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La inoperancia del elemento esencial del pos conflicto

Apuntes sobre la (In) Justicia en Colombia

Fuentes: Rebelión

El reciente fallo de la Corte Constitucional, adverso a la creación de una efectiva instancia de juzgamiento de jueces de la altas cortes en Colombia (Tribunal de Aforados, algo de por sí contrario a la igualdad en una genuina democracia), aunado con las circunstancias turbias y hasta grotescas de la práctica de la justicia en […]

El reciente fallo de la Corte Constitucional, adverso a la creación de una efectiva instancia de juzgamiento de jueces de la altas cortes en Colombia (Tribunal de Aforados, algo de por sí contrario a la igualdad en una genuina democracia), aunado con las circunstancias turbias y hasta grotescas de la práctica de la justicia en Colombia que se han venido exponiendo por estos tiempos a cuentagotas ante la estupefacta opinión pública[1], ponen en la palestra toda variedad posible de conductas reprochables y punibles: prevaricaciones, fraudes, nepotismos, tráficos de influencias, arrogantes poderes clientelares, elecciones de operadores judiciales amañadas y por tanto espurias en poderes como Cortes, Fiscalía, sumadas a la corrupción en el inefable elector de altos jueces: el Congreso, etc., constituyen un insalvable lastre para el esperado posconflicto.

Están ahí los escándalos de dominio público del denominado ‘carrusel de pensiones’ (nombramientos concertados para acceder a fabulosas pensiones inaccesibles al 99.9% de la población) del Consejo Superior de la Judicatura, o el de la llamada ‘puerta giratoria’ (designación entrecruzada de funcionarios que pasan de un cargo a otro como intercambio de favores) en las Cortes (Constitucional, Suprema, Consejo de Estado) entre sí y con la Procuraduría, Contraloría, etc., sin una sola condena para los togados responsables.

Constantemente encumbrados jueces son recusados o se declaran impedidos por tener que decidir asuntos en los cuales están relacionados parientes, allegados, superiores jerárquicos de sus cónyuges o de sus numerosas parentelas, exsocios, lo cual se extiende a abogados litigantes, revelando la desfachatada estructuración de una especie de «casta judicial»[2], análoga a la instalada en el poder ejecutivo y congresional. De facto, los enquistados en las más importantes instancias judiciales a la postre se defienden entre sí como un solo bloque de intereses, privilegios y siempre dudosos prestigios.

En el caso de los ya numerosos desafortunados nombramientos de los encopetados jueces, resalta el caso paradigmático del hoy miembro de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro, en su momento abogado defensor del jefe paramilitar más importante de Colombia, Víctor Carranza[3]; algo así como si el abogado defensor de Lucky Luciano, Meyer Lansky o Alfonso Capone, hubiese terminado llegando sin objeción alguna a la propia Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. Así están las cosas en Colombia.

Se han registrado 1.473 denuncias por diversos delitos contra miembros de las altas cortes en el órgano competente, la prevaricadora Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes; 635 simplemente han sido archivadas y las restantes duermen el sueño de los (in) justos[4]. En medio de una profunda opacidad la impunidad judicial es absoluta, no obstante, algo de la descomposición rampante alcanza a llegar a la superficie. Paradigma notorio de gravísimas acusaciones de corrupción, es el que tiene como protagonista al por entonces presidente de la Corte Constitucional, en el caso denominado Fidu-Pretelt, por el nombre del personaje involucrado, el juez Jorge Pretelt.

Este magistrado (en Colombia en las más altas corporaciones judiciales a los jueces se les llama ‘magistrados’, reflejando el grado de aguda jerarquización instalada en la sociedad), acusado sustentadamente por un colega de pedir dinero (unos 170 mil dólares) para actuar en un asunto de competencia de su Corte, entre otros delitos[5]; incluso ha habido rumores recibidos desde ya un tiempo atrás en el poder ejecutivo de que en la Corte Constitucional «cobran para favorecer tutelas»[6]. Aquel juez, políticamente hablando es a su vez parte notoria de un proyecto de dominio del estado colombiano el cual superando lo conservador, se evidencia como francamente reaccionario, proviniendo de las entrañas mismas del gobierno de Álvaro Uribe (quien lo postuló para el cargo), representado el sector más retardatario del país, instalado en una de las regiones más empobrecidas del mismo[7].

