Los recientes hechos de corrupción ocurridos en la Universidad Distrital de Bogotá se han convertido en un gran campanazo para la sociedad colombiana sobre lo que realmente está ocurriendo en las Instituciones de Educación Superior (IES) y en las otras que integran el sistema de educación técnica y tecnológica que se nutren con los recursos […]
Los recientes hechos de corrupción ocurridos en la Universidad Distrital de Bogotá se han convertido en un gran campanazo para la sociedad colombiana sobre lo que realmente está ocurriendo en las Instituciones de Educación Superior (IES) y en las otras que integran el sistema de educación técnica y tecnológica que se nutren con los recursos del gobierno nacional.
Lo de la Distrital es grotesco y desvergonzado. De acuerdo con reportes de última hora allí hay otros capítulos turbios en el Instituto de Extensión y Educación (Idexud) según confesión de Wiliam Muñoz, el Ex Director de esa oficina. Él dice que no actuó solo y que no apropió de los 11.000 millones que se le adjudican.
Agrega que, durante su gestión, se cometieron delitos de corrupción administrativa, contractual y financiera, pago de comisiones, por presiones de funcionarios de la universidad o de políticos destacados del gobierno nacional y distrital (Ver https://bit.ly/2ng4to9).
Habla de convenios con alcaldías locales. Pero hay cuatro negociados de mayor cuantía, por 43.000 millones de pesos, que concentran la atención de la comunidad universitaria.
Está bajo la lupa un convenio con el cuestionado Fonade, para la interventoría del montaje de los puntos Vive Digital, por 14.900 millones de pesos.
El tema se convirtió en un lío para la universidad después de que el Ministerio de Tecnologías de la Información frenó los pagos a Fonade hasta que aclarara la anomalía en la elección de los contratistas.
Así, Fonade le debe a la Distrital 5.000 millones y Muñoz dice que tuvo que echar mano de dineros del Fondo de Beneficios Institucionales para sostener la operación (Ver https://bit.ly/2ng4to9).
Dos convenios firmados con el Sena por 20.000 millones de pesos también son chequeados.
Una cueva de ladrones y el Rector García Duarte, cual impostor profesional, lavándose las manos y apenas si reconociendo que su presencia en una mancebía de Teusaquillo fue de escasos «20 minuticos», obviamente pagados con la tarjetica de Muñoz. Para que contabilizar los otros saraos que muy inocente el Ejecutivo recibía en cadena en costosos centros sociales de Bogotá.
Se pregunta uno: si eso es lo que está ocurriendo en una Universidad de Bogotá, qué no estará pasando en el resto de entidades de educación superior del país.
La cosa es gravísima y requiere de una intervención fiscal y disciplinaria profunda, y de una movilización ciudadana gigantesca para frenar en seco este desangre que lesiona el derecho a la educación de millones de colombianos. De una movilización como la que se dio en la consulta contra la corrupción el año anterior (2018).
El punto en cuestión es que, a raíz de la poderosa huelga universitaria del segundo semestre del 2018, el movimiento logro importantes conquistas presupuestales y académicas.
Al cierre de esa histórica rebelión, estudiantes y profesores le arrebataron al Estado colombiano más de $4 billones 500 mil millones (cerca de mil millones de dólares), para resolver el enorme faltante presupuestal de las universidades colocadas en situación de ruina y agonía.
Esos dineros se distribuyeron así: $1.3 billones de pesos para funcionamiento; $850.000 mil millones para inversión; $500.000 mil millones para saneamiento de pasivos. Conviene precisar que el 75% de esto recurso entra al Sistema Universitario Estatal (SUE) y el 25% restantes a las 29 instituciones técnicas y tecnológicas públicas TTU del país.
Se trata de una formidable conquista estudiantil y de una enorme masa de dinero que fluirá hacia las universidades la cual caerá en las manos de una inescrupulosa burocracia como la de la Universidad Distrital, penetrada por la corrupción.
Ese dinero corren el riesgo de perderse en las alforjas de rectores, vice rectores y burocracias criminales por la sencilla razón que el sistema de gobierno y de gestión administrativa de las IES es completamente anacrónico y desueto.
Como vimos con la Distrital, en las universidades publicas el régimen de gobierno es el de unas cleptocracias des institucionalizadas. Las que gobiernan son unas camarillas clientelares, unas roscas de cómplices que ejercen el poder sin ninguna regulación y control constitucional y legal. Allí no funcionan los mapas de riesgos de la corrupción, el control interno es de fachada, las rendiciones de cuentas son una farsa, la Procuraduría esta capturada para impedir la acción disciplinaria, etc.
