Según BS/Kaos en la Red, decenas de documentos fílmicos y otros desclasificados revelan una desasosegante verdad: Álvaro Uribe Vélez subió a la Presidencia de la República de Colombia de la mano de los paramilitares que lo consideran uno de sus comandantes, uno de sus cabecillas y un destacado líder. Otros documentos y, entre ellos, uno […]
Según BS/Kaos en la Red, decenas de documentos fílmicos y otros desclasificados revelan una desasosegante verdad: Álvaro Uribe Vélez subió a la Presidencia de la República de Colombia de la mano de los paramilitares que lo consideran uno de sus comandantes, uno de sus cabecillas y un destacado líder. Otros documentos y, entre ellos, uno desclasificado por la National Security con el título «U.S. Intelligence Colombian President Uribe among important Colombian Narco-Traffikkers en 1991» afirma que Álvaro Uribe Vélez es un representante de las poderosas mafias narcotraficantes de Colombia, que apoyaron y financiaron las campañas políticas del guerrerista presidente e indiscutido líder de las más rancias derechas oligárquicas de la patria de Nariño. En consecuencia, Álvaro Uribe Vélez es un Presidente Paramilitar de la narco-democracia colombiana y confeso cipayo del imperio al que regaló todas las bases militares que servirán para agredir militarmente a América Latina y el Caribe.
Como se sabe, el diablo paga mal a sus devotos. Uribe no quiere recordar que su ex colega Noriega, dictador de Panamá que, además, fue agente de la CIA -Agencia Central de Inteligencia- una vez que ya no le fue útil al imperio, con una invasión militar de por medio que cobró millares de vidas del pueblo, fue capturado y conducido preso a Estados Unidos, y hasta esta fecha y años posteriores está y estará detenido en una vulgar cárcel imperial. Es de esperar que Uribe tenga igual o similar futuro.
En el mencionado documento se sostiene que Álvaro Uribe sí es paramilitar, las Cortes Internacionales deben juzgarlo. Afirma que el actual Presidente de Colombia asistía en sus épocas de candidato (2001) a la presidencia, a la graduación de los nuevos paramilitares, se abrazaba con los comandantes quienes lo reconocían abiertamente como uno de sus máximos lideres, actualmente unas pocas voces lo denuncian como líder absoluto e indiscutible de los paramilitares colombianos.
Desde los últimos meses del año 2008, comenzaron a difundirse documentos con «los secretos, los acuerdos, los compromisos, de este Jefe de Estado corrupto y genocida, modelo de los viejos poderes, con una clara política de fuerza y terror que se ha apoderado gradualmente de los poderes públicos de Colombia».
Este «Señor de la Guerra», incondicional sirviente del imperio nació en Medellín, Antioquía, el 4 de julio de 1952, hijo del rico terrateniente Alberto Uribe Sierra y de la concejala liberal Laura Vélez. Al ser miembro de ese hogar, tal como le correspondía estudió en colegios religiosos privados y se graduó de abogado en la Universidad de Antioquía, en Medellín, sede del famoso Cartel de la droga. De sus tiempos en las Juventudes Liberales, data su presunta participación o vinculación con los grupos paramilitares. Uribe, el socio y líder de los paramilitares, viajó a Estados Unidos a obtener una especialización en la famosa Universidad de Harvard. Hasta resulta medio lógico que Uribe se haya convertido en el cipayo mayor del imperio.
Como Concejal de Medellín (1984-1986) propuso el famoso programa del acuerdo de exenciones tributarias a las cooperativas. Con esa figura, los grandes empresarios que han sido amigos y colaboradores de la familia Uribe Vélez, eludieron el pago de impuestos, con lo que se demuestra su familiaridad con la corrupción de abolengo empresarial-liberal.