No obstante, el asunto no termina allí. La Corte Constitucional, máxima corporación guardiana de la carta magna colombiana, se encuentra conformada por jueces que se denuncian penalmente entre sí acusándose nada más ni nada menos que de ¡falsedad en sus propias actas de deliberación[8]! El tema llega al absurdo jurídico total (más no político), cuando el acusado en su momento, presidente de la Corte defensora de la Constitución (Pretelt), expresamente niega la probidad de la justicia en Colombia que el mismo representa y a la vez manda a callar a sus contradictores, manifestando que va a llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedir medidas cautelares en su favor[9]. (!)

A su vez resulta grotesco en una nación a penas saliendo de la guerra como Colombia, con varios millones de seres humanos desplazados internos, en la cual se ha llegado a la conclusión que el meollo de la guerra civil de más 50 años, es la tierra, la existencia de ‘magistrados’ terratenientes (el omnipresente Pretelt), con sospechas graves de que algunos de sus cuantiosos bienes han sido adquiridos mediante la violencia sobre campesinos, o con acumulación ilegal de predios baldíos de la nación, justamente en una región de todos conocida por ser regulada en variadas maneras por destacamentos paramilitares[10], brutales perseguidores de campesinos poseedores de tierras. Como si lo anterior no fuera suficiente, un ex colega manifestó casi que expresamente que Pretelt era un miembro de la Corte Constitucional al servicio del paramilitarismo (!!!) y que temía por su vida al hacer denuncias contra aquel[11] (!!!); en concordancia, un reconocido jefe paramilitar ha declarado expresamente la pertenencia del pluricitado juez a tan mortíferas huestes[12]; justamente quienes lo «juzgan» en el Senado en este momento pertenecen al partido derechista de bolsillo de quien lo postuló, Uribe (!!!). Todo ello de por sí es muy diciente de los problemas estructurales del país en cuanto a su organización política y de su consecuencial conflicto armado.

Otro de los preclaros miembros de esta Corte, Alberto Rojas Ríos (aliado de Pretelt y también relacionado con el caso Fidu-Pretelt), práctica cualquier indignidad y leguleyada para aferrarse al cargo; mediante triquiñuelas jurídicas hurtó dineros de una viuda que requirió en el pasado sus servicios de abogado[13], además de relacionarse con personas cercanas al paramilitarismo[14]; para rematar, se descubrió que evade el pago de impuestos[15]. ¡Por favor! Pretelt, como Rojas Ríos, sorprendentemente continúa «impartiendo justicia en nombre de la República», como si nada hubiese ocurrido, en ejecución de mecanismos de exclusión de la acción penal y del juicio político que de hecho arbitrariamente les benefician.

La Corte Constitucional en conjunto, ha sido así mismo proclive a indignidades e indelicadezas ya de por sí inexplicables, unas semiocultas (el juez Luis Guillermo Guerrero viajando a ¡Corea del Sur!), otras con toda publicidad en el evento de un paseo de los togados en pleno por el Río Magdalena con viandas y bebidas espirituosas incluidas, pagadas por el mismo cabildero del caso Fidu-Pretelt[16], a nombre de poderes económicos que podrían tarde o temprano verse afectados por decisiones de estos impasibles juristas.

Y es que el historial general de la Corte Constitucional como salva guarda de la carta magna, es nutrido en actuaciones contrarias a sus deberes. Sus omisiones y negación de justicia han sido constantes, como en el crucial tema de la soberanía de la nación colombiana, «dilucidado» mediante el auto 288/2010 (sobre las bases de militares de EE.UU. en el país), entregadas por el gobierno de Álvaro Uribe (tenido equivocadamente como fallo adverso a la implantación de las mismas), operando tales agresivos enclaves colonialistas sin obstáculo alguno[17], en clarísima violación de la Constitución. Esto es metódicamente ocultado, pues en sus actuaciones las cortes aplican el perverso principio de que la excepción es la publicidad y la ‘reserva’ es la regla, es decir exactamente lo contrario a una práctica de justicia transparente.

Una providencia de la corte de marras, en el cual se permitió específicamente la reelección presidencial de Álvaro Uribe (Acto Legislativo número 2 de 2004), ha quedado en el tiempo como la refrendación de un hecho jurídico basado en un flagrante delito de cohecho concertado en lo alto del poder ejecutivo[18], con unas consecuencias políticas, jurídicas y económicas desastrosas para la nación. Una prevaricación pasando por alto elementales principios legales, en notoria connivencia fraudulenta con el gobierno de entonces por parte de la corporación subjúdice. Ha habido voces que piden razonadamente la revocatoria de todos los miembros de la Corte Constitucional por su ostensible indignidad[19], junto con llamados a la desobediencia civil frente a la indignidad manifiesta de los jueces conocidos de autos: «¿Quién acatará una sentencia de la exhonorable Corte Constitucional firmada por los «magistrados» Jorge Pretelt y Alberto Rojas Ríos?»[20].

