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Andalucía y la España periférica en la construcción de un país distinto

Fuentes: Rebelión

Las siguientes notas pretenden ser una aportación al debate sobre Andalucía y, en especial, sobre la provincia de Jaén, entre gentes, colectivos y fuerzas políticas que siguen apostando por pensar con vocación mayoritaria y conquistar el apoyo de las clases populares y subalternas, afectadas por el neoliberalismo y la globalización capitalistas, ahora ya en crisis, y hacerlas protagonistas del presente de Andalucía y su futuro renacimiento.

¿”Chalecos amarillos” en Jaén?

En las últimas semanas ha irrumpido en escena una quiebra social y territorial que no podía ya sino hacer saltar las costuras del manto que ha ocultado, durante años, lo que se ha venido desarrollando en nuestro país: la configuración de una España periférica (que no es lo mismo que decir “vaciada”) progresivamente alejada de los centros metropolitanos y las grandes ciudades (especialmente Madrid y Barcelona) que concentran el grueso de los recursos y pueden valorizarlos; ese área periférica del país, sumida en una espiral depresiva y de competencia destructiva a la baja, impulsa una gran parte del malestar expresado en los últimos días, aunque raras veces se trata a fondo del fenómeno.

Preferimos hablar de España periférica, antes que de España vaciada, porque esto último parece limitarse a una de las muchas caras de la situación que atraviesa una enorme porción del país (la mayoría) vaciado también de los mecanismos básicos de control sobre la organización de la propia vida social y económica en el territorio; unos mecanismos que han sido usurpados en el marco de la globalización y del modo en que cada país del sur de la UE ha gestionado el papel subordinado al norte que recibieron “el día del reparto”. En un artículo anteriori abundamos sobre la cuestión, en particular, sobre el rol económico reservado a Andalucía dentro de la que a España le asignó la Europa de Maastricht y del euro, y en el que los ERE habían sido un elemento clave para acompasar, con el cambio de siglo, un proceso de desindustrialización forzada en favor de las potentes industrias del norte. No es sorprendente que los más notables estallidos sociales de las últimas semanas se hayan originado principalmente en Extremadura y Andalucía; no debe ser casual que en esta última, en particular en la provincia de Jaén, la histórica movilización por la garantía de precios justos para el aceite de oliva se tiñiera (abriendo camino a otras que han tenido lugar después) del amarillo de los chalecos que, en Francia, llevan más de un año protagonizando la revuelta de la Francia periférica. Parece haber pillado por sorpresa la existencia de un país, de una sociedad, desconocidos, a pesar de que esa dinámica de centro-periferia y sus consecuencias sociales venían manifestándose abiertamente, incluso recogidas en numerosos estudios estadísticos de lo más reciente. Como ha señalado, en un artículo reciente, el periodista Esteban Hernándezii, “quien no ha visto es porque no ha querido ver”.

Como decíamos, el asunto demográfico (el trasvase incesante de población hacia unos pocos centros) es un aspecto más de la cuestión, aunque clave. Justo antes de que acabara 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba los datos del padrón municipal, que pusieron cifras a ese trasvase y colocaron la provincia de Jaén a la cabeza en pérdida, con diferencia y sin que ya sorprenda la noticia; nada menos que 4.535 jiennenses desaparecieron del censo en solo un año, solo 600 habitantes menos de los habitantes que perdió toda una región como Extremadura, la tercera comunidad autónoma más afectada por el trasvase de habitantes. Las cifras dan para hablar, como hemos hecho en otras ocasiones, de una auténtica situación de emergencia. Entretanto, la Comunidad de Madrid (donde se crea la inmensa mayoría de los nuevos empleos) incrementó su población en más de 85.000 habitantes en 2019, unas cifras espectaculares que solo a prudente distancia es capaz de seguir Cataluña, o más bien, la metrópolis barcelonesa. La toma de distancia del Gran Madrid con respecto a Barcelona puede ayudar, también, a explicar algunas de las tensiones políticas del momento, tensiones en las que las clases populares catalanas juegan un papel algo menos que secundario.