En su biografía no autorizada se destaca que en «su finca Guacharacas, ubicada en San Roque (Antioquía), Uribe y su familia tenían una base paramilitar, que operaba con el apoyo de miembros de los batallones Palagua y Bomboná. Este grupo asesinó e hirió a varios trabajadores de la finca La Mundial, que había sido entregada por la familia Uribe a los trabajadores para cancelar las deudas que tenían con ellos. Las infamias y atropellos continuaron hasta diciembre de 1992, en que tropas de la XIV Brigada bombardearon la finca, destruyeron los cultivos e hicieron huir a los trabajadores que aún permanecían allí». Fue Senador en dos períodos continuos (1986-1990 y 1990-1994) oportunidad que aprovechó para satisfacer las demandas de las derechas oligárquicas y para redondear sus negocios. Intentó evitar la extradición de narcos solicitada o exigida por Estados Unidos, fue «entusiasta ponente de la Ley 50 de 1990» que con el pretexto de acabar con el desempleo lo agudizó al implementar la flexibilización laboral de conformidad con el recetario neo-liberal y con la pretensión de acomodarse a las necesidades del mercado global.
«Desde enero de 1995-diciembre de 1997 en su calidad de Gobernador de Antioquía nombró como Secretario de Gobierno Departamental a Pedro Juan Moreno Villa, próximo a la mafia y sindicado por la DEA en 1997 y 1998 de importar desde Asia con destino a Colombia, sin reportarlo, 50 toneladas de permanganato de potasio, un químico controlado, a nombre de su empresa «GMP Productos Químicos S. A.» y de efectuar sus registros y comercialización de manera fraudulenta, destinado a la producción de cocaína en Córdoba» Uribe siempre estuvo rodeado de esa clase de tétricos personajes.
Amigo o líder o comandante de los paramilitares, promovió la creación de las Cooperativas de Seguridad Privada CONVIVIR, «iniciativa destinada a legalizar el paramilitarismo». «En el Congreso de Ganaderos, en 1996 se aprobó extender la iniciativa de Uribe Vélez a nivel nacional. En 1998 se produjo la fusión de CONVIVIR con los paramilitares. Se afirma que Uribe tuvo fuertes nexos con muchas organizaciones paramilitares, lideradas por Carlos Cataño, jefe de la principal organización de extrema derecha y conocido narcotraficante que no pudo ser extraditado a Estados Unidos, precisamente por la intermediación y oposición de Uribe Vélez. En su gobierno ningún paramilitar, es decir ningún narcotraficante de peso ha sido extraditado. También fue Director del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil. En uso de ese cargo nombró cono subdirector a César Villegas, quien tiempo después fue sentenciado a cinco años de prisión por sus vínculos con el cartel de Cali. Villegas fue asesinado el 4 de marzo del 2002, en Bogotá, y luego de aportar fuertes sumas de dinero a la campaña presidencial de Uribe Vélez.
«Cuando el narcotráfico estaba en auge, expidió en tiempo récord, un alto número de licencias de pilotaje a empleados de los capos del narcotráfico y de permisos para la construcción de pistas. Entre estas licencias estaba la de un helicóptero de su padre, que luego caería en una importante operación antinarcóticos en un sitio conocido popularmente como tranquilandia, en el cual también cayeron 3 avionetas más que tramitaron su licencia el mismo día», se informa en el documento arriba indicado.
En 1982 fue Alcalde de Medellín, cargo que tuvo que abandonarlo antes de cumplir los 5 meses de gestión del total de un periodo de 2 años. Para que abandone la Alcaldía el Presidente Belisario Betancur Cuartas, tuvo que presionarlo al enterarse de una reunión clandestina que Uribe mantuvo con los capos de la mafia narcotraficante como Pablo Escobar Gaviria, los Ochoa Vásquez, Carlos Ledher Rivas y Gonzalo Rodríguez Gacha.
Sus nexos con el narcotráfico fueron permanentes. Por ejemplo presidió la ceremonia de inauguración y cortó la cinta del barrio «Medellín sin Tugurios» construido al oriente de Medellín por el capo de la droga, Pablo Escobar Gaviria.
