La reciente formulación y entrega al país de una Agenda Energética para responder a las inquietudes e incertidumbres de importantes sectores del empresariado nacional, hasta ahora no ha sido analizada de manera pública desde una perspectiva económico-política que tenga en cuenta cuáles son los alcances de esta apuesta política del sector minero-energético, llevada adelante gracias […]
La reciente formulación y entrega al país de una Agenda Energética para responder a las inquietudes e incertidumbres de importantes sectores del empresariado nacional, hasta ahora no ha sido analizada de manera pública desde una perspectiva económico-política que tenga en cuenta cuáles son los alcances de esta apuesta política del sector minero-energético, llevada adelante gracias a la voluntad política de la Nueva Mayoría y concitando, no obstante, la aprobación de amplios sectores de la sociedad, desde algunos grupos «ecologistas» hasta las críticas no sustanciales de la UDI. Este informe busca, pues, entregar algunas claves para la interpretación de este hecho político.
La Agenda energética (desde ahora AE) es expresiva de una correlación de fuerza al interior de los diferentes sectores de la economía nacional y regional, al mismo tiempo que es una declaración de intención del capital rentista. Es un signo de correlación de fuerza favorable al capital rentista monopólico, puesto que fija directrices económicas y políticas que orientarán las acciones de la principal actividad productiva nacional, la minería, pero también lo es porque fija posiciones a mediano y largo plazo para la estructura económica del país, lo que vendría a poner en cuestión los múltiples vaticinios de «crisis» de las clases dominantes/dirigentes que desde una oposición social se han realizado: «crisis de gobernabilidad de la burguesía», «crisis de hegemonía», «crisis de proyecto», etc. Cuando el escenario político no se analiza desde la interrelación efectiva entre clases, por más que se emplee una discursiva clasista, no resultará factible ver las tensiones y trayectorias que articulan la vida económico-política del país.
Por otra parte, la AE es una declaración de intenciones: al consignar caminos a seguir los próximos 15, 20 ó 30 años, está indicando su intención de consolidar el carácter rentista de la economía nacional y la primacía del sector minero en el mismo, lo cual manifiesta a su vez dos cosas: primero, es una señal para otros sectores de la economía, como el comercial, industrial, u otros, también rentistas, como el agrario o forestal, de que sin necesariamente entrar en contradicciones fundamentales con ellos, aspira a continuar siendo el área de mayor relevancia y de mayor expansión y acumulación en el país; segundo, declara la clausura de cualquier posibilidad de redefinir los fundamentos del actual patrón de acumulación capitalista, por lo mismo, revela la fuerza política real de los sectores anticapitalistas, ausentes absolutos del debate en torno a la AE y del trazado general de las pautas a seguir por el capital.
El propósito de este informe será, dado lo mencionado anteriormente, apuntar los actores relevantes de esta apuesta, definir posibles trayectorias y, finalmente, sugerir a la comunidad de militantes de causas socio-ambientales e interesados en general, posibles vías para pensar y enfrentar desde una óptica de clase las luchas que se libran.
El supuesto de este trabajo dice relación con el carácter proyectual y consensuado de la AE, el cual es revelador de un acuerdo para conservar uno de los lineamientos generales del patrón de acumulación diseñado en Dictadura por las elites económicas nacionales y transnacionales, por lo que la medida es parte de un ciclo político en el que las clases dirigentes/dominantes se cuadran sobre la defensa de un sistema definido por ellas mismas para mantener y aumentar las tasas de ganancia. La hipótesis política que se baraja, es que la AE es también una medida de contención de la crisis internacional en el país y una disposición para impulsar la competencia internacional del Commoditie minero radicado en Chile. Todo esto, mientras lo que podríamos denominar como expresiones de un incipiente movimiento social/popular/sindical/, permanece sin alternativas ni programas ni instrumentos políticos, para encarar el ciclo, aunque con muestras de organización y disposición de conflictividad que, por cierto, alienta y justifica análisis como el presente.
Carácter de la Agenda Energética
Para concretar la apuesta política que condensa la AE se definen en ella una serie de ejes que son factibles, sin embargo, de sintetizar en dos grandes grupos: el primero, concerniente a inversión, competitividad, diversificación, reducción de precios, etc, el segundo, relativo a la gestión del conflicto con las comunidades, por lo tanto, también de las trabas institucionales y sociales que dificultan y encarecen la inversión, vale decir, los ejes que apuntan a redefinir el cómo se administra el territorio por parte del capital.
