Si al fin se hiciera justicia para reparar a las víctimas de centenares de masacres cometidas en los últimos veinte años en el campo colombiano, y además por las cometidas entre 1946 y 1958, la principal medida sería devolver la tierra a los campesinos, indígenas y afrocolombianos a quienes una y otra vez les ha […]
Si al fin se hiciera justicia para reparar a las víctimas de centenares de masacres cometidas en los últimos veinte años en el campo colombiano, y además por las cometidas entre 1946 y 1958, la principal medida sería devolver la tierra a los campesinos, indígenas y afrocolombianos a quienes una y otra vez les ha sido quitada la Madre Tierra, a sangre y fuego.
Al amanecer del 2 de septiembre de 2005, dos centenares de comuneros del Resguardo indígena Nasa de Huellas, se atrevieron a hacer cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que el Estado colombiano debía entregarles tierra. Dicha sentencia fue impuesta como parte de la reparación integral por la masacre cometida por paramilitares, de que fueron víctimas el 16 de septiembre de 1991, en la Hacienda Nilo ocupada por ellos, donde fueron asesinados 20 indígenas, entre ellos niños.
Cansados de esperar por 14 años la justa reparación, los comuneros ocuparon la Hacienda «La Emperatriz». La represión no se hizo esperar y tuvo un resultado inesperado: combates con la policía, gases, presencia del Ejército, disparos de armas de fuego contra la gente, indígenas heridos a bala. Nada aterrorizó a los ocupantes, sino que su resistencia civil encendió el corazón de más y más indígenas. Fue imposible desalojar a los ocupantes y cada día había más. Cuando el 13 de septiembre el Ministro del Interior negoció con los Nasa, eran tres mil quinientos y ocupaban además otra hacienda: «Guayabal».
Este hecho marcó un cambio histórico. Fue la primera derrota del terror que, en Colombia, paralizó la lucha directa por liberar la tierra de manos del latifundio. La masacre de Nilo significó la aplicación de la condena de muerte contra todo aquel que se atreviera a desafiar a los amos. Condena aplicada a campesinos, indígenas o afros, sin discriminación. Así, entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, el terror se abalanzó contra los campesinos afiliados al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, SINTRAGRITOL en Cajamarca, que en marzo anterior habían ocupado la finca La Manigua, propiedad de un embajador colombiano. Cinco campesinos aparecieron brutalmente torturados y asesinados y 18 fueron «desaparecidos». El 10 de abril de 2004 el Ejército mató allí mismo a otros tres campesinos, a un bebé y un niño.
En el 2005, el 24 de enero, Luz Miriam Castaño, presidenta de la Asociación Campesina «La Conquista» de Cajibio, Cauca, fue asesinada. Ella lideró en el mes de diciembre de 2004, la ocupación de la hacienda «La Chola» y había sido amenazada por esta razón. «No insista», le dijeron.
Toda la crueldad contra quien se atreviera a liberar la tierra, consolidó una gigantesca contra-reforma agraria que permitió que hoy el 61% de la propiedad rural registrada pertenezca a sólo el 0,4% de los propietarios, es decir, 15 mil personas, una de las cuales es el Presidente Álvaro Uribe Vélez. Cerca del 70% de los Congresistas también hacen parte de ese selecto grupo. Ellos son hoy el Gobierno de Colombia, a punto de ser reelegidos. El mensaje de las masacres era claro «¿Quién como ellos? ¿Quién puede luchar contra ellos?».
Ellos, al fin y al cabo ganaron el apoyo de Estados Unidos mediante el Plan Colombia, destinado a defender este statu quo como contrapartida por el apoyo de la clase dirigente colombiana al Tratado de Libre Comercio y al ALCA y por la modificación de la legislación petrolera, minera, forestal, de aguas, de inversiones… Un trueque que garantiza además a los latifundistas la especulación con el precio de la tierra en las áreas cercanas a las inversiones y megaproyectos de las transnacionales.
Se consolidó un latifundismo que no depende de la producción agropecuaria sino de la especulación. Las plantaciones, especialmente de palma africana, la explotación maderera o la ganadería, tienen la función primordial de garantizar el dominio territorial y no la producción en sí misma. El gobierno de Uribe comenzó a aprobar la legislación necesaria para legalizar el despojo de tres millones de desplazados. La ley que reduce el tiempo de prescripción de la propiedad, el plan de desarrollo, las recientes resoluciones que legalizan los cultivos de palma africana en los territorios comunitarios de los afrocolombianos y les despojan de tierra, son apenas parte de las normas destinadas a perpetuar las conquistas hechas a sangre y fuego. El acuerdo con los paramilitares es el toque final para lavar dineros y tierras.
