Millones de personas hemos marchado en familia estas semanas por causas que el gobierno y sus medios de prensa se han empeñado en diferenciar de las que tocan, por un lado, la democracia «protegida» que heredamos de la dictadura y, por otro, la ganancia igualmente protegida de los grupos económicos a cargo de nuestras pensiones, […]
Millones de personas hemos marchado en familia estas semanas por causas que el gobierno y sus medios de prensa se han empeñado en diferenciar de las que tocan, por un lado, la democracia «protegida» que heredamos de la dictadura y, por otro, la ganancia igualmente protegida de los grupos económicos a cargo de nuestras pensiones, salud y educación, así como de los servicios de agua, electricidad y transportes. Estas causas no son diferenciables ni habrían de omitirse en las medidas para superar la crisis.
Es razonable cuestionar el carácter democrático de una institucionalidad que no satisface a la amplísima mayoría que pide algo justo y económicamente viable. La Constitución faculta solo al presidente para presentar proyectos de ley que requieran gasto público y para elegir cuáles tienen urgencia, determinando así la agenda del Congreso. Sin referirnos a los aspectos más ideológicos y represivos de una carta redactada en dictadura, baste con recordar que también exige un cuórum inalcanzable para cualquier reforma.
Entonces Piñera, que es a la vez el destinatario de buena parte del descontento popular y el único constitucionalmente autorizado para proponer una solución, presentó una agenda social que aumenta el sueldo mínimo, pero con un subsidio al empresario; que aumenta la pensión solidaria, pero con fondos públicos para que no gasten en ella las administradoras de fondos de pensiones (AFP); que incorpora un seguro para enfermedades que recibirán las instituciones de salud previsional (Isapres) igualmente privadas; que descuenta el precio de ciertos medicamentos si uno los compra en las cuestionadas farmacias y así sucesivamente. Ante la lucha por sueldos dignos ayuda a la empresa; ante la lucha contra el sistema de AFP -que recibe por ley un porcentaje adicional de los sueldos que les asegura la ganancia aún en nuestras pérdidas-, las ayuda a ellas; ante la colusión de precios debidamente confirmada por sentencias judiciales de las farmacias, las vuelve a ayudar en desmedro de la población que ya conoce los precios reales de esos medicamentos, gracias a las farmacias populares de algunos municipios conscientes.
Aunque sumidos en el consumo, los chilenos y chilenas entendieron esta vez que no se trataba de una cesión a sus demandas, sino de otra oportunidad aprovechada por el presidente para profundizar el sistema de saqueo en sus derechos más básicos. Cualquier testarudo defensor del neoliberalismo debería indignarse por el nivel de clientelismo que existe en Chile, pues aquellos corren riesgos en el mercado mientras quienes administran la jubilación y la salud chilenas no lo hacen. Si uno se enferma, el seguro de salud sube legalmente el valor de la siguiente cuota. Si aumentan los precios de los insumos, suben legalmente los precios de la electricidad y del uso de las carreteras. Todos, por supuesto, muy por sobre el de los sueldos y el de la inflación real y con «clientes» cautivos, como ya habrán percibido.
La otra señal del presidente fue cambiar a sus ministros de clase alta, pertenecientes a unas pocas familias santiaguinas y egresados de la Universidad Católica, por otros más jóvenes de clase alta, pertenecientes a unas pocas familias santiaguinas y egresados de la Universidad Católica. Con eso ganó dos días de espacio en los titulares afines a esas mismas élites, que en Chile son todos los canales de televisión y casi toda la prensa. Le restaban solo dos días para el feriado en el que escribo esto. Entonces les impuso el libreto a los políticos y medios: hay dos bandos, el nuestro que marchó en paz por un Chile solidario y el de la violencia contra el orden público. No satisfecho con su prontuario, que traté en un artículo anterior, el gobierno quiso robarse hasta la marcha en su contra para establecer la agenda del miedo: día y noche violencia por todos los canales posibles.
La primera declaración de su única ministra «con calle» fue que los manifestantes de hoy son violentistas en nada relacionados con los millones que lo hicieron antes. Por el contrario, quien haya marchado en cualquier ciudad ha vivido en carne propia el exceso de militares y policías que se han reconocido responsables de cinco de las veinte muertes a la fecha. Con balines han arrancado, además, un centenar de ojos de manifestantes pacíficos. El relato es que ahora nos salvarán de la violencia, la de ellos mismos permitiendo entre tanto los saqueos al comercio, cuando a mi juicio, y desde su primera aparición pública, los directores de Carabineros, Policía de Investigaciones e Instituto Nacional de Derechos Humanos debieron trabajar juntos. El resguardo del orden público y la protección de los derechos humanos son funciones de un mismo Estado cuya soberanía reside, duele siquiera tener que recordarlo, en la nación.
¿No sería más fácil soltar ahora y por única vez la garantía de ganancia de los grandes grupos económicos a cargo de todos nuestros derechos básicos? Sumar una AFP estatal al sistema privado o proveer los medicamentos y servicios a su precio internacional, por ejemplo. ¿Permitir, de paso, y con algo de tiempo, que se redacte una constitución a la medida de alguien más que esos grupos? Es muy poco, y les devolvemos el país hasta que otra vez se pasen demasiado de la raya. Les recomiendo que lo hagan pronto, porque tras dos semanas comprando en los pequeños locales y ferias de nuestros vecinos, ya ni echamos de menos los supermercados que financian sus campañas.
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