Dos días después que el presidente Álvaro Uribe reprochó a Amnistía Internacional (AI) el negarse a calificar de «terroristas» a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización defensora de derechos humanos sugirió al mandatario que «en lugar de detenerse en un debate semántico sobre cómo calificar» a la guerrilla, evite que las fuerzas […]
Dos días después que el presidente Álvaro Uribe reprochó a Amnistía Internacional (AI) el negarse a calificar de «terroristas» a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización defensora de derechos humanos sugirió al mandatario que «en lugar de detenerse en un debate semántico sobre cómo calificar» a la guerrilla, evite que las fuerzas de seguridad ignoren la legislación humanitaria internacional.
AI, que también acusó a guerrilleros y paramilitares de menospreciar los derechos humanos, dijo que las tres partes en el conflicto armado son responsables de la muerte y desaparición de miles de civiles cada año, así como del desplazamiento de sus lugares de origen de millones de personas.
La discusión sobre el estatus que deberían tener las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desató el 11 de enero pasado, cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, abogó por reconocer la condición de fuerza beligerante de ambos grupos armados, e hizo un llamado al gobierno colombiano a hacer ese reconocimiento, a fin de avanzar hacia una solución política del conflicto político-militar colombiano, iniciado con el levantamiento de las FARC en 1964.
Bogotá rechazó la iniciativa venezolana el 12 de enero y en la víspera de su viaje a París, el sábado anterior, Uribe dijo que «a mí me parece que cuando AI dice que (las FARC) no son terroristas, sino que es oposición armada, desconoce la legislación internacional».
En una declaración publicada este lunes, AI señaló que el gobierno colombiano ha sostenido que no existe un conflicto armado, sino una guerra contra el terror, pero apuntó que ésa es una «interpretación rechazada por numerosos organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos».
AI señaló que su objetivo «sigue siendo que terminen las violaciones de los derechos humanos cometidas por todas las partes del conflicto interno colombiano», y que «hay mayores posibilidades de obtener este objetivo teniendo en cuenta las acciones de un grupo más que su denominación».
«En lugar de detenerse en un debate semántico sobre cómo calificar a las FARC, el gobierno colombiano debería preocuparse por el hecho de que las partes en conflicto, sea la guerrilla, los paramilitares o las fuerzas de seguridad, siguen ignorando los derechos humanos y la legislación humanitaria internacional», puntualizó AI.
Al ahondar en este debate durante una entrevista difundida por Radio Francia Internacional, Uribe dijo que «como alternativa al reconocimiento de beligerancia, en el momento en que las FARC quieran entrar a una negociación, el gobierno colombiano está dispuesto a reconocer los voceros políticos, a quienes se les levante la orden de captura para facilitar que participen en el diálogo».
Uribe argumentó que para conseguir reconocimiento de fuerza beligerante, la legislación internacional requiere que las organizaciones en cuestión tengan control y mando, y ejerzan justicia.
Según Uribe, ni las FARC ni el ELN son capaces de administrar justicia, pero agregó que en particular la organización liderada por Manuel Marulanda (Tirofijo) ha perdido control y mando.
Uribe fue recibido este lunes por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, con quien habló sobre la reactivación de la misión humanitaria internacional, uno de los temas principales de su gira por Europa, iniciada en París.
Después de entrevistarse con Sarkozy, Uribe sostuvo en conferencia de prensa que le pidió apoyo para establecer una «misión internacional médica» que atienda a los rehenes y para establecer una misión de intermediación de la Iglesia católica colombiana, que haga posible el intercambio de 500 guerrilleros presos por cerca de medio centenar de políticos, militares y policías secuestrados por las FARC.
La jerarquía católica colombiana propuso crear una «zona de encuentro» de 150 kilómetros en una localidad despoblada, sin presencia de hombres armados y con observadores internacionales que propicien el ambiente para la negociación de un acuerdo humanitario.
El despeje, única opción
El despeje de militares de los municipios de Florida y Pradera, ubicados en una región del suroeste de Colombia, es la única opción viable para avanzar en contactos entre el gobierno colombiano y las FARC, reiteró Reyes.
Otros actores en el conflicto colombiano, Clara Rojas y Gustavo Moncayo, padre del policía secuestrado Pablo Moncayo, se refirieron también a la polémica sobre el estatus que debería reconocérsele a las organizaciones guerrilleras.
Rojas -de visita en Madrid para participar en un foro internacional sobre víctimas del terrorismo- dijo que «el hecho de quitarles el mote terrorista debería tener un compromiso previo de que no vuelvan a sus acciones» violentas.
Moncayo, quien se encuentra en Caracas después de haber recorrido mil 492 kilómetros entre Bogotá y Caracas, dijo a la agencia informativa Ips que el reconocimiento puede dársele a la guerrilla si eso contribuye a que accedan a liberar a los prisioneros de guerra y los civiles secuestrados.