Alvaro Uribe Vélez. certificado para (…) Made in USA

El día 1 de Agosto del año en curso la Secretaria de Estado de los EEUU, Condoleezza Rice, anunciaba la determinación del Departamento de Estado de certificar [1] la cooperación de Colombia en materia de derechos humanos. Al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, para ser más exacto. Era algo anunciado, no se podía esperar nada diferente y sobre todo si se tiene en cuenta que la mencionada funcionaria y también el Subsecretario de este mismo organismos, Nicholas Burns, dieron —en su visita conjunta a Bogotá, en el pasado mes de abril—, inconfundibles y nada codificados signos de que la tan anhelada y esperada certificación se produciría. En la Casa de Nariño era esperado este hecho y entre el generalato también. Según la certificación, dada a conocer el día 3 de Agosto por el señor Tom Casey, portavoz en funciones del Departamento de Estado, ésta decisión se tomó en virtud de los progresivos y notorios avances que el Gobierno de Colombia y sus fuerzas armadas han realizado en lo atinente a la defensa y promoción de los derechos humanos y, en particular, según se afirma, por el rompimiento de nexos entre los militares y el narcoparamilitarismo. Más bazofia y cinismo junto no se podía esperar.

Los hechos desmienten a las palabras.

Ninguno de los elementos que se esgrimen para haber sido otorgada la famosa certificación, —y de pasó descongelar el 12.5% de los fondos retenidos, los cuales corresponden a la vigencia fiscal del año 2004 y que representan algo más de 60 millones de dólares—- resisten, seguro, una constatación empírica. Y no es posible, toda vez que la realidad es tozuda y los hechos se encargan de desmentir el argumentario de la señora Rice, del Departamento de Estado y en líneas generales del Gobierno de los EEUU en relación con el hecho de ver avances en materia de derechos humanos en Colombia, cuando en realidad lo que existe en el país es un oprobioso agujero negro.

Este agujero está representado, sin duda, por los siguientes hechos: importantes detenciones masivas y arbitrarias, desapariciones forzadas, aumento de la población desplazada, asesinatos selectivos de significativos miembros del movimiento social y popular a manos del terrorismo de Estado, confinamiento de comunidades rurales y urbanas por parte del narcoparamilitarismo y con la aquiescencia del Estado, fumigaciones indiscriminadas con glifosato de zonas indígenas y campesinas, y, sin equívoco alguno, asesinatos contra estas mismas poblaciones.

Del mismo modo se constata un ataque fiero y sin abdicaciones contra importantes defensores de los derechos humanos y sus organizaciones, y a quienes en no contadas ocasiones el mismo Presidente Uribe Vélez los ha señalado como áulicos del «terrorismo». El motivo, por haber éstos cuestionado o cuestionar la política de Seguridad democrática de su gobierno, y que en entre otras cosas, y como así lo corroboran singulares hechos, es desde donde se agencia la violación más flagrante al Estado de derecho y a los derechos humanos en Colombia hoy. Y ello para no citar el aumento exagerado del número de personas que bajo el actual gobierno se han tenido que refugiar en Ecuador, Venezuela, España, Suiza, Canadá y en los mismos EEUU, curiosamente donde se les deniega la tarjeta provisional por razones humanitarias.

El peligro de ser sindicalista en Colombia. Lo que no ve el Departamento de Estado.

Algunas cifras relacionadas con los derechos humanos en Colombia y en particular bajo el mandato del Presidente Uribe Vélez, nos develan de manera cierta que, no existe un avance significativo en este frente como dice el Departamento de Estado. Según los cálculos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y de la Escuela Nacional Sindical, desde la posesión del actual gobierno (7 de agosto del 2002) han sido asesinados en el país 164 sindicalistas. Según la periodista de Cambio 16, Ana Zarzuela [2] , 90 en el periodo correspondiente entre mayo del 2003 y abril del 2004. En lo que va corrido del 2005, –prosigue—, cinco sindicalistas han sido desparecidos, 6 secuestrados y 92 han tenido que desplazarse de manera forzosas por temerarias amenazas. A ello se suma el deplorable hecho que Colombia presenta la tasa más baja de afiliación sindical en toda América latina, sólo el 4% y como dato más diciente de esta realidad, el que sólo en el 2004 se hayan constituido apenas 3 sindicatos. En el 2003 de las 112 huelgas de trabajadores convocadas, afirma la prestigiosa periodista, 111 fueron declaradas ilegales, muy a pesar que la Constitución prevé el derecho a estar sindicalizado y a organizar huelgas.

