Algunas consideraciones en torno al proceso constitucional

1. Es cierto que este proceso ha sido arrancado por las grandes movilizaciones durante el estallido social y que el bloque en el poder no tenía pensado soltar ni siquiera una migaja al pueblo. Pero también es cierto que el llamado “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” que firmaron los mismos partidos que han gobernado las últimas décadas y que han defendido los intereses de las clases dominantes (desde la UDI hasta los partidos de la ex-Concertación), así como parte del Frente Amplio, que ha mostrado un oportunismo notorio en la búsqueda de integrarse al sistema político institucional, fue un acuerdo por buscar la salida conservadora de las instituciones que permitiera desmovilizar a los sectores populares o, al menos, aislar a los sectores más radicalizados.
2. El escenario institucional al que han reconducido el proceso de irrupción social, favorece una salida a la medida de los partidos que saben moverse en ese ambiente. Es una finta táctica que permitió retomar el control de la coyuntura, con el objeto de contener la movilización social y evitar el fortalecimiento de demandas que buscan cambios de fondo.
3. La situación actual es propicia para el bloque en el poder, dado que las organizaciones populares carecen, por ahora, de organicidad y programa unitario como para ejercer algún grado de hegemonía del espacio institucional.
4. Existe, además, una posibilidad importante de que ocurra algo similar (guardando las proporciones históricas) a la derrota popular del plebiscito del 89 (con la alegría que nunca llegó). Al surgir una constitución reformada, apoyada por nuestro pueblo vanamente esperanzado, que delimite un marco que no puede ser –en lo fundamental– muy distinto a la actual (porque no se tocarán las ventajas para los negocios del gran empresariado en salud, educación, AFP, forestales, minería, etc.), ésta aparecerá como una constitución legitimada y respaldada por la mayoría (a través de un “plebiscito de salida”) sin que pueda representar el interés del movimiento popular (salvo que en cortos 2 años sea posible generar una fuerza popular tal que sea posible impugnar el proceso y sus resultados). O sea, pudiera surgir de este proceso un nuevo statu quo que de estabilidad institucional (momentánea, en todo caso, porque no se estarían resolviendo las contradicciones fundamentales del neoliberalismo chileno) al modelo actual, con ciertos retoques “progresistas” pero con un mismo patrón de acumulación. Solo si el pueblo se moviliza y presiona el proceso constitucional por fuera, en el contexto de una eventual Convención Constitucional, podrían agudizarse contradicciones internas al organismo que potencialmente generen explosividad social si el pueblo se siente engañado o mal representado.
5. También se ha planteado una “corrida de cerco” institucional, lo cual tiene poco sustento teniendo en cuenta el modo en que han funcionado las instituciones en las últimas décadas: “mesas de diálogo” y acuerdos engañosos “por arriba” con “mesas técnicas” o “consejos asesores” que han servido solo para mantener las cosas tal cual o empeorarlas (estudiantes y profesores lo saben bien, tras la aprobación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad que vino a reemplazar a la LGE). Hasta aquí, no se ha conquistado ningún avance desde las instancias institucionales en que los partidos tradicionales son fuertes, sino solo a punta de movilizaciones. Además, el patrón de acumulación de capital actual (“neoliberal”) no permite una democratización relevante sin poner en riesgo las bases del modelo. Porque si permite objetar desde la Constitución la propiedad de los grandes conglomerados nacionales y trasnacionales (en las AFP, por ejemplo), entonces correría el riesgo de echar abajo un pilar central de este modelo. Y si ocurriera eso, las armas constitucionales se volcarían sobre el pueblo, como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia más de una veintena de veces. Por ello, antes que una corrida de cerco real desde lo institucional, sería más factible lograr esa corrida de cerco desde la movilización popular.
6. Si bien en un primer momento los partidos de la derecha tradicional, mayoritariamente, optaron por el Rechazo, posteriormente fue ganando fuerza la tendencia que llamaba a apoyar el Apruebo e insertarse en el proceso desde el lado “reformista”, con el fin de ganar adeptos, asegurar más escaños en una futura Convención Mixta o Constitucional (ésta última la más probable) y, al mismo tiempo, acotar cualquier posible cambio.
7. Caben pocas dudas de que en el plebiscito ganará el Apruebo y la Convención Constitucional. El margen que se logre puede tener relevancia si la cifra es más bien contenida (menos del 60-65%) o si se dispara (sobre el 80%), en cuanto a impacto público y potenciación o debilitamiento de las posturas más reformisas burguesas (porque no se puede hablar de fortalecimiento de posturas populares).
