Frente a las recientes denuncias de falta de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la realidad es que el número de policías no ha cesado de crecer. «Menos policías en las academias y más delincuencia en las calles». Este sensacionalista titular que hace pocos días abría la portada de un periódico gratuito […]
Frente a las recientes denuncias de falta de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la realidad es que el número de policías no ha cesado de crecer.
«Menos policías en las academias y más delincuencia en las calles». Este sensacionalista titular que hace pocos días abría la portada de un periódico gratuito se hacía así eco del fuerte descenso del número de plazas en las convocatorias para entrar en la Policía Nacional (PN) y la Guardia Civil (GC). El reportaje recogía las alarmistas declaraciones de sindicatos policiales que afirmaban: «Las plantillas de ambos cuerpos sufren una importante escasez de personal». Incluso, un portavoz del SUP añade, «la congelación de la plantilla tendrá consecuencias sobre la seguridad ciudadana». Y eso a pesar de que los datos de Interior reflejan un descenso en todos índices de criminalidad.
Es cierto que este año, en el Estado español, solo han salido 369 plazas para la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y 75 para la escala ejecutiva -los inspectores. Unas cifras que están muy lejos de las 1.949 plazas que se convocaron el pasado año o las 5.000 de 2008.
Además, como está previsto que los recortes del gasto público se prolonguen durante cuatro años, es previsible que las futuras ofertas de empleo policial no sean tan generosas. Según los cálculos de sindicatos policiales, la plantilla total del CNP disminuirá unos 5.000 efectivos en los próximos cuatro años, ya que estiman que cada año dejarán el servicio entre 2.000 y 2.500 agentes y el número de nuevas plazas no cubrirá esas bajas.
La disminución de efectivos también afectará a la GC, cuyas convocatorias han pasado de las 2.283 plazas de este año a las 384 para 2011.
Una realidad falseada
En primer lugar, estos datos no tienen en cuenta la ya elevada plantilla de estos cuerpos policiales. El 7 de octubre, en Ávila, juraban el cargo 2.711 nuevos policías que comenzarán a prestar su servicio. Con esta promoción, la PN alcanza la mayor cifra de agentes de su historia: 70.600 efectivos. Días después, el 10 de octubre, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba en su discurso con motivo de la celebración de la patrona de la GC, se encargó de resaltar el «importante aumento» impulsado por el Gobierno del PSOE de más de 15.000 agentes en el instituto militar -actualmente hay 84.316 efectivos frente a los 68.923 de 2004.
Otro dato fundamental a tener en cuenta es que en el Estado español, además del CNP y de la GC, existen otros cuerpos de policía. Así, las competencias del CNP y de la GC varían según las Comunidades Autónomas, debido a la asunción de muchas de sus atribuciones por parte de los Mossos d’Esquadra en Catalunya, la Ertzaintza en el País Vasco o la Policía Foral de Navarra en Navarra.
Todas estas policías autonómicas se definen como integrales, es decir, que asumen la totalidad de las funciones policiales.
Policías autonómicas
La Ertzaintza tiene unos 8.000 agentes y dispone de 25 comisarías desplegadas en las distintas comarcas vascas. Actualmente tiene todas las competencias en orden público, seguridad ciudadana, tráfico y juegos y espectáculos del País Vasco. En cuanto a los Mossos, con similares atribuciones en toda Cataluña, disponen de más de 14.000 agentes distribuidos en nueve regiones policiales.
Sus responsables pretenden alcanzar en 2015 los 18.300 policías. Por su parte, la Policía Foral de Navarra cuenta con más de mil agentes. Pero además de las policías autonómicas hay que tener en cuenta las policías municipales, que cada vez asumen más competencias de policía integral. En 2008, la Comisión Estatal de Seguridad Local, un órgano en el que están representados el Ministerio del Interior y los municipios, aprobó un marco para abordar las funciones de policía judicial que, a partir de entonces, iban a tomar las policías locales. Con esta medida, las administraciones estimaron que más del 30% de los policías locales, entonces superior a 15.000 agentes, podrían unirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «en la prevención y la lucha contra la delincuencia», lo que implicaba un sustancial aumento del papel que desempeñan los Ayuntamientos en materia de seguridad ciudadana.
