APDHA presenta el informe anual sobre inmigración «Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014»

Ayer se presentó en Sevilla el informe «Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014» que cada año elabora la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). La presentación estuvo a cargo de Rafael Lara (coordinador del informe y del área de Solidaridad Internacional de la entidad) y Carlos Arce (coordinador del área de Inmigración).

En cada edición de este estudio, la APDHA pretende ofrecer una visión sobre el nivel de respeto de los Derechos Humanos en la gestión de los flujos migratorios y el control de fronteras en el confín Sur de la Unión Europea. Normalmente se centra en distintos escenarios geográficos de esa Frontera Sur que hayan tenido una especial relevancia durante el año concreto que se analiza. Sin embargo, en esta ocasión la APDHA ha visto imprescindible detenerse casi en exclusiva en uno de esos territorios, Ceuta y Melilla, y hacerlo con una perspectiva temporal más amplia.

Los acontecimientos del pasado 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal de Ceuta, con la muerte de al menos 15 personas durante la actuación de la Guardia Civil para evitar un intento de entrada por vías irregulares a territorio español, y la desastrosa gestión posterior de los hechos por parte del Gobierno español, han sido el factor inmediato que ha dado forma al presente informe. En esta línea, Carlos Arce ha destacado las vulneraciones de derechos fundamentales que el Gobierno español ha cometido durante este episodio y las distintas acciones político-jurídicas que la APDHA y los colectivos sociales con los que trabaja en red han llevado a cabo en este asunto, pero también el escenario que en materia de Derechos Humanos se vislumbra a un corto/medio plazo en la Frontera Sur. El intento de buscar un «paraguas» político-jurídico para justificar las conocidas como «devoluciones en caliente» a través de la supuesta cobertura del tratado bilateral hispano-marroquí, de inverosímiles redefiniciones del concepto frontera (las inexistentes «tierras de nadie», la idea de que no se entra en territorio español hasta que se supera el último obstáculo fronterizo material o humano…) o de posibles modificaciones de la Ley de Extranjería centran las preocupaciones de la APDHA en esta materia.

El objetivo último del informe es precisamente poner de relieve que los hechos del 6 de febrero no representan un caso aislado o un desgraciado accidente puntual, sino que por el contrario son consecuencia directa de más dos décadas de procedimientos políticos, jurídicos y policiales de control de fronteras en Ceuta y Melilla, en los que una verdadera preocupación por el respeto de los derechos fundamentales ha brillado por su ausencia. Por ello Rafael Lara ha destacado que desde principios de los años 90 las políticas de control de las fronteras que ambas ciudades tienen con Marruecos han estado caracterizadas por una perspectiva exclusivamente policial, y salpicadas por episodios lamentables, impropios de un Estado que pretende ser considerado como Democrático y de Derecho. «Desgraciadamente, ejemplos de estos sucesos abundan y son analizados en el informe: hacinamientos indignos en lugares insalubres (murallas del Ángulo y Calamocarro en Ceuta o La Granja en Melilla), expulsiones irregulares vulnerando la legislación nacional e internacional (incluyendo sedaciones, expulsiones de menores de edad y entregas directas a las fuerzas de seguridad marroquíes sin procedimiento alguno) o la utilización de métodos para impedir las entradas irregulares que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los migrantes (concertinas, uso de munición real en los sucesos de 2005 o de material antidisturbios en este año)».

Rafael Lara señaló en la rueda de prensa «cómo se trabajó en blindar las fronteras de Ceuta y Melilla, proceso que comenzó en 1995 y culminó en el año 2000 con la inauguración de las vallas, que se construyeron con dinero del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional». Sobre las muertes de 2005, apuntó que «aquel año la respuesta fue igual a la que se ha dado a los hechos que vivimos el pasado febrero: estamos ante una invasión, tenemos que elevar las vallas 6 metros más… Las respuestas son siempre las mismas y los resultados, los mismos».

Rafael Lara también recordó algunas de las principales cifras del Balance Migratorio APDHA 2013, presentado públicamente el pasado mes de de febrero y también incluido en el presente informe, que desmienten una vez más los mensajes alarmistas sobre supuestas invasiones de migrantes subsaharianos a través de Ceuta y Melilla.

Desde la APDHA consideran que «otras políticas migratorias y de fronteras respetuosas con los derechos fundamentales son posibles; y en las conclusiones de este informe planteamos algunas alternativas razonables y viables a nuestro juicio para ir avanzando en su consecución». Carlos Arce y Rafael Lara aludieron a algunas de ellas, iniciativas que son compartidas por las organizaciones españolas integradas en la red euro-africana Migreurop. En concreto se propone que la Unión Europea y España:

1) Faciliten la regularización de los migrantes subsaharianos que se encuentran bloqueados en el Norte de África. Hay un procedimiento en marcha en Marruecos que podría darles cabida si se ajustan los requisitos exigidos.

2) Faciliten y garanticen la llegada a la UE en calidad de solicitantes de asilo a quienes puedan estar en condiciones de solicitar protección internacional.

3) Apliquen criterios amplios de reunificación familiar para permitir la entrada en la UE de quienes tengan familiares residiendo en ella, concediendo visados de estancia temporal.

4) Concedan un significativo número de visados a los países africanos de los que proceden estas personas.

La APDHA y los colectivos de Migreurop España son conscientes que «medidas como éstas paliarían pero no acabarían con todos los problemas que nos plantea la inhumana política migratoria de la UE. En aras de buscar esas soluciones que aspiren a ser definitivas se propone crear una mesa de entidades socio-políticas suficientemente representativas e instituciones nacionales, comunitarias e internacionales con competencia en la definición de las políticas migratorias, cuya función sería la de indagar las diferentes opciones para conseguir unas políticas migratorias y de fronteras de carácter multidimensional realmente respetuosas con los Derechos Humanos«.