El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) no solo continúa la senda del ajuste fiscal iniciada por los gobiernos anteriores en contravía de lo que la Constitución proclama como Estado Social de Derecho, sino que además prioriza en la ejecución del gasto público el pago del endeudamiento con los acreedores, cumpliendo con las normas que […]
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) no solo continúa la senda del ajuste fiscal iniciada por los gobiernos anteriores en contravía de lo que la Constitución proclama como Estado Social de Derecho, sino que además prioriza en la ejecución del gasto público el pago del endeudamiento con los acreedores, cumpliendo con las normas que lo establecen (Marco Fiscal de Mediano Plazo, Superávit primario y Regla fiscal). Para cumplir con esta exigencia el PND plantea una estrategia que incluye la modernización de la DIAN y una asignación más eficiente y focalizada del gasto público, de las regalías y austeridad en el gasto del Gobierno Nacional Central.
Esta estrategia incluye el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente para que reforme a su antojo el conjunto de la administración pública y la derogatoria de leyes que puedan obstaculizar este propósito. En una palabra, la oficialización de una dictadura constitucional.
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* Daniel Libreros Caicedo, profesor de Derecho Económico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Colombia, director del Centro Pensamiento de Política Fiscal. Diego Carrero Barón, economista, con experiencia en investigación política, económica y social, docencia universitaria y educación comunitaria; actualmente se desempeña como catedrático en la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad Externado de Colombia.