La Universidad Javeriana elaboró una base de datos sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. La relación entre estas empresas y paramilitares permitió la muerte de opositoras al modelo económico y político neoliberal. Una crisis humanitaria que en […]
La Universidad Javeriana elaboró una base de datos sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. La relación entre estas empresas y paramilitares permitió la muerte de opositoras al modelo económico y político neoliberal. Una crisis humanitaria que en menos de 12 días de 2020 ya cobró la vida de 14 líderes y lideresas sociales.
Sectores de la economía nacional como el de la explotación de hidrocarburos, los monocultivos de caña de azúcar y palma de cera, la ganadería extensiva junto a la producción de contenidos en medios de comunicación tradicionales, colaboraron con grupos paramilitares y son responsables de su promoción y consolidación en toda Colombia desde hace más de dos décadas.
Para las empresas los líderes y lideresas no permiten desarrollar sus negocios, por ello necesitaron que los paramilitares utilizaran la violencia en favor de los intereses económicos de empresas como Chiquita Brands y Postobón.
La Ley de Justicia y Paz ó Ley 975 de 2005, que permitió la desmovilización problemática de grupos paramilitares en el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010)-, fue un escenario para que paramilitares como Salvatore Mancuso, el Iguano, Monoleche y muchos más confesaran cómo funcionaban estas estructuras criminales. Varias empresas colombianas e internacionales apoyaron con dinero y logística a las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, según estos comandantes.
RCN Televisión, la Federación Nacional de Ganaderos, Ecopetrol, Chiquita Brands, Postobón, Cementos Argos, son algunas de las varias empresas señaladas durante las confesiones de los paramilitares.
Extractivismo
Por ejemplo, Ecopetrol es señalada por Salvatore Mancuso de pagar un porcentaje del monto de los contratos adjudicados «oscilaba entre el 2 % y el 5 %, dependiendo del valor y la naturaleza del mismo, obras civiles, prestación de servicios o suministro de bienes».
El pago del porcentaje, que confesó Mancuso, podía cancelarse de contado o en cuotas mensuales. En ocasiones, estos desembolsos se hacían en especie, representados en artículos de primera necesidad. Igualmente, Ecopetrol realizó entrega de dinero voluntario a las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- a cambio de seguridad.
Ecopetrol promovió varios homicidios en la mal llamada limpieza social en la zona en donde estaban instaladas las sedes petroleras, «decían que combatían a extorsionistas y guerrilleros, y los pagos a los paramilitares eran hechos directamente por los directivos y administradores de cada una de las empresas. Se consideraba a Ecopetrol como un integrante orgánico de la estructura del Bloque Catatumbo pues tenía capacidad para determinar delitos», sentenció Mancuso.
Monocultivo de caña
Postobón, que pertenece al grupo empresarial de Carlos Ardila Lulle, según Javier Antonio Quintero Coronel, responsable del Frente Héctor Julio Peinado Becerra en el departamento Cesar, le daba mensualmente 15 cajas de bebidas al Frente paramilitar para luego negociarlas en un depósito. Le ordenaban a un carro que repartía las bebidas que las dejara en determinado lugar, y la persona del depósito le daba al Frente $150.000 pesos mensuales. «Eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000», reafirmó Armando Madriaga Picón.
Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como El Iguano, señaló que Postobón en Norte de Santander ayudaba por intermedio de sus directores o administradores, a cambio de seguridad. Los mayores aportes los recibió el Frente Fronteras. Postobón fue una de las empresas más representativas en contribuir con las finanzas del Bloque Catatumbo, una región golpeada significativamente por el paramilitarismo.
Ganadería extensiva
De igual manera, en este departamento del nororiente colombiano, la Federación Nacional de Ganaderos – Fedegan- integró activamente la estructura del Bloque Catatumbo, hasta el punto de «ostentar poder de mando y control», declaró Mancuso. Se le sindicó de utilizar su rol económico para materializar el cumplimiento de los objetivos criminales aliados a la ganadería extensiva.
En Córdoba, el Fondo Ganadero es señalado pues el ganadero Rodrigo García Caicedo sirvió como intermediario para contactar a otros empresarios industriales como Hernán Echavarría, para concretar formas de cooperación con los paramilitares y expandir su alcance criminal en el departamento del Valle del Cauca.