De este modo, una gran parte de la realidad antes descrita tiene como móvil y está conexa al hecho de evitar la acción sindical, la cual en no excepcionales momentos ha estado orientada a evitar que el Estado venda sus principales activos a la voracidad del capital transmonopólico internacional, lo que configura una múltiple violación a los derechos humanos: Primero, porque se ciega el derecho a la vida de importantes miembros del movimiento social y popular, y segundo, porque se niega el derecho de asociación y de participación consagrados los mismos en el ordenamiento jurídico interno e internacional.

Los anteriores hechos obligan a hacer la siguiente pregunta al Departamento de Estado. ¿Con qué criterios legales cumple en materia de Derechos Humanos el Gobierno de Colombia para que se le haya certificado? Las evidencias controvierten la certificación otorgada por el organismo en mención y se hacen irrebatibles. De esta manera, al asesinato de activistas y dirigentes sindicales hay que sumarle, como bien lo anota la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), los siguientes datos: 670 dirigentes sindicales amenazados, 104 detenciones arbitrarias y 14 allanamientos ilegales, lo que supera todos los guarismos y record del anterior gobierno, que reportó 357 amenazas, 10 detenciones arbitrarias y 2 allanamientos a lo largo de su mandato en relación con este colectivo.

La violencia contra las etnias y sus mil y una forma de morir

Prosiguiendo con esta línea demostrativa, la violación a los derechos humanos en Colombia bajo el actual Gobierno no tiene límites. Así, los grupos étnicos han corrido igual suerte que los sindicalistas, al punto que hay asesinatos contra grupos étnicos que bien empieza a constituir una especie de exterminio y una preocupación para importantes organismos internacionales, no siempre traducida dicha preocupación en evitar que las muertes y desapariciones se sigan presentando. El hecho notorio de esta violación la constituye el caso de los indígenas Kankuamos [3] , habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, y contra quienes los narcoparamilitares y el mismo Ejército de Colombia han actuando de manera conjunta en muchas ocasiones; asesinado así y de esta manera a más de 250 indefensos y nada subversivo miembros. Crímenes muchos de ellos que el Ejército ha querido disfrazar como muertos en combates, cuando en realidad han sido y son vulgares y detestables fusilamientos, y frente a los cuales hay que alzar la voz.

Sólo en el año 2003 asesinaron a 53 de ellos, lo que llevó al relator de la Comisión de Derechos humanos de la ONU para los pueblos indígenas, señor Rodolfo Stavenhagen, a recomendarle al Gobierno del Álvaro Uribe Vélez, en particular, en el mes de Noviembre del año 2004, a que diera estricto cumplimiento a las medidas cautelares y provisionales que en su momento ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en relación con la protección que su Gobierno debía y debe garantizar a los Kankuamos. Aún con las medidas cautelares de rigor — 24 de Septiembre del 2003— los Kankuamos, y como también pasó con la Comunidad de paz de San José de Apartadó, vio como en el año 2004 morían 11 más de sus miembros y ha visto en lo que va corrido del 2005 morir a un número importante de ellos, los que suman bajo el Gobierno de Uribe casi 100 kankuamos asesinados. ¿De que avances legales nos habla el Departamento de Estado y de qué nexos rotos entre narcoparamilitares y militares nos hace alusión este organismo para haber concedido la certificación al Gobierno de Uribe?

En relación con los indígenas Emberas, ubicados los mismos en los Departamento de Chocó, Antioquia y Córdoba, bien vale la pena señalar sin duda que, en su conjunto han tenido que enfrentarse al desplazamiento forzado y al asesinato de varios de sus miembros. La mayoría de dichos crímenes se han producido a manos de los narcoparamilitares y del Ejército. Valga también señalar que, esta etnia ha tenido que soportar y no en excepcionales momentos la presión de importantes sectores de la insurgencia. Entre los indígenas Emberas del Chocó y más exactamente los que habitan la región de Opagadó, se conoce el asesinato de cinco miembros de dicha comunidad a manos de los narcoparamilitares y de igual modo, el suicidio de otros 10. Éstos últimos, se cree en el seno de la comunidad, producto de la presión a que se ven sometidos a diario. Aquí como en otros casos, el Estado no sólo no protege a las víctimas sino que actúa como victimario.