En un documento difundido por Patria Libre se afirma que Uribe Sierra, padre del Presidente, estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizabal Guevara, entonces Secretario de Gobierno de Medellín intercedió por él y logró que lo pusieran en libertad. Uribe Sierra murió en un enfrentamiento armado entre paramilitares que tuvo lugar en su finca La Guacharaca (ubicada en San Roque, Antioquia) y guerrilleros de las FARC, el 14 de junio de 1983. A su entierro asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema y nata de la sociedad antioqueña, que no era ajena al negocio de las drogas ilícitas.
De Uribe Vélez existen varias biografías arduamente trabajadas y otras no autorizadas. En todo caso se trata de un personaje que es un «mitómano incorregible, escurridizo, huidizo y cobarde». Kaos expresa que ese personaje es producto de las montañas de Antioquia en su natal nación, donde aprendió el negocio de la cocaína a la par de sus estudios universitarios, donde hombro a hombro creció con el más grande narcotraficante y terrorista de Colombia: Pablo Escobar Gaviria. Ante el cúmulo de evidencias y denuncias presentadas por los nacionales de Colombia ante organismos como la Organización de Naciones Unidas, deberían por simples razones de humanitarismo intervenir y parar cuanto antes el accionar de los mafiosos que se apoderaron de los poderes legislativos y gubernamentales, impulsar y establecer un gobierno de transición donde todos los sectores tengan una justa participación equitativa. La humanidad no puede permanecer ciega, sorda y muda ante el dolor de miles de familias, que son hermanos como lo somos todos, provengamos de la nación que provengamos. Uribe, la violencia generada en Colombia por narcotraficantes y paramilitares, ya no son un problema sólo local, es un problema que afecta al género humano. No es posible que se siga permitiendo que Estados Unidos mantenga laboratorios de guerra en esta bella nación sudamericana.
Otras barbaridades del nefasto Uribe en la función pública
Patria Libre informaba que entre 1976-1977, Uribe Vélez fue Jefe de Bienes en Empresas Públicas de Medellín Desde ese cargo lideró la negociación de tierras y el traslado de la población del viejo al nuevo Peñol para la construcción de una represa en los terrenos del antiguo municipio. Este hecho generó gran inconformidad, por lo que los pobladores de las zonas afectadas realizaron varios paros cívicos, que fueron reprimidos violentamente.
En 1978 fue Secretario General del Ministerio de Trabajo. Dio a luz el decreto 1469 de 1978 sobre libertades sindicales, que de manera engañosa convenció a los trabajadores que el decreto era necesario para que entrara en vigencia la ratificación de los convenios de la OIT ratificados en 1976 por el gobierno colombiano. El decreto fue aprovechado por los abogados de las empresas para obtener nulidades de los avances establecidos en cuestión de libertad sindical garantizada por los convenios.
En 1979 fue Gerente Liquidador de Mineros del Chocó. Los grupos financieros de Bogotá, Grancolombiano y Suramericana fundaron Mineros Colombianos S.A., que compró parcialmente a la International Mining Corporation (saqueadora de Colombia desde 1864, que en 1979 controlaba casi el 60% de las empresas mineras del país y extraía más de la mitad del oro) dos de sus filiales, la Chocó Pacífico y la Pato. La nueva empresa, viendo que las luchas del pueblo de Condoto (Chocó) no dejaron que las dragas se comieran sus casas, requisito para evitar una catástrofe económica, trasladó la quiebra a los obreros, cambiándoles los supuestos mil millones de activos (en verdad su achatarrada maquinaria apenas valdría 80), por los 500 millones que en prestaciones les debía. En este proceso fue Gerente Liquidador Álvaro Uribe Vélez.
Así mismo adelantó el programa «Medellín Cívico», en el que Pablo Escobar donó miles de arbustos para ser plantados en los antejardines y los parques de la ciudad.
Creó Metroseguridad, una Empresa Industrial y Comercial del Estado, prestadora de servicios tecnológicos, logísticos, de capacitación y de asesoría, dirigidos tanto al sector público como al privado, a través de un sistema integral de seguridad. Metroseguridad ha sido denunciada por vincular a sus programas de seguridad a miembros de grupos paramilitares en Medellín.