Como contraparte, la acción de los Nasa sobre «La Emperatriz» ha sido el verdadero lanzamiento de la consigna «Justicia y Reparación» para las víctimas de ese imperio infame. Han sido los Nasa los primeros en hacer verdad este grito, porque fueron ellos quienes en septiembre de 2004 llamaron a la Gran Miga que recorrió la carretera hasta Cali, con 60 mil indígenas, para oponerse a los proyectos de reforma constitucional de Uribe y a la violencia; para decirle no al TLC y sí a la vida y al proyecto de autogobierno de los pueblos. Porque fueron los Nasa la columna vertebral de la consulta popular contra el TLC que conmovió 6 municipios del Cauca que votaron como nunca lo había hecho para rechazar el engendro del «libre» comercio con Estados Unidos, que se encuentra indisolublemente ligado con la contra-reforma agraria del latifundio especulativo y la liquidación de la agricultura nacional.
La resistencia exitosa de los Nasa en «La Emperatriz» desbarató el nudo del terror que ataba las mentes. Campesinos, indígenas Misak (Guambianos), Coconucos y Nasa, vieron claro «como cuando un relámpago ilumina la noche y permite ver cómo será el amanecer». Aunque existen muchas contradicciones entra cada uno de ellos, que por años les impidieron actuar juntos, todos llegaron a una conclusión unánime: llegó el momento de recomenzar la liberación de la tierra.
Cada uno por su cuenta decidió que el día indicado era el 12 de octubre, 513 aniversario del inicio de la resistencia, día en que las centrales obreras convocaron a sus afiliados a un paro nacional. Campesinos e indígenas del departamento del Cauca tomaron 15 haciendas: «Miraflores», entre Corinto y Miranda, donde 3 mil campesinos reclamaron su derecho a la tierra; indígenas y campesinos de Paletará, Puracé y Coconuco ocuparon las cuatro fincas en que se dividió la antigua hacienda Cocunuco; en Silvia fueron ocupadas «Los Remedios», por los indígenas de Kisgó, y «Ambaló», por los Misak; y en Caloto, El Japio, propiedad de Garcés & Compañía, por los Nasa, de Caldono.
Cada evento repitió lo ocurrido en «La Emperatriz». Fueron varias las ocasiones en que la Policía comunicó por televisión, radio y diarios, que los ocupantes habían sido desalojados, y otras tantas veces la televisión mostró a los ocupantes firmes en las fincas. Por primera vez millones de colombianos vieron en directo los enfrentamientos por la tierra. Solamente en los casos que hubo acuerdos, los ocupantes se retiraron por propia voluntad, en los demás siguieron allí.
Los Gobiernos Nacional y del Cauca quisieron aparentar que las ocupaciones fueron solamente indígenas, y acusaron, por los grandes medios, a los indios de tener «mucha» tierra»a costa de los campesinos y negros». Pero, la realidad mostró la alianza campesina-indígena en las ocupaciones. La «mucha tierra» indígena no está en el Cauca, donde 800 terratenientes tienen la misma cantidad de tierra que 240 mil indios y las pequeñas parcelas, incluidas las indígenas en los Resguardos, las campesinas y afro, son el 54,1% de las explotaciones del departamento, pero apenas disponen del 8,9% de la tierra de agrícola o pecuaria. Tampoco están en el resto de los Andes, sino en la Amazonia, donde el Estado no ha dado nada sino apenas reconocido la posesión inmemorial de los pueblos amazónicos.
En el encuentro interétnico en Santander de Quilichao, los afros no denunciaron a los indígenas sino al gobierno por quitares las tierras y afianzaron su alianza con los Nasa. Manifestaciones, organizadas por el latifundista Gobernador del Cauca contra los indígenas, poco concurridas (500 personas), fueron hechas por «campesinos urbanos» y empleados públicos con sus familiares.
Mucho más importante, pudo constatarse también que lo ocurrido en el Cauca fue parte de una movilización nacional de indígenas, campesinos y afros. En el mismo departamento, en Nariño y Valle se movilizaron adicionalmente a las ocupaciones, 25 mil de ellos exigiendo solución inmediata a su crítica situación de pobreza. En Inzá (Cauca) 5 mil campesinos e indígenas bloquearon la carretera. Entre Mallama y Ricaurte (Nariño) 4 mil campesinos e indígenas Awá marcharon durante dos días contra el TLC y la política de «seguridad democrática» y por el respeto a los derechos humanos. Dos mil campesinos bloquearon la vía La Vega (Cauca)-Popayán en San Miguel, en apoyo al paro nacional, a la liberación de la Madre Tierra y al proyecto de ley agrario. Mil campesinos bloquearon la vía al Huila en el sitio Gabriel López. Cuatro mil personas marcharon desde «Mi Bohío» en el sur del Cauca hasta Popayán, donde se unieron a la marcha urbana. En Barbacoas (Nariño), 3 mil afrocolombianos y campesinos tomaron el casco urbano reclamando agua potable y soluciones para sustituir los cultivos ilegales. En Buenaventura 5 mil afros marcharon en apoyo al paro y en protesta por las resoluciones del gobierno que eliminan sus derechos.
