Como ya entramos en tiempos de agudo debate sobre los cambios que requiere la educación en el país, y en medio de los primeros meses del gobierno progresista de Gustavo Petro, pongo sobre la mesa tres comentarios relacionados con las reformas en materia de educación superior.
Primero. El sistema de educación superior
En el programa del actual gobierno se habla de crear un sistema de educación superior, algo que por supuesto va más allá de la reforma al modelo de financiación de las universidades públicas. Colombia carece de un sistema de educación superior integral y, en cambio, existe el sistema de educación postmedia, más conocido como el Sistema Nacional de Educación Terciaria – SNET. El SNET es un sistema segmentario, jerarquizado y estructurado en forma piramidal, que masifica el ingreso a la educación superior en torno a la «formación para el trabajo», mientras elitiza el acceso y la permanencia en la educación superior universitaria. Esa elitización se vislumbra en el hecho de que sólo las personas más privilegiadas de la sociedad colombiana o las personas que cumplen con los requisitos meritocráticos son los que acceden a la educación superior universitaria, y para mantenerse deben hacer esfuerzos mayores, dejando como opción alternativa para la mayoría de estudiantes que no cumplen con estas condiciones el endeudamiento mediante los mecanismos de financiación a la demanda (crédito educativo o financiación contingente al ingreso). Una realidad producto del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior, proceso comprendido por el SNET (recordemos el Acuerdo por lo Superior 2034).
Adicional, en el SNET la formación de competencias y de «capital humano» está enfocada a producir trabajadores que satisfagan las necesidades del modelo económico neoliberal imperante en el país, reprimarizado, extractivista y con un sector servicios fortalecido, marcado por la financiarización y la transnacionalización, donde persisten dinámicas de acumulación por despojo y a la capacidad adquisitiva, y que ubica al país en la división internacional del trabajo como productor de materias primas (en especial hidrocarburos y minerales) e importador de bienes y servicios transformados.
Por lo anterior, si se pretende crear un sistema de educación superior que responda a las necesidades del país, además de la revisión integral y exhaustiva a la Ley 30 de 1992, el proyecto de «economía productiva y sostenible» del gobierno y la producción de conocimiento deben tener un papel central, con tal de avanzar hacia la construcción de una sociedad para el vivir sabroso. También debe contarse con las comunidades educativas de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTUS), actores protagónicos en ese futuro sistema de educación superior. En esa vía, sugiero considerar un documento de investigación bastante valioso del Centro de Pensamiento de Políticas de Educación Superior de la UNAL – C3PES, titulado «Hacía un sistema de educación superior basado en la cooperación, la complementariedad y la integración»[1], al igual que los conocimientos y saberes tradicionales y ancestrales ligados a las necesidades y demandas regionales y territoriales en todo el país, en perspectiva de diálogos interculturales y justicia epistémica (así a algún “muy científico” exrector de la UNAL no le guste el término).
Segundo. La lucha por una educación superior como derecho fundamental y bien común va más allá del pleno financiamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas
De acuerdo con lo dicho anteriormente, pensarse la construcción de un sistema de educación superior integral no es reductible a solucionar las problemáticas presupuestales de las IES públicas con la reforma al modelo de financiación. En un foro de inicios de año sobre la financiación de la Educación Superior[2], organizado por el Espacio Distrital de Articulación de IES (espacios de articulación de estudiantes de IES del distrito capital), el profesor Andrés Felipe Mora asentó una proposición, a mí juicio, bastante acertada, sosteniendo que los mecanismos de financiación a la demanda no sólo someten a la lógica de la privatización y mercantilización a las IES, sino que permite un mayor control gubernamental. Es clave comprender esa proposición porque articula estrechamente la grave problemática de desfinanciación de las IES públicas con la carencia de democracia, autonomía y cogobierno universitario, alejándose de visiones economicistas sobre la crisis de la educación superior en el país (que tiene varias dimensiones y aguarda en su seno debates y disputas sobre el objeto y el sentido de la educación).
Así, la mera pelea por mayor financiación de la universidad es economicista o lo que en el lenguaje revolucionario se llama «reformista», pero esa lucha, sustentada en una concepción transformadora de la educación, defendiéndola como derecho fundamental y bien común, y en búsqueda de abrir los caminos de la democracia radical en las IES, se puede llamar revolucionaria. Me parece que otra proposición que en el referido foro enunció el profesor Andrés Felipe Mora va por esa vía: «la idea de lo común nos permite alejarnos de la privatización y el control gubernamental».
