La serpentinita es una roca común, que en algunos lugares se presenta de forma abundante, y que se ha utilizado desde hace milenios como piedra estructural y decorativa. En la industria de la piedra ornamental a las serpentinitas se les conoce habitualmente como mármol verde, cuando presentan una intensa carbonatación y bellos jaspeados verdes. Bajo esta forma la podemos encontrar en monumentos y construcciones singulares, como la Alhambra de Granada, el Monasterio del Escorial, la Asamblea General de las Naciones Unidas, o el Palacio del Congreso de los Diputados: tanto en el propio hemiciclo (zócalo de la tribuna de oradores, en pasillos y columnas), como también en el vestíbulo principal, en el salón de los pasos perdidos, etc.
Entre los minerales que forman parte de las rocas serpentinitas, se encuentran mayoritariamente la antigorita y el crisotilo [i]. Conocido también como amianto blanco, la extracción del crisotilo ha sido otro de los usos habituales de las rocas del grupo de las serpentinas: por su abundancia y disponibilidad, combinado con unas extraordinarias cualidades, representa el 95% del amianto empleado en todo el mundo. Un uso que ha sido masivo a lo largo del siglo XX, en los más diversos materiales y aplicaciones, desde las “uralitas” en placas onduladas de cubiertas, a conducciones y tuberías, depósitos, jardineras, tejidos e hilaturas, calorifugados, proyectados ignífugos, aislamientos eléctricos, juntas y empaquetaduras, pavimentos, zapatas de frenos, etc. Como una telaraña global, tenemos amianto por todas partes y se está deteriorando de forma muy peligrosa.
Según la OMS [ii] la exposición al asbesto, incluido el crisotilo, provoca, entre otras enfermedades, cáncer de pulmón, de laringe y ovárico, mesotelioma (cáncer de la pleura y peritoneo) y asbestosis. Su impacto en el ámbito laboral es terrible: origina aproximadamente la mitad de los fallecimientos por cáncer de origen ocupacional, y esta causa, “A excepción de la pólvora, el amianto es la sustancia más inmoral con la que se ha hecho trabajar a la gente”, como afirmaba Remi Poppe (exeuroparlamentario por el Partido Socialista de los Países Bajos).
La tardía prohibición del uso y comercialización del amianto en Europa a finales del pasado siglo (ya en 1978 el Parlamento Europeo catalogó el asbesto como cancerígeno laboral) ha contribuido a la muerte de cientos de miles de personas, que no deberían haber estado nunca expuestas a este mineral asesino: ni en sus lugares de trabajo, ni en sus casas o en sus barrios; ni tampoco en los colegios, o en los hospitales, trenes, barcos, etc.
Una situación que evidentemente ha desbordado el ámbito laboral y la normativa que se configuró en su momento, y que España aún debe resolver de una forma adecuada, como anunciaba en 2001[iii] Ángel Cárcoba Alonso, mediante “acciones tales como el fomento del debate social, el control y la vigilancia de los colectivos expuestos al amianto en la actualidad y en el pasado, la compensación e indemnización de las víctimas, el control del amianto actualmente instalado y el control del mercado internacional del amianto”.
Diez años más tarde, en 2010 y 2011[iv] Angel Cárcoba nos advertía de nuevo de que el amianto constituía «un problema de salud pública», que no había desparecido tras la “prohibición”. Era indispensable lograr el apoyo y atención a víctimas y afectados, la creación de un registro nacional de afectados y mejora en el registro de empresas “RERA”, la realización de estudios epidemiológicos, el establecimiento de un fondo de indemnización, el reconocimiento como enfermedad profesional, la eliminación de la exposición pasiva, la creación de un inventario de los edificios afectados y la retirada de todo el asbesto a través de un proceso regulado (programa de desamiantado), entre otras medidas para afrontar y resolver las enormes tareas que quedaban pendientes. Para ello, proponían “una coalición de afectados, víctimas, familiares, vecinos, sindicatos, profesionales de la salud, ecologistas, universitarios, artistas, periodistas, etc.”.
Unas tareas pendientes que se pusieron de manifiesto por parte del Parlamento Europeo en su Resolución del 14 de marzo de 2013 [v], relativa a los “Riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente” (2012/2065(INI)), y del CESE (Consejo Económico y Social Europeo) a través de su Dictamen de 2015 sobre “Erradicar el amianto en la UE”[vi]. En ambos casos, se ha venido a establecer el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para toda la UE tanto la erradicación del amianto de forma segura, como reconocer y apoyar los derechos de las víctimas y afectados por el amianto, aportando criterios y estableciendo soluciones para afrontar eficazmente estas prioridades.
En este contexto, en 2018 se trató de acometer por primera vez en España una iniciativa parlamentaria que permitiera disponer de una regulación integral sobre el amianto, como fórmula para abordar de manera coordinada todas esas enormes tareas que habían quedado pendientes. Tras esta primera iniciativa, de nuevo en 2020 una coalición de asociaciones de víctimas, sociedades científico-médicas, organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales y profesionales de diferentes ámbitos, trasladan a la sociedad y al gobierno español, a través del Manifiesto por una Ley Integral del Amianto, la necesidad y urgencia de abordar las grandes cuestiones pendientes[vii].