En Caldas y Risaralda se movilizaron masivamente los Embera en Minga en defensa de sus territorios: quince mil indígenas en dos marchas, una desde Belén de Umbría hasta Pereira y otra de Santa Rosa de Cabal a Manizales. Las dos movilizaciones fueron prohibidas por el Gobierno Nacional, dejando un indígena muerto y varios heridos, durante la represión. 20 mil campesinos y pequeños empresarios agrícolas de los departamentos del Tolima y Huila e indígenas del Huila se concentraron en la ciudad de Neiva, rechazando el TLC. Se registraron concentraciones campesinas Fusagasugá (Cundinamarca), Tunja y Ventaquemada (Boyacá). Entre Sampués y Sincelejo (Sucre, Costa Caribe) marcharon 5 mil indígenas que se unieron al llegar a la marcha sindical. En Santa Rosa Sur de Bolívar, se cumplió una romería de mil mineros artesanales que protestaron contra la multinacional Kedahda, filial de la AngloGold Ashanti, que quiere quedarse con la explotación del oro de la serranía de San Lucas.
La movilización del 12 de octubre fue prueba evidente de un nuevo ascenso de la lucha campesina afro e indígena, que ya se había hecho sentir tanto en la Minga indígena en Tolima (un mes antes) y en la ocupación de la hacienda «Balsillas» en se departamento. También en dos marchas campesinas multitudinarias a Carmen de Bolívar (la última en septiembre); dos levantamientos contra los paramilitares en San Pablo (sur de Bolívar) la ocupación campesina de Cantagallo (sur de Bolívar); y los paros cívicos en varias localidades de la costa Pacífica. Del 4 de noviembre al 11 de noviembre fue ocupada la iglesia de San Francisco en Bogotá, por 700 afrocolombianos que exigieron respeto a las normas de etnoeducación y a sus tierras colectivas.
También los obreros rurales se han movilizado. En enero 1300 trabajadores de la palma africana realizaron una huelga victoriosa de tres semanas en San Alberto, Cesar, para reclamar reajustes salariales. La mayoría pertenecen a tres «cooperativas de trabajo» impuestas hacia 1990, cuando los dirigentes del sindicato fueron obligados, bajo amenazas de muerte, a renunciar a la convención. En mayo, junio y julio, ocurrió un alentador levantamiento de los corteros de la caña de azúcar. El 25 de mayo, 2.700 corteros del Ingenio del Cauca, bloquearon las entradas a la factoría y presentaron un pliego petitorio. Con la simpatía abierta de la población, tras 5 días de huelga lograron un acuerdo victorioso. El ejemplo prendió y en pocas semanas pararon 7 mil corteros en los ingenios Mayagüez, Manuelita, La Cabaña, Pichichí, Central Tumaco, Castilla y María Luisa. Los Nasa se movilizaron en apoyo a los corteros tanto durante la huelga como posteriormente para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el ingenio la Cabaña.
El Gobierno teme que se extienda la liberación de la Madre Tierra, por eso desde la tarde del 8 de noviembre atacaron a los Nasa que ocupan El Japio, con tanquetas, escuadrones de policía y disparos de arma de fuego. Quieren matar la lucha y por eso mataron el 10 de noviembre a Belisario Camayo Wetetó, guardia indígena de 16 años, e hirieron a bala a Gerson Menza. Fueron nueve intentos fallidos de desalojo. Mientras los Nasa resistían los ataques policiales en El Japio, los Misak de La María ocuparon el 9 de noviembre la hacienda «Corazón» en Piendamó. Cientos de campesinos sin tierra unidos con indígenas ocuparon desde el 10 de noviembre tres fincas en el municipio de Morales, también en el Cauca. El 16 de diciembre fue elegido y se posesionó el Cabildo, la autoridad indígena de El Japio.
Lo que el actual Gobierno jamás hubiera querido. Reforma agraria popular. Liberación de la Madre Tierra. Todos los hemos oído este ritmo, con el corazón. No dejará de sonar hasta que por fin haya justicia y reparación.
Versiones de este artículo fueron publicadas en el boletín de Colombia Solidarity Campaign en Londres, en el periódico Realidad Rural del sindicato de trabajadores del Incoder, Sintraincoder y en la página web Actualidad Etnica .