Cumpliéndose la tercera semana de movilización y protesta popular en Chile, el descontento no ha logrado ser aplacado ni por el gobierno, ni por el bloque en el poder en su conjunto. Diferentes han sido las tácticas que ha buscado utilizar Piñera para acabar con este alzamiento popular, las que resultan completamente infructuosas. En primer […]
Cumpliéndose la tercera semana de movilización y protesta popular en Chile, el descontento no ha logrado ser aplacado ni por el gobierno, ni por el bloque en el poder en su conjunto.
Diferentes han sido las tácticas que ha buscado utilizar Piñera para acabar con este alzamiento popular, las que resultan completamente infructuosas. En primer lugar, las distintas formas de represión fueron la primera medida adoptada por el gobierno, que han sido una constante y pareciera ser que en vez de mitigar, la opción de éste es recrudecer. La declaración de Estado de Excepción y la consecuente salida a la calle de militares fueron la primera muestra, que ha implicado violencia y violación sistemática de los derechos humanos aun habiendo levantado la medida de Estado de Excepción. Las cifras de muertos, heridos, traumas oculares, torturados, desaparecidos, abusados sexualmente y violados son impactantes, asumiendo incluso, que pueden no estar todas registradas. Además de todo esto, la persecución, hostigamiento y detención a dirigentes sociales, estudiantiles y sindicales en sus lugares de trabajo y sedes, así como el secuestro de jóvenes en medio de la calle por funcionarios encapuchados, son prácticas que demuestran como la represión se agudiza cada vez más. Pareciera ser que pese al contundente rechazo generalizado, el presidente sí declaró la guerra al pueblo que lucha, situación que volvemos a comprobar con los proyectos de ley «anticapucha», «antibarricada» y «antisaqueos» y la convocatoria por parte del ejecutivo al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Junto con ello, hemos visto como los medios de comunicación al servicio del capital han comenzado a desfigurar el concepto de violación a los derechos humanos, buscando victimizar a las y los carabineros heridos en las protestas, tratándolos como víctimas también de violación a los derechos humanos.
En segundo lugar, han intentado de muchas formas instalar la lógica del enemigo interno para dividir el pueblo y comenzar a fracturar la legitimidad de la lucha y la amplia aceptación de las demandas. Impulsar la generación de grupos de vecinos para resguardar supermercados del saqueo, que rápidamente los medios de comunicación patronal difundieron como los «chalecos amarillos», expresan con claridad la estrategia de «divide y vencerás». Y en esa jugarreta muchos y muchas se han confundido y han terminado trabajando para pelear contra su mismo pueblo. Por otro lado, el permanente discurso y la falsa división entre quienes supuestamente se manifiestan de forma pacífica frente a la delictual violencia de la protesta ejercida por «unos pocos», que ahora la han traducido en el uso de un nuevo concepto inventado, el de «vandalizar». La verdad es que esto, hoy es una falsa dicotomía que el gobierno y la patronal han buscado instalar para criminalizar y deslegitimar un movimiento social y popular que no es más que la consecuencia de décadas de abuso y explotación. Por último, patético fue el intento de apropiación de la gran marcha del día 25 de octubre, instalando un discurso de la paz y la justicia, promoviendo de forma forzosa un discurso completamente incoherente con la realidad.
En tercer lugar, han impulsado una insuficiente «agenda social» que no es más que el tozudo intento por mantener el plan de gobierno inicial con variaciones tan marginales que parecen una burla ante toda la coyuntura. Además de congelar el alza del precio de la luz con poco más de un año de plazo, se ha propuesto la disminución de los precios en medicamentos de farmacias más pequeñas, aumento de un 20% de la pensión básica solidaria y el aumento del salario mínimo a $350.000. Todas estas medidas serán realizadas por medio de subsidio estatal, en definitiva, con dinero que sale de los bolsillos de la clase trabajadora y el pueblo chileno, sin tocar ni mover un pelo de las ganancias de las empresas, quedando demostrado una vez más que este es un Estado capitalista cuyo deber es proteger la acumulación de capital. Lo desastroso y aberrante de todo esto, es que el presidente Piñera se niega a ver la crisis generada en el país, peor aún, se burla del descontento social, de las y los heridos, muertos, torturados y desaparecidos, de la protesta en la calle, sin asumir en ningún momento que es necesario generar cambios reales. Sumado a esto, claramente el cambio de gabinete no fue más que un show mediático orientado a desviar la agenda que el pueblo en lucha ha logrado instalar en la sociedad, situación similar sucederá con la baja a la dieta parlamentaria y la posible normativa que impedirá la reelección de diputados y senadores.
