Llamado a las y los presos de Colombia: La reforma del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es una oportunidad de movilización y lucha para la conquista de nuestras reivindicaciones «El gobierno del presidente Juan Manuel Santos – dice el tiempo del 16 de marzo- quedó anoche investido de facultades extraordinarias para reestructurar el Estado, […]
Llamado a las y los presos de Colombia: La reforma del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es una oportunidad de movilización y lucha para la conquista de nuestras reivindicaciones
«El gobierno del presidente Juan Manuel Santos – dice el tiempo del 16 de marzo- quedó anoche investido de facultades extraordinarias para reestructurar el Estado, lo que le permitirá ejecutar una profunda reforma en instituciones que han sido objeto de escándalos por corrupción o desgreño administrativo en los últimos años.» «La norma – dice más adelante- tiene un plazo de seis meses para ser puesta en marcha».
Aunque en el caso especifico del INPEC el gobierno ha mantenido bajo reserva el documento con la propuesta oficial de reestructuración, se conoce por otras fuentes que entre las propuesta oficial de reestructuración, se encuentran, por un lado, entregar las funciones carcelarias y penitenciarias a la policía; y por otra parte, reducir las funciones actuales del INPEC a la simple custodia y vigilancia, entregando la administración, salud, alimentación, programas de tratamiento y demás al sector privado.
En el primer caso, si consideramos que la policía en Colombia no es un cuerpo civil sino preventivo desde que dejo de ser un instrumento del Ministerio del Interior ( antiguo Min-Gobierno) y pasó a estar al mando del Ministerio de Defensa, con lo que se dispuso su total vinculación a la guerra como Una más dentro de las fuerzas militares en la estrategia contrainsurgente; entonces, entregarle a la policía la tarea del INPEC es una simple y llana «militarización» del sistema carcelario y penitenciario, lo cual, a la luz del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario no es viable. Específicamente , tanto las leyes de Naciones Unidas como las normas Interamericanas que regulan el tratamiento a las personas privadas de la libertad, máxima si lo están por razones de conflictos armados internos, establece que en los países en conflicto la custodia de prisioneros no puede quedar en manos de las mismas fuerzas que participan de la confrontación. Resulta evidente que serían muy altos los riesgos y mayores las vulneraciones en que los presos – y nuestras familias- estaríamos expuestos.
En el segundo caso, la reducción del INPEC exclusivamente a sus funciones de custodia y vigilancia para entregarle por concesión al sector privado todas las funciones administrativas, hace parte de la concepción y de la estrategia neoliberal del «Estado mínimo» ( y la concepción Uribista del Estado-comunitario) que desmantelan y desmontan las responsabilidades sociales del Estado Social de Derecho, convirtiéndolo en un simple garante del libre juego de las leyes de mercado , y consecuentemente, aquellas «responsabilidades sociales» dejarían de pertenecer al ámbito de los Derechos Fundamentales ( y de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC) para convertirse en «productos y servicios», que por vía de esta privatización mas o menos disimulada explotarían las empresas contratistas para las cuales, nosotros los presos ( y en la medida que no producimos sino que dependemos por completo de nuestros seres queridos), claro, y nuestras familias seríamos «clientela cautiva». Esto por sí solo es aberrante, pero incluso en el plano del mercado mismo es ilegítimo que el ofertante tenga todas las garantías por parte del Estado, mientras que los demandantes- o clientes del servicio- o sea, nosotros los presos y nuestras familias, estemos atados y obligados como su clientela privada, a consumir sus servicios, como clientela esclava.
Como si fuera poco, a través de las mismas fuentes extraoficiales, hemos sabido que las empresas que vienen haciendo antesala para las licitaciones del contrato de «administración carcelaria y penitenciaria» son constituidas por reinsertados y desmovilizados: ¡Negocio redondo en el que han convertido el conflicto y la guerra que padecemos los colombianos!
Ahora bien, siendo como lo ha sido hasta hoy una institución corrupta e inoperante, el INPEC, sin lugar a dudas necesita una profunda reestructuración, ella es válida y necesaria para que se acabe la violación de los DDHH, para que se acabe el clientelismo y la burocracia, la negligencia, el despilfarro de recursos públicos, para que se procure cumplir con una función social humanizadora y socializante, etc.; pero esta reforma debe ser democrática.
Por reforma democrática queremos decir, participativa y deliberatoria, construida en un escenario donde estemos presentes todos: gobierno, funcionarios administrativos, empleados, el de la guardia, los jueces de ejecución de penas, defensoría del pueblo, contraloría y procuraduría; pero también las y los presos (sindicados y condenados; sociales, presos políticos y paramilitares), familiares, abogados defensores, ong´s defensoras de los derechos humanos. Un espacio plural donde tengamos voz y voto.
De manera que construyamos una reforma garante de derechos, que retome y fortalezca el Estado Social de Derecho; garante de los DD.HH., sociales, económicos, culturales y laborales. Debemos buscar un Estado sin corrupción, funcional, eficaz y eficiente pero por fuera de la lógica neoliberal y guerrerista. Un Estado de paz y justicia Social, humanista.
Ante el enfermizo del Ministro Germán Vargas Lleras de «un Estado más moderno, eficaz y cercano al ciudadano» convocamos en esta coyuntura propicia a todas y todos los presos de Colombia, familiares, abogados defensores y ong´s defensoras de los derechos humanos para que generemos procesos organizativos, actividades deliberativas para discutir y construir propuestas, pliegos de peticiones; para que iniciemos procesos sólidos y permanentes de comunicación, intercarcelaria; para que iniciemos pronto jornadas de movilización y lucha exigiendo una Mesa de Diálogo, con presencia, participación y voto de todos nosotros en la construcción de la reforma, tanto del INPEC, como de la reforma a la justicia (Códigos penal y penitenciario).
Esta es una oportunidad para conquistar las reivindicaciones que se nos han arrebatado o aquellas que están por lograr: Dignidad en todo nivel, subrogados, asistencia social para hijos y familiares, garantías a post penados, acercamientos familiares y procesales, salud, trabajo y estudio, políticas integrales de reinserción social, etc.,etc.,etc.
¡PEDIMOS LA LIBERTAD, PERO, MIENTRAS SIGAMOS CON VIDA ESTÁ TODO POR GANAR!
INTERNOS TORRE 1 DE CÓMBITA, BOYACÁ.
MARZO DE 2011