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Álvaro Uribe, el vasallo de la guerra

Fuentes: Rebelión

El presidente Uribe, ha dicho que asume la total responsabilidad por el accionar del ejército colombiano en territorio del Ecuador, ha dicho que la acción de los militares en el espacio ecuatoriano, se justificaba plenamente, por la agresión que sufrieran por parte de la guerrilla en ese punto limítrofe de los dos países. Puestos en […]

El presidente Uribe, ha dicho que asume la total responsabilidad por el accionar del ejército colombiano en territorio del Ecuador, ha dicho que la acción de los militares en el espacio ecuatoriano, se justificaba plenamente, por la agresión que sufrieran por parte de la guerrilla en ese punto limítrofe de los dos países.

Puestos en dichas circunstancias, tropas transportadas en helicópteros, ingresaron al Ecuador, logrando abatir en dicha operación al guerrillero y «terrorista» Raúl Reyes, integrante de la dirección nacional de las FARC.

La noticia, no puede dejar indiferente a nadie, expandir un conflicto interno, de manera unilateral, bajo el argumento de la paz futura, resulta bochornoso, tanto para quien la plantea, como para quienes aceptan semejante raciocinio -una cosa está clara- el presidente Uribe, entiende que la única paz duradera es la de los cementerios y en ese predicamento, es capaz de transgredir el derecho internacional, colocando en riesgo la estabilidad de la región.

Sus disculpas públicas, son insuficientes e insultantes, en contraposición con las imágenes tétricas emitidas por la prensa internacional, con ellas como mudo reflejo de la mentira, el mandatario de Colombia y quienes ejecutaron dicha operación, han traspasado los límites de la cordura y de la propia y tan citada razón de Estado, sumándose con ello a la lista de las atrocidades cometidas por cualquiera de las dictaduras de América Latina, la modalidad como en antaño es la misma, dar características de heroísmo bélico a una acción que daña la honra y el espíritu militar en cualquier lugar del mundo.

El asesinato vulgar efectuado, aproxima de modo peligroso al presidente colombiano, a los extinguidos dictadores, que forjaron su fama con crímenes internacionales como los encubiertos por «la operación cóndor» que involucró a las dictaduras de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

Tuvo la oportunidad el presidente Uribe, de capturar con vida al líder guerrillero, pero prefirió el exterminio, tuvo la posibilidad de atribuirse un triunfo táctico importante y optó por enlodar todo, amparado en el principio de extirpación del otro y dejando en claro que Colombia, es para cierto prototipo de colombianos, así no se construye la paz, el terrorismo de Estado, amparado incluso por el voto democrático, debe ser repudiado y condenado por la comunidad internacional.

La muerte de Raúl Reyes, quiérase o no, es en principio un golpe al proceso de apertura y diálogo que la guerrilla pretendía lograr con organismos internacionales y Estados extranjeros, con fines humanitarios.

Por otro lado, deja a los Estados interesados en lograr canjes humanitarios, sin un hombre de confianza con quien negociar, como lo ha expresado públicamente el gobierno francés.

Todo apunta, a que el gobierno de Colombia, desea eliminar a quienes por parte de la guerrilla, puedan ser garantes de un proceso de largo aliento, donde las FARC sean reconocidas como organismo beligerante, pretendiendo además, desprestigiar a los gobiernos latinoamericanos que optaron por apoyarlos en ese camino.

Nadie en su sano juicio, puede suponer que las operaciones de devolución de rehenes, se haya hecho sin negociaciones, la misma Casa Blanca, negociaba con Reyes, a los prisioneros de su nacionalidad.

Las acusaciones supuestamente documentadas, donde se reprocha al gobierno de Venezuela, Ecuador y Nicaragua de acuerdos con la guerrilla, pasan a segundo plano e incluso agravan la situación del gobierno colombiano, pues buscan obtener el apoyo internacional, usando recursos difíciles de sostener en el largo plazo y que en ningún caso disminuyen la falta cometida.

Para los países, es muy peligroso aceptar una acción de esta envergadura, donde el derecho territorial es agraviado, de ahí lo incomprensible de la declaración pública de la Unión Demócrata Independiente, por medio de su presidente y senador, Hernán Larraín, quien recalcó que el gobierno de la Presidenta Bachelet «no puede ser un observador de una situación de inseguridad y riesgo para América Latina, donde se debe poner término al intervencionismo de Chávez por medio de la acción de organismos internacionales, que adviertan o sancionen a Chávez».(La Tercera 3/03/08)

Peor todavía, resulta la declaración pública emitida por el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado Roberto Muñoz Barra, quien sin ningún atisbo de ecuanimidad expresó la necesidad de una protesta formal, debido a la acción del presidente Chávez, porque «amenaza al clima de paz del continente» (El Mercurio 3/03/08).

Ni la derecha, ni este representante de la concertación, se refieren a la acción unilateral del presidente Uribe, en el mejor de los casos, piden una intervención de la OEA.

Afortunadamente, la presidenta Bachelet, y sus asesores internacionales, entendieron que guardar silencio, frente a semejante atropello, comprometía los intereses de Chile, con un aliado que presta su apoyo incondicional a la defensa del territorio marítimo de nuestro país, al ratificar ante la Haya, los tratados que serán presentados por nuestra Nación, en la defensa del espacio marítimo en conflicto.

Resultaría incongruente, defender con la fuerza que se ha hecho la soberanía de nuestro territorio y no acompañar a Ecuador, en su demanda contra el presidente de Colombia, por la violación del espacio terrestre y ejecución de hombres y mujeres, en su territorio, sin previo aviso, violando además del derecho internacional, la legislación interna del Ecuador, que en su artículo 23 establece: «Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 1. La inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte».

Aceptar este agravio, para el presidente Correa, es transformarlo en un vasallo más de los llamados señores de la guerra.

Centro de Estudios Francisco de Bilbao