Al grito de «No a los desahucios, alquiler social», más de una veintena de personas afectadas por diferentes procesos de ejecución hipotecaria ocuparon este lunes la planta baja de la sede central de Bankia, una de las torres Kio, para lograr abrir una negociación con responsables del banco. «Llevamos semanas ocupando diferentes sucursales y estamos […]
Al grito de «No a los desahucios, alquiler social», más de una veintena de personas afectadas por diferentes procesos de ejecución hipotecaria ocuparon este lunes la planta baja de la sede central de Bankia, una de las torres Kio, para lograr abrir una negociación con responsables del banco.
«Llevamos semanas ocupando diferentes sucursales y estamos hartos de que los encargados nos digan que ellos no toman las decisiones, por eso hemos ocupado la sede de Bankia», denunció Daniel García, activista de la Asamblea de Vivienda de Vallecas.
La policía se acercó para identificar a los presentes, en su mayoría afectados que llevan un mes acampados en la sucursal de Bankia de la calle Celenque. Tras esto, los manifestantes realizaron una sentada.
Por otra parte, varios activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) irrumpieron en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda para tratar de parar un desahucio que se iba a ejecutar este martes y que iba a dejar a una familia de siete miembros en la calle. Finalmente, consiguieron que EMV cancele la ejecución.
Cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos
La protesta de la torre Kio, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, la Asamblea de Vivienda de Madrid y varios afectados por las hipotecas de Bankia acampados en Celenque, tenía el objetivo de denunciar que «las ejecuciones hipotecarias masivas producen una violación sistemática de 25 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos», así como «varios artículos de la Carta Magna española.
En un comunicado, los convocantes exigieron, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la paralización de los desahucios y la modificación de la Ley Hipotecaria española «para adaptarla al marco legal de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a través de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y ratificado en la Constitución Española de 1978″.