Desde diversos sectores de la vida política nacional y de las organizaciones ligadas a la causa de la defensa de los derechos humanos en Chile, viene surgiendo la preocupación por la composición del Alto Mando de las Fuerzas Armadas del país del Cono Sur. Dicha preocupación ha quedado de manifiesto a raíz de […]
Desde diversos sectores de la vida política nacional y de las organizaciones ligadas a la causa de la defensa de los derechos humanos en Chile, viene surgiendo la preocupación por la composición del Alto Mando de las Fuerzas Armadas del país del Cono Sur.
Dicha preocupación ha quedado de manifiesto a raíz de que cinco de los altos mandos más importantes del Ejército chileno ha sido inculpados en los crímenes de alrededor de 30 campesinos en el Municipio de Paine, localidad cercana a la capital chilena y en los crímenes de la Caravana de la muerte.
Los hechos ocurrieron los primeros días del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en donde oficiales del ejército, junto a latifundistas de la zona, participaron en la detención y posterior ejecución de los campesinos. Otros colaboraron directamente con el criminal y Jefe de la Caravana de la muerte, Sergio Arellano Stark.
Ante tal situación abogado de Derechos Humanos han señalado que las Fuerzas Armadas no han sido prolijas en el nombramiento de los cargos que sustentan las instituciones militares.
Estas preocupaciones se enmarcan en el caso del general Gonzalo Santelices Cuevas, quien fuera nombrado jefe de la guarnición militar de Santiago, a pesar de reconocer su participación en el caso Caravana de la Muerte.
El abogado defensor de derechos humanos *Héctor Salazar* pidió más intervención por parte del gobierno dentro de las Fuerzas Armadas para nombrar los cargos, ya que los criterios de ésta no son correctos para estos efectos, como es el caso del general *Gonzalo Santelices*.
Esta situación indudablemente que no es una situación nueva, pues los oficiales que eran más jóvenes al momento del golpe de Estado, hicieron causa común con los altos mandos fascistas que participaron directa en los crímenes cometidos por el régimen militar.
Posteriormente y durante 17 años y más, las Fuerzas Armadas chilenas ha sido formadas bajo los criterios militares prusianos y de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que definen como a su principal enemigo interno; a los sindicatos, las organizaciones sociales del pueblo chileno, además de las organizaciones políticas humanistas, progresistas y de izquierda.
Pero no solo eso, durante los años de la dictadura militar, y en esta democracia restringida y tutelada, oficiales de las Fuerzas Armadas han seguido participando en las escuelas de torturas del Ejército norteamericano. De allí que no es extraño que los altos mandos de las Instituciones militares chilenas tengan un mentalidad absolutamente neofascista.
Otro hecho que refleja esta situación, es la falta de cooperación de las diversas ramas de las fuerzas armadas y de la policía militarizada chilena, en el esclarecimiento de la situación de las violaciones de los derechos humanos, en que se han visto involucrado el personal militar, durante la época de la dictadura.
Otro aspecto que sigue garantizando la impunidad de la FF.AA. es la existencia de la Constitución de la dictadura, su sistema electoral antidemocrático y la Ley antiterrorista que busca aplastar cualquier signo de rebeldía, que ponga en peligro los intereses de la oligarquía económica y financiera del país. En este sentido la mentalidad reaccionaria de los altos mandos sigue prevaleciendo en las instituciones militares chilenas.
El Partido Militar (FF.AA.), dejo traslucir su compromiso con la clase económicamente dominante del país, para los funerales del ex dictador Augusto Pinochet, en donde incluso uno de los nietos del dictador fallecido, en concomitancia con otros oficiales erigió una arenga política en defensa de los crímenes y los robos cometidos por la familia Pinochet-Iriart y sus cómplices existente al interior de las fuerzas armadas.
Pero no solo eso, la ligazón política de loas Altos Mandos del estamento militar con la Alianza por Chile, se ve reflejada en uno de sus principales voceros civiles, que permanentemente sale en defensa de los horrores cometidos bajo la dictadura militar. Iván Moreira, diputado (UDI), cuenta con fuertes lazos en la cúpula militar y maneja además información privilegiada de inteligencia, que lo informa constantemente de los pasos que dan las agrupaciones políticas de izquierda y de centro izquierda, que se encuentran afincadas en el gobierno de la Concertación.
Una fuente de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, nos señalaba además que muchos de los altos mandos se encuentran coludidos con los grandes empresarios de la Alianza por Chile, los cuales directamente o través de sus familias han sido involucrados en los negocios de la clase dominante del país.
Cabe recordar además, que las Fuerzas Armadas chilenas, son una de las Instituciones donde se expresa fuertemente la estratificación social, ello debido a que los oficiales de los institutos armados chilenos, provienen de las capas media alta hacia arriba y es muy difícil encontrar un hijo de obrero, de allí que prevalece en su mentalidad una conducta autoritaria, dogmática, eminentemente reaccionaria y de servicio al 18% más rico del país.
De allí que se hace necesario depurar las fuerzas armadas de todos los oficiales formados bajo la dictadura y que se han visto involucrados en las violaciones de los derechos humanos acaecidos bajo el régimen militar. Ahora el acceso al estamento militar y su escalafón de oficiales es el que debe ser democratizado. Se debe terminar con el negocio del ingreso a las escuelas de oficiales, en donde solo los jóvenes pudientes pueden ingresar a las escuelas matrices de las distintas ramas existentes.
Finalmente hay que desterrar de los institutos armados las enseñanzas neofascista, que proviene de la Escuela de las Américas y que forman oficiales al servicio de los intereses geopolíticos del Imperio y de las oligarquías económica y financiera del país.
Por ello cabe reiterar el llamado que han realizado algunos abogados en donde señalan que…»a futuro es el gobierno el que debe tener mas injerencia en los criterios de ascenso (…) puesto que las propias Fuerzas Armadas no han sido prolijas hasta ahora en este criterio», afirmó Héctor Salazar a la prensa.