A partir de la aplicación del Acuerdo Final de Paz Gobierno-FARC EP se han sucedido graves y reiterados ataques contra excombatientes de las FARC EP, sus familias y su entorno social, a lo cual se agregan las recientes agresiones preparadas y realizadas en el marco de la campaña electoral contra candidatos e integrantes de su […]
A partir de la aplicación del Acuerdo Final de Paz Gobierno-FARC EP se han sucedido graves y reiterados ataques contra excombatientes de las FARC EP, sus familias y su entorno social, a lo cual se agregan las recientes agresiones preparadas y realizadas en el marco de la campaña electoral contra candidatos e integrantes de su partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Tales hechos configuran un golpe contra las propias posibilidades inmediatas y mediatas de este acuerdo de paz. Por tanto, es preciso discutir el real significado y la dimensión de las consecuencias de esta situación, dado que distan de percibirse y de actuar en consecuencia desde el Gobierno Nacional, los entes responsables del Estado y desde muchos sectores de la sociedad.
Es de advertir que ni los ataques contra los excombatientes ni los actos de sabotaje a la campaña electoral de la FARC son hechos aislados, ni espontáneos, ni producto litigios particulares o locales o familiares o comunitarios. Guardan necesaria relación con anteriores hechos de sabotaje al proceso de paz y con otras dinámicas de continuidad en igual sentido, siendo la más grave y dramática el asesinato masivo y sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos en las regiones donde se implementa este pacto de paz. Estos hechos en el caso de los ataques contra personas excombatientes de las FARC EP configuran graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario mediante amenazas, atentados, homicidios y desplazamientos forzados. A lo cual se agregan ahora sabotajes violentos contra candidatos y promotores de la campaña electoral de este sector, que constituyen violaciones contra los derechos políticos, la participación electoral y pueden asociarse a conductas penales de diverso orden.
En consecuencia, los compromisos con este proceso de paz que llevan obligaciones del orden constitucional y legal, exigen al Gobierno Nacional, a las agencias responsables del Estado y a la propia sociedad, medidas correspondientes que incluyen brindar las garantías efectivas a las FARC, en lo relativo a su incorporación política, social y económica a la vida civil. Por tanto, no brindarlas constituye de fondo un atentado contra las posibilidades de pacto de paz acordado y de manera general contra el empeño del Estado y la sociedad de construir la paz.
Ataques contra las medidas democráticas y contra excombatientes tras los acuerdos de paz
Desde los años ochenta se reveló la tendencia que compromete a determinados sectores del Estado y de la sociedad con graves ataques para oponerse a las medidas democráticas adoptadas o propuestas en los acuerdos de paz, los cuales también se han relacionado con ataques contra los gestores de tales acuerdos, incluida la población insurgente acogida en tal contexto a amnistías e indultos, en su tránsito a la vida política y social en la legalidad. Firmados los pactos de cese al fuego, tregua bilateral y paz entre el Gobierno Betancur y las FARC EP, el EPL y el M19 en 1984, se originó una acción sistemática de oposición institucional y política a las reformas y medidas democráticas propuestas en tales pactos, que se asoció al pronto asesinato de más de setenta amnistiados, al ataque a los voceros guerrilleros en estado de indefensión, ataques a campamentos guerrilleros en tregua y otros hechos, que fueron decisivos en el fracaso de tal proceso de paz. Luego se prolongó la acción de exterminio que comprometió al Estado y a las agrupaciones paramilitares en el exterminio de la UP, de otras vertientes políticas y de liderazgos sociales de izquierda en el ámbito popular, ocasionando una grave tragedia humanitaria. Entonces, la elección popular de alcaldes, las propuestas de reforma agraria, de democratización política y de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, fueron entorpecidas o impedidas mediante actos de rechazo institucional y político y los ataques de la llamada «guerra sucia».
