Desde los colectivos de colombianos y colombianas víctimas de crímenes del Estado colombiano residenciados en España y organizados en MOVICE Capítulo País Valencià y CINPROINDH de Madrid, saludamos el Foro Nacional de Víctimas que se realiza en Cali; a la Organización de Naciones Unidas en Colombia; al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los […]
Desde los colectivos de colombianos y colombianas víctimas de crímenes del Estado colombiano residenciados en España y organizados en MOVICE Capítulo País Valencià y CINPROINDH de Madrid, saludamos el Foro Nacional de Víctimas que se realiza en Cali; a la Organización de Naciones Unidas en Colombia; al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-; a la Universidad Nacional -Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz- y por supuesto, a los diferentes colectivos de colombianos y colombianas víctimas del conflicto social y armado colombiano, representados en este Foro.
Los/as exiliados/as políticos víctimas de crímenes del Estado colombiano consideramos que hay un avance en materia de voluntad política en el proceso de paz entre gobierno e insurgencia, encaminado a impulsar que el Estado colombiano asuma sus obligaciones constitucionales frente a las víctimas. Pero aún queda mucho por caminar, sobre todo aprender a caminar reconociendo el camino de atrás.
El dato estadístico de 625.000 víctimas de crímenes del Estado colombiano que viven fuera del país, sugiere que de fondo existe una estrategia para dejar en la impunidad graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos donde el Estado es el responsable.
Los/as exiliados/as políticos víctimas de crímenes del Estado colombiano en todo el mundo no hemos sido consultados, incluidos, ni cobijados en el desarrollo de los diferentes espacios donde se proyectan soluciones a las víctimas del conflicto armado colombiano.
Como víctimas de crímenes de Estado organizadas, renovamos y fortalecemos nuestro compromiso con los movimientos sociales, las organizaciones populares y las víctimas del conflicto social y armado que vive Colombia, que en este momento se expresan en nuestro compromiso en la construcción de una Paz con Justicia Social en Colombia.
Los diálogos en La Habana son el mejor camino cuando ya se han transitado 50 años de conflicto armado interno. Solicitamos al gobierno colombiano que abra esta ruta, también para el resto de organizaciones insurgentes.
No existe una situación de post-conflicto en Colombia. La guerra continúa. Persiste la violencia directa y estructural. Denunciamos la grave crisis de DDHH que vive Colombia, en especial en estos momentos, cuando las organizaciones populares y las defensoras y defensores de los DDHH sufren una grave arremetida de amenazas, agresiones y represión.
Consideramos la Memoria Histórica como una herramienta fundamental de lucha contra la impunidad. Las víctimas tienen derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a las Garantías para la No Repetición. Tenemos que rescatar la Memoria de las víctimas, de las personas exiliadas y refugiadas, y la de la propia Solidaridad Internacionalista. Así mismo, no será posible escribir la Memoria Histórica sin las mujeres, sin los pueblos indígenas y sin las comunidades negras.
Tampoco será posible la Paz con Justicia Social en Colombia si no cesa la criminalización y la persecución de las defensoras y defensores de los DDHH en Colombia y en el exilio. Pedimos el cese de su persecución, estigmatización y represión, además de garantías para su labor. Al mismo tiempo, exigimos que no se entorpezca la labor de la Solidaridad Internacionalista y se garantice su seguridad.
Por todo lo anterior, proponemos al Foro Nacional de Victimas del conflicto armado, que se realiza en Cali, Colombia, lo siguiente:
1.- El reconocimiento formal, real y legal por parte del Estado colombiano de que el exilio político es una realidad. Hay decenas de víctimas del conflicto armado colombiano que viven por fuera de las fronteras del país. Y que el exilio es una más de las facetas de las violaciones a los derechos humanos en Colombia, perpetradas por parte de sectores del Estado colombiano con una mentalidad planificada y organizada, sistémica – con estrategias y accionar- criminal. Por esta razón, el exilio político debe ser considerado un crimen de Estado, al forzar mediante la estrategia del terror tanto a líderes como a miles de militantes de base de las fuerzas opositoras al régimen a salir del país; y si por lo tanto, con el exilio forzado se trata de debilitar la organización popular, obrera y campesina, también es cierto, que las consecuencias del exilio van más allá de estas limitaciones políticas. Los luchadores sociales y políticos sufren no sólo la impotencia de no poder seguir luchando por sus ideales en primera línea y contribuyendo en la organización de las masas, sino que sus proyectos de vida quedan truncados; todas sus relaciones afectivas, su entorno familiar y social se resquebraja. Es algo incalculable; no podría cuantificarse en términos concretos esta pérdida.