Insistimos, un vez más, en que el fenómeno general de la pérdida de población en la provincia de Jaén (que destaca sobremanera dentro del marco general de trasvase de población de cada vez más zonas del país –no solo rurales- hacia los grandes centros) no es resultado de un proceso natural sino de decisiones conscientes que han dado lugar al desmantelamiento de estructuras económicas y sociales enteras; dicho proceso se impuso como requisito para adaptar el país a su nueva función, junto con una estrategia de desinversión y deterioro de servicios públicos que ha hecho imposible el ejercicio real de la soberanía y de los derechos sociales nombrados en una Constitución que ha venido perdiendo, de manera creciente y especialmente desde la reforma impuesta desde Bruselas en 2011, su carácter normativo.

Andalucía en la jaula de las desigualdades de la UE

La evolución económica de las distintas zonas del país, medida en el PIB, no dice todo lo que hay que decir (no habla, por ejemplo, de la desigualdad intensificada en los últimos años) pero también dice algo y ayuda a ir componiendo, poco a poco, un cuadro de conjunto. La agencia europea de estadística Eurostat publicaba recientemente datos relativos a la evolución del PIB en todos los países, regiones y provincias que forman parte de la Unión Europeaiii. A partir de la lectura de los mismos se puede constatar que el año 2014 marcó un ligero cambio de tendencia a partir del cual el PIB fue recuperándose lentamente en España, después de varios años de intensa caída desde la crisis de 2008. Para 2016, muchas zonas del país situaron ya su PIB en cifras que estaban por encima de las de 2008 (solo la Comunidad de Madrid lo había logrado en 2015), pero no así Andalucía y Extremadura, que a pesar de una tímida “recuperación” continuaban entonces por debajo de los niveles previos a la crisis. Y ello sin contar que ese aumento de la riqueza no se tradujo en una mejora general de las condiciones de vida de la mayoría social sino más bien al contrario, dada la “solución” de recuperación económica por la vía de la devaluación interna. Si los datos de Andalucía o Extremadura resultan significativos en cuanto a la diferenciación de unas zonas del país que van tomando progresiva distancia del resto, entre dichas cifras se esconde aún otro dato no poco elocuente: entre 2015 y 2016 se produjo un incremento del PIB en casi todas las provincias españolas (con marcadas diferencias entre unas y otras, desde luego), salvo en cuatro de ellas en las que destaca un excepcional retroceso: no sorprenderá leer que Jaén fue una de ellas.

Otro informe, publicado en este caso por Adecco a finales de 2019, permitía leer la letra pequeña de la presunta salida de la crisis por la vía de la devaluación salarial, constatando que el salario medio español estaba 433 euros mensuales por debajo de la media europea (un 20,7% menos), pero más de 1.100 euros por debajo del salario medio de Holanda, Alemania, Luxemburgo o Dinamarcaiv. Más significativa que la foto fija resulta la tendencia que apunta a un ensanchamiento progresivo de la brecha antes que a su reducción. La especialización productiva de las distintas regiones desmiente un cuento de la cohesión social europea, que atesora ya una credibilidad similar al de los Reyes Magos, en cuyo día, 5 de enero, publicó otro estudio de interés el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Dicho estudio nos ayudaba a completar la foto con el dato de que el salario medio bruto de Andalucía es inferior a la media nacional nada menos que en 4.381 euros; un diferencial “Andalucía-España” muy similar al que soporta el conjunto del país con respecto a la media de la UE. El salario medio andaluz es similar al de Eslovenia, de manera que la dinámica centro-periferia se consolida y profundiza tanto a nivel europeo como en el interior de los distintos países que la conforman y que organizan sus economías en función de los flujos del capital global en lugar de hacerlo en función del interés nacional, o dicho de otra forma, de las necesidades de sus poblaciones. Por cierto, en la provincia de Jaén, “zona cero” del proceso de desindustrialización sostenido con el mecanismo de los ERE, el salario medio se situó 2.000 euros por debajo de la media andaluza. Periferia de la periferia.