Lograda posteriormente la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 por la movilización estudiantil y ciudadana, se consolidaron los pactos de paz previos con el M19 y en curso con el EPL y varias fracciones insurgentes regionales. La consiguiente expedición de la Constitución Política de 1991 fue una contribución a la democratización del régimen político y a la adopción de medidas asociadas a la construcción de la paz. Sin embargo, la prolongaron del conflicto bélico y de expresiones de violencia política implicaron ataques sistemáticos contra vertientes políticas y sociales de izquierda y el ataque masivo a través de masacres contra pobladores campesinos, indígenas y afros en zonas de histórica presencia de las guerrillas.
Por su parte, la población amnistiada e indultada en estos acuerdos de paz sufrió junto con sus entornos sociales y comunitarios en el curso de esta década, ataques de grupos paramilitares, agentes estatales y en algunas regiones de guerrillas, de forma que se produjo más de un millar de homicidios y desapariciones forzadas y un volumen mayor de desplazamientos forzados. Entonces el Estado y sus gobiernos no fueron coherentes con los pactos de paz. En cierto grado respondieron en su aplicación, pero a la vez incumplieron o tuvieron notorias deficiencias con parte de sus compromisos, incluidos los temas de garantías. En tal contexto, parte importante de las medidas democráticas de la Constitución Política y del contenido de los pactos de paz quedaron inaplicadas y tuvieron oposiciones que incluyeron hechos de violencia en distintas regiones.
En la actualidad se debe exigir al Estado y sus gobiernos cumplimiento cabal del Acuerdo de Paz Final Gobierno-FARC EP suscrito en 2016, incluidas las reformas y las garantías para la reintegración política, social y económica de excombatientes, de forma que se impida la prolongación de esta tendencia de rechazo a los avances democráticos pactados y de ataque a la población amnistiada e indultada. Pero lamentablemente ya se manifiesta través de más de treinta homicidios contra excombatientes de las FARC, más de una decena de sus familiares y en otros más de doscientos homicidios contra líderes sociales, comunitarios, étnicos y defensores de derechos en las regiones de impacto del acuerdo de paz. Entre tanto, se equivocan el Gobierno nacional y la Fiscalía General, al no percibir la dimensión estructural y el carácter sistemático de este fenómeno, de forma que desestiman el alcance de lo sucedido y no pueden asumir estrategias y medidas adecuadas y eficaces de prevención, protección, investigación y sanción frente a los actores responsables.
«Este tipo de violencia responde además a un patrón antidemocrático histórico colombiano, conforme al cual las aperturas democráticas son violentamente cerradas por un aumento de la violencia contra los líderes sociales, desplegada usualmente por grupos paramilitares…» [1].
Atacar excombatientes de las FARC y líderes sociales atenta contra el Acuerdo Final de Paz
Los ataques referidos contra integrantes de la FARC y su entorno constituyen elementos de menoscabo que de ampliarse o generalizarse pueden derivar en incumplimientos de los términos establecidos en el Acuerdo Final de Paz, siendo de manera especial afectados sus puntos dos y tres.
El segundo punto sobre Participación Política y Social incluye de manera general el logro con las debidas garantías por parte del Estado de la participación de todos los actores colectivos que desde la ciudadanía emprenden movilizaciones, iniciativas, proyectos y propuestas de diverso orden, con énfasis en la posibilidad de actuación de los partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales de distinto nivel y organizaciones comunitarias y poblacionales, en un marco de recuperación de la convivencia, no discriminación y creación de condiciones para la reconciliación. De tal forma, lo expresa su numeral 2.2.4. Garantías para la Reconciliación, la Convivencia y la no estigmatización de la acción política y social.
De allí que se incluyan entre otras medidas la creación de una Comisión Nacional para la Reconciliación y la Convivencia que dio lugar a la reforma en tal perspectiva del anterior Consejo Nacional de Paz y que prevé liderar un programa de implementación al respecto. También con relación a la participación política y social, el numeral 2.3 incluye medidas efectivas para promover la mayor participación política de la ciudadanía en lo local, lo regional y lo nacional, con base en el otorgamiento de garantías de seguridad, la posibilidad de acceso al sistema político, la promoción de la participación electoral y el fomento de una nueva cultura política democrática y participativa.
