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La Campaña contra los CIE denuncia el encierro de un menor bengalí en el centro de Zapadores (Valencia)

Al menos 48 menores migrantes estuvieron encerrados en 2017 en los CIE del estado español

Fuentes: Rebelión

La Campaña por el Cierre de los CIE ha denunciado la estancia de al menos un menor de edad -originario de Bangladesh- en el centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia. Los activistas sociales, que realizaron la denuncia pública el 13 de octubre, tienen constancia de que permaneció un mínimo de diez […]

La Campaña por el Cierre de los CIE ha denunciado la estancia de al menos un menor de edad -originario de Bangladesh- en el centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia. Los activistas sociales, que realizaron la denuncia pública el 13 de octubre, tienen constancia de que permaneció un mínimo de diez días encerrado en el CIE. Después fue puesto en libertad y atendido por ONG. La nota de prensa de la Campaña apunta que otros dos menores de edad podrían haberse enfrentado a idéntica situación, pese a que la Ley de Extranjería prohíbe la reclusión de menores de 18 años en estos centros. Además el abogado del muchacho, que llegó al estado español en patera y fue trasladado a Valencia desde Motril (Granada), presentó el cinco de octubre en la Fiscalía de Menores de Valencia las pruebas documentales (certificado de nacimiento original) de la minoría de edad.

El letrado reclama a la Fiscalía que se haga efectiva la protección del menor. Alega, para ello, que el migrante nació en diciembre de 2000, circunstancia expuesta ante la policía nacional de Almería y que fue desestimada. Según el relato del joven, éste comunicó al policía que su año de nacimiento era el 2000, sin embargo el agente apuntó la anualidad de 1996. El abogado también sostiene en su escrito que la fisonomía es la de un adolescente, y que no se realizó prueba alguna para la determinación de la edad. De este modo, se trata de revocar la orden de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno en Granada y de que la Generalitat Valenciana se responsabilice de la acogida y protección del menor.

No es la primera vez que se producen estas denuncias en el CIE de Zapadores. Así, en mayo de 2016 la Campaña informó de la presencia de cinco menores argelinos en el centro de internamiento, que provenían de Algeciras y arribaron a España vía marítima. Se dio la circunstancia que cuando las ONG formularon la denuncia pública, algunos de los menores ya habían sido deportados. En este caso se reprodujeron los problemas con la detección de la edad, señalados en numerosas ocasiones por las organizaciones sociales; de hecho, «en el expediente médico sólo constaba una radiografía ósea -lo que no permite determinar la edad exacta- y no fueron reconocidos por un médico forense ni se les practicaron pruebas complementarias». En un artículo publicado en eldiario.es la directora de SOS Racisme Catalunya, Alba Cuevas, y la socióloga Margarita García O’Meany explican que cuando los posibles menores no disponen de documentación, «desconfiando de su palabra se les aplican pruebas radiográficas» que arrojan márgenes de error de hasta 18 meses («Los derechos de los menores no pueden quedarse a las puertas de la frontera ni del CIE, 2017).

En abril de 2012 las ONG se hicieron eco del relato de otros cuatro menores argelinos, quienes denunciaron presuntos malos tratos por parte de un policía cuando se hallaban en una celda del CIE de Zapadores. Los menores llegaron 20 días antes en una patera al litoral andaluz junto a una decena de inmigrantes; los activistas de la Campaña, que plantearon un Habeas Corpus (puesta inmediata a disposición judicial del detenido), detallaron en un comunicado que los golpes de porra causaron en los internos contusiones -de hasta 15 centímetros- en el cuello, la cara, el torso y los brazos. «El paso de menores por el centro es habitual», concluye Cristina Martínez, portavoz de la campaña por el Cierre de los CIE en Valencia; «pero sólo trascienden los casos más llamativos y aquellos en que la Administración reconoce la minoría de edad».

El informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), titulado «Sufrimiento inútil», recoge la cifra oficial de 48 menores internados en los CIE del estado español durante 2017 (51 en el año 2016). La mayoría estuvo en el CIE madrileño de Aluche (14), el barcelonés de Zona Franca (11) y el provisional de Archidona, en Málaga (10); también se identificó a menores extranjeros en los centros de Algeciras (4), Murcia (3), Tarifa (3) y Valencia (3).