Si damos un vistazo a la rama judicial en conjunto, el tema adquiere dimensiones de ruina total: «Tanto investigadores como los mismos operadores del sistema han reconocido recientemente como en diversas regiones del país la justicia ha sido cooptada, producto de la cercanía de la justicia con otros poderes u organizaciones al margen de la ley, guerrilla, paramilitares, narcotráfico[21]». A pesar de la acostumbrada autocensura y manipulación mediática colombiana, el setenta y cinco por ciento de encuestados en un sondeo de la firma de encuestas Gallup ha afirmado tener una mala imagen de los órganos de justicia[22]. El tema de estas corrupciones ya es muy ostensible en la opinión pública y por tanto, hasta motivo de incisivas columnas de humor[23].

Respecto a la desafortunada actuación de la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador en el engranaje de la justicia en Colombia, podrían escribirse varios tratados sobre su selectividad en investigaciones, lentitud en unas y prisa en otras, enmarcadas por una obcecada inclinación en ensañarse con débiles y tratar con algodones a poderosos. Para muchos acusados los procesos duran años sin resolver su situación jurídica y sin libertad a causa de la morosa acción de la Fiscalía; la definición de las acusaciones se relaciona con los intereses en juego, los ejemplos de esto son copiosos. La situación de la Fiscalía como poder independiente de acuerdo a la Constitución, ha sido redefinida de facto (a pesar de la apariencia de pugnas y la exhibición de vanidades ridículas), para erigirse en oficina delegada del poder ejecutivo. Es decir, la división de poderes no existe. Grave problema plantea la Fiscalía en lo tocante al cumplimiento de los Derechos Humanos: las organizaciones de familiares de víctimas hablan de la existencia en Colombia de entre 45 mil y 69 mil trescientos casos de desaparición forzada, con una impunidad del 95%[24]. ¡Más que todas las desapariciones forzadas de los años 70 en Suramérica en la época de las dictaduras! No existen avances significativos en dichas investigaciones, hasta un punto en que es notable que la Fiscalía no tenga como prioridad estas pesquisas, y más bien se establece como un mecanismo facilitador de la impunidad[25], frente a un delito de lesa humanidad. El reciente nombramiento de un nuevo titular de este ente ha generado la sensación de un continuismo de la impunidad en los delitos más afectantes de la sociedad, por parte de quienes acarreaban acusaciones graves[26].

En el castigo y rehabilitación por los delitos cometidos, otro importante tema involucrante de jueces, fiscales y litigantes, bástenos hablar de la situación de las cárceles en Colombia como de permanente y aguda violación a los más elementales derechos humanos; hay una sobre población de reclusos en promedio de casi el cincuenta por ciento y en algún reclusorio ha llegado hasta el 483%[27](!!!). A unos pocos, los excepcionales acusados o condenados pero de cuello blanco, la legislación redactada por sus pares de clase social en el Congreso, les permite evitar el pasar por una cárcel, cualquiera sea el crimen endilgado; cuando son detenidos o condenados, se les otorga «mansión por cárcel».

Si se desea revertir en alguna medida los funestos resultados de lo judicialmente existente, es necesario un control político a las actuaciones de las altas cortes, no respecto de su labor jurisdiccional como tal, sino de su dignidad, imparcialidad, conocimientos, buena conducta. Esta última es elemental especialmente en cualquier cuerpo judicial; «la mujer del Cesar, además de honesta, también debe parecerlo» se decía hace dos mil años en Roma. Hoy no se da ni lo uno ni lo otro. Resulta elemental, que quien ejerce la trascendental autoridad de juzgar en un estado, sea una persona ejemplar como ser humano, notable por su ética, libre de cualquier sospecha o decir acusatorio; poseer la más excelsa valoración en la sociedad. En Colombia ocurre exactamente lo contrario en por lo menos, las altas cortes y el órgano acusador Fiscalía.

