Ante la alerta de salud que se ha generado en el país en los últimos días, respecto a la pandemia de coronavirus (covid-2019); las personas privadas de la libertad alzamos la voz en rechazo de las políticas y acciones poco efectivas que ha tomado el INPEC y las entidades de gobierno en las cárceles de Colombia.
Es valido recordar que el sistema penitenciario y carcelario colombiano vive en la precariedad; situación que se ha manifestado en el hacinamiento del 53% a nivel nacional, y donde los y las prisioneras no tienen condiciones dignas para su pervivencia; sistemáticamente, el INPEC junto con otros entes encargados del mantenimiento de las y los internos han ignorado de forma constante las ordenes judiciales que, desde 1998, están dispuestas en diferentes fallos denominados “estados de cosas inconstitucionales” de las prisiones.
No siendo suficiente la infraestructura para la cantidad de personas, se agravan los problemas sanitarios, tales como: la falta de abastecimiento de agua las 24 horas del día; la propagación de vectores como chinches, zancudos, ratas y palomas; la falta de condiciones climáticas y ambientales; y las miserables condiciones de aseo para los espacios comunes.
También la violación de Derechos Humanos se evidencia en la pésima calidad de los alimentos que diariamente hacen parte de la dieta; la ausencia de otros insumos que complementen la alimentación, y que por medio de los “expendios” el INPEC debería ofrecernos. Situación que deja sin suficiente carga proteínica y calórica a las presas y presos para defenderse de enfermedades que se puedan presentar.
Adicionalmente, no siendo excepción en el país, el sistema de salud para las personas privadas de la libertad colapsó, no hace unos días, sino años; pues las áreas de sanidad de las prisiones no dan para atender adecuadamente las infecciones, enfermedades crónicas, enfermedades virales, lesiones físicas y psicológicas que puedan afectar a las y los prisioneros; debido a la insuficiencia de personal médico, la falta de medicinas adecuadas, la disposición negativa por parte de la guardia y la fiduprevisora para atender a los y las internas, etc.
Esta crisis se hace manifiesta hoy, cuando proliferan las denuncias realizadas en diferentes cárceles del país, como la femenina de pedregal y el buen pastor; la picota y Jamundí; en las cuales, ante la urgencia de un aislamiento preventivo, el personal de guardianes ha permitido la entrada y salida de trabajadores y de la misma guardia, la cual, debería estar acuartelada. Situación que implica un riesgo para la salud de todas las personas privadas de la libertad.
Por todo lo expuesto, el Movimiento Nacional Carcelario propone a las autoridades competentes:
1. Se declare la emergencia carcelaria a nivel nacional.
2. Permitir otro tipo de pena privativa, diferente a la intramural, para mujeres embarazadas y lactantes, sindicados y sindicadas y personas de la tercera edad, con el fin de descongestionar las cárceles y evitar riesgos de salud en esta población vulnerable.
3. Declarar el acuartelamiento del personal de guardia del INPEC, sobre quienes no se tiene el control de los espacios que transitan en el exterior de las cárceles; así como optar por las medidas de prevención e higiene necesarias para entrar a los centros.
4. Garantizar el acompañamiento de los entes de salud del Estado, en cabeza del ministerio de salud.
5. Se garantice el abastecimiento de los “expendios” con productos alimenticios no perecederos, que complementen la deficiente dieta alimentaria que brindan en las cárceles.
Finalmente, convocamos a los familiares, amigos y a todos los centros penitenciarios del país a sumarse a un CACEROLAZO NACIONAL, con el fin de exigir la emergencia carcelaria, el día SÁBADO 21 de MARZO de 2020 a las 9 pm.
¡Preso es quien no lucha!
Ver: https://www.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/2788775864547409?__tn__=K-R
Movimiento Nacional Carcelario
18 de Marzo de 2020