Las proyecciones del sector empresarial apuntan a la competitividad, al crecimiento y a la baja de los precios de la energía. Paralelamente, estabilidad en las reglas, relación armónica con las comunidades y manejo y prevención de conflictos, figuran como las principales demandas a las que dará respuesta la AE.
La competitividad apunta a un doble propósito: las dinámicas de un mercado energético «competitivo» -si es que es posible hablar de ello en un marco controlado por tres grandes empresas- conducirán a reducir los precios de la energía y, luego, suministrar un piso económico para que el sector minero se sustente en el mercado internacional, sobre todo ante el para ellos preocupante crecimiento de la producción y exportación de cobre en Perú. Así, la reducción de precios prepara el escenario de competencia internacional para mantener las ganancias extraordinarias derivadas de la renta minera.
Esta pretensión de competitividad está ligada a la concepción de crecimiento económico, asumiéndose que la reducción de los costos marginales de la energía (hasta de un 30% en el SIC), mediante el fomento del uso de GNL, inversión estatal de 40 millones de dólares en ENAP, promoción de la termoelectricidad, utilización de la hidroelectricidad e inclusión de las ERNC, encauza a la AE a animar el crecimiento económico que, según se estima, tendería a decaer los próximos años.
Por otra parte, la reordenación territorial como criterio de convivencia entre distintas inversiones en un mismo territorio, para así regular la competencia mediante la participación del Estado a través de un marco institucional que dé «estabilidad en las reglas», así como la «simplificación de los trámites» para aprobarse los permisos de construcción de proyectos, no son sino la parte visible de un diseño político que requiere de la mayor consistencia que entregue equilibrio al sector minero-energético. Por consiguiente, las posibilidades de apelación y respuesta jurídica, social y política de las comunidades, podría quedar, de acuerdo a esta racionalidad, reducida en sus posibilidades, toda vez que en algunos casos éstas, debido a la presión social y jurídica, han cancelado, restringido o encarecido los proyectos.
De lo que se trata para el capital rentista, es de reducir costos en un marco internacional marcado por la crisis y la fuerte competencia, por lo que reajustar el marco institucional bajo formas más expeditas que las actuales y prevenir posibles trabas surgidas desde los movimientos sociales/populares/sindicales, resulta una necesidad de primer orden para el desarrollo futuro de sus negocios.
Concluyendo, la AE se trata de un tipo de reforma capitalista para mantener vigente y competitiva (nacional e internacionalmente) una forma de apropiación de plusvalor que ha caracterizado el patrón de acumulación impuesto por la Dictadura y mantenido por las administraciones posteriores.
El Proyecto ‘Alto Maipo’
Más allá de los impactos del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM), lo que aquí compete es comprender el lugar que ocupa este proyecto dentro del esquema de planificación futura del sector minero-energético. El PHAM, junto a Hidroaysén, ha ocupado el quehacer de la opinión pública referente a estas materias y continúa haciéndolo.
La cuestión a desentrañar es la siguiente: parte de los movimientos ambientalistas que se ocupan de levantar la lucha contra el PHAM, ya han dado cuenta que la producción generada en Alto Maipo (140 Mw) irán hacia el sistema interconectado central (SIC) y desde allí se transmitirán hacia Minera Pelambres.
Este simple enunciado, a nuestros ojos, vuelve visible un problema de fondo y que demuestra las complejas interrelaciones entre capitales que operan en el país:
1) Los actores que gestionan el proyecto son en primer lugar Aes-gener, empresa multinacional dedicada a la generación eléctrica y, en segundo lugar, el grupo Luksic, principalmente abocado a la actividad minera, pero con fuerte presencia nacional sobre todo con capital ficticio (Bando de Chile) y otras áreas productivas. Este grupo, cuando el PHAM encarecía, llega a financiar el 40% del proyecto. Vale decir, se identifican tres formas de capital con unidad de propósitos: 1.- el capital minero, rentista por excelencia. 2.- el capital generador de energía eléctrica. 3.- el capital que se dedica a la transmisión de la electricidad, pues la distribución expedita es una tarea fundamental junto con la generación.
