Álvaro Uribe y su intensa y fría soledad

1. La soledad Interna de Uribe.

El Presidente Álvaro Uribe Vélez vive una intensa y preocupante soledad. De manera lenta pero segura se va quedando sin sus consabidos apoyos al interior del Congreso y por fuera de este. Y es que la situación que viven muchos de sus conspicuos amigos congresistas no es la mejor como para que éstos salgan en defensa suya. No pocos tienen que aclararle y mucho a la rengueante justicia colombiana sobre materias tan delicadas como las siguientes: cómo obtuvieron dichos parlamentarios las distintas votaciones en sus regiones y de por qué han suscrito acuerdos políticos con los paramilitares, que como bien lo ha concebido la Corte Suprema de Justicia, juez supremo de los congresistas en Colombia, ello configura y a las claras un rotundo proceder criminal.

En las circunstancias actuales, propias del sálvese quien pueda, resulta ingenuo que Uribe pida a los miembros de sus distintos partidos en el Congreso que salgan a defenderle cuando muchos de lo aún no imputados/as saben que cada día que pasa nuevos escándalos ponen en evidencia nuevos y conmovedores hechos, los cuales como una mancha de aceite terminarán más temprano que tarde afectándoles. Uribe vive horas bajas y frías, el brío y la pedantería de otros días han dado paso al silencio y también a la posibilidad de que pida perdón al país por los errores cometidos al haber nombrado en instancia de responsabilidad a personajes con relaciones nada castas con el paramilitarismo.

Este arrepentimiento llega tarde y más si se tiene en cuenta que, por ejemplo, sobre un personaje como Jorge Noguera, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y excónsul en Milán; detenido hoy por haber puesto al DAS al servicio del paramilitarismo pesaban razonadas dudas sobre su criminal actuar y, aún así, Uribe y en un ejercicio de minimizar o desconocer los reiterados señalamientos que le hacían a su funcionario de confianza, a su hombre impoluto, llegó a decir, no sólo decidió nombrarle como cónsul en Milán, luego de haberle admitido la renuncia como máximo responsable del DAS, el órgano más importante de la seguridad en Colombia, dependiente exclusivamente de la Presidencia de la República, es decir, del Presidente Uribe, sino hacer de él una defensa acérrima, al punto de tildar de frívola[1] y malintencionada a un sector importante de la prensa escrita, léase la Revista Cambio 16 y la Revista Semana, quienes difundieron y con gran honradez periodística todo el proceder canalla de este personaje.

Hoy sabemos y con más certezas que el defendido del Presidente Uribe proporcionaba al temido Jorge 40, Jefe del Bloque Norte de los paramilitares, retenido hoy en la Cárcel de Itagüí, todo tipo de expediente de sindicalistas, profesores universitarios y estudiantes de la costa caribe, y quienes y como así se puede demostrar, terminaron siendo víctimas del paramilitarismo y, por ende, del terrorismo de Estado. Al parecer, Uribe piensa ahora pedir perdón por haber nombrado a Jorge Noguera en la dirección del DAS y no por los crímenes que bajo dicha dirección éste propicio y con total impunidad, y de cuya responsabilidad derivada, sin duda, al menos en lo moral, no está exenta el poder ejecutivo.

La detención[2] de Jorge Noguera es un duro golpe para Uribe en lo personal porque éste era una cuota suya, y en lo político y legal significa una de las mayores derrotas por cuanto pone en evidencia el grado de ilegalidad y de ilegitimidad que hoy expresa su gobierno y ello como quiera que la inteligencia del país estaba – y se menciona que aún está-al servicio del narcoparamilitarismo. Los crímenes perpetrados por los paramilitares al amparo del DAS viene a confirmar que el Proyecto de Seguridad Democrática es una estrategia de guerra del Estado y del actual gobierno contra importantes sectores de la población y ello urge, sin duda, todo tipo de inventiva en la perspectiva de deslegitimar aún más dicha estrategia, por cuanto, sin equívoco alguno, es desde esta iniciativa donde se viola el estado de derecho y desde donde se le niega el derecho a la vida a los/las colombianos/as.

