Ante los dichos del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en relación al control que se efectuaría a la labor de los jueces de garantía para evitar que sean «ultragarantistas», Amnistía Internacional manifiesta nuevamente su preocupación ante eventuales vulneraciones a los derechos humanos y en particular al derecho al debido proceso. Independientemente de los delitos que […]
Ante los dichos del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en relación al control que se efectuaría a la labor de los jueces de garantía para evitar que sean «ultragarantistas», Amnistía Internacional manifiesta nuevamente su preocupación ante eventuales vulneraciones a los derechos humanos y en particular al derecho al debido proceso. Independientemente de los delitos que se imputen, las normas internacionales en relación al debido proceso y las garantías judiciales no pueden ser vulneradas y los tribunales competentes deben tener libertad para determinar la aplicación de dichas garantías de acuerdo a la ley y las normas de derechos humanos. Es imperativo el respeto de los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia del Poder Judicial, adoptados en 1985, que determinan que «los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad… sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo».
Hernán Vergara, Presidente de Amnistía Internacional- Chile ha señalado que «vemos una seguidilla de señales preocupantes, que parecen estar incrementando la criminalización de la protesta social en términos que podrían vulnerar derechos humanos establecidos en tratados ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y los dichos del ministro Ribera parecen continuar con ello». En este sentido, Hernán Vergara destaca que entre las señales previas se encuentra «la aplicación de la Ley Antiterrorista y de la Ley de Seguridad Interior del Estado, así como el proyecto de la llamada ‘Ley antitomas’ y el incremento de penas a ciertos delitos, a lo cual se suma la interpretación del Ministerio del Interior en el sentido que no es responsable por el actuar de Carabineros y la aparente ausencia de reacción por parte de las autoridades para investigar la gran cantidad de alegaciones y denuncias de abusos policiales que se han producido los últimos meses o para adoptar medidas que permitan prevenirlas en futuras manifestaciones. Los dichos del Ministro Ribera son preocupantes dentro de este contexto, en cuanto parecen intentar instruir que el actuar de los jueces se alinee con esta tendencia».
Amnistía Internacional ha reiterado que si bien entiende que existe una obligación del gobierno de salvaguardar el orden público, las medidas que se adopten en este sentido no pueden en ningún caso vulnerar derechos humanos. Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile, en este sentido señala que «Amnistía Internacional continuará dando seguimiento riguroso a todas las medidas legislativas y gubernamentales que se adopten en relación con el control del orden público en el contexto de manifestaciones sociales, para denunciar todos aquellos aspectos que impliquen violaciones a derechos humanos tales como la integridad física y síquica, el derecho a un debido proceso, la libertad de expresión y el derecho a reunión y asociación». «La existencia de hechos de violencia en el contexto de manifestaciones sociales y la necesidad de mantener el orden público, en ningún caso justifica violar derechos humanos», concluye Ana Piquer.