El 22 de abril de 1996, durante una acción coordinada por miembros de la Brigada XIV, el Batallón Bomboná, la Policía y paramilitares, fueron asesinados 17 pobladores en el municipio de Segovia (Antioquia). La respuesta que dio el Gobernador Uribe Vélez fue la expedición, el 10 de mayo de 1996, del decreto 2035, que declaraba los municipios de Segovia y Remedios como «Zona Especial de Orden Público», dando mayores facultades a la Fuerza Pública para controlar y amedrentar a los pobladores de la zona.
En octubre de 1996, 1.500 campesinos de Remedios y Yondó (Antioquia) y del sur del departamento de Bolívar, marcharon hacia Barrancabermeja reclamando por el abandono estatal y la violencia que se vivía en la región. El éxodo terminó con la firma de unos acuerdos con el gobierno nacional que se comprometía a garantizarles la vida y desarrollar proyectos de inversión social en la región. Pero, la respuesta real que recibieron los campesinos fue más represión. Entre el 21 y el 27 de diciembre del mismo año, las veredas Puerto Nuevo Ité, La Congoja y La Troja, de Yondó, fueron arrasadas por tierra por paramilitares, mientras eran bombardeadas por aviones militares. Esa fue la respuesta del gobierno de Antioquia, en cabeza de Uribe, a las exigencias de los campesinos.
Entre el 25 y el 29 de octubre de 1997, el corregimiento El Aro de Ituango (Antioquia), fue prácticamente destruido y varios pobladores fueron asesinados durante una operación conjunta entre tropas de la Cuarta Brigada y paramilitares de las ACCU. Uribe Vélez como Gobernador y el General Carlos Alberto Ospina Ovalle como Comandante de la IV Brigada facilitaron que los militares que participaron directamente en los hechos pudieran «escapar» de la justicia.
Pronunció el discurso principal en el «homenaje de desagravio» a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán (jefes de las guarniciones de Urabá y César respectivamente), después de que fueron retirados del servicio por las múltiples denuncias que los vinculaban con las AUC y con la participación en masacres y otros crímenes ocurridos entre 1996 y 1997.
El 7 de octubre de 1996, se dictó la resolución de acusación por conformación de grupos paramilitares (del grupo conocido como «la banda de los Erres») y participación en asesinatos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad, a los hermanos Carlos Alberto y Juan Diego Vélez Ochoa, primos tanto de Uribe Vélez como de los confesos narcotraficantes del «Clan Ochoa». Los hermanos Vélez Ochoa fueron detenidos y, según figura en el proceso, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, intercedió por su libertad, y en la segunda instancia del proceso fueron absueltos de toda responsabilidad.
También se han conocido denuncias que en la década de los 90 el centro de operaciones del grupo paramilitar ‘Los Doce Apóstoles’ estructura integrante de las AUC, fue la finca de Alvaro Uribe Vélez conocida como La Carolina. Varios testimonios señalan a Santiago Uribe Vélez como el líder de Los Doces Apóstoles, grupo responsable de más de 50 asesinatos cometidos en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal. La política económica y social de Álvaro Uribe Vélez -cuando fue gobernador en Antioquia- fue decididamente neoliberal, impuesta a la fuerza. Su objetivo principal fue la «desburocratización», Uribe se jactó de haber eliminado a dos tercios de los empleados, haciendo pasar su número de 14.000 a 5.500. ¿Su método? El desprecio por los derechos de los trabajadores, las presiones sobre los sindicalistas y la ayuda de los paramilitares, para lograr sus propósitos.
En un primer momento Uribe utilizó la forma suave, proponiendo jubilaciones anticipadas y dimisiones. Los trabajadores no aceptaron, y jubiló a la fuerza a algunos trabajadores; algunos de ellos tenían 36 años. El método fue ilegal, para el gobernador no fue su primer abuso, como prueban los recursos a la justicia y denuncias contra su administración, un tercio de las 3100 sentencias por denuncias contra las instituciones públicas durante 1997 en Antioquia fueron contra la Administración de Uribe.