2) El financiamiento del PHAM será realizado, junto a Antofagasta Minerals (Luksic) por el Banco Interamericano de Desarrollo, Corpbanca, BCI, Banco Itaú y el Banco Estado. Esta situación muestra una condición estructural del patrón de acumulación actual: la deuda de los sectores productivos minero-energético exportadores, es un medio para garantizar la acumulación en el marco de una economía rentista, por lo que la connivencia entre esta forma de capital y los sectores financieros forma parte de la estrategia general de mantención del sistema. Como vemos, faltando sólo el Banco Santander, el PHAM aglutina el apoyo de los principales bancos que operan en Chile.
3) Como conclusión de aquello, podríamos entablar que el PHAM es una materialización de una política profunda que los principales actores del sector minero-energético y financiero ven como una posibilidad de capitalización y ejecución de los lineamientos generales tratados por la AE: competitividad, baja de los costos de producción, marco institucional que facilite la inversión, etc.
4) Por último, el PHAM es resultado de la tríada que configura las causas de la dependencia y del desarrollo económico nacional: a) superexplotación, pues los salarios rudimentarios que se pagarán a la mano de obra serán bajos; b) preeminencia del capital ficticio, ya que es el sector financiero el que solventa al proyecto y c) la renta de la tierra como eje articulador del crecimiento económico, como lo expresa el uso de los ríos (derechos de agua) y el control sobre la producción minera, como es el caso de «Pelambres».
La transferencia de capitales, grupos económicos y sectores de la economía: movimientos en un marco de crisis
Una de las características de la estructura económica nacional, es el hecho de que los capitales tienen inversiones en diferentes sectores de la economía. Un ejemplo de ello es el grupo Luksic, el que tiene negocios en minería (en la cual han transformado a AMSA en una transnacional de importancia mundial), Banco de Chile, CCU, MADECO (manufactura de envases flexibles), entre otros. Por consiguiente, sería errado sostener en los análisis que un sector de la economía entra en contradicción con otro de manera que haga caer las bases de acuerdo estratégico de mantenimiento del patrón de acumulación.
De hecho, la transferencia de capitales de un sector de la economía a otro entrega flexibilidad a los distintos grupos económicos. Otro ejemplo: el grupo Matte (COLBÚN) fue uno de los perjudicados junto a ENDESA momentáneos con la no construcción de Hidroaysén, sin embargo, paralelamente, CMPC (forestal-industrial) se perfila como una de las empresas de mayor proyección nacional e internacional en ese rubro, por lo que, desde un punto de vista global, las condiciones económicas nacionales y regionales posibilitan la reinversión y transferencia de capitales hacia donde exista mayor rentabilidad, salvando con ello el patrimonio y la elasticidad de los grandes grupos económicos nacionales beneficiados del rentismo.
En definitiva, cuando se mira las dinámicas de conjunto del capital, es factible apreciar que las pugnas y/o tensiones no tienen que ver con contradicciones inter-capitalistas, pues éstas son inexistentes, tan sólo lo que vemos es una carrera autorregulada por obtener mayores beneficios, aumentar la acumulación y convertirse en la principal fortuna del país, todo dentro de un cuadro de acuerdos generales y estratégicos que tienen por base una economía basada en la exportación de productos primarios de bajo valor agregado, fundamentalmente el cobre. De éste puede decirse que podrá variar los mercados a los que llegue, que podrá subir o bajar su cotización internacional, pero lo que no se ha modificado ni pretende modificarse, es la composición del capital que profita de la renta del suelo. Esta tendencia, que marca una directriz en las correlaciones de fuerzas económico-políticas del país, es la apuesta segura de la burguesía rentista, impuesta por la Dictadura, mantenida por la Concertación-Piñera y hoy ratificada por la Nueva Mayoría.
El papel político de la Nueva Mayoría en este escenario
Para finalizar, concluimos:
1.- Quienes han empujado el debate nacional sobre la necesidad de una política energética de mediano plazo, son, naturalmente, las empresas dedicadas a ello en el país. Agrupadas en «Generadoras de Chile A.G.», AES-GENER, COLBÚN, ENDESA CHILE y otras menos significativas, constituyen una asociación gremial de peso considerable en la vida económica y política del país. El potencial energético de Chile es alto y estas empresas lo saben, al igual que la importancia que tiene para la minería contar con una producción abundante y de bajo costo. En segundo término, el sector de la minería privada, asociados en la SONAMI, que cuenta con gigantes de la minería mundial como Anglo American, BHP, AMSA, Xstrata, etc., reconocen la centralidad de una política energética para el mediano y largo plazo, sorteando con ello, al menos momentáneamente, la crisis internacional. Otros gremios de consideración que apoyaron secundariamente la AE fueron la SOFOFA y la CChC.
