El 8 de diciembre será recordado como la mayor tragedia carcelaria en Chile: el incendio de la cárcel de San Miguel, en que murieron 81 reos. En el ala norte del cuarto piso de la Torre 5, 15 internos fallecieron por asfixia mientras en el pequeño cuarto del ala sur, donde se inició la riña […]
El 8 de diciembre será recordado como la mayor tragedia carcelaria en Chile: el incendio de la cárcel de San Miguel, en que murieron 81 reos. En el ala norte del cuarto piso de la Torre 5, 15 internos fallecieron por asfixia mientras en el pequeño cuarto del ala sur, donde se inició la riña que provocó el incendio, murieron 66. Sus gritos desgarradores pidiendo ayuda no fueron escuchados. 31 internos sobrevivieron con graves quemaduras y secuelas. Desde la prisión, luchan para conseguir mejoras carcelarias y denuncian los abusos de Gendarmería. Por su parte, los familiares de las 81 víctimas han dado vida a la Agrupación 81 Razones para Luchar.
La madrugada del 8 de diciembre de 2010, durante una riña entre presos del «ala sur» y del «área chica», alguien hizo funcionar un improvisado lanzallamas con un balón de gas, quemando colchones y elementos de madera. Fuego y humo se extendieron por la Torre 5. La tragedia se consumó en menos de 20 minutos: «Nosotros estábamos muriéndonos y al frente los cabros ya estaban todos muertos. Oíamos gritos pidiendo auxilio a los gendarmes, pero los pacos no actuaban. ‘Muéranse, hijos de perra, muéranse’, respondían algunos. Los pacos no hicieron nada», relata uno de los sobrevivientes.
Hoy la cárcel de San Miguel está remodelada y alberga 155 mujeres y 700 hombres. En 2012 se convertirá en un penal femenino.
Días antes de cumplirse un año del incendio, los familiares de las 81 víctimas efectuaron una jornada de actividades y reflexión. Visitaron penales de Santiago difundiendo su lucha. La Agrupación realiza periódicamente velatones para recordar a sus muertos y exigir justicia… que aún no llega. César Pizarro, presidente de la Agrupación, critica las condiciones carcelarias: «Los presos siguen hacinados, continúan las torturas y los tratos vejatorios. Muchos duermen a la intemperie o en condiciones humillantes… Pedimos que se respeten sus derechos humanos», dice. En efecto, el hacinamiento carcelario se agrava: hay 55.000 presos en cárceles que no tienen capacidad real para más de 34.000.
Durante un recorrido por las cárceles -que llamaron «La ruta de la cana»-, compartieron sus testimonios con la población penal. «La experiencia de visitar a los presos fue espectacular en cuanto a la solidaridad que logramos promover a propósito de este aniversario. Pero también fue traumático ver las condiciones en que continúan viviendo estos seres humanos. El sistema carcelario está hecho para convertir a los presos en bestias», agrega.
César Pizarro es hermano de Jorge Manríquez Pizarro, uno de los reos que murieron en la Torre 5. Denuncia que los familiares aún no han conseguido la justicia que reclaman, pero se han agrupado, tienen personalidad jurídica y reciben la solidaridad de muchas personas. Se han reunido con el ministro de Justicia. «Le presentamos 21 peticiones, entre otras, ayuda a los familiares con bolsas de trabajo, becas para hijos de las víctimas, indulto para los sobrevivientes, apoyo para una verdadera reinserción social, eliminación de antecedentes, etc.», explica.
Ya se decretó el 8 de diciembre como «Día del privado de libertad» y se instaló un memorial con los nombres de los 81 fallecidos. La Pastoral Penitenciaria efectuó una misa en la catedral de Santiago, oficiada por el arzobispo Ricardo Ezzati; también hubo una velatón en la Plaza de Armas y una jornada cultural y vigilia a un costado de la cárcel de San Miguel. Allí permanecieron el 8 de diciembre hasta pasadas las 4 de la mañana, hora en que se inició el incendio hace un año. Todas las cárceles se conectaron. Los presos hicieron un impresionante caceroleo, golpeando barrotes y rejas en memoria de los 81 muertos. Esa mañana, los familiares volvieron a ingresar a la cárcel de San Miguel, visitaron la Torre 5 y asistieron a una misa junto a los reos sobrevivientes.
Menos show, más justicia
Ocho gendarmes fueron formalizados por los tribunales por su presunta responsabilidad en el incendio de la cárcel de San Miguel. Se decretó prisión preventiva para algunos. La madrugada de la tragedia había en el penal -cuya capacidad real no supera los 800 reos-, 1.850 y sólo 11 gendarmes de guardia, mientras otros 15 dormían. La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) denunció que «la recepción de obras de mejoramiento de redes contra incendio en penales de la Región Metropolitana fue realizada de forma irregular e ilegal en San Miguel, Colina I, Puente Alto, Centro Penitenciario Femenino, Colina II y la ex Penitenciaría: los trabajos no se habrían realizado, lo que quedó demostrado con el incendio en la cárcel de San Miguel».
