La magistrada Gabriela Corti sobreseyó la causa sin procesar a miembros de la Armada, denegando la existencia del delito de secuestro permanente, aun cuando testigos afirman que la Marina ocultó el cuerpo del sacerdote, desaparecido hasta hoy. El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso removió finalmente a la ministra Gabriela Corti de la […]
La magistrada Gabriela Corti sobreseyó la causa sin procesar a miembros de la Armada, denegando la existencia del delito de secuestro permanente, aun cuando testigos afirman que la Marina ocultó el cuerpo del sacerdote, desaparecido hasta hoy.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso removió finalmente a la ministra Gabriela Corti de la investigación del crimen del sacerdote Miguel Woodward, luego de recibir múltiples críticas a su gestión en este proceso. En su lugar esta corte designó a la ministra de ese tribunal Eliana Quezada.
La familia del sacerdote secuestrado, torturado a bordo del buque escuela Esmeralda, y hecho desaparecer por oficiales de la Armada pocos días después del golpe militar, dijo ayer estar «contenta» con este cambio, pero advirtió que la instrucción de este proceso, en general, «representa un funcionamiento muy inadecuado del sistema de justicia», según una declaración de la hermana del sacerdote, Patricia Woodward, y su esposo Fred Bennett.
Uno de los puntos principales que los familiares criticaron a la ministra Corti, fue que a inicios de este año sobreseyó la causa sin dictar procesamiento en contra de ningún miembro de la Armada. De acuerdo a la familia del sacerdote y sus abogados, en la investigación existen antecedentes suficientes para encargar reos a varios oficiales y suboficiales de la Marina hoy en retiro. La misma Corte de Valparaíso acogió un recurso de los familiares y ordenó el pasado 24 de febrero reabrir la investigación.
Patricia Woodward y Fred Bennett denuncian que la jueza Corti estableció que no existió el delito de secuestro permanente, aun cuando en el mismo expediente hay declaraciones de ex funcionarios del Cementerio de Playa Ancha que atestiguan haber visto a oficiales de la Armada llegar al camposanto con un cuerpo envuelto en una sábana y sepultarlo en forma clandestina. Estos testigos afirman que el cadáver correspondía a Miguel Woodward, aunque nunca más fue hallado.
«Desde que el 24 de febrero pasado fue revocado el intento de sobreseimiento han pasado siete semanas. Nos quedan tres meses antes de que caduque el plazo estipulado por el Tribunal Supremo para que se terminen los sumarios de los casos de derechos humanos», declararon ayer los familiares del sacerdote y agregaron que «nos unimos a quienes en los últimos días han pedido que se suspenda la orden que impone el 25 de julio como límite», expresaron.
Fuentes de tribunales de Valparaíso han manifestado que la jueza Corti «se dejó presionar por la Armada en el caso Woodward». Las mismas fuentes afirmaron por otra parte a La Nación que «en Valparaíso hay ciertos abogados que estuvieron vinculados a la Armada y a la dictadura y que hoy ejercen importantes cargos en instituciones del Estado, que tienen el suficiente poder para presionar a los jueces en los procesos que afectan a esta institución naval».