Sin embargo, ya al cumplimiento de la tercera semana de protesta, pese a estas diferentes medidas tomadas por la clase en el poder para aplacar la rabia, queda demostrado el gran salto y avance que la clase trabajadora y el pueblo ha dado en esta lucha. El miedo generado por la represión no ha logrado desmovilizar, por el contrario ha agudizado la rabia y la necesidad de justicia, la criminalización de la lucha no ha restado la adhesión de este gran alzamiento popular, por el contrario, se reafirma permanentemente el nivel de abuso perpetrado por el capitalismo contra el pueblo, y la paupérrima agenda social no logro engañar ni encandilar a nadie, por el contrario todas y todos saben que son falsas promesas que en poco y nada contribuyen. El pueblo se mantiene despierto y en la calle, pese a que sectores minoritarios y más acomodados han comenzado a agotarse y desistir.
Ante esta situación, la instalación de la demanda política por una Asamblea Constituyente se ha tomado las discusiones en algunas asambleas territoriales y sindicales, en los medios de prensa, en las propagandas callejeras y en la discusión parlamentaria.
Parece ser que hay algo en lo que todos los partidos políticos tradicionales están de acuerdo, independiente si son oficialismo u oposición, y esto es la idea de la necesidad de un «nuevo pacto social». Parece que en eso están todos juntos como clase, es decir como burguesía (y con quienes han decidido ser serviles a sus intereses). Parece ser que todos quieren defender la democracia burguesa y temen que se generen demandas políticas que pongan en cuestión el sistema capitalista e instalen la necesidad de transformar estructuralmente la sociedad para construir una nueva. En esa defensa de la democracia a la burguesa (que algunos sitúan en la contradicción democracia/neoliberalismo, dejando atrás la contradicción que rige la lucha de clases, el capital/trabajo), el pacto social se materializaría en cambios en la Constitución, que se desagrega en diferentes vías para ello. Los sectores de derecha conservadora apuntarán a reformas desde el parlamento, otros al modo Bachelet con plebiscito consultivo, y los últimos, al modo de Asamblea Constituyente con discusiones vinculantes desde la sociedad civil.
Todas estas vías responden al pacto social y a la defensa de la democracia a la burguesa ¿Será ésta la propuesta más coherente para los sectores clasistas?
Los cambios a la constitución se han tomado la agenda del actual alzamiento, lo que, evidentemente es una forma de cooptación de la lucha, pues institucionaliza el conflicto, sacándolo del carácter popular que hasta ahora ha tenido, llevándolo al lenguaje de la burguesía, otorgándole un carácter más propio del ciudadanismo, idea que ha tendido permanentemente a marginar a los sectores más empobrecidos, y por ende con más necesidades.
Tomando ese elemento como común denominador a cualquiera de las vías para realizar cambios en la Constitución, es posible diferenciar entre quienes sólo buscan cooptar el conflicto para no realizar cambios reales, y quienes confían en el reformismo como estrategia de transformación de la sociedad. Éstos últimos, han tendido a instalar la lucha de más democracia para afrontar el neoliberalismo.
Las y los clasistas no sólo luchamos contra el neoliberalismo, sino también contra el capitalismo, porque si bien el neoliberalismo como modelo es el que nos tiene en la precariedad actual, sabemos que el capitalismo es el sistema que lo sustenta y lo rige, el capitalismo es la estructura de la sociedad que instala la explotación de una clase sobre otra, y sabemos que, mientras esto no se acabe, no lograremos nuestro completo bienestar.