Multinacionales
La empresa Chiquita Brands, de Estados Unidos, según Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como Monoleche, aseguró que el 5 de noviembre de 2001, en el puerto de Chiquita Brands, en el departamento Magdalena, ingresaron 14 contenedores con 3.400 fusiles AK 47 y 7 millones de cartuchos para fusil con destino a los grupos paramilitares, traídos en el buque Otterloo.
«Los contenedores, descargaron en la bodega de Chiquita Brands y la empresa envió una grúa sofisticada para su movilización. Los 14 contenedores, que fueron declarados ante la Dian como un cargamento de pelotas de caucho, fueron trasladados luego a las fincas La Rinconada y La Maporita» explicó Roldán, comandante del Bloque Bananero de las AUC.
En Antioquia Las multinacionales bananeras Chiquita Brands y su filial BANADEX, junto a las Comercializadoras Sunisa S.A, Conserva S.A, Uniban, Tropical S.A, Proban, Banafrut, Bagatela S.A y Agrícola Rioverde, financiaron de forma periódica a los grupos paramilitares: «pagaron 3 centavos de dólar por caja de banano exportado desde 1997 a 2007», confesó José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras.
Según la Sala judicial que recibió el testimonio de Mangones, la canalización de los recursos -que se dio mediante la CONVIVIR Papagayo-, incidió en las formas de victimización del Bloque Bananero, pues hubo incentivos materiales para asesinar a trabajadores sindicalizados y militantes de partidos políticos de izquierda.
Coca-Cola, que no es mencionada por el estudio de la Universidad Javeriana, fue llevada a juicio en Estados Unidos gracias a las denuncias del sindicato colombiano Sinaltrainal. Esto, porque la empresa norteamericana contrató paramilitares de las AUC para asesinar a 9 sindicalistas en sus plantas embotelladoras entre los años 1990 y 2002.
Uno de los líderes sindicales asesinados fue Isidro Segundo Gil, dirigente del sindicato Sinaltrainal, quien negociaba un pliego de peticiones con la planta de Coca-Cola en Carepa -Antioquia-. La mañana del 5 de diciembre de 1996 un grupo de paramilitares de las AUC llegó hasta el sindicato de la embotelladora y lo asesinó.
Sin embargo, en 2003, la Corte norteamericana desestimó a The Coca-Cola Company como responsable porque el asesinato tuvo lugar fuera de Estados Unidos y por tanto demasiado lejos (física y causalmente) del Cuartel General de la compañía en Atlanta. El Tribunal permitió que el caso siguiera adelante contra dos embotelladoras de Coca-Cola.
Medios de comunicación
En cuanto a RCN Televisión -también del grupo empresarial Ardila Lulle-, el comandante nacional de las AUC, Salvatore Mancuso afirmó que RCN y otros medios de comunicación como Caracol tuvieron «complacencia con el accionar de las autodefensas» por haber transmitido entrevistas en las que se mostraba a Carlos Castaño como «el líder de la lucha contra la subversión».
A pesar de que algunas empresas han sido encontradas culpables de apoyar a los grupos paramilitares, tanto en Justicia y Paz como en la Justicia Especial para la Paz -JEP-, creada en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), se excluyen a estas empresas y personajes como Ardila Lulle para ser condenados.
La verdad es una de las reparaciones más importantes para las víctimas del conflicto social, político y armado que sufre Colombia desde hace décadas. Conocer los responsables de las masacres, asesinatos, desapariciones, desplazamientos, amenazas, entre otros, es un reclamo fundamental para superar la guerra y sus causas.
Entonces, aunque la justicia ordinaria colombiana es la responsable de condenar a personajes de la vida política y empresarial de nuestro país vinculados a crímenes como el asesinato de líderes y lideresas sociales, jurisdicciones especiales como Justicia y Paz y la JEP han demostrado la importancia de su quehacer.
Reparar a las víctimas y garantizar la paz en condiciones de vida digna son responsabilidades del Estado. Negar que grandes empresas como Ecopetrol y Chiquita Brands, así como empresarios como Carlos Ardila Lulle tienen vinculos con el paramilitarismo es como negar la sistematicidad de los asesinatos a líderes y lideresas sociales en Colombia.