (!) El contendio de la carta es un remix – y a veces copia literal – de la misma información dada al Senado y a la Presidencia. En pocas palabras, el Presidente se hace pato y que cree que simplemente puede ignorarnos y burlárse de nosotros.
Leán ustedes mismos como el Sr. Amigo califica de «percepción» la preocupación internacional acerca de los peligrosos límites que el ACTA pretende rebasar: se escuda en el artículo 26 de nuestra Constitución – mientras las negociaciones de ACTA violan fragantemente el Artículo 15 – para justificar las negociaciones y cita el estudio «La piratería musical, el crimen organizado y el terrorismo» – estudio creado por International Federation of the Phonographic Industry – para dar algunas cifras de la industria que contradicen recientes estudios e investigaciones producidas sin financiamiento de los monopolios del entretenimiento.
Por si fuera poco, Amigo envía en su respuesta un error o una nueva confusión que añadir a nuestra lista de quejas contra él y ACTA, mencionando que el texto consolidado fue liberado en enero, cuando todos sabemos que la única versión ṕublica del texto fue liberada en Abril.
Lo malo es que no podemos pedir explicaciones ya que la ley ha sido subvertida: los tratados comerciales gozan de confidencialidad de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la información. Claro, si el ACTA hubiera sido negociado como tratado de propiedad intelectual – y no comercial – dentro la OMPI y con sus mecanismos de observación, la historia sería otra.
El descaro máximo se concentra en el último párrafo de esta ofensivo remix de Jorge Amigo, formado por fragmentos de respuestas al Senado y a la Presidencia, en el cual incluso se atreve a mencionar estrechos canales de comunicación: ¿Con quién se han comunicado? Si lo ha hecho con ciudadanos, industrias o legisladores, debería de ser totalmente público y documentado. ¿ O no? Por cierto, tan estrechos son los canales de comunicación de Jorge Amigo que mejor decidió envíar a Gilda Gonzáles Camarena a la Secretaría de Economía la semana pasada, para dirigir la segunda reunión de ACTA, en donde lo único que quedó claro es que la opacidad es una etapa que no ha sido superada en la administración pública. Aunque para ser honestos la reunión se la llevó la MPAA, organización que no pudo siquiera disimular sus intenciones de utilizar el copyright como censura: 
http://twitter.com/Pizu/status/24499803268
La única noticia de estas respuestas es algo tan sorpresivo como preocupante: al parecer la Cofetel ha estado involucrada en estas negociaciones. Y digo preocupante, uno porque esto como todo alrededor de ACTA no fue público desde el principio (en el reporte al Senado no se incuye a Cofetel entre los participantes en las negociaciones) y en segunda, porque por lo que yo entiendo y CNN también, esta institución aún no tiene una posición.
Debemos rechazar que se abuse la ley para no rendir cuentas.
El contenido legal de ACTA es inaceptable para muchos – incluyendo al Parlamento Europeo– pero aún más lo es su proceso de negociación con los más bajos estándares de transparencia, espíritu profundamente anti-democrático y el hecho de que sus negociadores no incluyan a ningún funcionario electo.
La Agenda Digital aún no ha sido creada y ya se encuentra amenzada. Las posibilidades de debate y aún más, de construcción de la misma, se verán truncadas si el poder legislativo sigue sin querer entender por que el ACTA es la carta de sesión de derechos de nuestro futuro y soberanía digital, a los monopolios extranjeros de propiedad intelectual y patentes.
Varias veces he dicho que lo que sucede es inaceptable pero que quede claro que los negociadores activos, son tan responsables como todos los que no actúen al respecto.
Para garantizar el acceso digital en el siglo 21, más que eventos, prensa y buenas intenciones, requerimos el uso de una simple pero peculiar tecnología, sin derechos de propiedad intelectual y que sí nuestro poder legislativo lo desea, puede utilizarse y aplicarse para el bien común: la democracia.
#STOP #ACTA.
*Link a la Agenda Japón publicada por el IMPI No tiene membrete ni sello oficial.