Mientras tanto, por todas partes en el Departamento, los paramilitares salieron contra las luchas de los obreros. En Salgar, entre el Urabá y el Magdalena Medio llegaron hasta amenazar a los empleados y sus familias para que aceptaran «las propuestas del Gobernador».» No los queremos ver más aquí», decían los paramilitares.
La política del gobernador Uribe Vélez tuvo muchos opositores entre ellos el jurista JESÚS MARIA VALLE JARAMILLO, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia quien denunció días antes de ser asesinado: «Estamos exportando a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para departamentos pacíficos como la Costa y el Choco. Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, para todo el país (…) y los militares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan…». VALLE JARAMILLO fue asesinado en su oficina, el 27 de Febrero de 1998.
La mejor síntesis de lo que fue la gobernación de Uribe Vélez en Antioquia se presenta a continuación: La periodista del Espectador María Teresa Herrán, con ocasión de un homenaje nacional que se le brindó al gobernador URIBE en Bogotá, decía que «no sabía si el homenaje era por su apoyo a ultranza a las Convivir o porque su Departamento estaba bañado de sangre».
Uribe, el capo de todos los capos
Uno de los periodistas más connotados de Colombia, columnista del diario El Espectador, Fernando Garavito, fue el primero en denunciar a Álvaro Uribe Vélez, como candidato presidencial del narcotráfico. Luego de la valiente información difundida, Garavito fue obligado a abandonar el país. Se encuentra ahora, según El Espectador, las agencias EFE y AP y el Miami Herald, exiliado en Estados Unidos. Después dicen que en Colombia existe libertad de expresión del pensamiento y de respeto a la prensa.
Joseph Contreras, editor regional para América Latina de la revista Newsweek, resucitó el debate en torno al pasado narcoparamilitar de Álvaro Uribe Vélez, con la publicación de un artículo que cuenta que Álvaro Uribe Vélez, presidente de la oligarquía burguesa colombiana, aparece en el puesto 82, en la lista de los narcotraficantes más peligrosos de los Estados Unidos. Contreras dijo que el documento fue desclasificado como secreto por el Archivo de la Seguridad Nacional del Departamento de la Defensa del imperio.
Estos datos se encuentran en la Biografía no autorizada del «Señor de las Sombras» que es una investigación de Joseph Contreras, corresponsal de la revista Newsweek y Fernando Garavito, escritor e investigador colombiano y columnista de El Espectador.
Por otra parte, La Corte Suprema colombiana y en especial la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se vio precisada a replicar a Álvaro Uribe Vélez en el proceso de «desmovilización» de los paramilitares que siempre fueron protegidos por él y su familia. El Comunicado decía:
1. Rechazamos la censura grave y peligrosa formulada por el señor Presidente de la República, con respecto al proceder de la Sala, la cual, no guarda coherencia con su invitación al diálogo y a la colaboración armónica de la Ramas del Poder Público.
2. La providencia cuestionada por el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, es el resultado del cabal cumplimiento del deber judicial de la Sala y refleja un absoluto apego y compromiso de ella con la Constitución y la Ley.
3. La Sala desaprueba las acusaciones que se le han imputado como presunta obstaculizadora del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con los grupos paramilitares, y considera que las dificultades que éste pueda afrontar, deben ser superadas mediante el examen de las falencias y los vacíos de las normatividad vigente…
En su primer comunicado, la Corte Suprema decía textualmente que «en la providencia del 11 de julio del año que cursa (segunda instancia No. 26.945) no hizo nada distinto a cumplir con sumo rigor la Constitución y la ley y, de ese modo, determinar que el delito de concierto para delinquir bajo ningún pretexto puede transmutarse en sedición, el delito común no puede convertirse en delito político, llanamente porque tienen esencia diametralmente diferente»… Uribe en defensa de sus socios paramilitares quería pasar sobre la Constitución y las leyes, tanto como pasó por encima de los valores éticos del más elemental de los humanismos.