2.- La Nueva Mayoría es la expresión preferente del proyecto de los sectores del capital mencionados durante este análisis. Ahora bien, no se trata de plantear que este referente no privilegie ni sostenga a otros sectores relevantes para la economía nacional, lo que se quiere decir es que la articulación de la NM como programa, oferta electoral y luego como coalición gobernante, representa un hecho político en el que un sector del capital consolida su iniciativa y fija plazos, objetivos y dinámicas que regirán al país las próximas décadas. En ese sentido, independiente a las vicisitudes de corto plazo que caracterizan la «pequeña política» de los acuerdos, disputas electorales menores y refriegas por quién capta las cámaras, las cartas están echadas, puesto que los grandes temas referidos a lo público y al destino del país, ya están acordados.
3.- De esta manera, no es exagerado sostener que como referente político la NM no representa una renovación ni una apuesta por grandes transformaciones que beneficien a las mayorías de este país, aunque a nivel discursivo y gracias al acto simbólico de incorporación subordinada del PC, lo aparente. Más bien, puede caracterizarse su racionalidad política como una transición que pretende, a grandes rasgos: a) cooptación-represión del movimiento social/popular/sindical; b) sustentarse discursiva, simbólica y electoralmente a través de la satisfacción de expectativas en temas que, en términos de estructura de clase, son superficiales y c) conservar, aunque con modificaciones no sustanciales (como ya lo expresa el último acuerdo de reforma tributaria), las pautas básicas del patrón de acumulación basado en las ganancias extraordinarias y estratégicas de la renta de la tierra.
4.- Es lícito sostener que actualmente existe una crisis de hegemonía, siempre y cuando se atenga exclusivamente al análisis de los «profesionales de la política» y sus referentes, que pueden mutar, desaparecer o fusionarse, pero dicha crisis, estimamos, resulta difícil de sostener políticamente cuando se considera la correlación de fuerzas y los actores concretos, sus proyectos y acciones desde una perspectiva de clase. Así mismo, lo que podría estar puesto en cuestión en este escenario son las expectativas que ha generado la NM: la reforma educacional, tributaria o constitucional son, sin duda alguna, nodos que la historia reciente de nuestro país ha demostrado ocupan un lugar importante en los anhelos sociales, ello explica el triunfo electoral de la NM, pero de ahí a que estas reformas se ejecuten de manera tal que beneficien a las mayorías sociales de trabajadores y sectores populares, falta todavía mucho. Ello podría ser un factor de crisis de expectativas, pero que al menos en el corto plazo no alteraría el itinerario económico-político que la NM viene a resolver.
5.- por último, es justo mencionar que el gran ausente del debate público que ha generado la AE, la minería, la Gran Minería del cobre y la ausencia de una política nacional de desarrollo de la empresa estatal (COLDELCO). Es decir, la AE es también decidora por sus omisiones y refuerza un proceso de mediana duración de desnacionalización de la minería, iniciado el 11 de septiembre de 1973 y operado desde las direcciones de CODELCO, el Ministerio de Hacienda y la presión generada por la competencia de la gran minería privada. Dicho de otro modo, la AE perpetúa la situación de la minería en el país, principal aporte al PIB, por lo mismo, potencial agente para la redistribución de la riqueza. Este es un hecho que debe ser considerado en la correlación de fuerzas sociales, puesto que es una de las piezas centrales del entramado de dirección/dominación de las clases en el poder.
6.- No obstante el escenario desfavorable, es necesario poner en evidencia que la crisis internacional pesa. No se trata de vaticinar mecánicamente derrumbes espontáneos del modelo, sólo de prestar atención a las señas concretas de la economía y las apuestas tomadas en dirección de revertir los impactos de la crisis. Es esa la realidad que los movimientos sociales/populares/sindicales deben enfatizar, pues en ella se develan contradicciones, y ella porta los cimientos concretos con los cuales comenzar a elaborar bases programáticas que convoquen al pueblo y los trabajadores a un proyecto alternativo basado en realidades y luchas concretas y paulatinas contra el capital.
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