Luciano Romero, Javier Orozco, Esteban Barboza, Aristides Oime y Hector Mondragón, en Oviedo, octubre del 2004 Hace siete años, el 11 de septiembre, torturaron y asesinaron en Colombia al sindicalista y amigo Luciano Romero Molina. No lo olvidamos, no podemos olvidarlo por dos razones: nos hicimos amigos cuando la solidaridad asturiana le abrió sus puertas […]
Luciano Romero, Javier Orozco, Esteban Barboza, Aristides Oime y Hector Mondragón, en Oviedo, octubre del 2004
Hace siete años, el 11 de septiembre, torturaron y asesinaron en Colombia al sindicalista y amigo Luciano Romero Molina. No lo olvidamos, no podemos olvidarlo por dos razones: nos hicimos amigos cuando la solidaridad asturiana le abrió sus puertas medio año, y sobre todo porque la persecución continúa. Cincuenta sindicalistas han sido asesinados en los dos años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
La persecución a muerte contra la dirigencia sindical colombiana es otra de las realidades ocultas de un conflicto social del que se habla poco y en el que los trabajadores -movilizados por sus derechos- caen sin remedio, sin que la justicia encuentre responsables. En el mejor de los casos -menos del 2%- se investiga con desgana y se condena a los autores materiales, que en el caso de Luciano se demostró judicialmente fueron integrantes de la policía secreta en alianza criminal con los grupos narco-paramilitares.
Pero ¿quién ordenó matar a Luciano? ¿Quiénes ordenaron el asesinato de casi tres mil sindicalistas colombianos?
Una parte de la responsabilidad de este genocidio hay que buscarla en la cultura antisindical impulsada desde hace un siglo por empresas como la vieja compañía UFCO, que convirtió en repúblicas bananeras a los países de Centroamérica y a nuestra Colombia. Allí miles de obreros en huelga fueron asesinados por el ejército nacional en la noche del 6 de diciembre de 1928 para proteger los intereses de esta multinacional. Esa masacre ocurrió, no es fruto del realismo mágico -o trágico- del Macondo Garciamarquiano.
Desde 1928 la persecución sindical se ha revestido de justificaciones diversas. Son el peligro comunista y hay que exterminarlos dijeron durante mucho tiempo y casi lo consiguen, aunque en esa época no había guerrillas. Son los responsables de la quiebra de las empresas, se afirmó después con el mismo propósito. Son aliados del terrorismo, afirmó el expresidente Alvaro Uribe Vélez al descalificar de manera pública la labor de quienes defienden los derechos humanos y laborales. Pretendían configurar el escenario de «normalidad» para justificar el asesinato sistemático de los representantes de los trabajadores.
La patronal tiene una gran responsabilidad. Algún día los monopolios económicos y mediáticos no podrán seguir ocultando la verdad. Por ahora hay una denuncia admitida a trámite contra Nestlé en marzo del 2012 ante la Fiscalía de Zug (Suiza) por dejar a Luciano sin protección ante el peligro inminente. Meses antes lo habían despedido de manera ilegal y en medio de la persecución.
La existencia de las guerrillas desde hace medio siglo ha servido de excusa para la persecución sindical. Por eso vemos con esperanza que el actual gobierno abra la puerta a diálogos de paz con la insurgencia. No hay otro camino en vista de que el Estado no pudo derrotarla, a pesar de la gigantesca ayuda militar de los Estados Unidos y de las armas que le vende Europa.
Ya era hora de hablar de paz y de justicia social. Esta guerra -también oculta u olvidada- la está pagando la población civil, gentes que no son combatientes pero que reciben, como Luciano, el tratamiento de enemigo para proteger intereses foráneos, como hace un siglo.
Asturias ha continuado acogiendo cada año y por seis meses a sindicalistas colombianos en riesgo. Eso le honra. Nosotros/as se lo agradeceremos siempre, como en su momento lo hizo Luciano al despedirse de la única tierra donde se sintió seguro.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.