Es evidente que Colombia vive una narcodemocracia. Los carteles de la droga financian y dirigen las campañas políticas, compran y venden congresistas, militares, policías, fiscales, jueces. Radio Nizkor informaba de los sustos de los miembros de la Corte Suprema de Colombia, donde se procesan a los Congresistas investigados por su relación con organizaciones paramilitares y/o el crimen organizado. El documento que se difundió cubre el periodo 2006 y hasta el 27 de septiembre de 2007. Los datos de cada uno de los 39 congresistas encausados hasta la fecha mencionada, están ordenados cronológicamente y entre los mismos figura una descripción procesal de cada caso y de los procesos que cursan hasta dicha fecha en la Corte Suprema de Justicia.
Son 39 indagados de una u otra manera, 24 congresistas en indagación preliminar. 15 detenidos (de ellos uno prófugo). De éstos, 5 ya fueron llamados a juicio: Erik Morris, Álvaro García, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives y Mauricio Pimiento. Un congresista se acogió a sentencia anticipada y aceptó los cargos en su contra (Alfonso Campo Escobar) Una congresista detenida (Karelly Patricia Lara Vence)
En una entrevista publicada por la Revista Semana, el narcotraficante Ochoa Vasco explica la relación entre las AUC de Mancuso y Jorge 40 con el narcotráfico.
«El gobierno de Estados Unidos considera a Fabio Enrique Ochoa Vasco uno de los más grandes capos del narcotráfico. Su rostro y sus datos biográficos fueron incluidos a finales del año pasado en el cartel de los extraditables más buscados del mundo. Por su captura ofrecen cinco millones de dólares de recompensa. Aunque su nombre resulta desconocido para la mayoría de los colombianos, puede ser uno de los hombres que más conocen el mundo del narcotráfico en las últimas tres décadas. En 1983, Ochoa purgó una condena de dos años en Estados Unidos por ingresar 10 kilos de marihuana. Cinco años más tarde, regresó a Colombia y trabajó al lado de Fernando Galeano, uno de los más importantes miembros del cartel de Medellín, y se hizo muy amigo de su jefe de seguridad, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’… Estuvo con Pablo Escobar, a quien visitó con frecuencia en La Catedral, pero en 1992 terminó como miembro de los ‘Pepes’..
Fácil es deducir que Álvaro Uribe Vélez es el hombre del narcotráfico en el poder, el líder de los paramilitares en la Presidencia de la República de Colombia.
El periodista investigador Carlos Tena sostenía que «negar que Álvaro Uribe es una de las personas con mayor grado de implicación en delitos de tráfico y venta de cocaína es estúpido.
Decía que negar que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, es una de las personas con mayor grado de implicación en delitos de tráfico y venta de cocaína a Estados Unidos, a través de la DEA y el DAS, agencias que dicen combatir el narcotráfico, es tan estúpido como defender las actuaciones de Barack Obama, premiado con el Nobel de la Paz, cuya dedicación a la guerra es tan enorme como sus promesas incumplidas».
Agregaba que el pueblo colombiano, que pierde cada semana mas de 1.300 personas, víctimas entre otras causas de los asesinatos cometidos por mercenarios paramilitares, entrenados por oficiales a las órdenes de generales como Roberto Pizarro Martínez, segundo Comandante del Ejército, Duván Pineda Niño, Inspector del Ejército, Luís Fabio Héctor García Chávez, Jefe de operaciones del Ejército, o Hernán Cadavid Barco, Jefe de Desarrollo Humano, por citar sólo a unos cuantos jefes separados del servicio hace unos meses. Tanto ellos, como sus familiares, han silenciado las amenazas de las que han sido objeto, ya que conocen y se hallaban al tanto de las operaciones de narcotráfico de su mandatario. El mutis militar de estos y otros mandos es comprensible, dado el apoyo que todos ellos prestaron al cártel colombiano de la droga, por órdenes directas de Uribe.
Gracias a la investigación de Tena se puede conocer «un breve, sucinto y pequeño resumen de la impunidad con la que este delincuente de alto rango, (Uribe) actúa en Latinoamérica, con la venia y permiso de todos los mandatarios de la casa Blanca, incluido Obama.