Tercero. Ahora sí: sobre la reforma al modelo de financiación de las IES públicas
Dejo por último lo referente a la reforma del modelo de financiación de las universidades públicas porque, a pesar de ser la discusión que por excelencia ha dominado los espacios de reunión del movimiento estudiantil y quizás sea el cambio más urgente que necesitamos, quiero dejar de presente que esa demanda particular no puede adueñarse de toda la agenda de lucha del movimiento estudiantil, además que posiblemente dejar a lo último el comentario sobre la cuestión más discutida es una forma de asegurar que se lean los otros comentarios que integran el escrito.
De la baraja de propuestas existentes de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la que más me gusta es la del C3PES[3]. Maneja aspectos determinantes como la actualización presupuestaria que asegura recursos anuales sobre el 1% del PIB (contemplando el déficit histórico acumulado por 27 años, de más de 18 billones de pesos al día de hoy), un componente contracíclico integrado a la actualización presupuestaria para asegurar la asignación progresiva de recursos incluso en tiempos de recesión económica y la modificación de la regla presupuestal con el cambio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como medidor de la variación de la asignación presupuestal en cada vigencia por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), acorde tanto con el cierre de desigualdades y brechas sociales, como con las necesidades y cumplimiento efectivo de los fines misionales de las universidades públicas.
Sin embargo, esa propuesta puede ajustarse o mejorarse. El mismo C3PES construyó una propuesta de financiamiento para las ITTUS que ya circula en las redes académicas y de los movimientos ligados a la educación. Por su parte, a las propuestas del C3PES se podrían incluir algunos componentes tendientes a cerrar brechas regionales, como ya se ha expresado en algunos foros. Dicho esto, reitero que, a mí parecer, entendiendo la complementariedad y articulación entre la propuesta del C3PES para las universidades públicas y la dirigida a las ITTUS, la mejor propuesta que existe en el momento es la del C3PES no sólo porque sea más progresiva en garantía de derechos que la del Sistema Universitario Estatal (SUE)[4] (donde hay componentes de carácter competitivo y no hay claridad sobre la meta de universalización), sino que se debe comprender desde una visión amplia de transformación de la educación superior en la que es fundamental reformar el SUE y crear un sistema de educación superior acorde con los cambios sociales que demanda la mayoría de la población colombiana.
A este respecto, vale la pena mencionar que el reciente Proyecto de Ley presentado por los representantes a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad) y Gabriel Becerra (Unión Patriótica) y el Senador Ariel Ávila (Alianza Verde) toma elementos tanto de la propuesta del C3PES, como la del SUE. Resulta positivo que en su propuesta modifiquen la regla presupuestal con el paso del IPC por el ICES y que integren el componente contracíclico de la propuesta del C3PES, pero existen elementos a lo menos cuestionables en la propuesta, por ejemplo, la posibilidad de que el Fondo de Cierre de Brechas de las Universidades Públicas se mantenga como un fondo concursable por recursos adicionales de inversión, la falta de un plan de actualización presupuestal para las Universidades Públicas o el segundo plano en el que (tradicionalmente) se pone a las ITTUS. Espero aportar en una reflexión crítica posterior más elementos para la discusión sobre este Proyecto de Ley en el marco de la construcción de la agenda del movimiento estudiantil frente al nuevo momento político.
Para finalizar, una reflexión a tono de llamado. Hacer una reforma del carácter y alcance que propone el C3PES, que vaya más allá de la financiación y ubique los componentes fundamentales de un sistema de educación superior integral, debe contar con la reforma tributaria del gobierno, que cumpla con criterios de progresividad, equidad y justicia tributaria, tal como lo ordena la Constitución de 1991, pero también necesita de la cualificación y articulación de las comunidades universitarias, del movimiento estudiantil y de los movimientos ligados a la educación. Ese es un llamado urgente.
[1] Enlace del documento: http://pensamiento.unal.edu.co/cp-educacionsuperior/educacion-superior/sistema/
[2] Enlace del Foro: https://www.facebook.com/canaluniversitariofceud/videos/614806666868079/?app=fbl
[3] Enlace del documento: http://pensamiento.unal.edu.co/cp-educacionsuperior/educacion-superior/financiacion/
[4] Enlace del documento: https://media.utp.edu.co/archivos/Sostenibilidad%20y%20Financiaci%C3%B3n%20de%20las%20Universidades%20P%C3%BAblicas%20en%20Colombia%20SUE%202021VF.pdf
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