2. El paragate aumenta el recelo frente al gobierno de Uribe

La soledad del Presidente Uribe es un hecho. Y ello no sólo se explica en clave interna sino que ahora también se podría explicar en sus coordenadas externas[3]. Así, entusiastas senadores demócrata del Congreso americano y que muy decisivo fueron a la hora de apoyar el Plan Colombia en otro momento, léase Patrick Leahy, ahora y quizá dada las diferencias que tienen con el Gobierno de George Bush, han pasado a la ofensiva y desde hace un tiempo vienen poniendo en duda la ayuda norteamericana a Colombia y también la firma del Tratado de Libre Comercio. El caso de la parapolítica y el paragate, nombre con el que se conoce en los EEUU hoy las relaciones criminales establecidas por importantes miembros del congreso colombiano y los paramilitares no ha hecho otra cosa si no darle insumos a importantes senadores demócratas para golpear a Bush y de paso sumir al gobierno de Uribe en un mar de dudas.

Sabemos que el gobierno de los EEUU sea cual fuese su orientación política difícilmente dejaría al gobierno de Uribe a su suerte, no lo va a hacer, pues muchos intereses se juega el estado norteamericano en Colombia. Ello, sin embargo, no exime que como acabó de acontecer, se pueda ejercer presión para obtener rédito políticos ante situaciones que resultan oprobiosamente escandalosa, verbigracia, como la intención de Uribe de sostener contra todo pronóstico y toda crítica a María Consuelo Araujo Castro, excanciller hasta hace unos pocos días atrás, justo cuando su hermano Álvaro Araujo Castro y su padre Álvaro Araujo Noguera, —-congresista el Primero y Ex ministro, el segundo—-, están detenidos y vienen siendo investigados por tener relaciones con el narcoparamilitarismo y, además, por el delito de secuestro. De este malestar tomó atenta nota el Vicepresidente Francisco Santos en su reciente visita a EEUU y se cree que este malestar existente en el Congreso americano y en el Gobierno de Bush, unido a factores internos, sin duda, fueron los elementos que precipitaron la caída de la Canciller María Araujo Castro hace escaso una semana.

3. La parapolítica agota el capital político de Uribe y deslegitima al Estado.

El rédito político de Uribe se agota. Un escándalo tras otro hace mella en su credibilidad así las encuestas digan lo contrario. En lo que va de sus ejecutorías de gobierno no pocos funcionarios han tenido que dejar sus cargos. Hoy podemos decir que hay una lista de funcionarios que han tenido que dejar su gobierno, la cual amenaza con hacerse extensa, y ello por haberse demostrado que los mismos habían entrado en estrechas relaciones con el paramilitarismo y favorecer a este desde sus instancias gubernamentales. Algunos casos resultan dicientes: por supuesto, Jorge Noguera, Giancarlos Auque y Rafael García en lo que al DAS se refiere. Desde aquí dichos personajes facilitaron a narco-paramilitares toda suerte de información confidencial y propiciaron que se procediera contra quienes consideraban enemigos del establecimiento.

Junto a los anteriores funcionarios se encuentran Luis Carlos Ordosgoitia, ex-gerente de Concesiones del Ministerio de Transporte y Luis Ortiz, ex-gerente del Incoder. El primero salió del gobierno por haber suscrito un acuerdo político con los paramilitares en Santa fe de Ralito, lo que ha se ha dado a conocer con el nombre de la parapolítica; documento del cual hay otros firmantes, entre ellos varios congresistas de filiación uribista. El segundo «tuvo que dejar» el gobierno por haber entregado tierras a los paramilitares cuando las mismas estaban destinadas a ser entregadas a los/as desplazados/as. Y de igual modo, hay que señalar el caso de Alfredo Escobar Araujo, Ex-Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y el de su esposa Ana Margarita Fernández de Castro, Ex-secretaria General de la Procuraduría, y quienes tuvieron que renunciar hace pocos meses al destaparse el escándalo acerca de que dicha pareja mantenía relaciones amistosas con el reconocido narcotraficante Giorgio Sales y de quien se dice que tenía estrechos nexos con Salvatore Mancuso. Y, como estos casos, otros más detectados en la Fiscalía, el Ejército y la Policía.

