El 18 de septiembre pasado, mientras Chile celebra el bicentenario de su independencia, la huelga de hambre de los 34 presos políticos mapuche, emprendida el 12 de julio, llevaba ya 69 días. Los huelguistas exigen al Estado chileno la derogación de la ley antiterrorista (heredada desde la dictadura militar de Augusto Pinochet), el término del […]
El 18 de septiembre pasado, mientras Chile celebra el bicentenario de su independencia, la huelga de hambre de los 34 presos políticos mapuche, emprendida el 12 de julio, llevaba ya 69 días. Los huelguistas exigen al Estado chileno la derogación de la ley antiterrorista (heredada desde la dictadura militar de Augusto Pinochet), el término del doble enjuiciamiento (civil y militar), la eliminación de los testigos «sin rostro», un juicio justo, así como la desmilitarización en sus comunidades. Para la resolución de sus demandas, los Mapuche piden la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno. El 17 de septiembre, el presidente Sebastián Piñera anuncia la inversión de 4 mil millones de dólares en la región de la Araucanía «mejorando escuelas, construyendo consultorios y creando oportunidades de trabajo» (el llamado «Plan Araucania»), sin responder a las demandas de los presos políticos. Chile ha ratificado el convenio 169 de la OIT en el 2008, pero los territorios de las comunidades mapuche siguen siendo amenazados por los megaproyectos que ponen en peligro sus fuentes de subsistencia, llevados a cabo sin consulta: construcción de hidroeléctricas y de centrales térmicas, vertidos de residuos peligrosos, plantación de eucalipto y de pino…
El miércoles 15 de septiembre, tres comuneros mapuche – Rodrigo Jiménez, Eduardo Quipainao y Jorge Weque – pertenecientes al parlamento de Coz Coz, iniciaron una huelga de hambre en la plaza principal de la ciudad de Valdivia, en apoyo a los presos políticos. A continuación, entrevista con uno de los huelguistas, Eduardo Quipainao Calfipan.
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