Además del asesinato, del desplazamiento forzado y la tortura, sin duda, sus territorios han sido invadidos por el Frente Hélmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Frente a ello el Ejército y el Gobierno callan, siempre lo han hecho. A su población se le ha restringido la compra de víveres hasta por un monto determinado y el ampliar dicho monto ha sido utilizado por los narcoparamilitares y el mismo Ejército de Colombia como estrategia para presionar a las comunidades a que caigan en procesos de delaciones y, por ende, arrastrarlas al desarrollo del conflicto del cual muchas de estas han manifestado de manera pública que no quieren hacer parte de él. Éste mismo hecho se presenta en Córdoba con los Embera katios que habitan cerca de Santa Fe de Ralito, y a quienes hoy el Ejército les tiene invadido su territorio desde hace 20 días [4] . Mucho antes se los invadió e inundó Urrá con la construcción de la eccocida represa, y de ello fueron y son celosos guardianes los narcoparamilitares y el Ejército; hermanos siameses y fieles cómplices de que hoy los Emberá Katios sufran la persecución y el abandono más abominable.

Con los indígenas Wayuu [5] en el Departamento de la Guajira nada distinto ocurrió y ocurre. En el mes de abril del año anterior miembros de la horda asesina del narcoparamilitar Jorge 40 incursionaron con total impunidad en la región de Bahía Portete. El resultado de dicha incursión fue el asesinato de 12 indígenas, entre ellos varios niños. Además de los muertos, la incursión dejó un saldo de 30 desaparecidos. Se cree que casi 600 personas dejaron su territorio ancestral y cientos de ellos, 200 al menos, cruzaron la frontera hacia Venezuela. Ésta, sin embargo, no sería la única masacre, otras se sucedieron y muchas de ellas estaban anunciadas. Frente a las mismas, ni el poder civil, ni los militares que ahora se les certifica por un comportamiento idóneo en el cumplimiento de los derechos humanos, según el Departamento de Estado, hicieron algo por evitar la embestida de los narcoparamilitares, lo que los convierte, sin medias tintas, en igual de asesinos.

Un año después, los Wayuu lloran a sus muertos y buscan a sus desaparecidos. Por toda esta tropelía que se ha originado bajo el Gobierno de Uribe nadie responde, nadie responderá: ni los militares, ni el poder civil de la región y mucho menos Jorge 40 y quien ya ha manifestado su interés de acogerse a la gabela que le proporciona Uribe Vélez con su ley de «Justicia y Paz», la cual no puede ser entendida como no sea un pasaporte a la impunidad y al perdón de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y de lo cual el narcoparamilitar en mención y sus amigos saben mucho. Los kankuamos y los Wayuu son un ejemplo vivo y también muerto de lo antes señalado.

Les detienen y luego les asesinan

Capitulo especial dentro de la espiral de violaciones a los derechos humanos bajo la Presidencia de Uribe Vélez, merece, efectivamente, el que tiene que ver con las detenciones masivas [6] , arbitrarias y sin ningún fundamento legal. En lo que va corrido de su gobierno y bajo el acicate de la Política de Seguridad Democrática más de 6000 personas han sido detenidas sin ningún soporte jurídico; en la mayoría de los casos la carga de la prueba no ha existido, ni existe, con lo cual podemos hablar que la prefiguración de delitos por parte del actual gobierno se pone al orden del día, lo que contraviene las normas más elementales del respeto a los derechos humanos, esos mismos que dice defender Uribe y sus acompañantes, y por lo cual hoy y como un contrasentido, lo certifica el Gobierno de los EEUU.