El cierre temporal de todo estos escándalos lo constituye, sin duda, la detención de un número importante de congresistas, todos, y sin excepción, miembros de partidos uribistas y quienes le acompañaron al Presidente en su reelección. En la actualidad hay 9 Congresistas sobre los cuales se han proferido medidas de aseguramiento. Ocho se han hecho efectivas y una está pendiente se hacerse, pues se sabe que Jorge Luis Caballero[4], Representante a la Cámara por el Departamento del Magdalena está prófugo de las autoridades. Los Congresistas a los cuales se les ha proferido orden de captura y que se encuentran detenidos son: Álvaro Araujo, Álvaro García, Eric Morris, Jairo Merlano, Mauricio Pimiento, Luis Vives, Dieb Maloof y Alfonso Campo. Dado el rumbo de los acontecimientos, es posible que en los próximos días las investigaciones en curso arrojen nuevas detenciones. En la mayoría de los casos, los congresistas detenidos son del caribe colombiano pero ello de ningún modo podría significar que el fenómeno paramilitar sea sólo un marcador identitario de esta parte del país. De hecho, ya en los Llanos se conoce un acuerdo político entre los paramilitares y políticos de esa región, lo que pone en evidencia una vez más que el Estado colombiano de manera lenta pero segura empezó a ser copado por el narco-paramilitarismo y que este fenómeno no le es propio a ninguna región en especial. A quienes quieren regionalizar el asunto, les digo, se equivocan. El asunto no es entre cachacos y costeños. El asunto es una cuestión de Estado y Gobierno.

No hay duda que desde Pablo Escobar el narcoparamilitarismo se quiso imponer de forma selectiva en el conjunto de la institucionalidad. De hecho con su poder económico llegó al congreso de la mano de Jairo Ortega y de su Movimiento de Renovación Liberal en 1982. Jairo Ortega, como todos sabemos, era el lugarteniente de Santofimio Botero en Antioquia. En los años 90 el Cartel de Cali puso a su disposición una parte importante del Congreso para sus fines y propósitos. Se sabe que en su momento los hermanos Rodríguez Orejuela pusieron 6 millones de dólares para elegir a Ernesto Samper Pizano y para elegir a un Congreso de Bolsillo.

El escándalo del Proceso 8000 permitió conocer de modo no prolífico las relaciones entre el narcoparamilitarismo de entonces y los políticos. Hoy un proceso de mayor dimensión, de más hondo calado en términos de criminalidad y de copamiento por parte de los paramilitares se ha producido en el sistema político colombiano. El asunto resulta innegable. La diferencia de los anteriores intentos fue que aquellos estuvieron focalizados en áreas muy específicas de la institucionalidad y el actual proceso recorre todas las arterias del sistema, todos los poderes. Así, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial están en entredicho. Le corresponde al Presidente Uribe aclarar su enrarecido pasado y el de sus familiares y más como quiera que siendo él la primera magistratura del país no debería dar lugar a que sobre él se teja un manto de duda. De igual modo, mal hace con cargar de modo cáustico contra quienes pretenden visibilizan lo que ha acontecido y acontece con la parapolítica en Colombia, de la cual él es, sin duda, dado la importante investigación adelantada por la Corporación Arco Iris, un beneficiado en mayor o menor medida en términos electorales.

Lo que acontece en Colombia no es de poca monta. Ello exige reflexión y mesura, que es la que le falta al Presidente Uribe en estos aciagos momentos en el que el narcoparamilitarismo se ha apoderado de la institucionalidad y en no pocos casos con la mirada complaciente de importantes poderes públicos. El cáncer no se cura con curita -tirita– dice el adagio popular y razón no falta de cara a nuestra realidad de horror, muerte y corrupción. Si en Colombia tuviéramos un Presidente digno y una ciudadanía que en su gran mayoría estuviera dispuesta a salir de su estado minoritario de edad y del totalitarismo de la indiferencia en la que muchos y muchas viven, Uribe ya habría renunciado o en su defecto una desobediencia civil lo hubiera hecho renunciar por indigno. Uribe no renunciará, dirá en los momentos de mayor apremio que, aquí estoy y aquí me quedo, tal y como un día lo dijo el Expresidente Ernesto Samper Pizano ante un acoso muy parecido como el que ahora enfrenta Uribe. En lo que a mí respecta yo le digo nuevamente: Váyase señor presidente. No haga más indigno a Colombia.