El tercer punto del acuerdo de paz titulado Fin del Conflicto, incluyó de manera detallada garantías de seguridad, de tránsito a la legalidad, de actuación política y de participación en campañas electorales por parte del proyecto político de las FARC EP en su acceso a la vida legal. Su numeral 3.4 Acuerdo sobre garantías de seguridad pone énfasis así mismo en las que habrán de brindarse al conjunto de la ciudadanía y de manera especial para los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, de manera que se pone de presente la superación de los factores de riesgo al respecto, con particular alusión a las estructuras herederas del paramilitarismo y las redes delincuenciales asociadas.
Se crea en consecuencia un: Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. A renglón seguido se propone en el numeral 3.4.2. un Pacto Político Nacional de renuncia al uso de la violencia en la actuación política. El numeral 3.4.3. crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El numeral 3.3.4. incluye la creación de la Unidad Especial de Desmantelamiento del Paramilitarismo, una comisión de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, una Mesa Técnica de Seguridad y Participación, un Plan Estratégico de Seguridad y Protección y un Cuerpo de Seguridad y Protección. Se agrega la importante misión internacional liderada por la ONU de verificación en materia de garantías de seguridad para la reintegración de excombatientes y protección de sus entornos sociales en los territorios.
En contraste con todas estas consideraciones, instancias y mecanismos de actuación tan bien y detalladamente diseñados en el texto del acuerdo de paz, se suceden los ataques referidos, ocasionando una grave afectación a las posibilidades del mismo acuerdo y por consiguiente de la posibilidad del logro y consolidación de la paz.
«Esto es gravísimo, pues la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, activistas políticos y desmovilizados no sólo es humanamente dolorosa, sino que representa una amenaza muy seria a la paz y a nuestra precaria democracia» [2].
El sabotaje a la campaña electoral de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
La campaña política electoral de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) se inició con una concentración en la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá, con participación de su candidato presidencial Rodrigo Londoño y del conjunto de sus candidaturas al Congreso de la República, acompañados de la participación de varios miles de personas que rodearon de manera entusiasta sus aspiraciones. Luego el candidato Londoño lideró una gira con recorridos por lugares públicos que se inició en la ciudad de Armenia y siguió hacia municipios del Quindío, mientras otros candidatos al Senado y a la Cámara hacían lo propio en otras regiones.
Como lo registraron los medios de prensa, estas comitivas recibieron saludos y apoyos ciudadanos a la vez que manifestaciones de rechazo de otros ciudadanos, lo cual constituye una situación normal en medio de la tensa y acalorada disputa política y electoral que se vive en el país, a lo cual se agrega una mayor tensión para el caso ante la conocida división registrada en el país entre los partidarios y los opositores al pacto de paz, quienes a la vez han sido influidos por un discurso sectario y descalificador contra la posibilidad de la actuación política de la FARC. Pero se agregó otro elemento, la presencia en varios casos de grupos organizados de saboteadores, liderados por candidatos o jefes del partido Centro Democrático y por otras personas reconocidas, quienes incitaron con megáfonos a la violencia y la ejercieron contra candidatos, activistas y personas que acompañaban las delegaciones de las FARC. Así recurrieron a agravios, puñetazos, quema de emblemas, lanzamiento de piedras y ataques a los vehículos con armas cortopunzantes.
De inmediato se suscitó un debate nacional, varias voces rechazaron el uso de la violencia en la campaña política y el que se empleara precisamente contra el partido conformado por la población exguerrillera de las FARC, en aplicación del pacto de paz. Otras voces desconocieron o desestimaron estos ataques y hubo incluso quienes los respaldaron, interpretándolos como supuesta expresión de legítimo rechazo ciudadano a quienes desde la guerrilla habían estado comprometidos en graves violaciones.