En un ambiente de tan notoria desfachatez es inequívoco signo del bajísimo mundo del ejercicio del derecho hoy en Colombia, el apelar a ‘estrategias’ por fuera de toda ética; la arrogancia de abogados litigantes invocando prestigios cuestionables y ‘contactos’ reales o imaginarios, a fin de enturbiar todo el ambiente de la litis es práctica abogadil cotidiana y hasta bienvenida como moneda de cambio en los estrados judiciales. Cuando no se tiene argumentos jurídicos y las pruebas no son favorables, se esgrime metódicamente cualquier táctica impactante extralegal o extra proceso, como la injuria, la procacidad calculada, la exhibición de dotes histriónicas destinadas al protagonismo farandulero de jurisconsultos vacuamente rutilantes[28].

Lo anterior se conecta con una administración del aparato judicial y práctica caótica correspondiente, propiciantes en alguna medida la congestión crónica en procesos e investigaciones, obstáculo preponderante del ejercicio de la justicia en Colombia, constituyendo una verdadera corrupción pasiva, la cual marca el perezoso ritmo de todos los procesos; verbi gracia, para decidir la aprobación de un acta de sala plena, la Corte Constitucional se tomó siete meses[29]. (¡) Justicia lenta equivale a injusticia. Se vislumbra en este contexto en general al ejercicio de la abogacía en Colombia (es comentario común), convertido en práctica en espacio donde lo menos importante es el argumento probatorio y jurídico, adquiriendo preponderancia el dinero, el descarado tráfico de influencias, el vulgar abuso del derecho, la engañifa como docta sapiencia; de allí la mediocridad cultural y la pobreza idiomática de los «letrados». Lo cual es análogo a una enseñanza del derecho tendiente a la mera escolástica, es decir, postulados repetidos, sin crítica interna, conservadores, carentes de ideas renovadoras, en la jurisprudencia, la doctrina y los códigos, aparejada de escasa investigación, aún en centros universitarios de renombre. Bueno, esto se halla en armonía con la derechización manipulada, inmovilizante de la sociedad colombiana.

Un botón más revelador de la precariedad de la justicia fue el que finales del 2014 e inicios del 2015, hubo un paro de empleados de la rama judicial por incumplimientos en beneficios laborales pactados con el gobierno, que se prolongó por ¡90 días! ¿Cómo puede una sociedad sobrevivir como tal tres meses sin justicia? En Colombia si ocurre.

A las relaciones paradójicas en las instituciones relacionadas con la justicia (en veces favoreciendo castigos ilimitados otras garantizando ciertos derechos), se añade en Colombia la injerencia de gobiernos extranjeros, imponiendo modelos de procedimientos penales (sistema anglosajón), bajo la mampara de ‘ayuda’ o ‘apoyo’ a la justicia, por parte de entidades como USAID (es decir la CIA); con ello las tensiones al interior de los órganos judiciales, también poseen un adicional frente externo en la intromisión distorsionante de Washington en la materia.

El tema del paupérrimo nivel de la justicia se agrava, aún más si cabe, al no existir en Colombia un procedimiento de juicio o elección de funcionarios, en el cual se pueda hacer una evaluación rigurosa de tipo dialectico, como los presenciados en comités de investigación o de ratificación de cargos del poder ejecutivo en otras naciones con controles eficientes a los servidores públicos; allí se selecciona y juzga en audiencias públicas con preguntas y respuestas concretas a postulantes y acusados, procurando establecer la verdad, en aplicación de un antiguo procedimiento de investigación científica (Ironía Socrática). En juicios políticos, apenas debe haber abogados (para garantizar el derecho a la defensa), puesto que la voz del encausado es la que debe prevalecer; no es un proceso en derecho. Para hacer serio y efectivo el curso de las investigaciones o audiencias de selección, es indispensable una estricta solemnidad ante el tribunal o comisión del individuo compareciente a cualquier título, a la vez de castigar severamente el falso testimonio especialmente en funcionarios públicos. Colombia se halla a años-luz de esto.

Como es indiscutible el carácter político intrínseco de cada actuación judicial, la judicatura debe someterse internamente a una vigilancia similar a la constitucional en los ministros, pero esta vez efectiva. La rama judicial debe estar sujeta al poder de vigilancia del constituyente primario, puesto que en cualquier caso los pronunciamientos de aquella, insistimos, son políticos por definición y afectan severamente la vida cotidiana del conglomerado social, ya que en Colombia no existe ninguna participación legitimada y directa de la sociedad en decisiones judiciales, al ser abolidos en los años ochenta los jurados de conciencia.

