El pasado 19 de noviembre se conoció la sentencia de la pieza política del llamado «caso de los ERE», que ha desencadenado, no solo en Andalucía sino en el conjunto del país, una serie de reacciones de muchos tipos y colores pero que, en general, comparte un mismo carácter de fondo: desplazar a un segundo […]
El pasado 19 de noviembre se conoció la sentencia de la pieza política del llamado «caso de los ERE», que ha desencadenado, no solo en Andalucía sino en el conjunto del país, una serie de reacciones de muchos tipos y colores pero que, en general, comparte un mismo carácter de fondo: desplazar a un segundo plano, más allá de la cuestión meramente jurídica o la oportunidad política cortoplacista, el análisis del papel que los ERE han jugado como herramienta para acompasar un proceso de desindustrialización, conscientemente organizado y previsto para hacer de Andalucía (junto con otros lugares del país) un espacio periférico. El resultado de dicho proceso es dolorosamente vivido en carnes a diario por la mayoría social andaluza y numéricamente expresado en cada encuesta o estudio estadístico que aparece: los índices de desempleo, de temporalidad y de precariedad en general, de pérdida de población y de pobreza destacan con un diferencial insufrible con respecto a la media del país y, más aún, con respecto a la media de la Unión Europea (UE). Particularmente grave, de acuerdo a muchos indicadores, es la situación en la provincia de Jaén, origen de toda la historia. Ni una sola parte de esa realidad vivida hoy se debe a «cuestiones naturales». En algunas de las zonas más afectadas por los ERE, y más allá, se extiende una sensación difusa de que «no se ha hecho del todo justicia». Y razón no falta, porque la justicia, en esto caso, no va a depender (solo) de una sentencia judicial.
En los años 90 del siglo pasado, con el diseño establecido por Maastricht y el euro, la UE comienza un proceso de división territorial de funciones económicas que reserva a Andalucía (junto con otras regiones del sur del país) una especialización productiva incompatible con la estructura industrial, ya de por sí escasa, presente en muchas comarcas y, especialmente en el algunas provincias. El nuevo papel asignado, marginal y dependiente, excluía la opción de asentar una base económica interna y sostenible.
La adaptación a ese nuevo papel, del que se beneficiarían las potentes economías industriales del norte europeo y el complejo industrial de exportación alemán, en particular, requería de un «compromiso político» con la desindustrialización que implicara además contener las tensiones siempre aparejadas al desmantelamiento de economías comarcales enteras y a la quiebra vital de miles de familias cuyo sustento dependía del puesto de trabajo en la fábrica. Es ahí donde aparecen los responsables políticos del caso de los ERE, jugando un rol determinante en un proceso del que, aunque algunos hayan sacado mucho partido, ni siquiera son los principales beneficiarios.
La historia comenzó en la provincia de Jaén, que padecía ya, por ejemplo, los efectos de una «deslocalización» de la industria textil que costaría en torno a 3.000 empleos. En el año 2000, y de la mano del muchos años todopoderoso Gaspar Zarrías, se imponía el cierre de Cárnicas Molina, donde algunos medios han situado «la zona cero de los ERE». A partir de ahí, el modelo se extendió a otras industrias de la provincia como Azucareras Reunidas (una vez que la UE decidió una reducción del cupo de producción de remolacha azucarera para España) y al resto de Andalucía. El proceso más significativo en Jaén fue el que, a la entrada del siglo XXI, condujo a la muerte lenta de Santana (Linares) donde pocos años antes había tenido lugar una de las luchas sociales más importantes del país contra la desindustrialización y por el mantenimiento del empleo y las condiciones de vida. Pueblos enteros (comerciantes, vecinos y vecinas, familias al completo) se echaron a la calle en defensa de un presente y un futuro, levantando con ello una barrera que tenía que ser derribada para culminar la estrategia de «desindustrialización forzosa» de la provincia de Jaén y de muchas otras zonas de Andalucía. Es importante señalarlo, porque lo que se desarticulaba era también una experiencia de luchas y de participación social, que se dieron precisamente en torno a la defensa del tejido industrial y del empleo y cuya derrota era clave para la implantación de un nuevo modelo de precariedad incompatible con las conquistas y derechos sociales, un proceso que en el PSOE andaluz llamaron siempre (y siguen llamando) «modernización». Cuando Manuel Chaves señala en una entrevista reciente que «el PSOE no tiene por qué acomplejarse ni avergonzarse» por el caso de los ERE, no habla de las manos largas ni de vicios concretos, sino que señala un papel muy específico del PSOE andaluz. Y desde el punto de vista exclusivo de ese rol desempeñado, es ciertamente difícil que alguien pueda achacarle falta de cumplimiento.
