Crece el temor en organizaciones ambientalistas e indígenas de Chile por la posible apropiación de semillas nativas por parte de empresas extranjeras, la apertura a cultivos transgénicos y su impacto en la biodiversidad. El alerta se activó con diversos proyectos de ley impulsados por el gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera y en especial luego […]
Crece el temor en organizaciones ambientalistas e indígenas de Chile por la posible apropiación de semillas nativas por parte de empresas extranjeras, la apertura a cultivos transgénicos y su impacto en la biodiversidad.
El alerta se activó con diversos proyectos de ley impulsados por el gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera y en especial luego de que el Congreso legislativo ratificó el 17 de mayo el Convenio UPOV 91, que concede derechos de patente a obtentores de nuevas variedades de plantas, esto es, a quienes las hayan descubierto, creado o puesto a punto.
El pacto, de la intergubernamental Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, es una actualización de otro de 1978 al que Chile ya adhería. La ratificación del UPOV 91 era un requisito en los tratados de libre comercio que Santiago firmó con Australia, Estados Unidos y Japón.
El UPOV 91 comenzó a ser debatido en el Parlamento en 2009, pero la discusión no prosperó sino hasta la intervención de Piñera, que puso urgencia simple para su trámite en marzo de este año.
Organizaciones sociales y ambientales alertan que esto podría derivar en despojos al sector campesino, pérdida de biodiversidad y la introducción de cultivos transgénicos.
«Nosotros lo que pedíamos era que no se votara, pero el gobierno presionó y la derecha toda desea eso porque los empresarios quieren el Convenio ya, quieren empezar a resguardar sus inversiones», dijo a IPS Lucía Sepúlveda, representante de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de Chile (RAP-AL Chile).
Se amenaza «nuestro patrimonio genético. Nuestras semillas una vez más se ponen en peligro… Sólo quedará una pequeña cantidad que no alcanzará ni siquiera para la multiplicación, quedarán como especies de museo, de lo que fue ayer», dijo a IPS Francisca Rodríguez, dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).
Desde la otra esquina, para ChileBio, asociación gremial que agrupa a las compañías Monsanto, Bayer, Dow AgroSciencies, Syngenta y Pioneer, que investigan, producen, desarrollan y comercializan cultivos genéticamente modificados, el UPOV 91 sólo trae beneficios.
«Se perfecciona un sistema ya existente. No se va a instalar un nuevo sistema ni una nueva forma de hacer agricultura en el país», dijo a IPS Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio.
Agregó que no se produciría ningún cambio en el «sistema de protección de obtentores, ni en los costos para los productores, ni de que alguien se pueda apropiar de la semilla de uso histórico».
Pero, preocupados por los posibles efectos del UPOV 91 y su falta de consulta a los pueblos indígenas, un grupo de 17 senadores presentó un requerimiento de nulidad ante el Tribunal Constitucional.
Para los parlamentarios, se reducen los privilegios del agricultor, se quebranta el derecho a la propiedad y se ponen en peligro conocimientos tradicionales de las comunidades.
Según el Convenio, una planta que no circule en el comercio general o no aparezca en un registro oficial puede ser considerada nueva o distinta. Esto posibilita que una empresa se apropie del conocimiento y biodiversidad de comunidades campesinas e indígenas, sin ley expropiatoria ni compensación alguna.
Pero el 24 de junio pasado, el Tribunal negó el recurso de nulidad. No obstante, en su fallo indicó que «correspondía al gobierno, al Congreso nacional, a los municipios y demás órganos autónomos del Estado establecer los mecanismos apropiados para realizar las consultas debidas (…) con el propósito de determinar si una medida administrativa o legislativa afecta directamente o no a los pueblos originarios» y proteger a las comunidades indígenas «ante posibles abusos».
Frente a este panorama, preocupa sobre todo que Chile carezca de «un marco regulatorio que impida que estas leyes no se conviertan en un saqueo total, un saqueo de nuestros recursos, porque se protege sólo a las grandes empresas», sostuvo Sepúlveda, autora del libro «La semilla campesina en peligro»
Manuel Torok, ingeniero agrónomo del gubernamental Servicio Agrícola y Ganadero, explicó durante un foro universitario que, «cualquiera que desee producir, ofrecer, importar o exportar material de reproducción, deberá contar con la autorización del titular del derecho». Según Torok, sólo 20 por ciento del volumen de plantas frutales que se vende en Chile está bajo régimen de variedad protegida pero, si se continúa con la tendencia de los países industrializados, en unos 10 años más la relación será inversa: 80 por ciento de las variedades serán protegidas, es decir, con derechos exclusivos de sus obtentores, y sólo 20 por ciento de las semillas serán libres.
Otro de los temores de ambientalistas e indígenas es que el UPOV 91 abra el camino al cultivo de transgénicos. En Chile actualmente se producen semillas genéticamente modificadas para exportación, pero no se permite su uso en suelo nacional. «Chile es el país número uno en producción de semillas transgénicas del hemisferio sur, pero acá no se pueden usar. La paradoja es que después importamos el producto, que se elaboró a partir de esa semilla», y deja a los agricultores chilenos «en una desigualdad de condiciones con los extranjeros», según ChileBio, que integra la red internacional CropLife.
Pero la inserción en la producción global de transgénicos, y especializar determinadas áreas en Chile es «un riesgo de contaminación enorme e irreversible», alertó Sepúlveda.