Desde 1964 existe en Colombia un movimiento insurgente armado, integrado por las FARC-EP y el ELN. Este movimiento tiene su razón de ser en la resistencia popular a la opresión económica, y al terrorismo de estado, ejercidos e instrumentados por la oligarquía colombiana y el imperialismo estadounidense. La insurgencia colombiana forma parte destacada del movimiento […]
Desde 1964 existe en Colombia un movimiento insurgente armado, integrado por las FARC-EP y el ELN. Este movimiento tiene su razón de ser en la resistencia popular a la opresión económica, y al terrorismo de estado, ejercidos e instrumentados por la oligarquía colombiana y el imperialismo estadounidense. La insurgencia colombiana forma parte destacada del movimiento popular de resistencia y de la lucha por un proyecto socialista que avance en la soberanía popular y la emancipación de los trabajadores.
Desde el eurocentrismo progre y cínico de intelectuales y partidos, no se puede ni se quiere comprender la situación de guerra abierta de clase que hay en estos países latinoamericanos. Los asesinatos políticos sistemáticos, la explotación oligárquica brutal a los trabajadores del campo y la ciudad, la represión a sindicalistas y la injerencia histórica del gobierno de los EE.UU, han sido características permanentes en el paisaje político de Colombia. Los hechos son tozudos y demuestran que la lucha política sin frente militar guerrillero, bajo estas condiciones, no es viable. Ambos son elementos necesarios no sólo para abrir camino a la democracia participativa y la transformación socialista, sino para defender simple y llanamente el derecho a la vida de enormes masas de campesinos, desplazados y trabajadores en paro o marginados, los derechos humanos fundamentales, y las libertades políticas.
En los años 80, las FARC abrieron un amplio proceso de negociación con el gobierno colombiano de Betancourt para establecer las bases de un marco constitucional de mínimos que hiciera posible la lucha política sin frente militar. Hubo un principio de acuerdo, pero se rompió cuando la Unión Patriótica – coalición donde estaban integradas las FARC – fue reprimida salvajemente por el ejército, la policía y los escuadrones de la muerte dejando en los últimos 15 años un saldo sangriento: el asesinato de 2500 dirigentes sindicales, 5000 militantes y dirigentes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista y miles de líderes campesinos, estudiantes, activistas de derechos humanos, indígenas y muchas otras personas opositoras al régimen. La realidad volvía a confirmar la necesidad del frente militar guerrillero para que la lucha política fuera respetada. El dilema no era ni es «armas sí o armas no». Se trató de elegir entre rendición y claudicación política o vuelta a las armas como un instrumento más pero imprescindible de la lucha de clases. Las FARC, coherentemente, volvieron a las armas. En Colombia, la lucha armada y la guerra sucia de alta intensidad ha sido realizada siempre por la olgarquía y no sólo como instrumento de represión política, sindical y popular, sino como instrumento económico para el desalojo de millones de campesinos y la apropiación inmediata de sus tierras por los terrateniestes y las grandes empresas agroexportadoras.
Desde hace algunos años se vienen produciendo enormes avances en la lucha popular en Colombia y en el resto de América Latina. Desde Cuba hasta Venezuela, Argentina, Bolivia,… la rebeldía renace y se reproduce con fuerza por todo el continente. Ante esta cascada insurgente EE.UU responde con una escalada militar centrada en Colombia, a la que ya se denomina el «Israel» latinoamericano.
La última gran vuelta de tuerca en la ofensiva contra las guerrillas colombianas se inicia en febrero de 2004: el Plan Patriota II. Se trata del mayor operativo militar lanzado hasta ahora contra las FARC y las cifras son espeluznantes, hablan por sí solas: 555 Millones de Dólares sólo para el año 2005 (155 ya desembolsados) y 1800 soldados (que se suman a los 17.000 ya desplegados) y oficiales colombianos que actúan bajo las órdenes directas de mercenarios de la «elite» de la Inteligencia norteamericana. Es conocido popularmente como «la plata del Plan Colombia en armas», su vertiente estrictamente antiguerrillera.
A pesar del bombardeo mediático que anuncia la derrota de las FARC, hoy sabemos que los resultados de esta nueva agresión imperialista son mediocres. El Plan Patriota no ha debilitado a las FARC. Sin embargo, sí está minando física y moralmente a las tropas gubernamentales: se multiplican las bajas (unas 1200 mensuales), los motines, las mutilaciones… el nerviosismo y la desesperación de los soldados de Uribe va en aumento.
La conversión del paramilitarismo oligárquico bajo control militar, en paramilitarismo de «contratados civiles» por empresas multinacionales gestionadas por el Pentágono, va a introducir factores nuevos en una larga guerra contra el pueblo. Éste puede ser el desarrollo más probable del Plan Andino como extensión del Plan Colombia.
Los últimos episodios de esta guerra abierta de clase, que reedita los criminales métodos de la «Operación Cóndor», son dos secuestros de dirigentes de las FARC por los servicios secretos colombianos y estadounidenses. Simón Trinidad fue capturado en Quito hace un año y ha sido extraditado a EEUU.. Ricardo González fue secuestrado en Caracas el 13 de diciembre de 2004 con la complicidad de funcionarios antichavistas, durante la celebración del Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos. Ante semejante violación de su soberanía, el gobierno de Venezuela ha tomado la decisión de suspender las relaciones con Colombia hasta que el gobierno Uribe ofrezca disculpas públicamente. Se suspenden los acuerdos económicos binacionales y el embajador no regresará a Bogotá hasta nueva orden.
A día de hoy, Ricardo continúa preso en Colombia y Simón en EE.UU, donde será sometido a un juicio político bajo acusaciones falsas de narcotráfico. Dentro del mismo operativo de represión también han sido secuestrados varios militantes del ejército del Ejército de Liberación (ELN).
En este contexto de escalada de las violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo colombiano, el gobierno Zapatero ha mantenido y ejecutado los contratos de venta de armas y equipamiento militar iniciados por el gobierno Aznar. Ningún otro país de la Unión Europea mantiene semejante nivel de apoyo al gobierno Uribe.
Ante esta situación Corriente Roja:
1.- Se solidariza con los dos compañeros secuestrados de las FARC y el ELN. CR seguirá con atención todo el proceso político-judicial y desarrollará actos y campañas de solidaridad.
2.- Se compromete a implicarse en la denuncia activa de la situación política en Colombia. Tenemos la voluntad de romper el cerco de desprestigio mediático que hay en torno a las FARC y al ELN.
3.- Condena el ALCA y el Plan Colombia por ser instrumentos de dominación del imperialismo estadounidense. Este intervencionismo militar se traduce en 3 mil millones de dólares en ayuda, 800 consejeros militares, una docena de bases militares y varios miles de mercenarios pagados por el Pentágono.
4.- Considera un fracaso el Plan Patriota II: las FARC no pueden ser vencidas por las armas del ejército colombiano y la brutalidad del mecenazgo norteamericano porque cuentan con la fuerza y la dignidad de la lucha por la soberanía de los pueblos.
5.- Condena el comportamiento de carácter neocolonial del capital español, determinante fundamental de los compromisos políticos y militares de los gobiernos españoles con el gobierno Uribe.
6.- Alerta sobre la inminente aparición de una guerra de alta intensidad y supuesta «baja implicación estatal», extendida al área amazónica y andina, realizada por un paramilitarismo bajo contrata. Ésta guerra estaría financiada por las oligarquías colombiana y venezolana, y fundamentalmente por los EEUU.
7.-CR reitera su compromiso con todos los movimientos revolucionarios de América Latina y reafirma su total solidaridad con los mismos.