«Lo que no es aceptable son las vías de hecho. También en Quindío, los ánimos se calentaron hasta tal punto que las personas buscaban vulnerar físicamente al candidato. El vehículo en el que se movilizaba, por ejemplo, fue agredido: le estallaron las llantas y destrozaron varias partes. Timochenko tuvo que Salir escoltado por su esquema de protección y por el Esmad» [3].
El Gobierno Nacional a través del ministro del interior Rodrigo Rivera rechazó estos hechos violentos y llamó inicialmente en declaraciones a medios de comunicación a «todos los candidatos a rechazar la violencia» y luego el propio presidente Juan Manuel Santos llamó a «rechazar las agresiones y los saboteos a los candidatos» [4]. A la vez, el gobierno conminó a los distintos candidatos presidenciales y jefes de partidos a rechazar el uso de la violencia en la campaña electoral. «…es un imperativo ético que todas las fuerzas políticas y todos los candidatos presidenciales condenen en público lo que ocurrió la semana pasada en el Eje Cafetero, en el Valle del Cauca y en el Caquetá» [5]. Llamado atendido por varios partidos, pero no por el Centro Democrático, de forma que su jefe Álvaro Uribe hizo fue referencia a haber sido también saboteado en ocasiones anteriores, a la vez que su candidato presidencial Iván Duque, en declaración aceptó este tipo de hechos: «Lo que se ha visto en los últimos días es la sanción social a ese fenómeno de impunidad» [6].
Editoriales de la prensa liberal y medios de sectores progresistas partidarios del acuerdo de paz, advirtieron el alto riesgo para el proceso de reintroducir la violencia precisamente cuando se implementa un pacto de paz, por lo cual consideraron que lo ocurrido era una agresión necesaria de rechazar y llamaron a no aceptar la legitimación de la violencia y a canalizar la disputa política precisamente por medio del recurso de la confrontación de ideas, propuestas, programas y resultados electorales.
«La violencia conduce a más violencia. Hay que respetarlos (a candidatos de las FARC) y rechazarlos en el terreno político (…) Rechazar toda agresión contra cualquier candidato (…) El derecho a la protesta no puede ser esgrimido como argumento para justificar hechos y conductas tipificadas como delito. (…) es necesario, urgente, que quienes hoy aspiran a la presidencia sean categóricos en su rechazo a la violencia en la contienda política. Como lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, también debe hacerse un llamado para no exacerbar y explotar el miedo con fines electorales, para que en esta campaña se dé el primer paso hacia la reconciliación, (…) la forma como algunos aspirantes han respondido a la petición de periodistas para que asuman una postura frente al asunto, apuntando a la decisión de la FARC de salir a la plaza pública, y pasan por alto la censura a quienes han mostrado la intención de agredirlos o a quienes desde las redes sociales han estimulado -a veces de maneras que claramente contravienen el Código Penal- este tipo de actitudes…» [7].
Con acierto se puso de presente en los análisis el que más que una pérdida humana y política para la FARC, los efectos de tales ataques y sabotajes contra un proyecto político gestado en un pacto de paz era de alta y negativa repercusión histórica, como ya se había puesto de presente en anteriores procesos y pactos de tregua y paz.
«Lo que no es aceptable es que el partido de la exguerrilla, que nace de un acuerdo de paz, sea marginado de la política a través de la violencia, como ocurrió en los 80 y 90 con la Unión Patriótica (UP) (…) A fin de cuentas, con el uso de la violencia para menguar a las FARC en la política perdería más el país que la propia Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Por lo menos, así lo demuestra la historia» [8].