Winston Montes, un abogado querellante, dice: «Demandamos al Estado una indemnización. Hubo una falla institucional en esta tragedia. Eso está claro». Otras exigencias de la Agrupación son agilizar el proceso judicial, que se establezcan responsabilidades penales y políticas en la tragedia y un proyecto de ley para la reinserción social. Uno de los fundadores de la Agrupación es el fotógrafo y documentalista Rodrigo Selles, quien desde el primer día fotografió los dramáticos hechos: «Me acerqué a fotografiar lo que sucedía esa madrugada, apenas me enteré del incendio. Mi idea fue hacer una cronología fotográfica, un foto-reportaje que relatara la vida de estas personas y de cómo iban ganando o perdiendo espacios en una sociedad que les declaró la guerra. Quería generar conciencia respecto del trato que se les da a los presos y sus familias», dice. Su proyecto incluye un documental: Carreta 81 . «Las familias afectadas se han reunido para exigir justicia y recibir apoyo emocional, que encuentran entre sí. Pretendo retratar lo que están viviendo», agrega.
Los familiares que asistieron a la inauguración del memorial expresaron su molestia por el show mediático y la falta de justicia en el caso. Mientras el director de Gendarmería, Luis Masferrer, destacaba supuestos avances en las cárceles, fue interrumpido por indignados deudos: «Estuvimos casi un año pidiendo una serie de cosas y ahora vienen con esto. ¿Por qué tuvieron que morir 81 personas para que el Estado invierta en mejorar las cárceles?». La molestia también fue provocada por el ministro de Justicia, quien afirmó: «Las responsabilidades no son institucionales, son individuales. El incendio no fue causado ni por el personal de Gendarmería ni por Gendarmería de Chile. Fue causado por los internos, en una riña». Para José Quezada, padre de uno de los 81, «tras la tragedia hay responsabilidades penales y también políticas. La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, informó muchas veces que podía generarse una tragedia por la situación carcelaria, pero nadie la escuchó. Sabemos que hay responsabilidades de los gendarmes que estaban a cargo, pero también del gobierno, que estaba informado que existía -y existe- hacinamiento».
Familiares y reos sobrevivientes insisten en que los gendarmes dejaron a los reos encerrados en sus celdas. Ese mismo día la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), más conocida como Grupo Antimotines, efectuó violentos allanamientos intentando terminar con la huelga de hambre que habían iniciado los presos de la Torre 3. Los presos denuncian haber sido torturados en el gimnasio de la cárcel. Mientras eso ocurría, otros amarraban poleras a palos y fierros y las incendiaban exhibiéndolas por las ventanas que dan al exterior intentando llamar la atención de sus familiares, o llamaban a través de celulares a los medios de información.
Los dejaron morir
«Para nosotros existe la esperanza, el amor, la tolerancia y la solidaridad, hemos ido creando vínculos hermosos entre las familias y mucha gente se ha acercado a darnos su apoyo, lo que nos da un pequeño rayo de luz», señala la Agrupación en su blog . El blog es visitado por los familiares y amigos y se coordinan reuniones y actividades. «Cada mes nos juntamos frente a la cárcel, mirando esas tenebrosas torres donde murieron. Pero el amor que ha nacido entre nosotros, los familiares, nos da fuerzas para seguir adelante. Ahí estamos los 8 de cada mes, recordando».
«El hacinamiento significa más dinero para las empresas. Más cárceles son más negocio para quienes lucran con los pobres presos», dice Liliana Sagredo, madre de Juan Zapata. Varios de los 81 muertos de 2010 estaban recluidos por conductas que no justificaban su encarcelamiento. Ariel Henríquez, de 30 años, uno de los fallecidos, participó en un robo a una vivienda sin moradores. Era su primer delito. Ariel esperó años que el proceso se cerrara. Fue condenado a 5 años y un día cuando ya era un trabajador responsable, temporero en Isla de Maipo. Un informe de Gendarmería lo señalaba como apto para salir con beneficios. Llevaba más de dos años preso y murió esperando una oportunidad que nunca llegó. Carmen Sepúlveda, su madre, dice: «Lo mataron, lo dejaron morir. Supimos que había muerto cinco días después. Nadie daba información. Vivimos momentos de angustia y dolor inmensos». Carmen Sepúlveda presentó una querella criminal, junto a familiares de otros 9 reos, por cuasidelito de homicidio y homicidio por omisión. Denuncian la grave negligencia en la mantención de la red seca de la cárcel, además de que bomberos tuvo que intentar apagar el fuego desde afuera, lo que habría provocado que se generara mucho vapor, causando la muerte de los reos por quemaduras en sus vías respiratorias.
María y Clara Aravena, hermanas de José Aravena, cuentan que él «estaba castigado en la Torre 5 porque le encontraron un celular. Se comunicaba todos los días con su hija de siete años y con nosotras». Veneciana Ceballos, suegra de Sandro Hernández (24 años), dice: «Estaba condenado por microtráfico. Estaba en la Torre 5 por el hacinamiento que existía. No debería haber estado ahí». Maribel Arce, hermana de Alexander Arce, dice que su hermano estaba preso por no pagar una multa por una riña callejera. «Estaba en el segundo piso de la Torre, hoy está muerto. No aparecía en las listas de fallecidos. Fue un calvario enterarnos que había muerto». Rosa Cuevas, madre de Patricio Contreras (22 años), dice que su hijo cumplía condena por robo. «Era estudiante y trabajaba en un supermercado. No sé por qué lo pusieron en esa Torre. No le correspondía estar ahí, si hubiésemos tenido dinero habría salido en libertad». Otro de los 81, Bastián Arriagada (22 años), cumplía una condena por vender CDs piratas. Su tío, Cristián Alvarado, afirma que no debería haber estado en la Torre 5, pues en ese lugar había reos de gran peligrosidad: «Bastián vendía discos piratas para mantener a su familia y ahorrar, porque quería retomar sus estudios de educación media. No era un criminal».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 749, 23 de diciembre, 2011
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