Quiero citar dos casos emblemáticos de este desplome institucional y ético que amenaza a la sociedad y a la comunidad universitaria.
La Universidad del Quindío
Me refiero en primer lugar a la Universidad del Quindío, de donde soy egresado, en la que impera un sistema arbitrario de gobierno. Allí el flamante Rector Echeverri Murillo y el «facho» de Polania Obando, su Vicerrector, han organizado una camarilla proterva, que amparada en una fementida «autonomía universitaria» (No Constitución, No Ley) dispone de todo y de todos caprichosa y dolosamente. Llevo más de dos años haciendo derechos de petición que no se contestan; haciendo denuncias por adjudicación ilegal de primas entre los directivos; señalando irregularidades en grandes contrataciones para obras físicas como edificios para decanaturas, remodelación de la piscina, remodelación de fachadas y edificios; contrataciones millonarias de transporte para favorecer al ex rector Héctor Polania Rivera; descomunales pagos en restaurantes; multimillonarios desembolsos en viáticos (más de $4 mil millón en pocos mes) al exterior, sin ninguna justificación en favor de Echeverri y Polania Obando; convenios inconstitucionales con la Esap (por $14 mil millones de pesos); reliquidaciones ilegales de pensiones y jubilaciones con un escabroso carrusel que favorece a los directivos en un sistema similar al de Foncolpuertos; escogencia clientelar de catedráticos y de trabajadores administrativos; compra de las recientes votaciones para la reelección de Echeverri; acreditaciones académicas de calidad chimbas, fruto del tráfico de influencias; uso de la mentira, la persecución, la estigmatización y el terror para aplastar las voces críticas, contubernio con la Fiscalía y la Procuraduría para orquestar artimañas penales, y las cosas siguen igual, peor, con muchos riesgos de deterioro.
Como consecuencia de mis denuncias he sido estigmatizado y macartizado por el Vicerrector Polania Obando, dizque de ideólogo de una fantasmatica red ideológica del Eln, lo que obviamente ha tenido graves efectos en mis derechos fundamentales y en mi seguridad, lo que me ha llevado a elevar las denuncias correspondientes con apenas una tibia reacción de la Procuraduría General de la Nación, y ninguna de la Oficina de Inspección y Vigilancia del Vice Ministerio de Educación Suprior.
Este Polania Obando es una réplica neta de William Muñoz el directivo de la Universidad Distrital ya reseñado.
Polania son carros de alta gama (Audis último modelo), turismo universitario, viáticos ultra millonarios, jolgorio en restaurantes y en demás lugares de esparcimiento, costosos saraos, raras fortunas, desorden y desenfreno libidinal y, eso sí, un sistema propagandístico desenfrenado en favor del mercado, el neoliberalismo y las bondades de la democracia liberal en el ultra reaccionario diario La Crónica de Armenia, propiedad de la mafia pereirana, favorecido con la publicidad amañada de Echeverri Murillo.
Universidad de Córdoba
El otro caso es el de la Universidad de Córdoba, otro feudo costeño en manos de un sátrapa medieval que quiere reelegirse hasta el 2030, quien pisotea los derechos de petición que le he presentado recientemente sobre diversos temas de la contratación, como la del transporte escolar sumida en la oscuridad y la discreción. Jairo Torres Oviedo, dispone ahora de casi $70 mil millones de pesos de los conquistados por el paro de los estudiantes y esta es la hora que poco se sabe cuál es el plan detallado de la inversión de esos dineros en maestrías, programas de investigación e inversiones en obras de infraestructura. Lo único que se conoce es que este burócrata emergente hace sus amarres para perpetuarse cual reyecito costeño en la Rectoría hasta el año 2030. Practicas muy cercanas a la cultura paraca y despótica de las autodefensas de Mancuso y Castaño.
Toda esta aberrante fenomenología es la que se propone denunciar la movilización universitaria convocada para el próximo 10 de octubre en toda Colombia, que respaldamos con firmeza.
Sugiero a los líderes de la protesta convocar Audiencias públicas en las Universidades del Quindío, de Córdoba, del Atlántico (ametrallada por la soldadesca duqueuribista) y del Valle, para desenmascarar estos antros corrupción y despojo.
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