El posible excarcelamiento de guerrilleros de las FARC anunciado por el presidente colombiano Alvaro Uribe, provocó diversas reacciones entre quienes debaten acoger la iniciativa como un paso del canje humanitario, o un argumento para liberar a paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Uribe sorprendió a la opinión pública al ordenar al alto comisionado para […]
El posible excarcelamiento de guerrilleros de las FARC anunciado por el presidente colombiano Alvaro Uribe, provocó diversas reacciones entre quienes debaten acoger la iniciativa como un paso del canje humanitario, o un argumento para liberar a paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Uribe sorprendió a la opinión pública al ordenar al alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, buscar vías jurídicas que permitan una excarcelación masiva de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El mandatario espera que los miembros de las FARC se refugien en otros países una vez que sean excarcelados. ‘La idea es que estas personas liberadas sean trasladadas en principio a un lugar especial bajo el cuidado de la Iglesia católica, no obstante con el compromiso de que no volverán a delinquir, después de este paso podrían ir a otro país como se ha planteado’, explicó Restrepo, en declaraciones a los medios locales de comunicación.
Los condicionamientos son interpretados por quienes lideran procesos de paz como una estrategia de Uribe para evitar que las FARC, sus férreas enemigas que asesinaron a su padre años atrás, fortalezcan sus ejércitos tras las liberaciones, lo cual choca con los fines de los rebeldes.
‘Al gobierno le conviene que los guerrilleros excarcelados salgan del país para que no se fortalezca esa estructura armada’, y eso es precisamente lo que esperan las FARC, declaró el director del semanario Voz y auspiciador de los diálogos con grupos izquierdistas, Carlos Lozano.
El gestor entrevió también en la iniciativa ‘una carta bajo la manga’ del mandatario, la cual será puesta sobre la mesa cuando miembros de las AUC exijan ser excarcelados en honor a la justicia y la igualdad de los procesos de paz con grupos armados.
‘Si liberan a las FARC necesariamente el gobierno tendrá que liberar a los paramilitares, ahí hay un juego que aún no conocemos bien’, sentenció Lozano.
Por su parte familiares de los secuestrados de las FARC, que en reacciones previas dijeron que el anuncio ‘va a desempantanar’ el acuerdo humanitario, también previeron improvisación e invalidez en una propuesta que necesita ser concertada con la guerrilla para que las expectativas sean reales.
‘Tiene que ser concretada con la guerrilla para que tenga validez, para que nos lleve realmente a la libertad de los secuestrados (…)
En qué situación quedamos nosotros y los secuestrados tras una liberación de guerrilleros?’, cuestionó Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial, la colombo-francesa retenida Ingrid Betancourt.
Los interesados en el intercambio de rehenes por guerrilleros presos aseguraron que la propuesta del gobierno es una’ en borrador’, la cual debe ser estructurada para que respete los tratados internacionales que condenan los delitos atroces y que exigen sean purgados.
Expertos jurídicos descartaron el indulto o la amnistía como la vía legal para las excarcelaciones, debido a que esas figuras sólo son aplicables en delitos políticos, por tanto consideraron que la propuesta requiere del análisis de los asesores oficiales.
‘Es posible que Uribe quiera utilizar, como lo hizo el ex presidente Andrés Pastrana en su momento, la ley 418 que consagra instrumentos de búsqueda del orden público, pero hay que tener en cuenta que esa personas se encuentran a órdenes de jueces y se debe contar son sus decisiones’, subrayó el abogado y analista José Hernández.
España, Francia y Suiza realizan gestiones para iniciar diálogos con la más antigua guerrilla colombiana que exige la desmilitarización de regiones, tras lo cual los facilitadores propusieron una zona con delegados internacionales, sin rebeldes ni uniformados.
El gobierno se niega a la desmilitarización en los municipios de Pradera y Florida, en el suroeste colombiano, y ordenó el rescate por la fuerza de los secuestrados, a pesar de la resistencia mostrada por los familiares de los secuestrados y por organizaciones de Europa.
Al menos 58 secuestrados, entre ellos extranjeros, políticos y militares, forman parte del grupo de los rehenes ‘canjeables’ por la guerrilla de las FARC, que espera a cambio la liberación de rebeldes presos.