La movilización iniciada el 21 de noviembre sigue recibiendo una represión inmisericorde, y a las exigencias de disolución y castigo para el ESMAD, el Gobierno ha respondido con medidas que lo fortalecen y con inundar las calles con 34.000 mil nuevos policías. El Comité Nacional de Paro ha insistido en una salida dialogada que permita […]
La movilización iniciada el 21 de noviembre sigue recibiendo una represión inmisericorde, y a las exigencias de disolución y castigo para el ESMAD, el Gobierno ha respondido con medidas que lo fortalecen y con inundar las calles con 34.000 mil nuevos policías.
El Comité Nacional de Paro ha insistido en una salida dialogada que permita acordar cambios básicos urgentes que requiere el país, sin embargo el Gobierno ha hecho oídos sordos y ha continuado con la aplicación de su política neoliberal, aprobó la anti social Reforma Tributaria y optó por seguir dando trato de guerra a la protesta [1].
Ante la letalidad y criminalidad con la que actúa el Escuadrón M ó vil Anti Disturbios (ESMAD), ONG´s y académicos en Estados Unidos liderados por la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), pidieron al Departamento de Estado y al Congreso de EEUU ordenar una moratoria a la venta de armamento antidisturbios a Colombia, hasta que se cree una estructura con una cultura de respeto a los derechos, además le solicitaron a Iván Duque dialogar con las organizaciones y sindicatos convocantes al Paro Nacional [2].
Por su parte la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Coalición Colombiana contra la Tortura (CCCT), concluyeron que durante las jornadas de Paro Nacional se evidenció la criminalización de la protesta y un uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades [3].
Según la campaña Defender la Libertad, durante las movilizaciones ciudadanas, las autoridades han realizado 1.138 detenciones, de las cuales 57 fueron con fines de judicialización y 1.081 se dieron bajo la figura de «traslado por protección», violando el debido proceso y en 7 casos hubo tratos crueles, inhumanos o degradantes, en los cuales hicieron uso de la desnudes forzada y de requisas invasivas por parte de la Policía, igualmente se registran 4 víctimas fatales y más de 300 heridos, entre ellos 11 personas han sido afectadas en sus ojos.
La guerra contra la sociedad no se detiene
La política de Defensa y Seguridad anunciada por Duque, es el reciclaje de la ya cuestionada Seguridad Democrática de la era Uribe (2002-2010), busca controlar los territorios para abrirle paso a las empresas para que saqueen bienes naturales; para ello persisten en atacar las comunidades que se oponen ha dicho saqueo y que exigen el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Según la Escuela Nacional Sindical, en el 2019 se han registrado al menos 136 violaciones a la vida cometidas contra sindicalistas, entre ellas 13 homicidios, 107 amenazas, 10 hostigamientos, un caso de secuestro, un caso de tortura y dos atentados contra la vida. Los ataques se registran en toda la geografía del país, de 108 casos el 79 por ciento se concentran en los Departamentos del Valle, Cauca, Meta, Bogotá y Santander [4].
Las víctimas de esta semana
Cristian Andrés Vitonas Yatacué de 21 años, comunero indígena y defensor de derechos humanos, pertenecía a la Asociación Indígena Avelino UI y a la Juventud Comunista del Cauca, hacía parte de los procesos de formación de los jóvenes del municipio, y había participado en la Minga por la Vida que se llevó a cabo entre marzo y abril de este año; fue asesinado el 15 de diciembre en Toribío.
Gustavo Adolfo Sánchez Avirama, líder de la vereda Chuscales y Coordinador de la reserva campesina de Malvasá del municipio de Totoró; fue reportado como desaparecido el 7 de diciembre y encontrado sin vida el 17 de diciembre en el Resguardo indígena Pitayó, en el municipio de Silvia, Cauca.
Arley Mejía Saldaña, excombatiente de las FARC; fue asesinado el 16 de diciembre en el barrio Mojica, Cali.
Cristian Rodolfo Rodríguez, estudiante de trabajo social de la Fundación Universitaria Monserrate de Bogotá; el pasado 19 de diciembre durante una jornada pacifica de movilización del Paro Nacional, perdió su ojo izquierdo al ser impactado por tanque de gas lacrimógeno disparado por efectivos de la policía militarizada del ESMAD.
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