Entre tanto, está por resolverse si se logra un pronunciamiento general en el espectro político de condena a la violencia en el ejercicio de la política y la campaña electoral en curso, el cual como lo referimos coincide con una de las acciones previstas en el acuerdo de paz, sobre conseguir un pacto nacional de ruptura entre la política y el uso de la violencia, que comprometa a los diversos actores políticos y sociales. Los pronunciamientos de distintos actores políticos, del gobierno, de la FARC y de los principales medios de prensa se orientan en tal sentido, pero la oposición de derecha que rechaza el pacto de paz elude tal tipo de compromiso, de manera que se mantiene en la reprochable actitud de legitimar o al menos tolerar tal tipo de situación.
«Bastaría, entonces, un pronunciamiento, ojalá un pacto, de candidatos y líderes de cada colectividad en el cual dejen claro que entienden el terreno en el que están parados, el nivel de los riesgos que atraviesa hoy el debate electoral y, lo más importante, que se comprometen con un inamovible: el rechazo contundente a la violencia como recurso en la política» [9].
Al mismo tiempo, la FARC reclama para sí todas las garantías que le competen a los partidos políticos en la legalidad por parte del Estado y si bien tuvo que suspender su actividad electoral pública en espacios abiertos la ha proyectado en espacios cerrados, pero de forma que reclama del gobierno que se otorguen de manera efectiva para poder reemprender su actuación proselitista a todo nivel. Nuestro llamado es a que la institucionalidad colombiana se comprometa con las garantías de participación política que están consignadas en el Acuerdo Final. Nosotros no exigimos nada distinto a que se nos deje participar en la contienda política en igualdad de condiciones. Entre otras cosas, implica que al igual que los demás partidos, las FARC tenga acceso a los recursos necesarios para financiar y desarrollar su campaña» [10].
En tales circunstancias tienen el reto el gobierno en garantizar la prevención de tales hechos y la protección debida a los actores políticos, la Fiscalía General en investigar lo ocurrido, la justicia en sancionar a los responsables y la comunidad internacional seguir acompañando con su cooperación y misión verificadora, que resulta de particular importancia en esta fase de tránsito de la guerra y la violencia política hacia la aspiración del retorno a un régimen de garantías, no violencia y superación pronta de todas las expresiones de conflicto bélico y de guerra.
Las garantías reforzadas que se exigen para con la población amnistiada en pactos de paz
El Derecho Internacional Humanitario cuyos instrumentos son vigentes en Colombia exige a través del Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra, incorporados en la legislación interna en virtud de la Ley 171 de 1994, brindar las mayores garantías de protección debida, por parte del Estado, a la población amnistiada una vez finalicen las hostilidades de guerra. A ello se agrega la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sustentado para con las personas que han dejado la guerra y se han acogido a la legalidad mediante la suscripción de pactos de paz con el gobierno nacional, que representa al Estado, un tipo de protección reforzada en materia de seguridad, entendida en un sentido integral y con referencia también a su familia y núcleo social inmediato. Tal sustentación pone de presente el alto valor del logro de la paz y el debido cumplimiento por parte del Estado de su compromiso de protección y garantía para con las personas que confiaron en él, dejando el alzamiento armado y acogiéndose a la actuación en la legalidad.
«La existencia de un deber especial para las autoridades en el sentido de garantizar la seguridad personal de los reinsertados, se justifica igualmente por razones prácticas: para que los procesos de reinserción no se conviertan en una garantía de zozobra y riesgo para los individuos que dejan las armas, es necesario proveerles las condiciones básicas de seguridad que les permitan reiniciar su vida como ciudadanos en condiciones de igualdad con los demás. Si no se garantiza su vida, su integridad y la de su familia la desmovilización puede muy bien convertirse, en algunos lugares del país, en el equivalente de una sentencia de muerte de facto, que será impuesta en un futuro indefinible, pero cierto e inapelable; en esa misma medida, si no se garantiza la provisión de unas condiciones mínimas de sustento material (…) éste no podrá subsistir dignamente, ni podrá proveer sus propias condiciones básicas de seguridad…» [11].
