El 21 de noviembre en horas de la tarde , el Coliseo Cayetano Cañizares , al sur occidente de la Bogotá, albergaba los rostros endurecidos por la adversidad de más de mil niños , mayores, hombres y mujeres, que laboran con 1.200 toneladas de las 7.500 toneladas de basura que produce cada día la ciudad, […]
El 21 de noviembre en horas de la tarde , el Coliseo Cayetano Cañizares , al sur occidente de la Bogotá, albergaba los rostros endurecidos por la adversidad de más de mil niños , mayores, hombres y mujeres, que laboran con 1.200 toneladas de las 7.500 toneladas de basura que produce cada día la ciudad, recorriendo grandes distancias, enfrentando la inclemencia de la noche andina, las enfermedades provenientes de los desechos que manipulan y, en no pocas ocasiones, la persecución policial.
De pronto, en medio de los anuncios que hacía el director de la entidad distrital encargada de los servicios públicos, Henri Romero, sobre el nuevo manejo de las basuras, que recupera para la administración pública a partir del 18 de diciembre un negocio privatizado que genera 26.000.000.000 de pesos mensuales- más de 13 millones de euros -, la directora del instituto distrital de participación ciudadana, Aura Ruiz, anunció que la Súper Intendencia Industria y Comercio, organismo del orden nacional, había allanado la sede del Acueducto de Bogotá, entidad pública distrital encargada de asumir la nueva gestión de las basuras.
La recuperación pública del manejo de las basuras significa el tránsito hacia un modelo ecológico en el cual los desechos dejan de ser depositados en un inmenso vertedero – rindiendo descomunales beneficios a un par de empresarios que ganan por cada kilo de basura recogida y transportada- y comienzan a ser tratados en términos de clasificar en la fuente, reducir, reciclar y reutilizar, incorporando, además, en condiciones de dignidad a más de 26.000 seres humanos que sobreviven en medio de la precariedad y perpetuán, hasta ahora, el linaje de la exclusión y la aceptación de la violencia como un sino inexorable.
El Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Santos, que hasta ahora ha procurado desde el Palacio de Nariño desmarcarse de la profunda crisis de legitimidad estatal entregada por su antecesor, gravemente comprometido con la deriva de un Estado sometido al narcotráfico y la criminalidad política, ha dado, al autorizar la intervención en la administración pública de la capital de Colombia, un paso que afecta la amplia credibilidad que ha ganado.
El nuevo gobierno distrital está realizando un viraje histórico en el manejo de los asuntos colectivos en Colombia. El anterior gobierno distrital, que nominalmente era de izquierda, en realidad gobernó, en las área decisivas de la administración, sirviendo con medios corruptos, los intereses espurios de una ambiciosa camarilla, sin afectar en absoluto los núcleos duros de poderosos intereses que han mantenido la deriva catastrófica de un conglomerado humano que supera los ocho millones de habitantes.
La nueva administración distrital está trazando un rumbo, en gran parte de sus áreas, que significa un modo de gobernar inédito en Colombia: el servicio a la población, en especial a la más golpeada y excluida; el trazado de un rumbo de rescate y cuidado de la vida y su dignidad, en un contexto global de crisis civilizatoria que exige nuevas maneras de habitar la tierra.
El anuncio de la intervención de la Súper Intendencia de Industria y Comercio , desencadenó una reacción inmediata de los recicladores reunidos en el Coliseo Cañizares, y con el apoyo de los transportes ofrecidos por el instituto de participación distrital , pero también en carros de madera y en camiones, se produjo una impresionante movilización hacia la sede del Acueducto, para expresar su decisión de respaldar con su vida el principio de justicia, largo tiempo postergada, que ha anunciado la nueva administración distrital en cabeza de Gustavo Petro Urrego.
La Corte Constitucional de Colombia produjo en el año 2011 un auto que reconoce al Alcalde de Bogotá la potestad de decidir sobre el manejo público o privado de las basuras. Pero más allá del tema jurídico, lo que está en juego son dimensiones vitales del porvenir político de la capital y del país. O se reconoce el derecho a la existencia de expresiones políticas que encarnen el clamor de justicia postergada, o se deniega ese derecho para mantener un orden de injusticia erigido en la barbarie y el engaño. O se asume que la paz, hondamente anhelada, se enraíza en la justicia y el respeto al decoro de cada habitante de nuestra tierra, o se intenta perpetuar lo imperpetuable: el gobierno de las mafias y su incurable ceguera en el trazado de un horizonte de vida y dignidad para nuestra gente (1).
NOTAS:
(1) Ver: http://www.semana.com/wf_
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