Pese a los esfuerzos públicos y privados, Chile sigue perdiendo sus riquezas naturales, según los expertos responsables del informe sobre el estado ambiental del país pedido por el gobierno. Activistas destacan que esa conclusión confirma sus dramáticas advertencias. «Los resultados del estudio de la Universidad de Chile, elaborado por reconocidos investigadores del país, coinciden con […]
«Se ha registrado un deterioro ambiental considerable en los últimos años, aumentando la conflictividad en diversas partes del país, ya que los costos son traspasados a las comunidades más vulnerables, generando una situación de inequidad», agregó.
Pizarro se refiere así a las conclusiones del tercer «Informe País. Estado del Medio Ambiente 2005», elaborado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y financiado por la estatal Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
«Nuestro país se ha empequeñecido y se sigue empequeñeciendo. Tenemos menos suelo, menos bosques, menos agua (dulce), menos aire, menos recursos del mar», dijo el académico a cargo de la investigación, Nicolo Gligo, durante la presentación del documento realizada en la víspera.
«El balance es negativo», pese a los esfuerzos realizados por el Estado y el sector privado, afirmó a IPS el experto. «Lo que se hace es importante, pero no compensa las grandes presiones del modelo económico», arguyó Gligo, quien también estuvo a cargo de las anteriores versiones publicadas en 1999 y 2002.
El documento de 371 páginas está dividido en tres grandes capítulos. Macropresiones sobre el medio ambiente, estado del medio ambiente y del patrimonio natural y políticas e instrumentos para la gestión ambiental.
El segundo apartado analiza detalladamente, basándose en estudios y cifras actuales, la situación del aire, de las aguas continentales, los bosques nativos, la biodiversidad biológica, los suelos, ecosistemas marinos y de borde costero, los minerales e hidrocarburos, los asentamientos humanos y la energía.
Todo ese espectro presenta una evaluación negativa respecto del informe anterior. La explicación, según los investigadores que participaron en el proyecto, radica en las «macropresiones» ejercidas por el actual modelo de desarrollo sobre el ambiente.
«Llegamos a la conclusión de que la actividad económica es un factor de macropresión del medio ambiente que va mucho más allá de las posibilidades de reacción de la comunidad y específicamente del sector público», arguyó Gligo.
En cuanto al aire, el primer recurso natural estudiado, las estadísticas demuestran que no se han cumplido los planes de descontaminación de Santiago, una de las ciudades con mayor polución de América Latina, a pesar de la reducción del MP10 (material particulado de diámetro superior o igual a 10 micrones).
«Siempre faltan enfoques sistémicos integrales y la implementación eficaz de planes y programas de descontaminación que se vayan postergando», indicó el experto.
La situación del bosque nativo es igualmente preocupante, ya que ha disminuido su extensión a lo largo del país, siendo afectado en gran medida por la sustitución de especies. Además, está en deuda la aprobación de un proyecto de ley al respecto, entrampada hace 13 años en el Parlamento.
Los aspectos positivos son la creación del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y el aumento del número de áreas verdes en manos de privados, como es el caso del Parque Pumalín, ubicado en la X región de Los Lagos, de propiedad del magnate estadounidense Douglas Tompkins.
La biodiversidad biológica está siendo perjudicada por la deforestación, la preeminencia de la agricultura, la expansión urbana y la explotación de la flora y fauna, pese a la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad.
De igual forma, los suelos del país sufren tal degradación física, biológica y química que ni los programas de recuperación y riego han logrado revertir. En este sentido, Gligo advirtió que la última evaluación global que hay sobre erosión en Chile data de 1979. «Hay una tendencia en el país a tener menos evaluaciones agregadas de la problemática ambiental», puntualizó.
La única área que logró una evaluación levemente positiva fue la de los minerales.
La minería, principalmente la de mayor volumen, redujo su contaminación gracias a la legislación vigente y la certificación de las empresas, aunque preocupa su enorme consumo de agua.
La calidad de vida de la población ha mejorado en materia de agua potable, vivienda, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, pero todavía no cuenta con suficientes áreas verdes ni buen transporte. Las causas son la expansión poco planificada de las ciudades, influenciada por el poder inmobiliario, y la primacía de enfoques asistémicos.
El informe también menciona el significativo costo ecológico de las grandes represas.
Precisamente, en estos momentos numerosas organizaciones ciudadanas y ambientalistas se oponen al proyecto de la firma trasnacional Endesa de construir cuatro centrales hidroeléctricas en dos caudalosos ríos de la décimo primera región de Aysén, 2.000 kilómetros al sur de Santiago, que significará la destrucción de 10.000 hectáreas de terrenos prístinos.
Pese a los contundentes resultados del estudio, la directora ejecutiva de la Conama, Ana Lya Uriarte, se negó a calificar como negativo el balance del estado ambiental chileno, señalando a IPS que «la primera conclusión del informe es que debe ser leído con mucha atención y rigurosidad, evitando caer en la tentación de las reducciones».
«El informe da cuenta de un progreso notable en lo que ha sido el proceso de institucionalización y de utilización por parte del Estado de los instrumentos de gestión ambiental», añadió Uriarte, recalcando la voluntad del gobierno de transparentar la información sobre esta materia.
Según Uriarte, el documento señala que «a Chile le asiste un desafío respecto de la protección de sus recursos nacionales y para eso tenemos instrumentos que debemos utilizar para hacer compatible el crecimiento económico y la adecuada protección ambiental y ese es el eje central de la política del gobierno».
No obstante, la gestión ambiental realizada hasta ahora por la presidenta Michelle Bachelet no es valorada positivamente por los ambientalistas, principalmente por el incumplimiento de uno de los compromisos asumidos durante su campaña electoral del año pasado con el mundo ambientalista.
En noviembre de 2005, Bachelet aseguró que durante su administración «no se consideraría la opción nuclear como parte de la matriz energética del país».
Sin embargo, a comienzos de este mes la mandataria anunció el financiamiento de estudios que determinarán la factibilidad de desarrollar esta forma de generación de energía en el país, aunque descartó que durante su mandato se construya una central nuclear.
En respuesta, organizaciones ambientalistas y parlamentarios de la gobernante coalición de centroizquierda y de la oposición derechista formaron el día 14 un «Frente Antinuclear», para disputarle espacio al lobby que, aseguran, vienen realizando desde hace tiempo en el Congreso legislativo empresas extranjeras pertenecientes a la industria nuclear.
El grupo iniciará actividades de difusión y educación pública en los diversos municipios del país y en centros educacionales y promoverá las energías limpias.
«En estos seis meses de gobierno (de Bachelet) se ven luces y sombras», planteó Pizarro. Uno de los puntos a favor es la «gran reforma a la institucionalidad» que inició Bachelet al enviar al parlamento el proyecto de ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, apuntó.
No obstante, el director de la Fundación Terram considera un retroceso el anuncio hecho este mes por la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, en cuanto a la creación de la figura del «fast track» (vía rápida) para la aprobación de los estudios de impacto ambiental de los proyectos energéticos.