En este orden de ideas y como proyecto a desarrollar en el posconflicto, más allá de la aplicación de la Justicia Penal Transicional, la movilización social en su calidad de expresión fundamental de la política, en los eventos de Tribunales de Opinión, como el Tribunal Permanente de los Pueblos (heredero del Tribunal Russell de los años sesenta), o grupos multidisciplinarios de investigación locales independientes, en una real democracia que a pesar de las difíciles circunstancias internas de Colombia acate tratados internacionales y el fundado rechazo social a la injusticia, deberían poseer alguna clase de efectos políticos y/o judiciales, como aquellos pronunciamientos válidos en todos los campos. En su defecto, la instauración de comisiones internacionales judiciales (ONU, CIDH, etc.), permitiría una instancia judicial por fuera de la apiñada telaraña de obstaculización de la justicia, tejida localmente con esmero.

Decisiones álgidas para la sociedad en su destino y cotidianidad, como el acogimiento de tratados internacionales del tipo TLC, o de alianzas militares, etc., así como los relacionados con asuntos tan vitales como la instauración del acceso al agua potable como derecho universal, o del tenor de la disminución de la jornada de trabajo, empleo recreativo o medicinal de sustancias psicoactivas y demás, en un real estado democrático, deberían ser resueltas directamente por una sociedad adecuadamente informada mediante referéndums con avanzadas maneras de participación. La trascendencia de los temas implica posturas colectivas y conscientes, muy por encima del albañal del desprestigiado Congreso colombiano, de los extraviados usos del litigio y la interpretación jurídica de cuerpos judiciales tan empañados y sospechosos de corrupción como la Corte Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado, la Fiscalía, etc.

Platón nos relata que en una conversación de sofistas sobre la justicia Sócrates le espeta a Trasímaco: «Y dime si un estado, un ejército, una gavilla de salteadores, de ladrones, o cualquier otra sociedad de esta índole podría salir triunfante en sus empresas si los miembros de que se componga violasen uno respecto de otros todas las reglas de la justicia» (La República Libro I). Desde el principio y hasta el final en cualquier civilización la puesta en marcha de una pronta y adecuada justicia en su interior, resulta ser el tema político por excelencia, de lucha social, de juego de poderes, el cual se dirime mediante la correlación de fuerzas del momento. En la guerra y en la paz la justicia debe existir.

Sócrates advertía (Platón. La República. Libro II): «… el mejor castigo para un hombre que no se decide a gobernar, es ser gobernado por otro inferior a él.»

Notas

[1] Descaro judicial. http://www.elespectador.com/opinion/descaro-judicial-columna-472303

[2] Ver casos sintomáticos: Consejo de Estado. http://www.semana.com/nacion/articulo/consejo-de-estado-aspirante-adriana-guillen-tendria-conflicto-de-intereses/441734-3 ; Conozca los puestos de familiares de magistrados de las altas cortes. http://caracol.com.co/radio/2015/03/25/judicial/1427270340_689811.html

[3] Descaro judicial. http://www.elespectador.com/opinion/descaro-judicial-columna-472303

[4] ¿Pasará algo en el caso del magistrado Pretelt y la Corte? / Análisis. http://www.eltiempo.com/politica/justicia/escandalo-corrupcion-corte-constitucional-analisis-caso-del-magistrado-jorge-pretelt/15361735; Condenan a Víctor Pacheco. http://www.eltiempo.com/politica/justicia/condenan-a-victor-pacheco/16547989

[5] Nuevas piezas caso Pretelt. http://www.semana.com/nacion/articulo/las-nuevas-piezas-del-caso-pretelt/425294-3. Pretelt también dificultó el cumplimiento de varias sentencias judiciales de su propia corporación adversas a amigos, entes privados y poderes regionales reteniendo ilegalmente documentos en trámite ante su despacho[5], faltas inexplicablemente pasadas por alto sus colegas.[7].

