«Consideramos que las políticas de seguridad democrática del Gobierno del Presidente Uribe están aumentando la militarización en el país, involucrando cada vez más a la población civil en el conflicto, y consiguientemente están facilitando el clima y contexto para un incremento de la violencia sexual contra la mujer. Hay estudios que demuestran claramente el impacto […]
«Consideramos que las políticas de seguridad democrática del Gobierno del Presidente Uribe están aumentando la militarización en el país, involucrando cada vez más a la población civil en el conflicto, y consiguientemente están facilitando el clima y contexto para un incremento de la violencia sexual contra la mujer. Hay estudios que demuestran claramente el impacto de la militarización de la sociedad y los nexos de ésta con el aumento de la violencia sexual contra la mujer», dijo a nuestro semanario el 13 de octubre Susan Lee, directora del programa regional para las Américas de Amnistía Internacional (AI). La líder humanitaria presidió junto a la investigadora de AI Giulia Tamayo , la directora de Ruta Pacífica de Mujeres Ana Milena González y el investigador para Colombia de AI Marcelo Pollack, la rueda de prensa que sirvió como antesala del lanzamiento del informe de Amnistía Internacional Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. La funcionaria, dijo además a instancias de VOZ, que «… el intercambio humanitario está establecido y hay toda la posibilidad para el Gobierno y las FARC en este caso, dentro de la normatividad del Derecho Internacional Humanitario, para llegar a un acuerdo de intercambio de las personas retenidas o detenidas. Esa es una figura y un procedimiento que se ha usado en otros conflictos internos, como los de Centroamérica en su momento. Ese marco y esos precedentes, podrían ser usados aquí para lograr el intercambio humanitario. Desconocemos las razones por las cuales no se ha llegado a este acuerdo humanitario, pero como lo he visto, son razones de orden político. Agregaría que el intercambio humanitario no debe ser solamente para retenidos y capturados, sino también para sacar definitivamente a la población civil del conflicto».
70 mil muertos en 20 años
Según AI, «Durante los últimos 20 años el conflicto armado interno en Colombia ha cobrado la vida de al menos 70 mil personas, la gran mayoría de ellas civiles muertos fuera de combate. Decenas de miles han sido secuestrados, «desaparecidos» y torturados, y más de tres millones se han visto obligados a abandonar sus hogares. En el curso de los 40 años de conflicto se han enfrentado las fuerzas de seguridad y los paramilitares, apoyados por el Ejército, con los grupos guerrilleros en una lucha por el control del territorio y los recursos económicos».
Agresión contra mujeres en el conflicto
El informe denuncia además que «La violencia contra las mujeres, en particular la violencia y la explotación sexuales -llegando hasta la violación y la mutilación genital-, forma parte integral del conflicto armado y continúa siendo una práctica extendida que utilizan los bandos del conflicto». Señala Amnistía que las mujeres son agredidas por transgredir roles de género o desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados, o por ser consideradas un banco útil a través del cual humillan al enemigo.
Precisa que en el 2.003 «..más de 220 mujeres perdieron la vida por motivos sociopolíticos fuera de los lugares de combate – en las calles, en sus hogares o en el lugar de trabajo- y 20 «desaparecieron». Según los informes, las fuerzas de seguridad fueron responsables directas de aproximadamente el cinco por ciento de estas muertes, los paramilitares respaldados por el Ejército, del 26 por ciento, y la guerrilla del 16 por ciento. En el resto de los casos no se identificó a los responsables».
AI cita también el informe de desarrollo humano para Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondiente a 2.003, titulado «El Conflicto, Callejón con Salida», según el cual, «…el número de mujeres muertas por motivos relacionados con el conflicto, pero no en combate, aumentó un 20 por ciento entre 2.000 y 2.001 y 2.001 y 2002. Durante este período un 20 por ciento de todos los muertos en combate y fuera de combate y de las «desapariciones» fueron mujeres, así como un 10 por ciento de las víctimas de torturas, un 11 por ciento de los muertos por minas antipersonales y un 18 por ciento de los secuestrados. Además, el 17 por ciento de los defensores de los derechos humanos muertos eran mujeres, al igual que el 16 por ciento de los sindicalistas y el 16 por ciento de los integrantes de comunidades indígenas».
Población civil, principal víctima
El informe revela cifras que colocan a la población civil como la principal víctima de los 40 años de conflicto armado interno en Colombia. «En el 2.003, más de tre mil civiles murieron por motivos políticos fuera del campo de combate; más de 2.200 fueron secuestrados, aproximadamente la mitad de ellos por motivos políticos, y hubo cientos de miles de desplazados y cientos de desaparecidos». Desde el año 2.000, más de 10 mil personas han sido secuestradas, más de la mitad de ellas por la guerrilla o los paramilitares, y por lo menos 1.500 han «desaparecido», principalmente a manos de los paramilitares, actuando a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad». El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, informó a AI que del año 2.000 al 2.002 se realizaron 40.489 dictámenes medicolegales por posibles delitos sexuales».
AI pide a fuerzas denunciar violencia de género
AI señaló además que a pesar de varias leyes que se han creado en el Legislativo para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y alcanzar la representación de éstas en el Estado, lo que se observa es el incumplimiento de ellas. AI estima que las partes en conflicto deben denunciar públicamente la violencia de género, sea cual sea la circunstancia en que ésta se produzca, dando advertencias o instrucciones claras a sus fuerzas de que la violencia contra las mujeres no se tolerará y que se exigirán responsabilidades y que aquellos que sean responsables de cualquier forma de violencia contra las mujeres serán llevados ante la justicia. Pide al Gobierno, aplicar la Resolución 1325 del 2.000 emanada del Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad y todo instrumento internacional para la protección de mujeres. Además aplicar al respecto todas las recomendaciones formuladas por los órganos de las Naciones Unidas. También pide a la insurgencia ordenar a sus combatientes que respeten el Derecho Internacional Humanitario, y al Gobierno y las organizaciones guerrilleras establecer un acuerdo humanitario para garantizar que la población civil quede protegida frente al conflicto.