Una planta de tratamiento de aguas servidas, inaugurada hace menos de dos años en la capital chilena como «la más moderna de América Latina», se convirtió en un gran foco de producción de lodos fecales que se transportan por municipios pobres a través de la llamada «ruta de la caca». Vecinos de nueve municipios que […]
Una planta de tratamiento de aguas servidas, inaugurada hace menos de dos años en la capital chilena como «la más moderna de América Latina», se convirtió en un gran foco de producción de lodos fecales que se transportan por municipios pobres a través de la llamada «ruta de la caca».
Vecinos de nueve municipios que reúnen a un tercio de la población de Santiago realizaron una protesta ante la compañía francesa Suez Lyonesse des Eaux, accionista mayoritaria junto a Aguas de Barcelona de la firma Aguas Andinas, dueña de la planta La Farfana, creada en 2001 tras el proceso de privatización en 1999 de los servicios sanitarios.
Alberto Muñoz, dirigente de la Coordinadora Multisocial e Intercomunal de la Zona Poniente, donde residen 1,5 millones de personas, estuvo en París ese mismo día, el viernes 13, para acompañar una manifestación ante la casa matriz de Suez Lyonesse, donde se efectuaba una reunión de accionistas de la empresa, que dio lugar a protestas en varias ciudades del mundo.
Sólo 45 días después de su inauguración en octubre del 2003, La Farfana tuvo la primera falla de sus biodigestores. Una nueva crisis se suscitó el 21 de octubre del 2004, cuando la pestilencia indignó a los vecinos del sector poniente de Santiago, quienes además de sufrir las emisiones han visto aumentar sus cuentas por consumo de agua en hasta 200 por ciento.
El senador Nelson Ávila, del cogobernante Partido Radical Socialdemócrata, admitió a IPS que la privatización sanitaria «no ha mejorado para nada la calidad del servicio, se ha encarecido notablemente el costo del mismo y, lo más grave, es que las pocas inversiones que se acometen están siendo solventadas por los propios usuarios».
Johnny Carrasco, alcalde del municipio de Pudahuel, donde está ubicada la planta, y John Maulén, dirigente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Maipú, otro de los municipios afectados, dijeron a IPS que hay discriminación de las zonas pobres, que se traduce en negligencia para enfrentar esta crisis ambiental.
El mal olor registrado en octubre de 2004 se suscitó por la acumulación de 30.000 toneladas de lodos y excrementos, cuyo retiro inmediato fue exigido por el Servicio de Salud del Ambiente, que sancionó a Aguas Andina con una multa superior a 100.000 dólares y la suspensión del cobro por el tratamiento del líquido en las cuentas de agua potable.
Todo ello le significó a la empresa pérdidas por cerca de dos millones de dólares mensuales.
La compañía catalano-francesa dispuso medidas de mitigación tendientes a controlar la emisión de olores mediante un proceso de aceleración del secado de los lodos y su traslado hacia un vertedero del municipio de Tiltil, a 80 kilómetros al noroeste de la capital. El trayecto, por siete comunas fue bautizado como «la ruta de la caca».
El 25 de octubre, uno de los camiones derramó el lodo en la vía pública, provocando un accidente automovilístico y la ira del presidente Ricardo Lagos, quien ordenó al embajador en España, Enrique Krauss, exigir a los ejecutivos de Aguas de Barcelona soluciones de fondo y suspender el cobro del servicio de tratamiento de aguas a los vecinos afectados.
La privatización de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, creada en 1977 como heredera de Empresa de Agua Potable de Santiago, fundada a su vez en 1861, se inscribió en un Plan de Saneamiento Hídrico de la Cuenca de Santiago, que prevé 16 plantas para tratar 100 por ciento de las aguas servidas generadas en la capital y localidades periféricas.
La Farfana, segunda planta después de El Trebal, es la quinta más grande del mundo y procesa un caudal promedio de 8,8 metros cúbicos de agua por segundo, que corresponden a 50 por ciento de las aguas servidas generadas por una población estimada 3,3 millones de personas. Demandó una inversión del orden de los 315 millones de dólares.
Ante las fallas operativas de la planta, Aguas Andinas planteó una solución estructural y un plan para el manejo de los lodos en La Farfana. Más tarde, ejecutivos de la firma sanitaria anunciaron que, una vez retiradas las toneladas de lodo, se haría lo mismo con los residuos que se «sigan produciendo».
