La pandemia puso de relieve con especial crudeza que la Sanidad Pública universal y de calidad es un pilar esencial para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad dado que las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos llevaron a una descapitalización que se tradujo en recortes, desmantelamiento y privatización favoreciendo el negocio privado con la sanidad y debilitando sobremanera el derecho a la salud de las personas.
Es innegable la deriva sibilina que desde hace más de tres décadas se ha favorecido desde el Ministerio de Sanidad (bajo mandato de la derecha o de la socialdemocracia) que marca la pauta para que desde las distintas Consejerías Autonómicas al aplicar las competencias, se impulsen todo un conjunto de políticas a favor de los sectores con intereses lucrativos en el terreno sanitario, como mutuas patronales, compañías de seguros privados, corporaciones médicas, patronal de las clínicas privadas además de la industria farmacéutica y la de tecnologías sanitarias.
Sin embargo, la privatización no se ha realizado de la misma manera en todas las CCAA, porque depende de la introducción de criterios más o menos neoliberales por los gobiernos autonómicos y de la capacidad de la ciudadanía y de las fuerzas sociales y políticas para evitarla.
Sin dudas, para acabar con dicha deriva es objetivo prioritario la derogación de la Ley 15/97 y el blindaje de la provisión y gestión pública de los centros sanitarios financiados públicamente, cerrando el paso a nuevas privatizaciones y favoreciendo la reversión de lo privatizado. Es fundamental también cerrar “puertas entreabiertas” como la que dejó en su día el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, sobre los conciertos con empresas privadas, que finalmente supuso “barra libre” para privatizar el sistema sanitario, conviene recordar que hasta el presente la gestión pública debía de utilizarse de forma “preferente” con los resultados de todos conocidos.
Para ello, la reciente movilización de Madrid marca el camino, ya que solo la presión social y política logrará torcerle la mano a los poderosos intereses lucrativos que siguen bloqueando los cambios necesarios señalados que debería materializar el Gobierno de coalición PSOE-UP.
En Canarias, han sido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, en solitario o en alianzas alternantes con PSOE o PP, los que han utilizado fundamentalmente el dinero público mediante la vía de los conciertos con las empresas privadas para debilitar a la Sanidad Pública y fortalecer a la sanidad lucrativa. Tampoco el gobierno del «Pacto de las flores», supuestamente progresista, marca distancias con los anteriores al promover la llamada «colaboración público-privada» en el llamado “Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias”, en el que agrupa todo un conjunto de políticas neoliberales continuistas.
En 2022, el porcentaje del presupuesto público de Canarias para sanidad, destinado a priori a conciertos con centros privados, ha bajado a un 7.1%, un dato que tan solo es superado por Cataluña, Madrid y Baleares. Esto significa que este año a conciertos van 245,7 millones de euros, en principio, porque ahora con los famosos fondos europeos Next Generation se aplican partidas extraordinarias para “planes de choque” que se desvían a empresas privadas y es muy difícil saber a cuanto asciende exactamente el «negocio» sanitario privado con fondos públicos.
Las consecuencias de lo que supone la señalada descapitalización y también pésima gestión pública, se han venido constatando desde hace muchos años en los informes anuales de la FADSP sobre los servicios sanitarios de las CCAA desde 2009, resultando que hasta 2021 las dos últimas CCAA eran las mismas en todos los informes (Canarias y Valencia), en 2021 y 2022 Canarias llegó apenas a los puestos cuarto y tercero por la cola respectivamente.
Por otro lado siempre ha sido muy débil en Canarias el reconocimiento de que la salud está fuertemente determinada por el entorno social, económico y cultural (y por tanto por la política), y no se interviene con profundidad (desde la política) en ámbitos económicos, laborales, educativos, de servicios sociales, medioambientales, etc., dejando que se llegue a la enfermedad con todo el cortejo de manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos varios, lo que en suma hace que sea en el terreno sanitario donde se acumulen enormes problemas asistenciales.
Hemos insistido en el pasado sobre la precariedad de los dispositivos de Salud Pública en nuestra comunidad a la que se le ha venido destinando tan solo un 0,98 %, incluidas las vacunas, del presupuesto de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Tal cosa la hemos relacionado a su vez con los malos indicadores de salud de la población canaria que derivados de las desigualdades sociales en salud por el desempleo, la pobreza, marginación social, etc., se traducen en la esperanza de vida más baja del Estado español, menos la de Andalucía, por la mortalidad por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica…. Los dispositivos de Salud Pública también han manifestado sus debilidades en el curso del desarrollo de la pandemia en Canarias en la que el incremento de la partida presupuestaria hasta un ridículo 1,19% no deja de ser una confirmación de lo dicho.
Venimos de un escenario en Canarias en el que se han dado distintas movilizaciones profesionales y ciudadanas de las que cabe resaltar la dispersión de las mismas que a su vez expresan la falta de la necesaria unidad para “golpear juntas”, ¡Por eso la de Madrid es todo un ejemplo para Canarias! Madrid marca el camino: el de la más amplia confluencia con el objetivo de imponer transformaciones en las grandes cuestiones estructurales. Esa debe ser la meta, tanto en Madrid como en Canarias. También, reivindicamos, entre otras, algunas medidas urgentes, absolutamente necesarias en cuanto a: financiación suficiente de la Sanidad Pública, potenciar la prevención y Salud Pública, potenciar y desmedicalizar la Atención Primaria al satisfacer las necesidades sociales de la población que el actual modelo transforma en enfermedades y tratamientos medicamentosos, afrontar las listas de espera mediante el reforzamiento al 100% de los centros sanitarios públicos, ampliar camas de media y larga estancia y una Ley Canaria de Salud y Sanidad que garantice la estabilidad organizativa y de las políticas públicas de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria.
Arturo Borges Álamo es médico jubilado.