Así, desde hace más de dos años, los «municipales» de los Ayuntamientos que han suscrito los acuerdos de cooperación policial -no todos los municipios pueden hacerlo ya que tienen que cumplir ciertos requisitos para asumir estas competencias como tener más de 20.000 habitantes- se ocupan, por ejemplo, de las faltas penales, la violencia de género, quebrantamientos de condena, órdenes de alejamiento, hurtos, delitos contra la seguridad del tráfico o amenazas y coacciones.
Para ello, las policías locales se han integrado en el Sistema Estatal de Bases de Datos Policiales, con lo que tienen acceso a los antecedentes policiales, señalamientos nacionales, registros de vehículos… Poco a poco las competencias se han ido ampliando. Las policías municipales de Madrid y Barcelona, por ejemplo, tienen unidades de antidisturbios y, para ciertos operativos, utilizan agentes de paisano. En septiembre, un sindicato de la PN denunció que varios ayuntamientos catalanes han lanzado a sus agentes a la caza, redadas mediante, de sin papeles pese a no tener competencias.
Cada municipio se esfuerza por tener el mayor número de agentes posibles. Madrid tiene ya 7.000; Barcelona, que se acerca ya a los 3.000, ha ampliado la plantilla de la Guardia Urbana en 1.000 plazas en los últimos cuatro años; Bilbao tiene más de 820 agentes y en marzo convocaba 30 nuevas plazas; Valencia alcanza los 1.900 efectivos y el conjunto de la Comunidad Valenciana supera los 10.500 policías locales.
Así, es muy difícil conocer el total de policías desplegados, porque habría que recoger los datos dispersos de los diferentes ayuntamientos y sumarlos a los efectivos de los diferentes cuerpos. Solo con los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, el ratio policial (número de policías por cada 1.000 habitantes) medio del Estado español se sitúa en 3,09. Otros cálculos que suman los agentes autonómicos suben dicho ratio hasta el 3,71, aunque sin contabilizar a los agentes municipales.
Según las autoridades europeas, la situación óptima está en torno a dos policías por cada 1.000 habitantes. No es de extrañar que el Director General de la Policía y de la GC haya afirmado que el aumento de efectivos nos convierte en «la envidia de toda Europa, porque incluso en los años de bonanza económica no ha habido este crecimiento en ninguno de los países de nuestro entorno».
NAVARRA, LA PRIMERA EN EL RANKING
El entramado policial que las administraciones estatal y foral han ido tejiendo en Navarra ya alcanza la cifra de 3.449 policías para un total de 636.000 habitantes (censo de enero de 2010). El sostenido crecimiento de la Policía Foral impulsa año tras año el ratio de funcionarios policiales por cada mil habitantes, que se eleva ya a 5,42 agentes, casi dos policías más que el promedio estatal. La GC sigue siendo el cuerpo con mayor presencia, con 1.800 agentes, mientras que la PN ronda los 650. La Policía Foral, por su parte, dispone de 999 efectivos, que serán 1.110 cuando finalice el año, tras la incorporación de los seleccionados en las últimas oposiciones. El objetivo, llegar a los 1.200 ‘forales’ en 2011. Si a estos efectivos se sumaran los 775 agentes municipales navarros, el ratio policial alcanzaría los 6,64.
«JUSTICIA SOCIAL FRENTE A JUSTICIA PENAL»
Para Jaume Asens, abogado catalán, «los poderes públicos, por hacer frente a los problemas de inseguridad, han buscado recetas simplistas de corto plazo frente a los síntomas, y no las causas estructurales.
Se reduce a la dimensión criminal, desvinculada de la social. Y de hecho, circunscrita a un tipo de criminalidad, la pequeña delincuencia de calle, en contraste con la económica o de cuello blanco. La cuestión social de la pobreza se transformará en una cuestión de seguridad y la justicia social, en justicia penal». Frente a ello propone otro modelo de seguridad. «El vigente está vinculado a la esfera ideológica del liberalismo que pretende reducir la seguridad a la protección de la propiedad privada y otros intereses económicos. Hay otro modelo: la seguridad debe quedar vinculada a la cuestión social, al acceso a bienes públicos como salud, educación, vivienda, etc.».