El proceso iniciado de «reconversión» acabaría afectando a más de 120.000 trabajadores y trabajadoras andaluzas entre 2000 y 2009, década en la que buena parte de la ya de por sí debilitada industria del sur del país se sacrificaba para «adaptar» a España (con desigual incidencia en sus distintos) a un reparto de funciones subordinado a las exigencias de la unión monetaria europea. Andalucía se especializaba en la construcción, el turismo de costa y la agricultura orientada a la exportación. La primera (ligada al interés especulativo de bancos y grandes empresas) estalló en 2009, dejando en la cuneta a docenas de miles de personas que perdieron su sustento de un día para otro; el segundo, signado por una enorme precariedad y consumo de recursos, ni siquiera se asoma (por razones geográficas evidentes) a provincias como la nuestra; la agricultura orientada a la exportación ha permitido equilibrar la balanza comercial del país a costa de la explotación intensiva de recursos naturales y de mano de obra en el sur, con zonas enteras especializadas en actividades que aportan poco valor añadido y escaso beneficio social. En el caso de la provincia de Jaén, dependiente del sector del olivar, se fue consolidando un modelo al servicio de la especulación, con formas de producción superintensiva que agotan los recursos y eliminan empleo y que, erosionado el modelo de olivar tradicional, ya ni siquiera garantiza la cobertura de costes para los pequeños agricultores, poniendo en riesgo su estabilidad y amenazando el empleo estacional de miles de familias que dependen de los jornales en un sector que ha sido el único que nos han «reservado».
No nos cansamos de repetirlo: la situación de emergencia que vive la provincia de Jaén (con un diferencial de once puntos en la tasa de desempleo con respecto a la media nacional -una tasa superior también a la media andaluza-, con un índice de temporalidad en la contratación del 98%, con cuatro de cada diez trabajadores y trabajadoras con salarios inferiores a los 400 euros, con un 40% de niños y niñas viviendo por debajo del umbral de la pobreza, con una escandalosa pérdida de población por falta de oportunidades y servicios) no es fruto de una casualidad ni de un desastre natural, sino el dramático resultado de un diseño consciente del que el PSOE andaluz fue el principal instrumento (insistimos, ese es su papel principal en esta historia). Los verdaderamente triunfadores aquí, las potentes economías centrales que disparan su producción y exportaciones industriales mientras otros pierden, seguirán contando beneficios millonarios (que les pregunten, por ejemplo, a los fabricantes de maquinaria y tecnologías para nuestras almazaras) durante los años en que los Griñán, Chaves, Zarrías, etc. cumplan sus penas de cárcel o inhabilitación. No hay que engañarse: no se ha hecho justicia, sencillamente porque hacerla, en este caso, no está en la mano de ningún tribunal.
Claro que ofenden, insultan y sublevan las prácticas de quienes han ocupado el banquillo de los acusados por beneficiarse, política y personalmente (en algunos casos, de la forma más grosera), de un sistema en el que hicieron de peones, con distintos grados de responsabilidad, pero el quebranto causado por dicho modelo va más allá del dinero desviado e impúdicamente gastado. Los hechos juzgados en el caso de los ERE pueden acotarse en un tiempo preciso (pueden ponerse plazo también a las condenas de los culpables), pero las consecuencias del diseño al que servían se siguen padeciendo, cada día que pasa, en una provincia devenida periferia y que sobrevive preguntándose a cada segundo por sus perspectivas de futuro. La extrema precariedad laboral (con pocas herramientas de defensa para las personas que viven de su trabajo tras la desarticulación del movimiento obrero organizado) o el desmantelamiento ferroviario, previsiblemente agravado a las puertas de una liberalización que considera como «no estratégicas» a las estaciones de tren de la provincia, tienen también que ver con esto. ¿Para qué -pensarán los buitres al acecho de la enésima lesión a la capacidad del sector público para ordenar la economía según las necesidades de la gente- hacen falta infraestructuras en un territorio sin estructura productiva y con cada vez menos población?