[6] «He escuchado rumores de que en la Corte cobran para favorecer tutelas»: Néstor H. Martínez» (hoy Fiscal General) http://www.elespectador.com/noticias/politica/he-escuchado-rumores-de-corte-cobran-favorecer-tutelas-articulo-546975

[7] Para el historial de este prototípico personaje ver, Juan Esteban Lewin. http://lasillavacia.com/historia/pretelt-mas-azul-que-conservador-49724

[8] Corte inolvidable. http://www.cmi.com.co/magistrado-jorge-pretelt-acusa-a-colegas-de-corte-constitucional-de-falsificar-acta; Pretelt en su furor de acorralado, acusa a su vez al Presidente de la República, al Fiscal General, a varios ministros de persecución política. En otras palabras, con todo ello la cabeza del más alto cargo de la justicia en Colombia manifiesta tajantemente que no existe justicia en su país. (Uff)

[10] El Plan Córdoba. http://www.verdadabierta.com/victimarios/851-el-plan-cordoba

[11] Declaración del ex juez Nilson Pinilla. http://gentv.tv/noticias/judicial/los-entretelones-del-caso-pretelt-articulo-548101

[12] Pretelt, acusado por presuntos nexos con los Castaño y recibir $ 10.000 millones del Mira. http://www.pulzo.com/nacion/pretelt-acusado-por-presuntos-nexos-con-los-castano-y-recibir-10000-millones-del-mira/331401

[13] La viuda olvidada. http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-la-viuda-olvidada/410561-3; La victima del Magistrado Alberto Ríos (sic) https://www.youtube.com/watch?v=RK3ShkF8mH0

[14] Zulema Jattin ya volvió a la vida del nuevo magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas. http://lasillavacia.com/historia/zulema-jattin-ya-volvio-la-vida-del-nuevo-magistrado-de-la-corte-constitucional-alberto-roj; El nuevo magistrado. http://www.elespectador.com/opinion/el-nuevo-magistrado

[15] El regreso de Alberto Rojas lo que le faltaba a la crisis de la justicia. http://lasillavacia.com/historia/el-regreso-de-alberto-rojas-lo-que-le-faltaba-la-crisis-de-la-justicia-50276

[16] Pretelt y los informantes. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/pretelt-y-los-informantes-maria-isabel-rueda-columnistas-el-tiempo/15399522

[17] ¿Las bases de EE.UU. en Colombia son una amenaza nuclear para Latinoamérica? Consecuencias de la providencia judicial sobre el tratado de entrega de bases militares colombianas a las fuerzas armadas pentagonales de 2009. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186437. Los pormenores de la visita reciente del segundo comandante del Comando Sur de EE.UU. a Colombia (asunto ya rutinario) es muy diciente frente a los acuerdos logrados en la Habana. Visita de Joseph Disalvio. http://mundo24.net/segundo-comandante-del-comando-sur-ee-uu-visita-colombia/

[18] Tres alfiles del uribismo a la cárcel condenados por la Yidispolítica. Condenados… http://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenados-yidispolitica-articulo-555143

[19] Charlas con Pacheco. http://www.elespectador.com/opinion/charlas-pacheco-columna-548116

[20] Cecilia Orozco Tascón. Ante esas cortes ¡desobediencia civil! http://www.elespectador.com/opinion/esas-cortes-desobediencia-civil

[21] Martha Elena Badel Rueda. La Corrupción Judicial en Colombia. Una Aproximación al Mapa de Riesgos. Corporación Transparencia por Colombia, Corporación Excelencia en la Justicia. Bogotá 2008. Pág. 26

[22] Los abogados y la ética. http://www.bajolamanga.co/index.php/component/k2/item/562-los-abogados-y-la-etica

[23] Daniel Samper O. Luego del Bronx, el Palacio de Justicia. http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-samper-intervienen-el-palacio-de-justicia-como-el-bronx/477214

[24] Familiares de Desaparecidos Denuncian Ineficacia de los Mecanismo Estatales de Búsqueda e Investigación de los 45,000 Casos. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202956

[25] Ibídem

[26] Néstor H. Martínez, es garantía de impunidad para el derechista Centro Democrático. Respiro uribista con la llegada de… http://www.las2orillas.co/respiro-uribista-con-la-llegada-de-nestor-humberto-martinez-a-la-fiscalia/

[27] INPEC. Informe Estadístico. Enero de 2015. http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENIDO/NOTICIAS%20Y%20NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/INFORMES_ESTADISTICOS/INFORME%20ENERO%202015%201.pdf Pág. 18, 19, 22

[28] En un paisaje tan lamentable, para rematar, no falta dentro de estos quien llegue a sostener públicamente que <>, haciendo palmarias las ‘calidades’ del debate ‘jurídico’ contemporáneo en Colombia. La Ética torcida de Abelardo.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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