Estas iniciativas se han sumado a otras que ya venían reclamando al Estado español una intervención responsable en esta crisis, lo que ha permitido que, efectivamente, el amianto esté presente en el Congreso de los Diputados:
- Más País Verdes Equo presentó en marzo [viii] en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para pedir la elaboración de una ley integral del amianto, así como una estrategia para erradicar en 2030 este asbesto instalado, los residuos controlados o no controlados y los suelos contaminados.
- Todas las formaciones políticas del Congreso, a excepción de Vox, respaldaron en abril [ix] en el Pleno de la Cámara Baja tramitar la proposición de ley del Parlamento Vasco para impulsar un fondo estatal de indemnización a víctimas del amianto y sus familiares.
- En mayo, el Consejo de Ministros remitía a las Cortes el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, para su debate parlamentario, y que contiene obligaciones para ayuntamientos y comunidades autónomas, para ejecutar un censo del amianto instalado y planes para su retirada segura.
Recientemente, el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá ha mantenido una reunión con la Asociación Catalana de Víctimas Afectadas por el Amianto (AVAAC) y el Col-lectiu Ronda donde se ha comprometido a impulsar «de forma inmediata» el acceso a la jubilación anticipada para personas trabajadoras que hayan estado expuestas a amianto en sus puestos de trabajo.
Son evidentemente noticias muy importantes y positivas, pero como indican desde AVACC [x] “el debate ha de ser necesariamente más amplio”. “Debemos pensar de una vez por todas qué hacemos con esas miles y miles de toneladas de amianto instalado que constituyen una amenaza seria y muy real para la salud pública”.
Si ha sido una irresponsabilidad mantener durante 20 años el amianto instalado sin una adecuada identificación y gestión, si la permisividad social y política frente a este desastre industrial ha favorecido que la factura de víctimas y afectados aumente dramáticamente, cualquier propuesta legislativa debe analizar cuidadosamente el cómo lo hacemos, para evitar que esa factura pueda incrementarse durante las próximas décadas. Como indica el considerando AJ de la Resolución del Parlamento Europeo antes mencionada, una nueva propuesta legislativa debe ir precedida de una evaluación detallada de sus posibles impactos.
Es indispensable una acción coordinada entre las diferentes administraciones para que esos grandes temas que aún quedan pendientes se acometan, ahora sí, de forma decidida y eficaz; coordinación entre los ministerios de Transición Ecológica, Trabajo y Sanidad; coordinación con las entidades locales y administraciones autonómicas dotándoles de recursos, metodologías y criterios que les permitan asumir sus responsabilidades de manera adecuada, instruyendo y capacitando a las personas encargadas de realizar la identificación y censo de materiales, aplicaciones y residuos con amianto, y la evaluación del riesgo para establecer las prioridades de actuación; coordinación para garantizar la indispensable trazabilidad de todo el proceso de erradicación, desde su identificación, siguiendo con el censo, retirada y gestión, y por fin la definitiva eliminación de todo el amianto.
La experiencia ya existente en algunos territorios, como en Cataluña [xi], será clave para poder establecer estos mecanismos de coordinación: comisiones interdepartamentales para la puesta en marcha de las políticas de erradicación del amianto, directamente vinculadas a la máxima autoridad de la administración territorial, que permitan la participación de los diferentes agentes implicados, especialmente las entidades locales, y favorezcan la cooperación y coordinación entre ellos, y la evaluación, seguimiento y control de todo el proceso.
El amianto está en el Congreso, es el primer paso para que salga de nuestras vidas, de erradicarlo para las próximas generaciones.
Notas:
[i] “Vocabulario de Rocas, Sedimentos y Formaciones Superficiales” y Estudio de las serpentinitas del Complejo Nevado-Filábride (Cordillera Bética). Usos y aplicaciones en construcción y patrimonio arquitectónico.
[ii]https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chrysotile_asbestos_summary.pdf
[iii]https://archivosdeprevencion.eu/view_document.php?tpd=2&i=1268
[iv]http://tusaludnoestaennomina.com/wp-content/uploads/2014/06/Amianto-impacto-sobre-la-salud-y-el-medio-ambiente.pdf y http://www.ccoortva.org/docs/amianto.pdf
[v]https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0093_ES.html
[vi]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5005&from=LT
[vii]https://www.consalud.es/pacientes/expertos-amianto-instan-gobierno-desarrollo-ley-integral-llegue-congreso_90261_102.html
[viii]https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-mas-pais-verdes-equo-pide-gobierno-ley-integral-amianto-estrategia-erradicarlo-2030-20210326142021.html
[ix]https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-congreso-acepta-tramitar-ley-vasca-compensar-victimas-amianto-20210413192226.html
[x]https://avaacblog.wordpress.com/2021/04/13/congreso-hacia-una-necesaria-ley-integral-del-amianto/
[xi]http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?cap=false&codi=21277
Antonio Bernardo Reyes. Arquitecto técnico en prevención de riesgos laborales, gestión y coordinación de equipos de trabajo en Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.