El asesor del gobierno en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo, apoyó la advertencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de derribar los aviones sospechosos de traficar con drogas en su territorio. Los vuelos de narcotraficantes superan los 20 al mes. (Dominicanos-Hoy)
Autoridades militares colombianas acusadas de traficar con 2.219 kilos de cocaína en el Pacífico (Noticiero Universal, México)
Capos mexicanos revelan que su proveedor es el ejército colombiano, base del mercado mundial de drogas (Portal Azteca)
Álvaro Uribe es el número 82 en la lista de la DEA sobre los más importantes narcotraficantes amigos de Pablo Escobar. Un primo de Uribe, William Vélez y José Obdulio Gaviria formaron parte del círculo de colaboradores más cercano del citado Escobar. (Semanario Newsweek)
A finales de 2004, Thomas Kent, abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, escribió un memorando en el que denunció que agentes de la DEA en Colombia, ayudaron a narcotraficantes, participaron en lavado de dinero y conspiraron para asesinar informantes. (Andrés Sal-lari en Rebelión)
Suficientes elementos permiten afirmar que el narcotráfico está poniendo en jaque a las democracias latinoamericanas. Desde México hasta el Cono Sur, los cárteles mexicanos y colombianos están expandiendo su poderío por el continente. (Radio Nederland)
El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, acusado por oficiales de las FARC de traficar con drogas. (Prensa en Lucha)
Organizaciones criminales colombianas, protegidas por el ejército y el gobierno de Álvaro Uribe, utilizan a Ecuador, Venezuela y Brasil como países de tránsito para exportar grandes cantidades de cocaína (Redacción Alternativa)
Las Fuerzas Armadas de Venezuela han capturado a militares colombianos que han entrado al país. (Roy Chaderton, embajador de Venezuela ante la OEA)
Las autoridades mexicanas dieron un importante golpe al tráfico de drogas entre Colombia y México, al capturar a los hermanos Beltrán Leyva, que mantienen relaciones amistosas con algunos jefes del ejército colombiano. (Diario América)
El vicepresidente venezolano acusó a la DEA de ser parte del narcotráfico: «Encontramos casos donde se hablaba de 20 kilos de cocaína para entrega controlada y cuando se hacían revisiones habían 50 kilos. Es decir, 20 kilos eran controlados y 30 estaban metiendo para el tráfico ilícito, lo que indica que la DEA es parte de un cartel de la droga». (Rebelión)
Las ganancias de tráfico de drogas que obtiene la CIA son lavados de al menos tres modos que pueden ser probados: (a) a través de bancos extranjeros como BCCI, (b) a través de los bancos estadounidenses como Chase Manhattan Bank, (c) a través de varias agencias de gobierno estadounidenses como la agencia de Vivienda y Desarrollo Urbanístico (H.U.D. por sus siglas en inglés, (Daniel Estulin, investigador)
«El tema es muy duro, pero no nos perdamos. El problema sigue siendo de Estados Unidos y Colombia. El que compra la droga es Estados Unidos, no es México, y el que vende es Colombia. Entonces es un negocio prácticamente entre Colombia y Estados Unidos. Colombia provee y hace plata, Estados Unidos recibe y paga, es oferta y demanda, y nosotros somas las víctimas». (Rafael Espada, vicepresidente de Guatemala)
Gustavo Jácome Lemus, diplomático colombiano acusado de traficar con cocaína, valiéndose de la valija diplomática, fue puesto en libertad condicional ayer poco antes de las tres de la tarde, tras pagar un millón de pesetas de fianza. (diario El País)
El detenido, de nacionalidad salvadoreña, añadió que las autoridades de Colombia no solo no colaboran en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, sino que actúan en clara complicidad. (R.H.A., testigo protegido)
No es peregrino concluir que, en la práctica, la DAS y la DEA, y muchas otras, agencias dedicadas aparentemente a combatir el narcotráfico, del que España es un punto importante, se hallan implicadas en tráfico y lavado de dinero procedente de la venta de cocaína, que reporta a Uribe y familia cientos de millones de dólares
Hay un chiste muy jocoso al respecto. Un colombiano es detenido en Barajas con 80 kilogramos de cocaína. La droga se envía al laboratorio de análisis, para determinar su pureza. En un fax, los responsables del centro aseguran que: «Los 40 kilogramos de cocaína remitidos desde ese aeropuerto, tienen una pureza del 89% «. Se empaquetan y se envían al juzgado. Un oficial comunica: «Los 20 kilogramos de cocaína han llegado a las dependencias de este juzgado sin novedad «. El día del juicio contra el «camello», se inicia con el alegato fiscal que comienza diciendo. «El procesado fue detenido con una maleta que contenía medio kilogramo de cocaína de gran pureza, por lo que se le debe imponer una pena de tres meses de prisión y 3.000 euros de multa».
