La presidenta Michelle Bachelet ha anunciado que iniciará -en septiembre próximo- un «proceso constituyente» para cambiar o modificar la Constitución de 1980, refrendada con pequeños maquillajes por la Concertación durante veinte años. Claro que la presidenta no explicó ni definió qué significaba exactamente ese «proceso constituyente». Porque lo dicho podría tener muchas interpretaciones, y de […]
La presidenta Michelle Bachelet ha anunciado que iniciará -en septiembre próximo- un «proceso constituyente» para cambiar o modificar la Constitución de 1980, refrendada con pequeños maquillajes por la Concertación durante veinte años. Claro que la presidenta no explicó ni definió qué significaba exactamente ese «proceso constituyente». Porque lo dicho podría tener muchas interpretaciones, y de hecho parece tenerlas, pues todo indica que lo que entienden los movimientos sociales por tal concepto no es lo mismo que entienden los parlamentarios y los partidos políticos. Por lo tanto, de no definirse claramente el concepto, entraríamos en una discusión en planos paralelos y concretamente inútil. Ahora, dados los hechos de la causa con que se cuenta, no es aventurado pensar que el gobierno, y la Nueva Mayoría, no desean una asamblea constituyente tal cual la piden los movimientos sociales y el pueblo. Es decir, una asamblea constituyente de verdad. Lo que ellos desean es buscar subterfugios para poder validar un «proceso constituyente» que parezca asamblea constituyente y así tranquilizar a la calle. Si algo ha caracterizado a los presidentes de la Concertación es ser tramposos.
Como fuere, antes de realizar una asamblea constituyente, se debería realizar un plebiscito para definir qué tipo de país queremos. Si queremos continuar con un país controlado por la oligarquía, representada por los partidos políticos y los empresarios; o queremos, por ejemplo, una democracia real y participativa, donde las organizaciones sociales tengan las mismas prerrogativas de los partidos políticos. Si usted revisa la historia de Chile se podrá dar cuenta que todos los males sufridos por el pueblo chileno han sido provocados por los partidos políticos y los empresarios, que se han apropiado del país para su propio peculio. Utilizando diferentes estratagemas, se han apoderado de los recursos del Estado, de los recursos naturales y de la plusvalía que genera la clase trabajadora. Para la casta política y empresarial el Estado siempre ha sido un botín. Hasta el día de hoy confunden su patrimonio con el patrimonio del Estado. Esta situación es la primera que se debe erradicar de raíz. Entonces, valen las preguntas ¿Cómo queremos que se desarrolle nuestra sociedad? ¿Cómo deseamos que se distribuyan los recursos públicos? ¿Queremos un país donde se siga permitiendo la acumulación capitalista o queremos un país donde se garantice el derecho social a la salud, educación, jubilación, energía eléctrica, agua potable? El gobierno de cualquier nación que se considere democrática debe garantizar la gratuidad de estos servicios sociales y velar porque todo lo que se obtenga de la explotación racional de los recursos naturales quede en poder del Estado ¿Queremos un país industrializado y sustentable o un país dependiente, mayoritariamente, de proveedores extranjeros y usureros? ¿Queremos un país donde se imponga el criterio decimonónico de la derecha e Iglesia en temas «morales» y legales o queremos un país con libre albedrío en el plano de las ideas, sin imposiciones desde el Vaticano o de comisiones de hombres «buenos»? Las leyes deben existir para resguardar la libertad de las personas, no para tenerlas bajo un control ajeno a sus conciencias. Por otro lado, una pregunta importante sería ¿Qué tipo de fuerzas armadas queremos o necesitamos? ¿Queremos unas fuerzas armadas clasistas, represoras y serviciales a la oligarquía económica, como lo han sido hasta la fecha, o queremos unas fuerzas armadas cercanas al pueblo y anti golpistas?
Son muchas más las preguntas que se podrían exponer, pero me parece suficiente con las expresadas para graficar la situación. No serviría de nada una asamblea constituyente donde estos temas no estuvieran definidos. Sólo realizando cambios estructurales de verdad se podrá acabar con la desigualdad en Chile, y los cambios que hoy impulsa la Nueva Mayoría son estructurales solamente de nombre, nombre inscrito en un volador de luces, en una trampa más, total la gente olvida pronto piensan ellos, tienen que preocuparse de sobrevivir y pagar sus tarjetas de crédito. La nueva Constitución debe ir, además, acompañada de un cambio cultural, de osadía y libertad. De verdadera libertad, no de la libertad falsa de la derecha o de la Iglesia. Menos de la libertad que pregonan los empresarios ni del cinismo de la Nueva Mayoría. Como escribió una vez la poeta natalina, Marcela Muñoz, «la vida a media luz no sirve», y menos aún cuando se requieren profundos cambios en las relaciones económico-sociales de una nación que lo tiene todo para prosperar, pero que se encuentra atrapada entre bandoleros y piratas.
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