A muchos de los detenidos no se les ha podido comprobar la comisión de ningún delito. Sus únicos delitos, según la perversa y repudiable lógica oficial, son el hacer parte de algunos movimientos subalternos y confrontar desde el escenario democrático el comportamiento cáustico y represivo del actual gobierno. Otros han sido detenidos sólo por vivir en área de influencia guerrillera y, por extensión, y de manera espuria, ser considerados «apoyo del terrorismo». Así, comunidades enteras han sido detenidas, lo cual ha dado paso al hecho que, las detenciones masivas se han convertido en una herramienta para socavar la libertad y el derecho de organización y de movilización de algunas de esas comunidades, las cuales exigen en sus áreas de influencia respeto a la vida y condiciones socioeconómicas dignas. Un ejemplo manifiesto de ello lo encontramos en los departamentos de Arauca y Sucre, y en donde se ha conocido la retención de millares y decenas de personas. Y por todo ello se certifica a Uribe y a su gobierno.

Muchos de los detenidos al no hallarse ninguna causa que justifique su detención, han recuperado su libertad, pero no así han podido regresar a sus comunidades, pues la estigmatización y el miedo a que contra ellos actúen los narcoparamilitares, o cualquier miembro de las Fuerzas militares, y que en muchos casos y zonas del país operan con una sincronía criminal, a propiciado que muchos prescindan de la posibilidad de regresar a sus sitios de origen, lo que los ha hecho engrosar la temerosa y tormentosa lista de los desplazados internos, o en su defecto la de los refugiados.

No pocos han perdido la vida después de salir de las cárceles y sin que se haya podido establecer la comisión del delito por el cual, o los cuales fueron arbitrariamente detenidos en su momento. El caso más sonado y vergonzoso es el crimen contra el Sociólogo e investigador Alfredo Correa de Andrey, profuso estudioso del fenómeno del desplazamiento forzado y quien después de estar prisionero durante varios meses bajo el prefigurado delito de Rebelión, y recuperar la libertad por falta de pruebas, terminó siendo asesinado en una calle de la bulliciosa ciudad de Barranquilla. Así y como el caso de Correa de Andrey hay también otros crímenes que por acción o por omisión se le endilgan al actual Gobierno, lo que configura crímenes propios del Terrorismo de Estado en Colombia. De los victimarios nada se sabe, ni se sabrá, pues la impunidad es casi absoluta.

Narcoparamilitares, militares y políticos: Fortaleciendo nexos.

Y si la violación sistemática a los derechos humanos en Colombia es una constante, así el Gobierno de los EEUU manifieste lo contrario, los nexos entre las fuerzas militares y el narcoparamilitarismo es un hecho más que evidente. De este modo, bajo el actual Gobierno se han conocido sonados casos en donde los militares y narcoparamilitares han mostrado y hasta la saciedad su indisoluble actuar. Zonas como Norte de Santander, Magdalena, Cesar, Córdoba y Putumayo, por citar sólo unos casos, son una clamorosa evidencia de ello y justo es señalar también que los vínculos entre el narcoparamilitarismo y el estamento militar se hacen extensivos al mundo de la política y también al de la economía. No son pocos y ahí está el nada subversivo Diario El Tiempo que ha cubierto importantes reportajes en donde se pone de manifiesto sentidos e innegables nexos entre oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía con el crimen organizado y, en particular, con el narcotráfico.

Y, sí el narcoparamilitarismo cohabita con el estamento militar, entre aquel y el mundo de la política nada diferente acontece. De esta manera no son pocos los Congresista que en el Senado o en la Cámara de Representantes han actuado como notables defensores del proyecto narcoparamilitar, o no hay entre ellos quienes tengan entre sus familiares a reconocidos paramilitares, como es el caso de Eleonora Pineda, una de las acérrimas defensoras de la ley de «justicia y paz » y del mal llamado proceso de negociación con los narcoparamilitares; y de quien se dice que uno de sus hermanos era el lugarteniente de unos de los comandantes «paras» concentrado en Santa fe de Ralito. Otro caso, sonado además, es el de Jorge Feris Chadid, quien se declaró impedido para votar la ley de «justicia y paz», pues su hermano, el temido Comandante 08, era un importante mando y matón de las AUC en el Departamento de Sucre. Y ello para no hablar de Rocío Arias —y otros personajes de las entrañas del uribismo— que buenas y entusiastas odas hace a «Don Berna», de quien se dice en las comunas de Medellín que es el máximo impulsor de su reelección al Congreso.