El ciudadano colombiano sonríe beatíficamente y mira al juez, mientras musita: «Era para consumo propio, señoría».
Candidato a la cárcel
Álvaro Uribe Vélez resultó ser un tétrico personaje de la paranarcopolítica colombiana. En su vida pública se han cometido grandes delitos de narcotráfico y horrendos crímenes de lesa humanidad. En tanto Presidente de la República de Colombia nunca se ha deslindado de sus compañeros y colegas paramilitares-narcotraficantes. Juntos son responsables del asesinato de millares de hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Por todos esos execrables delitos de lesa humanidad, Colombia debería juzgarlo y encerrarlo en una cárcel para que purgue todas las monstruosidades cometidas. Si Colombia no lo juzga, debe ser procesado por la Corte Penal Internacional que bien podría adelantarse a Estados Unidos que, también, podría llevarlo a una cárcel imperial, tal como lo hizo con el dictador panameño Noriega.
La buena noticia fue que la Corte Constitucional de Colombia le cortó las alas a ese Señor de las Sombras al dictar el fallo que no avaló una iniciativa que planteaba convocar a un referéndum para permitirle ser candidato a la Presidencia de la República mediante la concesión de darle vía libre a una segunda reelección inmediata.
La decisión de la Corte Constitucional del 26 de febrero de 2010, desestimó la autorización aprobada el año pasado por el Congreso, para que Uribe se inscriba como candidato en las elecciones de mayo próximo y, eventualmente, prolongue su mandato hasta el 2014.
«La mayoría de miembros de la Corte respaldó la ponencia presentada por el magistrado Humberto Sierra, quien conceptuó que convocar al referéndum era ilegal por diversas irregularidades. Sierra presentó a sus colegas un estudio de 400 páginas en el cual advirtió sobre errores como la violación del límite de la financiación para impulsar consultas populares de ese tipo, atribuida a los promotores del referéndum, miembros del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (U).
Asimismo, Sierra consideró que se cometieron irregularidades en un cambio de texto de la pregunta en el referéndum, al igual que en la convocatoria a una sesión extraordinaria del Congreso, cuando finalizó la legislatura en diciembre de 2008″.
¿Se le acabaron los sueños dictatoriales a Álvaro Uribe? Por ahora, sus ansias de poder, sus ilusiones megalómanas se rompieron con el fallo de la Corte Constitucional. Resta saber si será juzgado por lo tribunales de justicia como cualquier reo común o si como sus amigos paras y narcos evadirá la justicia y huirá de Colombia.
Lo malo de todo esto puede ser que su Ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de definidos tintes neofascistas podría ser elegido para reemplazar a su antiguo jefe. Entonces Colombia iniciará otro largo y doloroso camino de muerte, torturas, desapariciones, fosas comunes, desolación y de permanencia de los gringos adueñados de las bases militares para agredir a los pueblos de América Latina y el Caribe a fin de acelerar los procesos de neocolonización, depredar aceleradamente los recursos naturales que aún quedan y apoderarse de la biodiversidad, agua y oxigeno que son patrimonio de la humanidad.
Naturalmente que el imperio tropezará con pueblos libres y soberanos que, con sus luchas, impedirán que Estados Unidos consuma sus nefastos objetivos.
* El Tribunal Dignidad, Soberanía y Paz Contra la Guerra agrupa a intelectuales y representantes de organizaciones sociales del Ecuador. Se formó en Quito al inicio de la última invasión de Estados Unidos y sus aliados contra Iraq.