Ante el monumento de impunidad que se ha erigido en Colombia con el seudo proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, no es nada improbable que en el mediano o largo plazo, el presidente Álvaro Uribe Vélez, decidido impulsor del mismo, pueda ser procesado internacionalmente. Así lo sostiene el abogado constitucionalista y destacado defensor de […]
Ante el monumento de impunidad que se ha erigido en Colombia con el seudo proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, no es nada improbable que en el mediano o largo plazo, el presidente Álvaro Uribe Vélez, decidido impulsor del mismo, pueda ser procesado internacionalmente. Así lo sostiene el abogado constitucionalista y destacado defensor de derechos humanos, Alirio Uribe Muñoz, uno de los voceros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al que está vinculado hace 16 años.
Al hacer un análisis de las graves incidencias en que se ha visto envuelto dicho proceso que deja muchos interrogantes por resolver, este jurista, catedrático y actual vicepresidente de la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) con sede en París, en diálogo con cronicon.net, señala que lo que se está presenciando ante el estupor tanto de la opinión nacional como internacional «es la paramilitarización del Estado colombiano». Por ello, agrega Uribe Muñoz, es muy probable que en algunos años los altos funcionarios del gobierno de Uribe Vélez que han prohijado todo el conjunto de dislates jurídicos y políticos que se han cometido para cohonestar con la impunidad de los paramilitares, sus promotores y financiadores, terminen siendo judicializados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Penal Internacional.
LA REINGENIERÍA DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA
– ¿El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez ha venido señalando que el fenómeno paramilitar ha dejado de existir en Colombia. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración?
– No. A través del Colectivo de Abogados nosotros hemos venido diciendo tanto a nivel nacional como internacional que lo que se está haciendo con el denominado proceso de desmovilización paramilitar es una reingeniería, una reestructuración o reorganización de este sistema de grupos de autodefensa que, es bueno recordar, fueron creados mediante un decreto de estado de sitio en el año de 1965. Estos grupos han tenido vínculos con autoridades civiles y autoridades militares y lo pudimos ver en el año 2006 con el entonces director del DAS, Jorge Noguera y con la misma Presidencia de la República prácticamente. Es decir, el paramilitarismo ha sido como una especie de privatización de la guerra sucia en Colombia, a través del cual se tratado de desviar la responsabilidad de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido desde el Estado contra los disidentes del statu quo, contra aquellos que se consideraban como enemigos internos, etc. Así se ha refundido la responsabilidad de la guerra sucia en Colombia. Estos grupos se salen de control en algunas zonas del país por todos los intereses privados, políticos, económicos y mafiosos, incluso de transnacionales que están detrás de ellos. En fin, de alguna manera el paramilitarismo ha sido como la voluntad estatal de renunciar al monopolio de las armas y delegar en civiles armas de guerra, permitiendo la creación de ejércitos privados que responden a diferentes lógicas y a diferentes intereses, inicialmente como una estrategia netamente antisubversiva y después como una estrategia más de control social. El proceso que se está llevando a cabo con el gobierno de Uribe no es un proceso de desmonte de los paramilitares, ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación, sino que estamos es frente a un mecanismo de limpieza de este fenómeno.
– Si el Estado creó los grupos paramilitares. Ahora que se le salieron de control, el mismo Estado quiere desmontarlos. ¿Esa es la lectura que se puede hacer de este controvertido proceso?
– Efectivamente, pues hay que recordar que desde el año 1965 hasta 1989 los grupos paramilitares fueron legales. Es más, mediante un decreto del año 1994 se trataron de legalizar estos grupos con las llamadas Cooperativas de Seguridad Privadas, Convivir, que en forma entusiasta impulsó Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia. Este intento de legalización fracasó porque la Corte Constitucional en una demanda que presentamos las declaró ilegales. Cuando Uribe Vélez llega a la Presidencia se genera como un clima de confianza entre estos grupos y el gobierno a raíz de su postura antisubversiva y su discurso antiterrorista en que sustenta la llamada política de Seguridad Democrática. Lo que nosotros henos podido constatar es que hoy Colombia está viviendo un gran proceso de impunidad para favorecer a los miembros de estos grupos que no se han desmovilizado sino que permanecen en las zonas de su influencia y por eso la gente se mantiene bajo terror, con el agravante de que se apoderaron de amplias regiones del país. Cuando se inició el gobierno de Álvaro Uribe se hablaba de que había 12 mil paramilitares, hoy el Alto Comisionado de Paz afirma que se han desmovilizado más de 30 mil, pero está diciendo 30 mil colectivamente cuando hay 10 mil desmovilizados individualmente.
– ¿Cómo se explica ese aumento exponencial de 12 mil a 30 mil hombres del paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe Vélez?