La pretendida ruptura de los nexos entre el narcoparamilitarismo y los militares, y de la dirigencia política regional y nacional con el fenómeno «para»no se sustenta de ningún modo como pretende argüir de manera inverosímil el Departamento de Estado de los EEUU. Antes, y eso hay que recordárselos, asistimos a un reforzamiento de esos vínculos. Éstos en la coyuntura actual son aupados por el mismo Presidente de la República desde la atalaya de su cinismo y adquieren los mismos plena y profunda fisonomía cuando tolera entre las filas de su Partido Reeleccionista — Partido de Unidad Nacional— y otros Partidos satélites, valga la pena destacar, la presencia de miembros «exdesmovilizados de las AUC», o en su defecto de sus antiguos portavoces en el Congreso de la República. Sobre el particular, autorizados dirigentes del narcoparamilitarismo llegaron a reconocer en su momento, —-dicese Salvatore Mancuso, primero, y Vicente Castaño, después, —– que las AUC tenían por lo menos el 35% de dicha Corporación a su favor, lo que suma en total 90 Congresistas y al juzgar por la aprobación de la ley de «Justicia y paz» se debe dar todo el crédito a lo afirmado. En muchos sitios de Colombia ya se habla hoy que los narcoparamilitares imponen sus candidatos y orientaran el voto de la población como lo hicieron en la campaña anterior. Este fenómeno no sólo se presenta en la zona rural sino en importante áreas metropolitanas de las principales ciudades, entre ellas Medellín y algunas de la costa caribe.

La estructura Narcoparamilitar está intacta y sus nexos con los militares se sostienen y se sostendrán. Ambas estructuras se conocen perfectamente y conservan profundos y mutuos secretos. Ya hay quienes hablan de reclutar a los antiguos combatientes de la órbita paramilitar para que sirvan como vigilantes en las carreteras, los oleoductos, en la vigilancia privada, como parte de la red de informantes y hasta en los batallones de alta montaña. Su principal entusiasta y promotor es el mismo Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, es decir, el señor Uribe Vélez. Sin duda, los paramilitares de ayer seguirán haciendo lo mismo que han hecho hasta hoy, es decir, matar y coaccionar, pero ahora bajo la férula de la legalidad.

El discurso de los derechos humanos en manos de los bloques de poder: una retórica

Así, se me antoja que certificar al gobierno de Uribe Vélez por un adecuado manejo de la política de derechos humanos es cuando menos, dada la realidad, una decisión ideológica y fundada en abiertos y notables intereses geopolíticos y económicos, sin temor a equívocos, que una decisión tomada en función de unos notables cambios en este apartado. En Colombia no existe ninguna mejoría real y significativa en materia de derechos humanos, la crisis humanitaria se agudiza y el Gobierno de los Estado Unidos mira para otro lado. Esto mismo hizo con oprobiosas dictaduras que alentaron y sostuvieron en otros momentos. Así hizo con Somoza, Duvalier, Galtieri, Marcos…. (…) y hasta con el mismo Sadam Husseim hasta cuando le fue útil en su cruzada contra los Ayatolás de Irán.

El actual Gobierno de Colombia se le ha otorgado una certificación de buena conducta en materia de derechos humanos, así podría interpretarse el gesto del Gobierno americano. Ella significa una patente de corso para que Uribe prosiga con su espiral de violencia y siga agenciando el terrorismo de Estado. Con la certificación concedida, el Departamento de Estado ha hecho caso omiso a las recomendaciones realizadas por Amnistía Internacional y otros organismos defensores de los derechos humanos. Ahora seguro, se sumará, a lo antes señalado, el apoyo de Bruselas a la ley de Justicia y Paz, lo que blindará aún más a Uribe. No hay duda que los defensores de derechos humanos en Colombia tendrán que remar a contracorriente y ampliar en estas condiciones el perímetro de los apoyos y solidaridades hasta ahora recibidas.