Si ha de hacerse justicia, pues, será yendo más allá de las condenas o la devolución de los millones que no se emplearon para los fines previstos. Los ERE fueron un mecanismo para acompasar, con dinero público, la desindustrialización de Andalucía y la implantación de una división territorial del trabajo que ha condenado a esta tierra a la exclusión, al desempleo masivo, la precariedad, la emigración y la falta de futuro, mientras las potentes industrias del norte de Europa se benefician de ese reparto y absorben a parte de nuestra población. Justicia, lo que se dice justicia, habrá cuando se revierta el modelo que los condenados han ayudado a instalar y provincias como Jaén tengan otro papel, basado en la posibilidad de desarrollar una vida digna, con empleo de calidad, en nuestra tierra. Que la situación de la provincia de Jaén (igual que la de otras del sur de España) no sea resultado de una catástrofe natural sino de decisiones políticas conscientemente orientadas por un principio de radical injusticia, social y territorial, significa que dicha situación no es irreversible.
La sentencia de los ERE viene también a poner la puntilla final a aquel bloque económico-social y cultural liderado por el PSOE andaluz; un bloque que fue sostén del Reino de España en alianza con las burguesías nacionalistas periféricas del norte y que, tras su agotamiento, fue derrotado (en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018) y sustituido por uno «nuevo», liderado por la coalición neoliberal y populista de derecha de PP, Ciudadanos y Vox, y que trata de acentuar a Andalucía como zona económica especial de la UE y de retaguardia del nacionalismo español, en disputa con la burguesía catalana.
Alumbrar un futuro, aquí y ahora, implica una iniciativa pública global por la reindustrialización, las infraestructuras, los servicios públicos hoy deteriorados y el impulso a una economía sostenible que ponga los recursos propios al servicio de las necesidades de nuestra gente, con protección del empleo y los derechos sociales y laborales. En definitiva, se trata de pensar un nuevo papel para Jaén y para Andalucía, con un plan estratégico enfocado a revertir la desestructuración territorial y la quiebra social inducidas en un país que ahonda su polarización entre centro y periferia, dejando a capas crecientes de la población al margen. Esa injusticia va más allá de los 680 millones de euros del «caso ERE» para toda Andalucía (bien lo saben aquellos que crearon o consintieron el sistema); es mucho más lo que se le debe a esta tierra: se le adeuda un futuro. Solo cuando se sienten las bases del mismo podremos hablar, con propiedad, de que se ha hecho justicia. Y que se haga depende también de la movilización de nuestra gente en defensa de un horizonte distinto, una rebelión democrática y popular frente a los cenizos y mentirosos que, porque les conviene, quieren convencernos de no queda otra que conformarse. No podemos seguir a la espera en esta encrucijada.
En el actual marco de transición geopolítica y de crisis de la globalización neoliberal, Andalucía puede y debe ser la punta de lanza de un bloque de fuerzas y sectores afectados por las políticas de austeridad y el despotismo de la UE, y de articulación de un proyecto constituyente democrático y popular de país, vinculado al área mediterránea, frente a la secesión de las elites oligárquicas del centro y del norte de España y de la UE. Y solo puede renacer como sujeto activo en la lucha de las periferias frente a las metrópolis por los bienes necesarios y unas condiciones de vida dignas para la mayoría de la población.
En un lugar del sur llamado Jaén, en el último mes de 2019.
José Cabrero Palomares, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, ex-diputado autonómico y antiguo trabajador de Santana Motor.
Francisco Sánchez del Pino, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, cabecera de lista de la provincia de Jaén al Congreso por Unidas Podemos en las elecciones del pasado 10-N.
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