También, justo antes de que acabara 2019, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó su “Encuesta Trimestral de Coste Laboral”. En la anterior, relativa al segundo trimestrev, se revelaba que los costes laborales (salario bruto mas cotizaciones sociales menos subvenciones y bonificaciones) aumentaron en el segundo trimestre de 2019 un 2,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esa subida media (que haría pensar en un país que empieza a salir de la dinámica de empobrecimiento de sus asalariados) esconde una gigantesca desigualdad entre el notabilísimo aumento que se produce en sectores como “actividades financieras” (+7,3%), el aumento cercano a la media en el sector industrial (+3,1%), el escaso en actividades como el comercio (+1,3%) e incluso la caída en hostelería y “otros servicios”. Así, no extraña que las tres comunidades con costes laborales medios más elevados sean la Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña (donde se concentran los sectores con empleos mejor remunerados) mientras que en el extremo opuesto se sitúan Canarias y un sur (otra vez Andalucía y Extremadura, además de Murcia), especializado en actividades de escaso valor, bajos salarios e intensa explotación de recursos, y condenado a convertirse en un especie de zona económica especial. La encuesta relativa al tercer trimestre no hizo sino confirmar la consolidación de una tendencia demoledora: en Andalucía los costes laborales aumentaron la mitad de la media nacional, ensanchándose hasta el extremo una brecha que no admite pronóstico de remisión si no es sobre el supuesto de un proyecto de país que contemple la rearticulación social y territorial del mismo y un replanteamiento de su papel como economía dependiente en el marco de la UE. La creación de nuevos empleos se concentra en puntos muy concretos del país (fundamentalmente Madrid y Barcelona, aunque esta última a distancia) mientras que otros territorios se tiende a la “desintegración”, tanto más en cuanto que los servicios, tanto públicos como privados, tienden a desaparecer en lo que el sociólogo francés Christophe Guilluy ha denominado la “espiral depresiva” en la que se sumen determinados territorios, agravada por que él mismo ha llamado un “descompromiso programado del Estado”.

Andalucía a la deriva en la crisis de la globalización.

Como ya escribimos anteriormente, la integración española en la Europa de Maastricht y el euro implicó un sacrificio de la economía nacional (particularmente de su industria) especialmente dañino para algunas zonas del país. Andalucía sufrió de manera especial un proceso de especialización productiva, subordinado a los intereses de la industria exportadora del norte de Europa, durante una primera década del siglo XXI marcada por los ERE; la segunda década, signada por la crisis y la supuesta salida de la misma, no ha hecho sino intensificar un problema estructural: según otro informe de Adecco de 2018, Andalucía perdió nada menos que un 15% de ocupación en su ya menguada industria entre 2008 y 2018. Alemania, según datos de Eurostat, era el único país de la zona euro que, en 2016, había recuperado niveles anteriores a la crisis en producción industrial, mientras que la tendencia a la baja continuaba en Italia, Grecia y España. Las dinámicas de centro-periferia afectan a múltiples niveles (“continentales”, nacionales y regionales) y se superponen creando cuadros monstruosos.

En este panorama, a provincias como la de Jaén solo les ha quedado la dependencia de un sector que ahora, además, vive una crisis sin precedentes: ya en 2019 los precios del aceite de oliva cayeron por debajo de los costes de producción sin que hubiera motivos de cantidad de producción que justificaran esa realidad, lo que motivó una serie de protestas que no comenzaron el mes pasado (más de 6.000 personas se manifestaron en Jaén en mayo y cerca de 20.000 en Sevilla al mes siguiente). La provincia de Jaén perdió el año pasado más de 500 millones de euros por los bajos precios del aceite de oliva, lo que puede dar cuenta de la depresión económica y social que amenaza a un territorio dramáticamente dependiente del sector (20% del PIB y 1,2 millones de jornales al año solo en la época de la recolección) como consecuencia de procesos de desindustrialización y subordinación como los arriba mencionados. 2020 se inicia con una situación aún peor tras la insuficiencia e ineficacia de los mecanismos de almacenamiento privado activados por la UE. Los productores están a la intemperie, demandan medidas de protección y aun a día de hoy, después de las grandes movilizaciones que han situado el problema de la agricultura en primer plano de la agenda mediática, continúan las medias tintas y el despeje de balones amparado en las exigencias del “libre mercado” para eludir una intervención pública que fije precios mínimos, como si eso que llaman “libre mercado” fuera una ley física y no una criatura fruto de las decisiones de los mismos que han sacrificado las economías de los territorios al monstruo “global”; como si el papel de los poderes públicos no fuera precisamente el de apretar el bozal a la criatura; como si, por ejemplo, los acuerdos que permiten una importación de aceite de oliva desde Marruecos, a precios irrisorios que presionan a la baja, sin aranceles ni límite de volumen, hubiera sido un fenómeno espontáneo y no el resultado de lo que han firmado unas cuantas manos “visibles” en un lugar y en un tiempo determinados.

