A diario es posible sentir orgullo patrio por los significativos resultados de nuestra bien amada y querida Fuerza Pública. ¿Cómo no sentirlo si a diario dan de baja guerrilleros, capturan a los jefes de finanzas de las FARC y frustran atentados? Para no sentir ese orgullo patrio, habría que ser un colombiano que no valora […]
A diario es posible sentir orgullo patrio por los significativos resultados de nuestra bien amada y querida Fuerza Pública. ¿Cómo no sentirlo si a diario dan de baja guerrilleros, capturan a los jefes de finanzas de las FARC y frustran atentados? Para no sentir ese orgullo patrio, habría que ser un colombiano que no valora el esfuerzo de nuestros militares, o un colombiano mejor informado, por lo menos con información proveniente de otras fuentes distintas a las institucionales, porque RCN y Caracol, aunque privadas, son institucionales en cuanto a su labor del mantenimiento del «orden institucional».
Y es que lo que ellas no cuentan, y que si cuentan los campesinos del Magdalena Medio, son los detalles de cómo funciona la «seguridad democrática» en el campo colombiano. Allá, dónde rara vez hay una cámara que filme la infamia, los militares fácilmente matan campesinos y luego los visten de camuflado, les ponen un fusil al lado y luego de trasladarlos en helicóptero hasta el batallón de Puerto Berrío o Barrancabermeja, según sea el caso, llaman a los periodistas y presentan el resultado de sus operaciones de contrainsurgencia: «un guerrillero dado de baja».
Lo que no cuentan es que el supuesto guerrillero estaba en su casa o en su parcela trabajando, y que la única arma que lo acompañaba era un machete. Nombremos, sólo por hacer mención de los dos casos más conocidos, al campesino Luis Sigifredo Castaño, integrante de la junta de acción comunal de su vereda y miembro de Cahucopana, asesinado frente de su familia por integrantes del Batallón Calibío el 7 de agosto de 2005 y luego presentado como un guerrillero dado de baja en combate; y al líder minero Alejandro Uribe, miembro de Federagromisbol, asesinado el 19 de septiembre de 2006 en la vereda Las Culebras del municipio de Arenal, Bolívar, por el Batallón Antiaéreo Nueva Granada y también presentado como guerrillero muerto en combate.
Montaña adentro, allá donde no llegan los periodistas que se ganan el premio Simón Bolívar con sus crónicas, los militares ocultan sus nombres e insignias para no ser identificados, cambian sus brazaletes por unos que digan AUC o BCB, se acantonan en caseríos para resguardarse de un posible ataque de la insurgencia, y capturan campesinos tras el señalamiento de un encapuchado que dice que tal o cual es guerrillero. Encapuchado que bien podría ser un reinsertado arrepentido o un militar corrupto, que utiliza esta técnica para mostrar resultados y para apropiarse del dinero de las recompensas que con nuestros impuestos pagamos los colombianos para el mantenimiento de nuestra honorable institucionalidad.
Y es que el Magdalena Medio está plagado (¡porque parecen una plaga!) de esos maravillosos reinsertados arrepentidos que decidieron dejar de empuñar un fusil y trabajar por la patria. Para recordar sólo algunos de estos insignes caballeros nombremos a alias Puntiao, El Mocho, Gallo Parao, Pata de Palo, Bombillo o Tamara, quienes hacen las veces de guías del ejército en la zona y les indican cuáles guerrilleros habrán de ser capturados y presentados como parte de los buenos resultados de los garantes de nuestra seguridad.
Lo que no dicen es que esos reinsertados en muchas ocasiones no pertenecían a ningún grupo insurgente, eran sencillamente raspachines, arrieros o jornaleros que se hastiaron de generar su sustento con su trabajo, y optaron por hacerse pasar por arrepentidos guerrilleros, injuriar a sus paisanos y obtener así una paga mensual. Claro, como la información que poseen sobre la insurgencia muchas veces no es suficiente, no les queda otra alternativa que aprovechar la ocasión para ajustar antiguas cuentas con sus vecinos: si alguno en el pasado sostuvo una desavenencia con el ahora reinsertado, será el más opcionado para ser señalado como el insurgente que una vez capturado abonará la buena labor del Ejército Nacional.
Es allá, en el campo colombiano, lejos de donde se elaboran las estrategias de mantenimiento de la «popularidad» del presidente y nuestra honrosa Fuerza Pública, donde se puede conocer en detalle cómo es que se van creando las buenos resultados de la «lucha contra el terrorismo» y la «seguridad democrática», resultados que periódica y orgullosamente nos presenta Pachito Santos a través de los medios de comunicación nacionales.
Pero lo que no dice Pachito en esos informes, y que no va a decir, es que los campesinos no quieren al Ejército Nacional, que para ellos la presencia del ejército es más un motivo de desplazamiento forzoso que una forma de protección ante los «terroristas», que el paso de un helicóptero o un avión de las Fuerzas Militares es una verdadera razón para sentir terror, pues la evocación de un no lejano ametrallamiento indiscriminado hará resurgir ese sentimiento, que el primer ofrecimiento que le hace un militar a un campesino es que se reinserte, pues es eso o convertirse en guerrillero después de muerto.
En conclusión, lo que ni Pachito, ni el resto de los que «trabajan» en Palacio, ni los periodistas de la oficialidad, pueden decir por «razones de estado», es que en el campo colombiano (y en las ciudades también) los terroristas son los militares.