– La explicación está en que durante este proceso se ha dado un empoderamiento y fortalecimiento del paramilitarismo y eso incrementó las filas. Pero además, eso tiene otra explicación y es que mucha gente se esta comprando un seguro de impunidad. Sabemos que en las cárceles se están vendiendo los cupos por diez millones de pesos para meter en listas de desmovilizados a delincuentes comunes que están pagando prisión con el fin de que aparezcan como miembros de los diferentes bloques.
NARCOTRÁFICO DISFRAZADO DE PARAMILITARISMO
– Alfredo Molano hace cuatro años en una conferencia en la Universidad Nacional hablaba ya de que potentados narcotraficantes estaban negociando desde entonces la adquisición de bloques enteros de paramilitares para beneficiarse de la mal llamada Ley de Justicia y Paz que en esa época apenas estaba en ciernes. ¿Ustedes en el Colectivo de Abogados han tenido conocimiento de este fenómeno?
– Sí, claro, y de hecho ha sido así todo este proceso. Si se recuerda, la mayoría de los comandantes de casi toda la cúpula paramilitar estaba con solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, sindicados por narcotráfico. El negocio de ellos ha sido volverse teóricamente delincuentes políticos y por eso la ley se hizo con la finalidad de que los que no tuvieran como única sindicación el narcotráfico pudieran acogerse a los beneficios, y al ser condenados en Colombia así sea con juicios aparentes y demás, quedar a salvo de la extradición.
– ¿Pero eso no es un exabrupto jurídico y político?
– Ah claro, no queda ninguna duda, pero a eso están jugando y cuando hemos hablado con el embajador de los Estados Unidos en Colombia sobre ese tema, su posición es que el gobierno de Washington no quiere que la gente se siga echando tiros en este país suramericano. Entonces la reflexión que se hacen los norteamericanos es para qué queremos en una cárcel a Salvatore Mancuso en Estados Unidos si este jefe paramilitar tiene la capacidad de desmovilizar tres mil hombres. Esa es la lógica que manejan ellos, pero conocemos que en Washington existe una tensión entre lo que quiere el Departamento de Estado y lo que quieren otros organismos como la DEA. Unos son proclives a que sean extraditados y otros que prefieren que se deje las cosas como se vienen haciendo en Colombia. Es decir, en Estados Unidos tampoco hay una política homogénea respecto del tema de los paramilitares.
– Con todo lo que ha salido a flote respecto de las relaciones paramilitares y políticos, ¿usted considera que se va a terminar contando todo sobre el fenómeno de las autodefensas que ha sumido a Colombia en una compleja crisis institucional?
– Bueno, contar todo es contar quiénes los financiaron, quiénes los patrocinaron, quiénes han sido los señores de la guerra en este país, cómo ha funcionado todo el tema del narcotráfico, cómo han funcionado los enlaces que tenía cada bloque paramilitar con la Fuerza Pública para no cruzarse en los operativos. Entonces decir toda esa verdad es muy duro y decir que en Colombia hay más de siete millones de hectáreas expropiadas a la fuerza que no van a devolverlas ni nunca las van a devolver, lo cual ha generado un desplazamiento de tres millones y medio de personas, es muy difícil. El proceso no está hecho para que haya verdad.
PARAMILITARES APOSTARON POR LA REELECIÓN DE URIBE
– ¿Entonces este es un proceso de vergüenza y mentira?
– Para todo el mundo y para la comunidad internacional. Según el Comisionado de Paz solo 2200 paramilitares de los 30 mil desmovilizados se han acogido a la Ley de Justicia y Paz, entonces los otros 28 mil 800 ya tienen auto inhibitorio, preclusión de investigación, cesación de procedimiento e indulto por la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de enero de 2003, es decir que más del 98% ya están en la impunidad. Los 2200 que según el gobierno se van acoger a la Ley de Justicia y Paz recibirán sentencias a partir de la aceptación de cargos cuyas penas oscilarán entre cinco y ocho años de condena. Estas personas no van a ir a cáceles sino que se las recluirá en una especie de casas fiscales, a unas colonias agrícolas o a las fincas que ellos tienen. Pero además les van a rebajar 18 meses por haber estado en sitios de concentración como Ralito. Si uno resta todo eso quiere decir que no van a estar en la cárcel. Es un proceso de impunidad absoluta, total, en el que no va a haber ni justicia, ni verdad y menos reparación. Además y para obtener en el futuro más beneficios o para que se consolide esta impunidad, los paramilitares anunciaron el control del Congreso y por eso apostaron públicamente a la reelección presidencial de Álvaro Uribe. En definitiva, lo que estamos presenciando es la paramilitarización del Estado colombiano.
– El gobierno de Uribe sostiene que lo que ha habido es un proceso de negociación con los paramilitares. ¿Qué es lo que han negociado sustancialmente?