Es más, el gran perjuicio cultural para una nación a la que una cifra muy importante de su población es sometida al exilio, es muy serio si se considera que una o dos generaciones quedan escindidas. En ese sentido, el objetivo de un Estado represor se realiza en dos dimensiones imbricadas la una en la otra: la política y la social. La primera porque el exilio rompe procesos de organización social, de cualificación de los colectivos en la lucha política y la segunda porque rompe procesos individuales y familiares que en últimas son fracturas sociales y por supuesto, generadoras de abismos en generaciones que estaban configurando un destino como nación. Al fracturar este proceso, el poder represor se robustece y logra lo que pretende al sentar el terror en la población, que por más que siga resistiendo, siempre tendrá encima la bayoneta y el cepo, además de todas las prácticas clientelistas y corruptas con las que cooptan a los individuos que cuentan con una menor o inexistente formación educativa, cultural y política.
Pero además, sabemos que gran parte de la emigración colombiana tiene también un motivo económico como consecuencia de las grandes limitaciones para acceder a un empleo de calidad, a una educación de calidad para los hijos; por la miseria de millones de colombianos sin esperanza de progreso en su propia tierra. Entonces, estos emigrantes económicos también son víctimas del Estado colombiano, al empujarlos al destierro por no brindarles las garantías mínimas para un libre ejercicio y desarrollo de la ciudadanía, sin las más elementales condiciones para el crecimiento como personas que podrían aportar al desarrollo del país.
Ahora bien, estas dos categorías del exilio: la política y la económica, deben estar bien delineadas y se deben establecer criterios diferenciales para su reparación moral y económica.
2.- Exigimos crear un espacio de consulta que permita obtener los instrumentos sociales, judiciales y legales para resolver situaciones derivadas de la persecución que sufrieron y sufren quienes debieron exiliarse, muchas de ellas aún vigentes, como la pérdida de estudios, trabajo, identidad, integración; bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias; problemas de nacionalidad con los hijos nacidos en el exterior; situación previsional como el derecho a pensión de jubilación, entre otras. Además, problemas y consecuencias psicológicas, siquiátricas, de salud mental. Muchos problemas se manifiestan sobre todo pensando en el futuro retorno, y más cuando muchos exiliados que se fueron niños o nacieron en el exterior, llegan a su mayoría de edad o regresan ahora para tomar contacto con Colombia, por derecho propio en busca de sus raíces.
3.- Solicitamos la realización de Foros Internacionales de Víctimas Continentales, en Europa, África, Asia, América del Norte, Australia y en Latinoamérica. Los creemos necesarios para dar voz a este inmenso colectivo en la mesa de diálogos de La Habana y en las que se establezcan con las insurgencias del ELN y EPL.
4.- Desde la dimensión del exilio político, aportar a la profundización de la memoria colectiva e histórica, la verdad, la justicia y garantías de no repetición. Exigimos así mismo, la reparación integral por los daños causados, las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra el colectivo de exiliados que en su volumen comportaría un serio revés a las pretensiones de impunidad en Colombia.
5.- Propiciar un espacio de solución de la problemática que ha generado el exilio, acompañado por expertos, dado que es una consecuencia de hechos criminales (como causa original) que ha traído efectos sociales, económicos y culturales, mas problematizadores a la causa criminal.
6.- Llegar a un acuerdo político y adoptar medidas legales que propicien el retorno voluntario, planificado, organizado y con dignidad, de miles y miles de colombianos y colombianas que salieron del país en contra de su voluntad.
MOVICE Capítulo País Valencià CINPROINDH
Valencia y Fuenlabrada, Madrid, Julio 30 de 2014
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