Por otra parte, el equipo del SJM realizó 159 visitas a 93 internos del CIE de Zapadores el pasado año y advirtió de la estancia de un menor que no había cumplido los 17 años, además de otro caso que ofrecía dudas (ha de considerarse que no se registró la edad de una parte significativa de los visitados). La Asociación Claver-SJM, que desarrolla trabajo de acompañamiento en los CIE de Algeciras y Tarifa, informó de que seis migrantes declararon ser menores de edad; «unos preferían que no se les reconociera como tales, mientras que a otros se les reputaba mayores a partir de la medición de los huesos de la muñeca», apunta el documento del SJM. Además en la cárcel de Archidona, que operó como CIE hasta el pasado 10 de enero, estuvieron encerrados 11 menores migrantes.

La Fundació Migra Studium, que cuenta con un grupo de apoyo a migrantes en el CIE de Zona Franca, informó que de las 208 personas a las que visitó durante 2017 en el centro barcelonés, 44 declararon ser menores de edad (principalmente de nacionalidad argelina). En el momento de hacerse público este documento anual (el pasado tres de mayo), la fundación promovida por la Compañía de Jesús pudo constatar que sólo tres fueron reconocidos como menores y puestos en libertad para que la Generalitat garantizara su protección. Los activistas conocieron situaciones en que el posible menor aportaba el certificado de nacimiento o pasaporte y, pese a ello, las autoridades no concedieron validez a la documentación.

Aborda un periodo más amplio el documento elaborado por SOS Racismo «Más allá de la frontera de lo humano 2014-2017», sobre el CIE de Aluche; 41 inmigrantes declararon a la organización antirracista que eran menores de edad durante los tres años, aunque sólo se les reconoció esta condición a una decena. La mayoría de los 41 inmigrantes era de origen argelino (aunque también procedían de Marruecos, Costa de Marfil, Guinea Conakry y Mali) y llegaron a España poco antes de ingresar en el CIE; a casi todos ellos se les detuvo en la frontera. El análisis de SOS Racismo revela una de las críticas principales de los movimientos sociales: «Los adolescentes fueron sometidos a un régimen de privación de libertad hasta su correcta identificación, en detrimento del principio de protección de la infancia».

Asimismo se dio la circunstancia, asegura SOS Racismo, de menores a quienes se expulsó «de forma rápida» pese a declarar la minoría de edad, sin que pudieran dar cuenta de su situación. En este punto, la ONG recuerda que se ha encontrado con muchachos migrantes que sustentaban la declaración de ser menores de 18 años con fotocopias de las partidas de nacimiento; sin embargo, permanecieron encerrados en el CIE de Aluche, hasta que por correo se les remitió la documentación original. SOS Racismo destaca también una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, en la que se establece que cuando el inmigrante acredite documentalmente ser menor de 18 años, no tendrá que someterse a pruebas complementarias para determinar la edad. El alto tribunal resolvió de este modo la situación de dos menores de Guinea Conakry y Ghana, a quienes la Diputación Foral de Álava y la Generalitat de Cataluña habían dejado de tutelar.

«Se ha recibido un número importante de quejas sobre los procedimientos de determinación de la edad» a menores ingresados en los CIE, corrobora el Defensor del Pueblo en su balance de 2017. En la memoria anual menciona las visitas de los técnicos de la defensoría a estos centros y detalla casos en que los internos manifiestan que son menores (por ejemplo un grupo de 20 migrantes en el CIE de Aluche, en octubre de 2016, y otros 13 durante una visita al mismo centro en agosto de 2017); el Defensor del Pueblo explica que traslada estos casos a la Fiscalía General del Estado, que tras la realización de las pruebas médicas le comunica los resultados. Mientras, la asociación Convivir Sin Racismo denunció el 26 de septiembre la deportación irregular a Marruecos de Yusuf, un menor que llegó en patera a las costas de Almería y estuvo encerrado en el CIE de Sangonera, en Murcia.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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