– No, en este proceso no ha habido ninguna negociación política, ellos no han tenido que negociar nada, simplemente lo que se hacho es un proceso de autoperdón, garantizando que no habrá verdad, ni justicia. Y porqué de autoperdón, simplemente porque quienes sacaron la mal llamada Ley de Justicia y Paz y están agenciando el proceso son muchos de los determinadores del paramilitarismo que han sido al mismo tiempo los beneficiarios de la guerra sucia.
– ¿Este proceso de vergüenza y de impunidad con los paramilitares puede ir en un momento determinado a la Corte Penal Internacional?
– Es obvio que cuando los mecanismos nacionales o el Estado no quiere investigar y cuando se genera un proceso de impunidad de las magnitudes como el que se presenta en Colombia, las organizaciones sociales, los movimientos de derechos humanos, las víctimas, los familiares de las víctimas, van a acudir cada vez más al escenario internacional. De hecho ya en el 2005 nosotros obtuvimos una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de Mapiripán, en la que se expresa claramente que no se debe aplicar la Ley de Justicia y Paz a los que intervinieron en esa masacre y ahí está implicado Mancuso. Vamos a ver si el Estado colombiano acata o no esa sentencia. En el Sistema Interamericano se van a seguir produciendo pronunciamientos en torno a este proceso. En cuanto a la Corte Penal Internacional tengo conocimiento que ya está estudiando el caso de Colombia, pero aún no ha abierto la investigación porque la competencia la tienen el fiscal, los Estados partes o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ha recibido muchísima información por diferentes vías. Hoy existe un contexto internacional que no permite que la impunidad pase como ocurrió en la década de los 70 con las dictaruras en los países suramericanos. Esto en relación con Colombia quiere decir que si el gobierno de Uribe tiene rabo de paja en este proceso de impunidad con los paramilitares puede terminar como Fujimori o Pinochet, enjuiciado internacionalmente. Hay que resaltar que la Corte Penal Internacional no esta hecha para procesar sicarios, por eso no reconoce inmunidades a presidentes ni a generales, ni a parlamentarios, porque lo que busca es procesar a personas que tengan los más altos niveles de responsabilidad. Y las responsabilidades no son simplemente por acción sino también por omisión y hay omisiones que son necesarias para la comisión de los crímenes que son casi responsabilidades activas. En lo que atañe al presidente Uribe hay que decir que él no ha sido cuidadoso con este proceso, como por ejemplo, quiso tapar por dos años las infracciones al cese de hostilidades cuando las hubo todo el tiempo, hasta tal punto que el mismo Comisionado debió reconocer que se habían presentado 500 muertos durante el proceso de desmovilización paramilitar.
– ¿Y según su criterio, Uribe y funcionarios de su gobierno podrían terminar enjuiciados internacionalmente?
– Habrá que esperar. Se abren muchos interrogantes en torno a lo que vaya a pasar con Jorge Noguera, pues su caso es muy grave porque él fue nombrado en el DAS por Uribe y ahí estamos viendo todo lo que ha salido al interior de esta institución que es la policía secreta y de inteligencia de la Presidencia de la República. Vimos como salió Noguera y como fue destituido el subdirector del DAS y entre ellos mismos denunciándose. Es decir, el proceso es completamente sucio y estamos hablando de un paramilitarismo que según el Alto Comisionado se acabó y los ex funcionarios del DAS están diciendo que no, que esta entidad respondía a una estructura paramilitar, hasta el punto que el propio presidente Uribe llegó a plantear la necesidad de desmontar el DAS, entonces la crisis salta y salta entre ellos mismos. La crisis institucional es muy profunda.
EN COLOMBIA SURGIÓ UNA CLASE POLÍTICA NEO MAFIOSA
– ¿Usted coincide con analistas como Alfredo Molano y Ramiro Bejarano, así como con voceros del Polo Democrático Alternativo y del Partido Liberal que han señalado que Colombia está incursa en un estado mafioso?
– Yo lo que creo es que hay unas nuevas clases políticas neo mafiosas, neo paramilitares que están desplazando a las clases políticas tradicionales que no tienen vínculos con narcoparamilitares y si ese poder económico se va traduciendo en poder político, Colombia terminará gobernada por lo peor de lo peor.
– ¿En su opinión qué significa políticamente Álvaro Uribe Vélez para Colombia?
– Creo que es un retroceso en la posibilidad de construcción democrática en la medida en que lo que hace Álvaro Uribe es hacernos perder varios años a los colombianos en la posibilidad de alcanzar la paz en este país, de hacer una negociación política real con la insurgencia, en poder tener realmente una política de derechos humanos. Uribe facilita una intervención extranjera directa de los Estados Unidos, inscribe su política en la lucha antiterrorista a los esquemas de Washington, creo que representa lo más grueso de la derechización del país: la intolerancia, la exclusión; el gobernar para los ricos y los sectores poderosos, el darle seguridad a sectores de poder trasnacional; es populismo, es la crisis de los partidos tradicionales y representa, en síntesis, los intereses de esa neo burguesía mafiosa paramilitar.