Nacemos hoy como Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, en movilización permanente luego de un proceso iniciado hace dos años cuando comenzamos a visibilizar en marchas nuestras demandas. Y por eso tenemos que denunciar que nuestro grito expresado en reuniones y asambleas en los territorios, que exigía quitar las aguas de […]
Nacemos hoy como Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, en movilización permanente luego de un proceso iniciado hace dos años cuando comenzamos a visibilizar en marchas nuestras demandas. Y por eso tenemos que denunciar que nuestro grito expresado en reuniones y asambleas en los territorios, que exigía quitar las aguas de las bolsas de comercio y devolverlas a los ecosistemas, fue primero transformado por un grupo de senadores en renacionalización, luego reducido por Bachelet a un proyecto de ley que declare las aguas como bien nacional de uso público y ahora intenta ser ahogado por un conjunto de propuestas que no significan cambios estructurales en la propiedad del agua sino modificaciones en la gestión. El pie forzado de todos los anuncios es no cuestionar la propiedad de las aguas y evitar que una Asamblea Constituyente pueda instalar los derechos de todos y todas al agua y los bienes comunes.
Los «parches» para la crisis hídrica
Las poco transparentes informaciones del gobierno conocidas a través de la prensa, indican que los cambios van a operar para los nuevos derechos, que apenas constituyen (según el propio delegado presidencial para el agua) un 10% del total de agua, manteniendo la perpetuidad de la propiedad de quienes ya acaparan aproximadamente el 90% del agua. Además, para que la prioridad de uso del agua sea el consumo humano, se requiere una reforma constitucional que consagre efectivamente el agua como derecho humano, y de eso el gobierno no dice nada. Se habla de un ambiguo pago de royalty y se esconde si eso se fijará según el volumen de agua o si dependerá de su uso minero, forestal/agrícola o energético, ni si se trata de aguas superficiales o subterráneas.
Tampoco es claro si los derechos de agua caducan sólo por no ser usados ni qué pasa cuando se usa el agua para un fin distinto al que se solicitó. Hemos dado luchas contra el robo de agua y no hay un castigo (caducidad) para el usurpador. El gobierno habla de manejo integrado de cuencas pero nada dice sobre los ríos que tienen derechos de agua sobreotorgados (Copiapó 8 veces, Ligua y Petorca 5 veces). Todas las nacientes de las cuencas en las que supuestamente se va a hacer manejo integrado, están entregadas a la megaminería por el tratado binacional minero, pero de eso no se habla en estas medidas de gobierno.
Y por otra parte sigue vigente el aterrador cronograma de inversiones que sostiene al gobierno: quintuplicar las inversiones mineras de los últimos 20 años, en menos de la mitad del tiempo; aprobar una nueva versión del decreto 701 multiplicando por dos los actuales 3 millones de hectáreas de pinos y eucaliptos, mismo escenario apreciable en el rubro agroalimentario y energético.
Frente a esto, regaremos gota a gota la certeza de nuestra abundancia y capacidad de cambiar el destino de nuestros barrios, pueblos, regiones y país… somos agua, agua reconectada con la tierra, que hacemos con el barro mundos nuevos para celebrar la vida.
El nombramiento por la presidenta de un delegado para Recursos Hídricos, para hacer un diagnóstico que desconocía las denuncias ya instaladas en los territorios fue equivalente a decir: «Su problema señora no es que los chanchos de agrosuper tengan 60 litros diarios para engordar mientras usted solo cuente con 37 litros día para vivir; es que usted no sabe adaptarse y administrar bien los 37 litros que le damos». No es casual que el informe del delegado no se entregue en público y frente a las comunidades. Es porque no hay respuesta a la crisis hídrica, y los énfasis están puestos en paliar la escasez, mediante absurdos como que los derechos de agua antes entregados a perpetuidad, en adelante sean entregados por no más de 30 años. El nuevo aparataje legislativo incluiría reforma al Código de aguas, a la ley de servicios sanitarios rurales; la ley de glaciares, ley sobre régimen económico del agua, nuevas subsecretarías y reparticiones acompañados de inversión en embalses, desaladoras, recuperación de tranques; no son más que falsas soluciones y más burocracia. Claramente, todas estas medidas apuntan a sostener las inversiones, y no a que tengamos agüita en calidad y cantidad para nutrir nuestra existencia. Es evidente que para el gobierno el problema no es nuestra sed, sino la baja en las cifras macroeconómicas y la oposición creciente a un modelo de desarrollo enfermo y agónico pero asumido por ellos como el único posible, o al menos el único que les puede garantizar mantener los conceptos de calidad de vida que ellos han escogido e impuesto.
Gestación de este movimiento social por el agua
Ha sido el despertar uno a uno, la sed, los cultivos secándose, los animales muertos por beber agua contaminada, la enfermedad, la amenaza de megaproyectos sobre nuestros ríos, glaciares, lagunas… lo que nos ha hecho juntarnos, encontrarnos, reflexionar en conjunto y entender que la profunda crisis hídrica que vive Chile es un problema de injusticia estructural, de avaricia, de temores profundos que deben ser enfrentados.
Hay 500 mil personas en Chile abastecidas por camiones aljibes; más de un tercio de las comunas del país han sido declaradas en escasez hídrica. Pero hasta hace tres años el discurso de los sucesivos gobiernos hablaba del «fenómeno del niño o la niña», «el cambio climático», «el calentamiento global», enmascarando criminalmente las leyes intocables y los mecanismos administrativos que privatizan el agua, separándola de la tierra, y entregando su gestión al mercado.
Sin embargo hoy, los procesos de articulación y organización comunitaria, que han inundado las calles de Santiago y del resto del país exigiendo VIDA, comenzaron a insertar en la agenda pública que la sequía en nuestro país iba de la mano de una institucionalidad suicida, que había un escandaloso acaparamiento y un descarado lucro a costa de estrujar nuestros bienes comunes para entero beneficio de un puñado de grupos económicos nacionales y extranjeros.
El gobierno y los parlamentarios que sabían de qué hablaban los territorios, en vez de promover una discusión inclusiva, de escuchar activamente lo que han desoído por años, han seguido en la línea de la soberbia y la cooptación, incapaces de comprender que estamos al límite, que no pueden seguir muriendo nuestros viejos tratando de profundizar sus pozos, que no pueden seguir suicidándose agricultores por la angustia de no tener agua, que no pueden seguir matando las culturas para nutrir la mega escala extractiva que nos está secando hasta el alma.
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