La ONG Alianza por la Solidaridad presentó ayer diversos informes realizados en distintos territorios, tanto de España como de Marruecos, donde las mujeres migrantes denuncian las vulneraciones de derechos que sufren y visibilizan todas aquellas resistencias, estrategias y propuestas que construyen frente a estas violencias y obstáculos a los que se enfrentan.
La investigación de Marruecos, realizada por la activista de derechos humanos Helena Maleno, presenta los testimonios de 100 mujeres migrantes, de origen subsahariano, que revelan violaciones importantes de sus derechos fundamentales, generándoles situaciones de gran vulnerabilidad. Las mujeres salen de sus países de origen debido a un conjunto de causas de tipo estructural, comunitario, familiar y personal, donde la migración se convierte en la respuesta frente a esas situaciones de violencia, pobreza y exclusión social que viven en origen. Sin embargo, en las sociedades de tránsito y destino se encuentran con las mismas y otras violencias a las que se tienen que enfrentar.
Es así como la normalización de la violencia se convierte en una estrategia de supervivencia: «A nosotras nos violan, eso es así. Pocas escapamos. También morimos más, de forma más fácil. En el desierto o en el agua. En cada cruce de frontera, si te quedas al borde del agua estás expuesta a más violencia por ser mujer. Cada hombre que ves ya sea negro o blanco, bandido o militar, puede convertirse en un agresor. No puedes vivir con miedo porque te mueres, tienes que vivir sabiendo que tarde o temprano te va a pasar».
Otro de los diagnósticos ha sido realizado por la asociación
AIO.CAT, con testimonios de mujeres que denuncian el racismo institucional y social, la precarización y acoso sexual en los trabajos del servicio doméstico, la dificultad de acceso a la salud y vivienda, la falta de reconocimiento de sus saberes y experiencias y la ausencia de referentes migrantes en los distintos ámbitos.
En el ámbito laboral denuncian la situación de explotación en la que trabajan, sin contrato con jornadas de 14 horas que no se corresponden con un salario real y con acoso sexual, situación que se agrava en las mujeres que trabajan en régimen de internas. Es el caso de una salvadoreña con 9 años de residencia en Madrid:
«El principal problema del trabajo doméstico es que no hay una relación de igualdad, de verte como un trabajador/a e incluso de no verte como persona con sus necesidades. Tus jefas siempre te ven con menosprecio, son pocas las personas que te dan un trato digno».
El hecho de no tener permiso de residencia o la nacionalidad, incrementa los abusos, como relata una congoleña: «Hay momentos que lo he pasado muy mal, un día en una entrevista para trabajo doméstico el dueño de la casa me encerró y me dijo:» antes de irte te vas a acostar conmigo», yo le dije que llamaría a la policía y me echó de la casa a gritos. Yo salí llorando, pero no podía denunciar porque no tenía papeles».
Romper con el imaginario victimista y racista
Las mujeres que han participado de estos procesos quieren deconstruir la imagen victimista y los prejuicios sobre ellas, desde la posición que reivindican como sujetos políticos. Denuncian, especialmente, la Ley de Extranjería como ley racista y discriminatoria que afecta directamente la vida y realidad que les toca vivir a millones de personas en nuestro país, así como los dispositivos del que se vale para controlarlas e incluso privarlas de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) si no tienen papeles.
«Yo he tenido problemas con la policía cuando hacían redadas, nos esperaban en la salida del metro Usera, no había como escapar. Un día pararon solo a dos que tenían aspecto indígena y se los llevaron al CIE porque no tenían papeles» denuncia una mujer boliviana.
En estos informes se recogen también las propuestas que los colectivos migrantes, como el derecho a la salud universal para todas las personas que viven en nuestro país y derogación del RDL 16/2012, la ratificación del Convenio 189 de la OIT que permitiría a las trabajadoras de hogar y cuidados tener derechos como el paro, la presencia de mujeres migrantes en el diseño de propuestas de programas y políticas destinadas a esta población, sensibilización tanto de las administraciones públicas como de la sociedad para combatir el racismo, facilitar espacios de visibilidad para las mujeres migrantes que llevan organizándose mucho tiempo y con apenas recursos.