En ese sentido, si bien la Asamblea Constituyente es una apuesta que da un salto de la lucha netamente económica a una demanda de carácter político, no es la demanda central de las y los clasistas. Desde quienes seguimos creyendo que el principal conflicto se da entre capital y trabajo, y por tanto la historia se dibuja por medio de la lucha de clases, el problema sólo será posible acabando con la dictadura del capital y la construcción de una fuerza propia de la clase trabajadora y el pueblo oprimido, fuerza que se constituye en un poder paralelo al establecido por el orden y la institucionalidad burguesa, el poder popular, capaz de confrontar al capital y sus servidores.
Para ello hoy tenemos tareas que son urgentes. En primer lugar, debemos seguir impulsando asambleas sindicales, estudiantiles y territoriales para que éstas sean el motor de la lucha y estén al servicio de la movilización y la protesta por mantener vivas las justas demandas del pueblo, demandas que son inmediatas, como el ingreso mínimo de $500.000 líquido, pensión básica igual salario mínimo y fin a las AFP, jornada laboral de 40 horas sin flexibilidad e incluida la hora de colación, pago de locomoción y colación en todos los lugares de trabajo, protección a la maternidad y sala cuna realmente universal y sin discriminación ni restricciones, aborto libre y gratuito, fin al lucro en la salud y educación, viviendas dignas, nacionalización de los recursos naturales, autodeterminación del pueblo mapuche y la libertad a las y los presos por luchar.
En segundo lugar, velar por la generación de organización donde no la hay y se fortalezca donde ya existe, que se sustenten en la independencia de clase, en la solidaridad, en la democracia de base, en el fondo, en el clasismo y la combatividad. Sólo así podremos mantener y acumular en el tiempo todo lo avanzado en la actual coyuntura.
En esa misma línea, debemos buscar generar espacios de articulación de los diferentes sectores en lucha para poder a hacer efectivos los esfuerzos de las y los anticapitalistas por rearticular el movimiento popular, en perspectiva de la constitución del poder de la clase trabajadora y el pueblo oprimido. Para ello, el llamado a la conformación de un Polo Social Anticapitalista, que no esté al servicio de los partidos políticos que tienen el poder, así como aquellos que le son serviles, como lo han hecho las organizaciones que componen la llamada mesa de unidad social, es fundamental. Sabemos que somos una fuerza más pequeña, pero tendremos nuestros principios y objetivos claros, y no vacilaremos a la hora de asumir la lucha que nos ha tocado vivir.
Por último, la actual coyuntura ha demostrado que la carencia de conducción política del movimiento y el oportunismo de las y los de siempre por arrogarse la representatividad de un estallido social del pueblo, que si bien fue espontáneo, responde a un acumulado de experiencia y descontento el cual se ancla en el ciclo de lucha abierto el 2006, el cual se ha caracterizado por un ascenso en la lucha reivindicativa, y el aumento progresivo de descontento por una serie de abusos contra el pueblo frente al enriquecimiento de unos pocos, por la colusión de las empresas como el confort o los pollos, los casos de cohecho y financiamiento de empresas en candidaturas y a políticos, los casos de robo en instituciones como carabineros, los casos de abuso impune en las iglesias, entre tantas otras cosas. El alzamiento popular que a todos y todas nos pilló de sorpresa y con pocas herramientas, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir un instrumento político desde la clase trabajadora que permita levantar un proyecto estratégico para avanzar hacia una nueva sociedad. Se hace urgente abrir el debate sobre la necesidad y pertinencia de levantar una herramienta que ya no sólo luche por demandas reivindicativas sino que dedique sus esfuerzos en el plano estratégico, es decir a barrer con el capitalismo. Un instrumento que no venga desde afuera de la clase, ni de los pretendidos «iluminados», sino más bien, del proletariado, esa clase trabajadora consciente que harta de la explotación, decide hacer su propia política, con los medios que define necesarios y con un proyecto claro para avanzar a la victoria final.
Catalina Rojas B. Presidenta Sindicato de Honorarios del Servicio de Salud Metropolitano Central. Secretaria Nacional Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores. Parte de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, AIT.
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