Los apoyos que recibe el Gobierno de Uribe Vélez por parte de los EEUU y que recibirá de la Unión Europea, sin temor a equívocos, debe dejar bien claro y patentado una cosa y es que tanto para unos como para otros el discurso moral de la defensa de los derechos humanos y del fortalecimiento de la democracia que enarbolan, no deja de ser una pura y dura retórica. Las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Colombia están solas, lo estarán, «como un niño a la intemperie y en medio de una lluvia ácida». Así al menos lo ha dejado ver el Departamento de Estado con su certificación y con el apoyo a la «negociación» con los narcoparamilitares: Y así lo hará la Unión Europa, salvo consabidos matices de última hora. Yo no espero nada diferente ni de unos ni de otros, pues si Uribe les garantiza seguridad jurídica a sus inversiones, como así lo hace, y vende y rifa al país entre sus multinacionales del modo en que lo hace, es obvio entonces esperar que lo apoyen y santifiquen sus tropelías y hasta se imaginen avances y mejorías en materia de derechos humanos cuando realmente lo que existe es una crisis humanitaria de incalculables y aberrantes repercusiones.

Así, EEUU y la Unión Europea (UE) si algo tienen en Colombia son intereses [7] y pensar en lo contrario es engañarse. Algo así manifestó y con gran dosis de cinismo un reconocido asesor del Consejo de Europa, en particular, Nicolás Pascual, y quien participó como vocero de este organismos en un evento programado por el Centro de Investigaciones para la Paz; organismo anexo a la Universidad Complutense de Madrid, los días 21 y 22 de junio del presente año y en donde el tema de Colombia y su crisis humanitaria fue el centro del debate.

En su intervención, que no reflejó nada de filantropía, como muchos esperaban, manifestó entre otros apartes que, «la Unión Europea apoya la gestión de Álvaro Uribe Vélez y su política de Seguridad Democrática (…) —Del mismo modo expuso que,— la Unión Europea no era una ONG, que no se iba a quedar sólo con la defensa de los derechos humanos en Colombia, pues ella tenía notables y sensible intereses, y que los mismos se resumían en: contener la inmigración que pueda generar un mayor escalamiento del conflicto, pues muchos estarían dispuestos a venir a Europa; apoyar la política antidrogas por las repercusiones que ésta tendría en la población europea y, sobre todo, no ceder terreno ante los EEUU en materia económica y en el orden de las inversiones«. Lo único cierto, al decir verdad, es que Europa no redimirá a las víctimas en Colombia y mucho menos el Departamento de Estado. Quien así piensa se equivoca y mucho. Así, la Política de la UE de aparente zanahoria y apuntalada desde la prédica de los derechos humanos, en discreta y falsa oposición a la política del garrote y del componente militar que imponen los EEUU con el desarrollo del Plan Colombia, el Plan Patriota y los que vengan, no deja de ser una perfecta y audaz caricatura. En el fondo y frente a Colombia, al menos esos pensamos y compartimos muchos aquí, ambos bloques de poder comparten despreciables intereses y si no se tendría que haber escuchado lo expuesto en toda su extensión y sin rubor alguno por el funcionario de la UE antes citado.

A manera de colofón

Con la certificación se liberan recursos ya asignados y que su totalidad ascienden a más de 3000 millones de Dólares la inversión norteamericana para la profundización de la guerra en Colombia. Esta cantidad de recursos es el combustible que requiere la máquina violatoria de derechos humanos que existe en el país y que adquiere su representación en la Política de Seguridad democrática del Presidente Uribe Vélez. Mientras tanto, la exclusión y la marginalidad se profundizan y el Estado ha pasado de combatir a la pobreza, al menos en lo retórico, para combatir a los pobres en el mundo de lo real. Nuevas certificaciones vendrán y la espiral de violencia y el terrorismo de Estado se servirá a la carta. Enfrentar a Uribe y su máquina de Guerra es un imperativo ético frente a la vida, y el condenar a los EEUU y Europa por su complicidad, sin duda, una necesidad ineluctable de los tiempos. La faena es grande y hay que empezar. Más recursos llegan y llegarán y, sin embargo, las medidas que exige cumplir las Naciones Unidas al Gobierno actual en materia de derechos humanos enmohecen en los anaqueles del Ministerios del Interior, y mientras esto ocurre nuevas detenciones, desapariciones y asesinatos en donde se comprueba la participación del Estado y el Gobierno se ponen al orden del día. Lo peor está por venir, Uribe está certificado PARA (….) violar los derechos humanos y más.