8. La estrategia del bloque dominante ha caminado desde la apuesta por debilitar el Apruebo y fortalecer el Rechazo, al control relativo de la futura Convención Constitucional, apuntando a obtener la mayor cantidad de escaños posibles. Si pensamos que existe una parte de la derecha tradicional (la mayor parte de la UDI, RN y Evópoli, además del Partido Republicano y sectores fascistoides) trabajando por el Rechazo, con otra parte de sus mismas filas por el Apruebo pero defendiendo la Convención Mixta (como Lavín y Longueira, además de algunos personajes de RN y Evópoli), más los partidos de la ex Concertación (que se coronaron como los mejores administradores del neoliberalismo en Chile) acaparando buena parte de la campaña por el Apruebo, nos queda que el bloque en el poder tiene un control importante y mayoritario de los destinos de este proceso. Mientras, la izquierda ha quedado relegada al margen, con la excepción de parte del Frente Amplio (que espera su oportunidad para entrar en una coalición reformista gobernante al estilo Concertación 2.0) y el esfuerzo del PC.
9. La apuesta del PC con Apruebo Chile Digno, que agrupa a una docena de partidos, es un espacio que presionaría desde la izquierda, pero que está francamente limitada por el copamiento de los partidos del bloque en el poder de las distintas instancias del proceso (Apruebo, Rechazo y, eventualmente, escaños constitucionalistas).
10. Si bien existen diferencias entre los partidos de la derecha tradicional y los partidos subordinados a las clases dominantes provenientes de la ex-Concertación, sostienen un acuerdo fundamental en torno a los cimientos del modelo. Los segundos, sin embargo, están mucho más dispuestos a generar un proceso de reformismo burgués sutil, contenido, donde también se vienen sumando personajes importantes de la derecha tradicional (Desbordes desde un comienzo hasta Longueira y Lavín recientemente).
11. Aún no se ha abierto un proceso constituyente, sino un proceso constitucional. No se creará una Asamblea Constituyente, sino una Convención Constitucional que trabajará en torno a reformar la constitución Pinochet-Lagos, pero dentro de ciertos márgenes precisos (Ley 21.200), como la imposibilidad de tocar otros órganos del Estado, los Tratados Internacionales y la regla guzmaniana de los 2/3. Por lo demás, quienes mayores probabilidades tienen de obtener escaños son aquellos respaldados por los partidos del bloque en el poder, dado que se rigen por la Ley de Partidos actualmente vigente.
12. No tiene sentido llamar a boicotear el proceso, aunque en otras condiciones, lo más coherente habría sido llamar a no reconocer el proceso abierto por el acuerdo “por arriba” de los partidos del bloque en el poder. No da lo mismo que gane el Apruebo o Rechazo en términos simbólicos, para una vasta población que ha cifrado sus esperanzas en este coartado proceso. Pero se deben tener muy claras las limitaciones y los márgenes de este proceso, porque de aquí no saldrá una Constitución revolucionaria, feminista, decolonizadora, etc. No tenemos la fuerza política ni orgánica como pueblo para conquistar aquello.
13. En este sentido, hay pocas posibilidades de que un proceso paralelo “constituyente” logre generar efectos reales (más allá de lo testimonial), lo que no invalida su realización y, es más, hermana los esfuerzos en la comprensión del carácter engañoso del actual proceso y la definición del camino popular como única posibilidad real de cambiar la situación social.
14. El actual período político abierto con el estallido social, está marcado por su carácter “transicional”, dado que la única posibilidad de resolverse es o con el cambio en el modo de acumulación de capital (salida “por arriba”) o con un cambio radical del sistema capitalista (salida “por abajo”). Por ello, la contradicción principal está marcada por la constitución de un sujeto popular (con proyecto político y programa de reivindicaciones) vs la reconfiguración del bloque en el poder en torno a un nuevo proyecto de acumulación de capital.
15. Desde el movimiento popular, la principal tarea que surge es comenzar a construir un polo popular, generando fuerza propia, desde las organizaciones que se ha ido generando el pueblo a distinto nivel. Por ello, es importante disputar los sentidos simbólicos del proceso, no para hacerse parte de una u otra opción (que para eso hay varias organizaciones y muy pocas posibilidades de maniobra, como hemos planteado), sino para reivindicar la necesidad de impulsar un proceso constituyente soberano como parte de las demandas programáticas del movimiento popular, como punto de llegada (porque no podrá surgir una nueva constitución de carácter popular si no nos constituimos como sujeto político, es decir, como fuerza social con proyecto político y capacidad de disputar el poder de las clases dominantes) en torno al cual se vayan articulando las fuerzas que apunten a transformar las bases del capitalismo contemporáneo.