Mauricio Ilabaca, secretario regional del Ministerio de Salud, aseguró a IPS que La Farfana cumplió con los estudios de impacto ambiental y las normativas públicas sobre la materia.
«Lo que ocurrió es un desperfecto en la operación que nadie quiso que ocurriera. Por ello, correspondió actuar drásticamente con la empresa sanitaria y demandar la reparación y el traslado de los lodos, evitando el impacto a nivel de la salud de la población», detalló.
Ilabaca negó un sesgo discriminatorio de las autoridades en este caso, puesto que técnicamente una planta de tratamiento de aguas servidas se ubica curso abajo, es decir, en la zona poniente de Santiago.
«Uno de los aspectos fundamentales de este gobierno es abordar las inequidades y desigualdades. Hay que intervenir eficiente y oportunamente con la gente de más escasos recursos por su situación de mayor desprotección frente a situaciones de riesgo de la salud», sostuvo el médico y funcionario gubernamental.
Maulén lideró la protesta ciudadana frente al edificio de Aguas Andinas en su calidad de dirigente de la Agrupación de Consumidores y Usuarios de Maipú, que forma parte de la coordinadora aglutinante de las distintas comunas (municipios) afectadas.
El problema ambiental de La Farfana no se ha superado y sólo se inicia el plazo de 60 días para reclamaciones ciudadanas otorgados por la ley para situaciones de impacto ambiental, apuntó Maulén.
«No sabemos si nuestra opinión será considerada, porque este es un tema técnico y también político y la presión de Aguas Andinas al gobierno y a los medios de comunicación no es menor», advirtió el dirigente.
La planta «falló por un problema de fondo, si ellos prometieron no malos olores y tratar todo en La Farfana, es inaceptable que planteen el traslado de los lodos, que fue una medida de emergencia, que resolvería los problemas de acuerdo a su nuevo estudio de impacto ambiental», sostuvo.
«Aquí también hay responsabilidad del Estado, que posee 35 por ciento de las acciones de la empresa sanitaria», agregó Maulén. Las autoridades aceptaron sistemas de secado solar de los lodos inviables en el clima invernal de Santiago, así como la instalación biodigestores anaeróbicos (purificadores de aguas) inapropiados para La Farfana, indicó.
El activista se preguntó si la lenta reacción de las autoridades habría sido la misma si se tratara de vecinos de las comunas más ricas de la ciudad. «En La Dehesa (municipio de altos ingresos) existe una planta de tratamiento de aguas servidas pequeñita que está completamente techada y no emite ningún mal olor», acotó Maulén.
«Estamos en un escenario donde vamos a descubrir si el Estado está a favor de la empresa privada o de la comunidad», sentenció el activista.
Por primera vez, Aguas Andinas declaró su deseo de establecer una mesa de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, con la Universidad de Chile como mediadora.
A su vez, la coordinadora intercomunal presentará sus observaciones técnicas al gobierno y continuará sensibilizando a la comunidad y agitando el problema a través de la prensa.
La comuna de Pudahuel no sólo aloja a La Farfana y sus pestilencias sino que además tiene el cauce bajo del río Mapocho, que recoge 25 por ciento de las aguas servidas de 11 municipios antes de cruzar su territorio al poniente de Santiago.
El alcalde Carrasco ha encabezado las denuncias ante el gobierno de Lagos y sostuvo a IPS que «parches más, parches menos, el tema no se ha superado». Los vecinos han reclamado «sistemas de secado que obedecen a tecnologías más caras en las que la empresa debe gastar». «El traslado de lodos es acarrear el problema de un lado a otro, nada más», sostienen.
«Con las dificultades técnicas, el proyecto (de La Farfana) fracasó y las instituciones gubernamentales que lo aprobaron tienen que rendir cuentas sobre ello», advirtió.
Carrasco está convencido de que el clasismo impera en Chile. «Siempre los sectores más modestos están cargando con el peso de la tranquilidad de toda la región. Algunos aludirán a factores técnicos, pero al menos merecemos tener compensaciones, que las cosas funcionen y no estar pagándoles la cuenta a todos los que viven bastante mejor que nosotros», dijo.
El alcalde hizo un reconocimiento a la intervención directa del presidente Lagos en esta crisis. Pero «la voluntad debe ir acompañada de políticas y decisiones firmes para entregar soluciones».
«Se debe invertir lo necesario por respeto a la calidad de vida de la gente que lleva dos años reclamando y, la verdad, estamos cansados» recalcó.