Decisiones de ese tipo, junto con el papel de las descontroladas cadenas de distribución y comercialización, echan por tierra el esfuerzo y las inversiones de miles y miles de agricultores del olivar tradicional a los que se ha venido exigiendo una “modernización” y una mejora de la calidad que se han llevado a cabo sin recompensa. Por si fuera poco, irrumpen ahora en escena fondos de inversión que buscan beneficios rápidos y que pueden conseguir aun en un contexto de bajos precios, impulsando plantaciones de olivar superintensivo, altamente perjudicial para el equilibrio ecológico y con mínimos requerimientos de mano de obra, que asfixian a olivareros tradicionales e intensifican las lógicas de competencia a la baja en precios y salarios. La tierra, el trabajo, el agua, todo ello puede quedar arrasado una vez se exprima el máximo que permita trasladar el capital hacia otros mercados, dejando atrás un desierto abandonado si hace falta. El viejo metabolismo, ya de por sí precario en un modelo de especialización productiva, que de alguna forma garantizaba la continuidad de la vida rural a través de las generaciones, se ha puesto en cuestión por culpa de un enorme desequilibrio que afecta dramáticamente al olivar tradicional, cuya protección debiera ser prioritaria. Y la vida rural, no hace falta insistir mucho más en eso es un núcleo esencial de la vida misma en una provincia cuyo himno, incluso, se encuentra ligado a la identidad del olivo y del trabajo.

Y, sin embargo, no se trata solo de la agricultura; lo que se pone de manifiesto es la constatación cada vez más intensa de la falta de control, del desgarro de quienes sienten que ya no controlan ninguna de las fases del proceso económico y que lo único que les queda es pagar la factura que otros elaboran. Claro que la constatación afecta de manera sangrante a la agricultura, cuyos actores tienen cada vez menos que decir sobre sobre sus propios medios de producción, pero vale igualmente para el modo en que perciben su vida los trabajadores y trabajadoras autónomos en pequeñas y medianas ciudades, los (y sobre todo las) pensionistas imposibilitados de satisfacer sus necesidades vitales, los empleados y sus hijos e hijas jóvenes abocados a la economía uberizada, a la emigración a los grandes centros o a ambas cosas a la vez.

No es, pues, una cuestión que se preste a comprensión solo a partir de la lectura de indicadores económicos y estadísticos como los que hemos venido exponiendo en la primera parte de este artículo, sino también de una tensión cultural y existencial, de desvinculación de amplias capas de la población que apenas pueden sentirse integradas en un mundo “extraño” y un país jerarquizado en las funciones económicas de sus distintos territorios. No se trata solo de Jaén, Andalucía y Extremadura, pero esta región meridional representa una parte gigantesca, en nuestro país, de lo que Chistophe Guilluy, ha descrito como “el surgimiento de un nuevo mundo: el de las periferias, situado al margen de los territorios que concentran lo esencial del empleo y de las riquezas)”.vi

Lo que agrava la situación es aquello que el mismo autor apunta como una supresión de herramientas de cohesión social y territorial, algo que en España hace efectivo mediante los mecanismos dispuestos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria; estos cuartean las funciones social y territorialmente redistributivas del Estado en sus distintos ámbitos, desde el poder central hasta los ayuntamientos pasando por las autonomías, principales detentadoras de competencias sociales. No es de extrañar, pues, que el último Informe FOESSAvii alertara, entre otras, de la “ruptura del pacto interterritorial” en España como consecuencia del proceso de “salida de la crisis impulsado por la UE”. Dicho informe coincide también con el sociólogo francés en subrayar el fenómeno de la desafección política de las clases populares y la desconfianza hacia un sistema político que no da respuesta a unas demandas y necesidades radicales que no van a desaparecer por mucho que se ignoren, fomentando la resignación, como se ha podido ver en las últimas semanas, y en la que no es extraño que intenten pescar unos populismos de derecha a los que no cabe oponer una mera “alternativa” liberal-progresista sino una propuesta material de fondo, democrático-popular.

Jaén, periferia de la periferia. Volver a comenzar cambiando de sentido.