4. El proyecto de Uribe: Una iniciativa de muerte y de desesperanza.

Y váyase, pues su gobierno no representa la vida ni un proyecto de esperanza. Todavía estamos esperando que la proclama lanzada el día 31 de diciembre del año pasado en Bojayá, Chocó, y en la cual ponía de presente una gran cruzada por la vida empiece a cumplirse. Le recuerdo que la lucha por la vida en Colombia es más que un slogan, más que una coartada. Su gobierno no está a la altura de esos designios y tampoco representa un espacio para la esperanza. Los actos de los militares, de la policía y de sus más incondicionales acompañantes en las tareas propias de gobierno representan justamente lo contrario: la muerte, el desplazamiento y la desaparición forzada.

Y como para corroborar los hechos, sólo hay que observar el trabajo de la Comisión Colombiana de Juristas y en el cual se consiga que en los últimos cuatro años murieron asesinadas o fueron desaparecidas 11.292 personas, siendo el 75 por ciento de estas acciones responsabilidad del Estado. Gustavo Gallón, director de esta organización en su momento puntualizó que esta flagrante violación a los derechos humanos en Colombia obedece a tres razones fundamentales: las exigencias de la Política de Seguridad Democrática, la presión a la fuerza pública para que entregue resultados positivos y la falta de distinción entre civiles y combatientes[5]. ¿Qué responsabilidad, me pregunto, le cabe a Uribe en calidad de comandante en Jefe de las fuerzas militares por toda esta tropelía?

Las responsabilidades no son pocas y más cuando Uribe es el responsable del arco arquitectónico de la política de seguridad democrática, política desde donde se impulsa y agencia toda esta repudiable violación a los derechos humanos. Dentro de esta vorágine de muerte y dolor también se suma la intemperancia lingüística del Presidente Uribe, quien y sin duda en muchos casos con sus comentarios zafios y su delirio de ver guerrilleros y terroristas por doquier ha hecho que funcionarios del Estado ( jueces, policías, militares) o los paramilitares se hayan creídos legitimados para actuar contra periodistas, defensores de derechos humanos o, en su defecto, contra humildes campesinos, tal y como aconteció justo hace dos años con la comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia) y en donde murieron y a mano de la Brigada XVII al menos ocho campesinos, entre ellos dos menores de edad. La Fiscalía General de la Nación el día 23 de febrero llamó a indagatoria a 56 militares de esa Brigada, lo que controvierte la opinión de Uribe y del mando militar en su momento, y quienes contra toda evidencia achacaban la responsabilidad de dicha masacre a las FARC. Uribe entonces justificó aquella masacre diciendo que la Comunidad de Paz de San José era un santuario de las FARC.

Con todo lo anterior, resulta difícil creer que el Presidente Uribe pueda ser la solución a los desmanes que hoy reina en su gobierno y en el conjunto de la sociedad. Me temo que más que una posible solución, Uribe y a leguas desde hace mucho tiempo se ha convertido en una parte fundamental del problema. Y más, en tanto en cuanto trata de invisibilizar la magnitud del escándalo de la parapolítica y busca de modo afanoso atacar a quien cuestiona su complacencia y su falta de carácter frente al narcoparamilitarismo. Atacando a la oposición, el Presidente Uribe no logra diluir el problema que hoy tiene enfrente. Atacando a Petro, a Gaviria, a Robledo, a Borja, a Piedad Córdoba o León Valencia, entre otros, lo que hace es coger el atajo y sumirse más aún en aquello que García Márquez en su ya inmortal realismo mágico llama soledad, aldeanismo. Señor Presidente, su soledad es innegable y todo indicaba que se profundizará. Amanecerá y veremos.