En resumen, es capital el tema de garantías y seguridad para la población exguerrillera de las FARC y sus entornos familiares, sociales y su proyecto político, como asunto central en la implementación del pacto suscrito y como condición necesaria para la construcción de la paz con enfoque territorial. A la vez, que la forma de abordarse tal marco de garantías, antes que propiciar nuevos conflictos y dinámicas de violencia debe servir para superarlos y para contribuir a la difícil tarea encarada de construir en el mediano plazo condiciones hacia la reconciliación nacional. Así también se discute con acierto en la actual coyuntura nacional, advirtiendo de nuevo que los ataques contra los excombatientes de las FARC son un duro golpe también en tal perspectiva.
«El camino a la reconciliación de los colombianos se vislumbra prolongado y tortuoso. La eliminación sistemática de líderes comunitarios y también de excombatientes de las FARC, a los que se suman los actos de intolerancia organizados contra quienes dejaron las armas y tratan de obtener el apoyo ciudadano en las urnas, son claros obstáculos para alcanzarla. La reconciliación en un proceso necesario para evitar la transmisión intergeneracional del odio y el deseo de venganza, la polarización y la negación de la humanidad del otro» [12].
[1] «Por un pacto contra los asesinos», Rodrigo Uprimny, El Espectador, 4 de febrero de 2018, página 39.
[2] Ibíd.
[3] «Criticar a «Timochenko» sí, pero no así», editorial El Espectador, 6 de febrero de 2018, página 22.
[4] Transmisión simultánea en las cadenas de televisión de mensaje de Presidencia de la República, 16 de febrero de 2018.
[5] «Todos los candidatos deben rechazar la violencia», entrevista con el ministro del interior Rodrigo Rivera, Cecilia Orozco, El Espectador, 11 de febrero de 2018, página 9.
[6] «Grupos de choque, ¿del Centro Democrático?», El Espectador, 11 de febrero de 2018, página 9.
[7] «Exhortación a los candidatos», editorial de El Tiempo, 11 de febrero de 2018, página 1.14.
[8] «La hora de la verdad para la FARC en la política electoral», Marisol Gómez, El Tiempo, 28 de enero de 2018, página 1.6.
[9] «Exhortación a los candidatos», editorial de El Tiempo, 11 de febrero de 2018, página 1.14.
[10] Declaración de Pablo Catatumbo a los medios de prensa y comunicación, Bogotá, DC, 18 de febrero de 2018.
[11] Sentencia T-719 de 2003, Corte Constitucional, M.P.: Manuel José Cepeda.[].
Además, vale destacar la complejidad que han revestido y revisten los procesos de paz en Colombia, al no registrarse un pacto de paz integral, único y simultáneo con todas las insurgencias, ni haberse aún superado integralmente el fenómeno paramilitar ni las economías ilegales en muchas regiones, lo que implica algos y diversos compromisos de distinto orden a tratar, especificados en el pacto de paz con las FARC, pero que se han hecho complejos y difíciles en los escenarios de aplicación también en la actualidad. Basta considerar el intenso nivel de conflictividad y violencia que atenta contra la población amnistiada y sus entornos de proyección política, social y de reintegración a la vida social, donde se conjugan riesgos desde las concepciones y prácticas de la contrainsurgencia aún vigentes en sectores de la institucionalidad, herencias del paramilitarismo, redes mafiosas y economías ilegales incrustadas en muchas regiones, disidencia y descomposiciones delincuenciales con algunos núcleos de anteriores guerrilleros o milicianos de las FARC EP y desde la propia guerrilla del ELN que se ha proyectado militarmente en territorios antes de las FARC, propiciando también ataques contra excombatientes de ésta guerrilla.
«Exigimos al ELN que detenga todas sus acciones militares en contra de la población civil e integrantes del partido FARC, que buscan la plena garantía de sus derechos y el avance de la implementación del acuerdo de paz»[[ Comunicado de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 17 de febrero de 2018.
[12] «Los obstáculos a la reconciliación», Weildler Guerra Curvero, el Espectador, 17 de febrero de 2018, página 30.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22771