La situación de la provincia de Jaén, como la de otras partes de este sur en la España periférica, necesita de una intervención de emergencia (renta garantizada, ayudas a las familias) que, en primer lugar, palíe las consecuencias más urgentes de un proceso de desindustrialización y de trasvase de rentas que ha dado lugar a cifras desempleo, precariedad y pobreza que están “en lo más alto” de la Unión Europea; y que, en segundo lugar, a partir de un proyecto de país orientado a su rearticulación social y territorial, garantizando su metabolismo con el medio natural, se ponga en marcha un Plan que impulse una estructura económica sólida y de futuro, atenta a las necesidades de nuestra gente, desde las de las generaciones más mayores hasta las de los más jóvenes, la viabilidad de cuyo proyecto de vida en su tierra es imperativo garantizar.

Se trataría de una Plan que priorice la inversión estratégica en la infraestructura ferroviaria como apuesta por la movilidad sostenible de pasajeros pero también por el empleo en el sector y el transporte de mercancías, en una provincia vertebrada interiormente y conectada con el resto del país para revitalizar la agricultura y recomponer la industria, tanto agroalimentaria como tecnológica. Lo primero, qué duda cabe, pasa por atender las exigencias que los olivareros ponen sobre la mesa estos días: intervención para garantizar precios mínimos que eviten tener que vender por debajo de costes de producción y asentar sobre un suelo seguro la idea de que la agrícola es una actividad viable y de futuro. Un Plan que pase por aprovechar los recursos del territorio y responder a las propias necesidades económicas (resulta escandaloso que la maquinaria de alta tecnología utilizada en nuestras almazaras se fabrique en el norte de Europa), las necesidades ambientales y las necesidades sociales por medio de un círculo virtuoso que, contemplara, además, la urgencia de un plan de choque en dependencia y otros servicios públicos, recuperando empleo, derechos laborales, derechos sociales y, en definitiva, con todo ello, un futuro posible. De todo esto hablamos hasta la saciedad en las campañas electorales de abril y, sobre todo, de noviembre, cuando quisimos poner encima de la mesa la idea de “Jaén, proyecto de futuro”.

35.728 personas apoyaron esta propuesta, con su voto, el 10 de noviembre de 2019 en la provincia de Jaén. Todas estas personas, y muchas más, son imprescindibles para ayudar a dar cuerpo a una movilización en defensa de un plan de rescate para la provincia que aborde su situación de manera integral, sabiendo que corresponde a los poderes públicos ordenar la economía para proteger a la gente de los llamados “mercados”. Jaén está en la calle y tiene la capacidad, hoy, de ensayar una red amplia de sujetos sociales en torno a un objetivo común, que sirva de modelo para el alumbramiento de un bloque basando en la auténtica mayoría del país. Este bloque puede tener su punto de partida en Andalucía y ser capaz de capaz de sumar una coalición entre el Norte y el Sur, respondiendo a las diversas exigencias de las distintas áreas culturales y económicas del país. Tanto el “nacionalismo españolista”, que también gobierna ahora la Junta de Andalucía, como el “secesionismo e independentismo catalán”, tienen como enemigo el peligro de un bloque social de ese tipo, ya que los desviste y vislumbra sus diferencias artificiales y sus identidades neoliberales y europeístas. Andalucía es la más interesada en construir un nuevo proyecto de país que derrote las políticas de las oligarquías españolas y catalanas y las europeas, el secesionismo elitista y autoritario de los de arriba.

Notas:

i “Andalucía tras la sentencia de los ERE en la crisis de la Europa alemana” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=263418

ii “Lo que nos espera: la chispa que ha prendido en el campo”: https://blogs.elconfidencial.com/espana/postpolitica/2020-01-31/agricultores-ganaderos-manifestaciones-vox-psoe-up_2435507/

iii http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_3gdp&lang=en

iv https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/11/20/5dd50268fdddff6ba58b461b.html

v https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0219.pdf

vi Guilluy, C., No society. El fin de la clase media occidental. Taurus, 2019, p.20.

vii https://www.foessa.es/blog/viii-informe-foessa-presentacion/

José Cabrero Palomares, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, ex-diputado autonómico, antiguo trabajador de Santana Motor y cooperativista.

Francisco Sánchez del Pino, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, cabecera de lista de la provincia de Jaén al Congreso por Unidas Podemos en las elecciones del pasado 10-N.

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