Así alertaron la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDH-ACO) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU). Las dos Organizaciones no gubernamentales publicaron en Bruselas (Bélgica) un comunicado al respecto ante la reunión de donantes organizada por el gobierno colombiano los próximos 3 y 4 de febrero, en Cartagena. Las ONG advierten a la Unión Europea […]
Así alertaron la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDH-ACO) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU).
Las dos Organizaciones no gubernamentales publicaron en Bruselas (Bélgica) un comunicado al respecto ante la reunión de donantes organizada por el gobierno colombiano los próximos 3 y 4 de febrero, en Cartagena.
Las ONG advierten a la Unión Europea que «al involucrarse en este proceso y al dejar de lado su objetivo original de desarrollar programas de derechos humanos y paz, contribuiría a que persistan los factores que han generado y alimentado el conflicto en Colombia».
Asimismo alertan de que los países europeos participarían así en «que se desconozcan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, tal como se advierte en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Ambos lamentan la posibilidad de que la UE destine 20 millones de euros, originalmente dirigidos a la población desplazada en Colombia, a programas de desmovilización y reinserción.
También deploran que los europeos ofrezcan la posibilidad de esta ayuda «pese al incumplimiento del cese total de hostilidades» entre el ejército y los grupos armados y cuando el proceso de desmovilización paramilitar ya comenzado está llevando al «reciclaje de estos combatientes dentro de las fuerzas de seguridad públicas» y a que éstos sigan «intimidando y violando los derechos humanos».
Los cancilleres de la UE se mostraron en diciembre dispuestos a aportar ayuda financiera al proceso de desmovilización de los grupos ilegales armados colombianos cuando el gobierno colombiano ultime su plan para este proceso que ya ha comenzado con los grupos paramilitares, lo que incluye la adopción del marco legal.