La presentación del informe «El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles» por la organización Human Rights Watch (HRW) el 24 de junio puso nuevamente en evidencia la responsabilidad de los jefes militares colombianos en las ejecuciones extrajudiciales de civiles. […]
La presentación del informe «El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles» por la organización Human Rights Watch (HRW) el 24 de junio puso nuevamente en evidencia la responsabilidad de los jefes militares colombianos en las ejecuciones extrajudiciales de civiles.
«Entre 2002 y 2008, la ejecución de civiles por brigadas del Ejército fue una práctica habitual en toda Colombia», señala el documento. «Soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados ‘positivos’ e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos».
Estos casos de «falsos positivos», cometidos a gran escala durante siete años, constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas, afirma HRW.
El escándalo estalló en el 2008 cuando los cuerpos de 17 jóvenes provenientes del municipio de Soacha, una zona remota al sur de Bogotá, fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Los jóvenes fueron engañados con falsas promesas de trabajo en fincas en el departamento de Norte de Santander, ejecutados y luego vestidos con uniformes de combate.
«Política de seguridad democrática»
El presidente Juan Manuel Santos rechazó el informe de HRW por falta de evidencia, declarando que «esa no es la forma de vigilar por el respeto de los derechos humanos». Según Santos, «no hay una sola investigación en contra de estos oficiales, entonces que no vengan a señalarlos y causarles un daño enorme sin ninguna justificación».
Actualmente la Fiscalía General se encuentra investigando más de 3,700 casos de «falsos positivos» atribuidos a militares. Alrededor de 800 efectivos militares de rangos inferiores han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2002 y el 2008, cuando gobernaba el presidente Álvaro Uribe (2002-2010). El actual jefe de las Fuerzas Armadas, general Juan Pablo Rodríguez, y el comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla se encuentran entre los principales acusados de estar involucrados en por lo menos 76 asesinatos entre el 2007 y el 2008.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el 2014, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señala que «toma nota de los esfuerzos realizados para investigar estos hechos y sancionar a los responsables. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se mantienen en una fase inicial y la mayoría de los juicios se han centrado en los oficiales y soldados de bajo rango que participaron directamente en los crímenes, pero no han intentado establecer la responsabilidad, por acción u omisión, de los oficiales al mando, de acuerdo con las normas del derecho internacional».
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consultado por el informativo Sputnik Mundo, señaló que «no es simplemente que unos malos militares hubieran abusado del poder», sino que también existió «un conjunto de políticas públicas que facilitaban la comisión de estos delitos, y eso implica responsabilidad estatal».
De hecho, el presidente Santos fue el artífice de la política de seguridad democrática de combate a los grupos guerrilleros, implementada por Uribe, que fue duramente criticada por las violaciones a los derechos humanos de la población civil y durante la cual se produjeron los «falsos positivos».
«El alto número de falsos positivos (potencialmente 5.000 víctimas), el número de años en los que este fenómeno tuvo lugar (2002-2010), el importante número de unidades implicadas, la calidad de la violación (derecho a la vida violada por la ejecución extrajudicial de civiles), así como el hecho que estas operaciones fueron planeadas, apoyan la idea que estas violaciones pueden considerarse sistemáticas bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Además, se plantean serias cuestiones respecto a la responsabilidad de aquellos en la línea de mando que, bien sabían, o bien deberían haber sabido, lo que estaba sucediendo y no tomaron medidas para atajarlo», añade el ACNUDH.
El senador colombiano Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, resaltó el hecho de que «se está discutiendo todo este asunto de verdad, justicia, y reparación para las víctimas» y que es importante que estas ejecuciones extrajudiciales «salgan a la luz y que las responsabilidades a que haya lugar se asuman».
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7194